Después de que el sábado 1 de julio la Corte de Constitucionalidad resolviera a favor de 9 partidos políticos y diera la orden de repetir las audiencias de revisión de escrutinios de las Elecciones Generales 2023, Guatemala ha sufrido una incertidumbre electoral sin precedentes. La intromisión de las cortes de justicia en torno a los comicios ha producido una enorme desconfianza, donde casi la mitad de partidos políticos existentes, entre reclamos de fraude electoral, gritos y acciones legales, han logrado impedir que el Tribunal Supremo Electoral oficialice los resultados del 25 de junio.

Texto: Jovanna García / Edición: Oswaldo Hernández / Fotografía: Edwin Bercían

El martes 4 de julio -diez días después de las elecciones- el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició con la repetición de audiencias de revisión de escrutinios ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC) tras resolver provisionalmente un amparo en beneficio de 9 partidos políticos que alegaban irregularidades en la forma en que se dio el conteo de votos. “Se alteraron los datos en las actas de cierre y escrutinio generando un indebido e ilegal cómputo, con documentación que contiene manifiestos vicios y posiblemente hechos ilícitos”, como argumentaron las organizaciones Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, CREO, UNE, Azul y Cabal.

Este reclamo avalado por la CC, obligó al TSE a convocar a las Juntas Electorales Departamentales a que se presentaran en el Parque de la Industria, lugar que se definió desde marzo como el centro de operaciones del proceso electoral en el país. Las 24 Juntas Electorales (23 distritos y una en Estados Unidos) realizaron la repetición de audiencias de revisión de escrutinios, cotejo de actas y verificación de resultados a lo largo de 3 días.

La ambigüedad y la falta de claridad en la resolución de la CC, abrió paso a que los partidos políticos firmantes del amparo, interpretaran cada uno a su manera la resolución, provocando que algunos distritos se retrasaran en la realización de audiencias y en algunos casos, se perdiera el orden y el respeto entre todos los involucrados, incluso pidiendo a gritos el reconteo de votos que no contempla la ley, pero que el amparo provisional dejaba como posibilidad.

Un amparo que evolucionó hasta la intervención de la Corte Suprema de Justicia, 10 días después, con una nueva sentencia que podría finalmente validar y certificar las votaciones en Guatemala.

“Abramos las cajas” y otras presiones a las Juntas

A las 8 de la mañana del 4 de julio, sin orden ni control en el ingreso al Parque de la Industria, dieron inicio las audiencias de los distritos de Baja Verapaz, Escuintla, Jutiapa, Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos, Chimaltenango, Petén, Suchitepéquez, Alta Verapaz, El Progreso, Huehuetenango, Santa Rosa, Distrito Central y Jalapa.

Las audiencias de revisión de escrutinios requerían la presencia de la Junta Electoral Departamental, encargada de dar validez a los votos de cada distrito; de los fiscales acreditados de los partidos políticos en representación de cada organización a nivel distrital; y de cuerpos revisores, facultados para revisar actas con impugnaciones. 

Este procedimiento ocurre cada día de elecciones tras el cierre de los centros de votación. Esta vez, tras la resolución de la CC, el proceso de contar votos, quejarse, invalidar actas, pelear por los sufragios, recibió más atención de la prensa, de los observadores internacionales y del público en general.

Entre los fiscales de los partidos políticos, también llegaron algunos secretarios generales e incluso simpatizantes.

La presencia de personas que no tenían un rol dentro de las nuevas audiencias hizo que el desorden fuera algo constante. Entre chiflidos, abucheos y gritos, algunos presionaban a las Juntas Electorales Departamentales para saltarse el orden de acciones dictadas por la CC. Algunos fiscales querían que lo primero que se hiciera fuera un conteo nuevo de votos sin pasar por las fases de revisión de impugnaciones o cotejo de actas.

De esa cuenta, uno de los partidos más problemáticos durante esa mañana fue el partido del presidente Alejandro Giammattei, VAMOS. Su fiscal nacional y candidato electo a diputado, Héctor Aldana, con prepotencia le gritaba a las Juntas Electorales que abrieran las cajas donde se resguardaban las papeletas. “Abramos las cajas, abramos las cajas, tenemos tiempo suficiente”, gritó durante la audiencia a cargo de la Junta Electoral de Escuintla. Aldana hizo lo mismo minutos después con la revisión de Sacatepéquez, intervino aunque no era el fiscal acreditado por el partido político para cada audiencia.

Aldana argumentaba que al ser fiscal nacional por el partido oficialista estaba facultado para poder irrumpir y participar en cualquiera de las audiencias, a cualquier hora. La Ley Electoral, sin embargo, establece que cada fiscal departamental debe ser acreditado desde el inicio de las revisiones.

Aldana, cuyo partido obtuvo el tercer lugar en las elecciones con Manuel Conde como candidato, era uno de los fiscales que interpretaba la resolución de la CC a conveniencia de su partido. Decía que la resolución era explícita en que se podía hacer un nuevo conteo de votos, que se podía solicitar ese paso sin agotar las fases de revisión de impugnaciones y cotejo de actas. 

Hacer un conteo nuevo de votos, como planteaba el representante de Vamos, arriesgaba mucho el voto ciudadano.

Abrir las cajas electorales y contar todo de nuevo no está regulado en la ley. El recuento es permitido únicamente en actas impugnadas (artículo 111). Pero pedirlo para todas, en una audiencia de revisión, como consecuencia de la orden de la CC, significaba algo muy grande y sobredimensionado. Significaba abrir la posibilidad de volver a contar más de 5 millones de votos, y no únicamente una papeleta, sino cinco por cada persona que emitió su voto para presidente y vicepresidente, corporación municipal, diputados distritales y por el Listado Nacional; así como del Parlacen.

El recuento de más de 25 millones de papeletas no era viable. El medio Plaza Pública revisó la solicitud de amparo que plantearon los 9 partidos y encontró que se adjuntaron solo 161 actas que supuestamente tenían errores, y que equivalía solo al 0.13% del total de las procesadas por el TSE (122,293).

Para la tarde del martes 4 de julio, según la programación, empezaron las audiencias de los distritos de Izabal y Totonicapán. De nuevo los fiscales exigieron la apertura de las cajas electorales, y de nuevo solicitaron un recuento de votos. Partidos pequeños como Mi Familia, que apenas lograron votos a nivel nacional, o partidos como Cabal, cuyo candidato Edmond Mulet logró un quinto lugar, y que habían declarado que aceptarían los resultados electorales, insistían en romper los protocolos de revisión.

La solicitud anómala, tras la orden poco clara de la CC, se repitió en cada audiencia, en cada distrito, y cada día. El partido VALOR exigía que se revisaran las 4,315 actas en Zacapa. El partido CABAL pedía a la Junta Departamental de Quetzaltenango que se abrieran las cajas y se hiciera un nuevo recuento de los 299,763 emitidos en ese departamento. Pocas fueron las audiencias exentas de reparos, y pocas las que no tenían pausas que duraban varias horas. 

El miércoles 5 de julio se reanudaron las audiencias de Guatemala, Zacapa y Chiquimula y del voto en el extranjero (en Estados Unidos). Y, por último, el jueves 6 de julio, la del distrito de Sololá.

Durante todas las audiencias la única Junta que llegó al extremo de revisar votos en algunas cajas fue la de Izabal. La noche del martes 4 de julio tras la exigencia de algunos partidos, se recontaron votos para la elección a presidente y vicepresidente en ese distrito. En una de las actas se tenía consignado que el partido Semilla, que obtuvo el segundo lugar con Bernardo Arévalo como candidato, había obtenido solo 9 votos, pero al revisar, en realidad tenía 20 según el testado. El error se corrigió y se acreditaron otros 11 que se habían restado. 

Para las 4 de la tarde del 5 de julio, a un día de vencer el plazo ordenado por la CC, ya 17 Juntas Electorales habían terminado la repetición de audiencias de revisión, y quedaban 7 pendientes. En los casos de Quetzaltenango y del Distrito Central, por mencionar algunas, las revisiones y cotejos de actas duraron al menos dos días.

Partidos y ex candidatos negaban ser parte de la alianza

Para la tarde del jueves 6 de julio, varios de los nueve partidos que firmaron el amparo, habían reculado. La indignación social, los miles de reclamos en redes sociales, los comunicados de países aliados, del G13, de la Unión Europea, de los analistas políticos que, en conjunto, pedían respetar el voto ciudadano, hicieron desistir a varios partidos políticos.

El amparo que había suspendido las elecciones y que había sido interpuesto por Jorge Baldizón Vargas, secretario general del partido CAMBIO, e hijo del ex candidato presidencial del partido Líder, Manuel Baldizón, empezaba a quedarse sin apoyo.

El expresidenciable de Cabal, Edmond Mulet intentaba desmarcarse de la alianza entre los 9 partidos, aunque Victor Guerra, su secretario general aún aparecía entre los firmantes  del amparo. Mulet había hecho lo mismo el 4 de julio, cuando publicó un video donde enfatizaba que su partido estaba en contra de todo lo que había provocado incertidumbre dentro del proceso electoral, pero sus fiscales, dentro de las audiencias de revisión de escrutinios, pedían un recuento de votos en varios distritos, como ocurrió en el departamento de Quetzaltenango.

Lo mismo pasó con Roberto Arzú, el candidato a la presidencia por el partido PODEMOS a quien las cortes de justicia le rescindieron su inscripción y no le permitieron participar. Su partido también era firmante del amparo con el que la CC ordenó repetir las revisiones. Arzú afirmaba que su intención era el recuento de votos para la corporación municipal y diputaciones del Distrito Central. Pero debido a la presión social y el escenario negativo que se estaba generando, PODEMOS desistió de la acción legal antes de iniciadas las revisiones y cotejo de actas.

Sandra Torres, la candidata que obtuvo el primer lugar el 25 de junio con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), también negaba estar aliada con los 9 partidos políticos. No obstante, la paradoja era que la UNE también era firmante de la acción de amparo, y sus fiscales estuvieron presentes en las audiencias.

Mientras los candidatos y representantes de partidos intentaban enmendar sus acciones, la ciudadanía no se detenía en sus reclamos. En redes sociales, miles y miles de personas tomaron la iniciativa de revisar sus centros de votación en la página del TSE en búsqueda de las mesas donde habían emitido su voto con la intención de desmentir cualquier mensaje de fraude. Las actas y los votos que se subían a las redes sociales, en la mayoría de los casos, coincidían con los resultados electorales.

El Distrito Central: donde empezó todo

La audiencia del Distrito Central empezó el martes 4 a las 11 de la mañana. Fue en este distrito donde se inició el reclamo de fraude y de irregularidades en las actas respecto a los votos del 25 de junio. Y fue este distrito el que provocó poco a poco el incremento de la incertidumbre electoral, hasta llegar a la suspensión de la oficialización de los resultados el pasado 1 de julio.

La diferencia de votos entre los candidatos favoritos -Roberto González de CREO y Ricardo Quiñónez de Valor-Unionista- para ocupar la municipalidad de Guatemala apenas era mayor a los 500. 

El partido CREO días después de las elecciones informó en redes sociales que habían encontrado anomalías en varias actas y no aceptaban la reelección de Ricardo Quiñónez como alcalde de la Ciudad de Guatemala. La planilla Foppa x la Ciudad, la coalición entre los partidos Winaq, URNG-MAÍZ y Movimiento Semilla, que obtuvo el tercer lugar por la municipalidad de Guatemala, también había señalado algunas anomalías. 

El descontento se mantuvo en torno a la contienda por la ciudad de Guatemala. Pero más tarde, el partido VOS alegó irregularidades en las actas de votación de diputados de este distrit.  Y la narrativa de irregularidades en las elecciones del Distrito Central empezó a contagiarse entre otros partidos perdedores, hasta que CREO logró sumar otras 8 agrupaciones que luego unificaron esfuerzos para interponer el amparo en contra del TSE, cuya repercusiones son las más grandes que hayan ocurrido en todas las elecciones de la era democrática de Guatemala. VOS, mientras tanto, colocó un amparo de forma individual.

“Sólo estamos pidiendo el reconteo, contraste de las actas y digitación en el Distrito Central y departamento de Guatemala sobre las diputaciones distritales, nacionales, Parlacen y alcaldía de Guatemala. No pedimos repetición de elecciones”, intentaba aclarar Carlos Bezares, el secretario general del partido VOS en su cuenta de Twitter.

La audiencia de revisión del Distrito Central, debido a la poca diferencia de votos entre el primer y segundo lugar por la alcaldía, era una de las que más atención y alegaciones había obtenido. Generó expectativas, y creó argumentos para justificar “un fraude”. Pero tras la orden de la CC, los partidos solo ratificaron 4 impugnaciones durante la audiencia de revisión. La razón, según el fiscal de CREO, Diego Ronquillo, era que no se les permitió a muchos de los fiscales del partido el ingreso al momento del conteo de los votos el 25 de junio.

Decenas de documentos fueron corregidos, algunas actas fueron anuladas pero no hubo recuento de votos. Al final de la audiencia del jueves 6 de julio, los resultados en la elección de alcalde de la Ciudad de Guatemala permaneció sin movimiento, aunque con más votos de los sumados originalmente. 

Según José Murúa, presidente de la Junta Electoral del Distrito Central, al finalizar la audiencia de revisión de escrutinios se evidenció que la variaciones en los votos fueron menores, apenas del 0.5% en comparación de los resultados que permanecen como preliminares.

La coalición Valor-Unionista permaneció a la delantera sumando 384 votos con un total de 106,604; CREO sumó 483 votos con un total de 106,181 y la coalición Foppa x la Ciudad, sumó 217 votos con un total de 77,880.

El escrutinio del Distrito Central, el origen de toda la incertidumbre electoral de 2023, apenas había sufrido alteraciones. 

Una nueva intervención de las cortes de justicia

Para el viernes 7 de julio, Guatemala había amanecido con indicios de legitimidad en el proceso. El TSE aseguraba que se había dado cumplimiento con la revisión de resultados. Y no había demasiadas variaciones. En el caso de la elección de presidente y vicepresidente los resultados tuvieron una modificación de apenas 0.4%, según los magistrados del TSE.

Sin embargo, el amparo provisional a favor de los nueve partidos, aún estaba vigente y en marcha. En principio no era la CC la que debía conocer en definitiva este amparo, debido a una falta de competencia, y en su sentencia del 1 de julio habían remitido el proceso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). 

La noche del 3 de julio, antes de iniciar las audiencias de revisión en el parque de la Industria, Jorge Baldizón confirmó a Prensa Libre que había planteado otro recurso legal llamado “solicitud de debida ejecución” ante la CSJ, con el objetivo de que el TSE cumpliera a cabalidad con lo ordenado dentro del amparo provisional que dejó en suspenso los resultados electorales. En esencia, Baldizón solicitó en esta nueva acción legal no solo la revisión de escrutinios y cotejo de actas, sino que además pedía el reconteo de los votos a nivel nacional. 

Durante la semana, los partidos Valor, Cabal, CREO y Todos se sumaron a la acción de Jorge Baldizón. Interpusieron el mismo recurso legal de forma individual, querían que se abrieran las cajas electorales y exigían el reconteo de votos.

La noche de ese viernes 7 de julio, cuando el TSE afirmaba que los resultados no habían tenido mayor variación luego de las revisiones, Silvia Valdés, la magistrada presidenta de la CSJ, resolvió de manera unilateral, que las solicitudes de asistencia de ejecución de amparo provisional planteada por los partidos Valor y Todos, eran admisibles. Valdés también indicó que para las solicitudes de CREO y Cabal, “se tienen por presentados sus argumentos” y “que se incorporan al proceso”. 

Con este nuevo fallo, la incertidumbre sobre las elecciones de Guatemala volvió a incrementarse. Se trataba de una suspensión adicional a todo el proceso. El TSE se veía obligado, una vez más, a obedecer a una nueva instancia de justicia. La magistrada Valdés solicitó un informe al TSE sobre el cumplimiento del amparo provisional de la CC, es decir, un reporte detallado sobre cómo las 24 Juntas Electorales habían trabajado toda esa semana revisando y cotejando actas en el Parque de la Industria. Según David de León, vocero del TSE, este informe fue enviado a las 3 de la madrugada del sábado 8 de julio.

Durante dos días, luego de la decisión unilateral de Silvia Valdés, el pleno de magistrados al frente del Organismo Judicial permaneció en silencio y las elecciones continuaron en suspenso. El lunes 10 de julio, tras diez días de incertidumbre, los magistrados de la CSJ se reunieron en pleno para conocer amparos relacionados a temas electorales, anunciando una conferencia de prensa en la que finalmente, como dio a conocer su vocero, Rudy Esquivel, se habían decretado como improcedentes las acciones legales de Valor y Todos que buscaban un nuevo conteo de votos. La CSJ también informó que el TSE cumplió con el amparo provisional de la CC ordenó la repetición de audiencias de revisión de los escrutinios. Parecía que, con esta nueva sentencia, los resultados electorales podrían finalmente ser oficializados.

Según el TSE de las 122,293 actas, luego de las audiencias de revisión, solo 422 (0.35%) fueron las que presentaron irregularidades.

Hasta el domingo, 3 días después de finalizadas las audiencias de revisión de escrutinios, la autoridad electoral recibió 186 recursos de nulidad, además de cerca de 50 impugnaciones, pero todos fueron declarados improcedentes. Para el final del lunes 10, al TSE solo le hacían falta los resultados electorales de la Junta Electoral Departamental de Quetzaltenango, y la certificación de la CSJ y la CC, necesaria para dar como resuelto el amparo provisional que produjo la suspensión de los resultados.

Con estos últimos contratiempos solucionados, y si no hay una nueva intervención de los partidos políticos en el sistema de justicia contra las elecciones, el TSE podrá avanzar y pasará a calificar y oficializar finalmente los cargos para corporaciones municipales, diputaciones al Congreso de la República y al Parlamento Centroamericano, así como el nombre de los candidatos que competirán en la segunda vuelta, la cual está asegurada para el 20 de agosto.