El presidente Jimmy Morales se ve en el espejo de sus predecesores. No quiere verse procesado como Colom o Pérez Molina; se sabe incapaz de tener la resiliencia de un Portillo o un Arzú, auténticos animales políticos incombustibles. ¿Le queda acaso la opción de ser un Serrano Elías y tentar al destino con un rompimiento constitucional?
En treinta y dos años de democracia, seis de los diez presidentes que han estado al frente del gobierno de Guatemala fueron condenados o enfrentaron procesos judiciales.
A la fecha, uno de estos exmandatarios, Álvaro Colom, goza de libertad con medida sustitutiva, acusado de haber cometido fraude contra el Estado, US$35 millones, en el caso Transurbano, tras una investigación en la que participó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Otto Pérez Molina, otro de los expresidentes de Guatemala que guarda prisión acusado en varios casos de corrupción donde, una vez más, el denominador común es la comisión.
Un tercero, Álvaro Arzú, enfrentó un proceso de antejuicio, promovido por CICIG, y mantuvo su inmunidad falleciendo antes de que se resolviera una apelación presentada por el Ministerio Público (MP) ante la Corte de Constitucionalidad (CC).
El cuarto expresidente, en este conteo, Jorge Serrano Elías, rompió el orden constitucional dando un golpe de Estado y actualmente reside en Panamá.
Por último, el expresidente Alfonso Portillo, quien fue investigado por el MP y CICIG, y absuelto en Guatemala por el desvío de fondos a cuentas personales, fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero obtenido mediante sobornos. Portillo cumplió su condena e intentó ser candidato a diputado en las anteriores elecciones, no logró inscribirse por impedimento constitucional. Pero para estos comicios de 2019 impulsa a un nuevo partido llamado Bienestar Nacional (Bien).
El sexto en esta lista es Jimmy Morales, con dos solicitudes de antejuicio archivadas luego de investigaciones del MP y CICIG.
Morales se ve en el espejo de sus predecesores. No quiere verse procesado como Colom o Pérez Molina; se sabe incapaz de tener la resiliencia de un Portillo o un Arzú, auténticos animales políticos incombustibles. ¿Le queda acaso la opción de ser un Serrano Elías y tentar al destino con un rompimiento constitucional?
El show de Jimmy Morales (Palacio Nacional)
Jimmy Morales, actual presidente de Guatemala, se ha convertido en un presentador de reality show. Mira a sus espaldas cada cierto tiempo y llama, uno por uno, a sus invitados para que puedan dar un testimonio personal.
De telón de fondo está todo el gabinete de gobierno en pleno.
Es un lunes por la tarde del 7 de enero de 2018, en el Palacio Nacional, y todo parece dispuesto a asemejar un show de televisión convocado por el Gobierno de Guatemala a tan sólo unos minutos de que, en la sede de Naciones Unidas, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, anunciara que el Gobierno daba por concluida la misión de la CICIG de forma unilateral. ¿Qué más tiene el presidente por aportar?
En cámara, los invitados desentonan en el ambiente de Palacio Nacional. No son políticos ni diplomáticos ni parte del Ejecutivo. Jimmy Morales, como un conductor de televisión, los presenta uno por uno. Y anuncia que “todos son casos emblemáticos, casos de justicia selectiva”.
Ya no sorprende la temática de este guión televisivo. Jimmy Morales quiere plantear que ha tomado una decisión: Dar por finalizado el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG. Pero no sólo eso, el Presidente quiere explicar al pueblo de Guatemala por qué lo hace. Quiere que la gente escuche, de la boca de las “víctimas de la CICIG”, los atropellos cometidos contra algunos guatemaltecos. Y así empieza el show.
Entre los asistentes detrás del Presidente y su gabinete hay convictos y acusados de casos de asesinato, o ejecuciones extrajudiciales.
Pero para entender la motivación de Jimmy Morales hay que rebobinar a un país como Guatemala a más de 16 meses en el pasado…
Las acusaciones contra el Presidente
Un domingo, el 27 de agosto de 2017, Jimmy Morales anunció a las seis de la mañana que Iván Velásquez, delegado de la CCIG, era declarado non grato en Guatemala. Apenas un mes antes, en julio de 2017, el hijo y el hermano del Presidente, José Manuel y Samuel Morales, fueron enviados a juicio por los delitos de fraude y lavado de dinero en el caso Botín Registro de la Propiedad.
En septiembre, la CICIG y el MP solicitaron el retiro de inmunidad del presidente Morales, acusado de financiamiento electoral ilícito. El Congreso de la República evitó que el mandatario fuera investigado.
En febrero de 2018, el MP y CICIG presentaron una segunda investigación en la que se presumía que al menos Q15 millones para la campaña electoral de Jimmy Morales, provinieron de financiamiento ilícito. En agosto, la CICIG y el MP solicitaron un segundo retiro de inmunidad, y el Presidente, tras ser salvado por el Congreso de la República, reaccionó con el primer anuncio de la no renovación del mandato de la CICIG. Lo hizo en una conferencia de prensa, acompañado por militares.
Sin embargo, el presidente del Gobierno no actuó sólo, para ordenar la expulsión de la CICIG necesitaba del apoyo de otras personas que tampoco querían que este cuerpo de investigación siguiera trabajando.
Y para entender quiénes son estas personas hay que rebobinar otros 11 años hacia atrás.
A once años de la CICIG
La CICIG llegó a Guatemala en 2007, casi al concluir el gobierno del ex alcalde capitalino,Oscar Berger, el primer gobierno democrático netamente empresarial.
La solicitud de Guatemala a la ONU había sido planteada cuatro años antes, a inicios de 2003. Naciones Unidas firmó un acuerdo con el Gobierno de Guatemala el 7 de enero de 2004. Se le llamó Comisión Internacional Contra la Impunidad y Aparatos Clandestinos (CICIACS). Pero tras tensiones en el país y oposiciones en el Congreso, la Corte de Constitucionalidad determinó que una entidad de este tipo atentaba contra la soberanía, y la dictaminó inconstitucional.
Mientras estas reuniones con los altos mandos de la ONU seguían en pie para acoplar esta comisión a las necesidades del país, el Gobierno de Berger creó sus propios mecanismos para contener a grupos criminales. Para gestionar la parte de seguridad, éste se rodeó de personas provenientes de familias reconocidas. Nombró como ministro de Gobernación a Carlos Vielman, quien había presidido la cámara de industria y militado en el partido de extrema derecha Movimiento de Liberación Nacional (MLN). Éste nombró jefe de la Policía Nacional Civil a Erwin Sperissen, antiguo guardaespaldas del alcalde capitalino Álvaro Arzú, y como subdirector al médico Javier Figueroa y a Víctor Soto como Director de Investigación Criminal, DINC.
Un informe de la Organización de Naciones Unidas de 2007 sobre el caso Parlacen describe el panorama: La poca capacidad del Estado para respetar y garantizar el derecho a la vida tuvo diversas manifestaciones, siendo una de las más graves la persistencia de lo que se denomina comúnmente como ‘limpieza social’ que, en ocasiones, se ejecutaba bajo responsabilidad, directa o indirecta, de agentes estatales.
Hubo dos casos que tensaron la cuerda, que hicieron ver que la situación del país era insostenible y forzaron la llegada de la Comisión. Uno de ellos fue Pavón, en el que fueron asesinados al menos nueve reos, el otro el caso, Parlacen (Parlamento Centroamericano), donde hubo ocho asesinatos, entre ellos tres diputados salvadoreños, su piloto, y cuatro policías guatemaltecos. En ambos estaban implicados miembros de los aparatos de seguridad oficial del Estado.
«El presidente de Guatemala se ha convertido en un presentador de reality show».
El sufrimiento a causa de la CICIG (Palacio Nacional)
Ahora Jimmy Morales vuelve a su papel de conductor de televisión: “Vamos a presentar casos emblemáticos”, dice.
Salen a escena los Bitkov, la familia rusa que llegó a Guatemala tras la compra de documentos de identidad falsificados, se exhiben como perseguidos políticos del gobierno de Vladimir Putin. Ante las cámaras, los Bitkov explican su sufrimiento a causa de la CICIG. Han llegado al show de Jimmy Morales tan sólo días después de haber sido sentenciados. Su argumento principal es haber sido víctimas de una red criminal de altos funcionarios guatemaltecos dedicados a la falsificación de identidad. Una red, que dicen, fue protegida por la CICIG.
Los Bitkov son convictos, vencidos en juicio dentro de las cortes de justicia de Guatemala.
Pero hoy son los invitados número uno del Presidente. No tienen pruebas de lo que dicen y afirman, pero están acá para señalar, acusar, defenderse y felicitar a Jimmy Morales por decidir la expulsión definitiva de la CICIG, en un plazo de 24 horas.
Como el presentador de un canal de youtube de teorías conspirativas, el Presidente asegura que la CICIG forma parte de una trama político-criminal, donde la oficina de Naciones Unidas “tiene conexión con la mafia rusa”.
Así, Jimmy Morales parece pasarla bien. Domina la escena cada vez que invoca dar play a un nuevo video, con el que anuncia que ahora sí, todo el mundo se dará cuenta, de cómo la CICIG ha violentado los Derechos Humanos en Guatemala, o atentado contra la institucionalidad del país, contribuyendo con cada caso penal a la incertidumbre nacional, generando ingobernabilidad y una cultura de polarización.
“Ha habido muertes. Abuso de prisión preventiva. Prisión como tortura para ciudadanos guatemaltecos”, dice el Presidente, en un horario en el que las personas a las que busca convencer posiblemente estén trabajando.
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En redes sociales hay muchos que no están del todo convencidos con el show. Los casos que presenta Jimmy Morales causan dudas, desazón y desconfianza. Los usuarios de twitter responden a la conferencia con el hashtag: #NuestraVozCuenta y se vuelve viral:
“Llevo casi tres años desde la muerte de mi mamá a causa de burocracia del IGSS y la falta de recursos en los hospitales nacionales. En Guatemala la salud va después de los bolsillos de los políticos. #NuestraVozCuenta”. @SamanthaSygier.
“A mi tía la asesinaron saliendo de un negocio que estaba siendo extorsionado, los dueños se negaban a pagar; ella sólo llegó a comprar pero fue una víctima más de la violencia que se vive en Guatemala. Dejó huérfana a mi prima de 10 años. #NuestraVozCuenta”. @Sunlight_lovee.
No sólo los invitados del Presidente han sido víctimas en el sistema de Justicia. La corrupción y la impunidad han vulnerado los derechos humanos de todos los guatemaltecos.
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El experimento de la ONU
El acuerdo de la Comisión, con el mandato revisado para establecer CICIG, se firmó el 12 de diciembre de 2006 y entró en vigor el 4 de septiembre de 2007. Carlos Castresana Fernández fue designado como el comisionado de CICIG por el secretario general de la ONU.
Nació como un experimento de Naciones Unidas único en el mundo, una comisión para investigar la impunidad. Su mandato es muy específico, investigar y perseguir a los grupos clandestinos de seguridad insertos en el Estado. Todo un gran “palabro” para denominar a los grupos criminales enquistados en el Estado.
La principal atribución de la CICIG, según la carta de creación, es “apoyar, fortalecer, y coadyuvar a las investigaciones del Estado de Guatemala encargadas de la persecución y la investigación penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad”.
Entre 2007 y 2008 los fiscales e investigadores de la CCIG fueron llegando al país, al tiempo que diferentes capacitaciones tenían lugar en distintas fiscalías del Ministerio Público y se creaba la Fiscalía especial para la CICIG (modificada en 2013 como Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-). La CICIG tenía un respaldo directo dentro del MP.
Con el cambio de Gobierno a Álvaro Colom, esta institución continuó con su trabajo. Un año después, el asesinato de Rodrigo Rosenberg, el 10 de mayo de 2009, un abogado corporativo, puso en jaque a la élite económica del país.
El caso Rosenberg hizo mundialmente famosa a la CICIG, una historia perfecta, digna de un thriller: un abogado que decide suicidarse por amor, luego de que las investigaciones por el asesinato de su novia, y el padre de ella, no encontraran a los culpables. Rosenberg se suicidó y culpó al presidente del Gobierno, y al secretario privado de una conspiración. La investigación de la Comisión llevó a los hermanos Valdez Paiz, empresarios y amigos de Rosenberg a ser capturados por haberle facilitado el contacto de un sicario, que el abogado habría de utilizar para ordenar su propia muerte. Previo a su asesinato el video detallando una conspiración del gobierno de Colom circularía apoyado por opositores al mandatario.
De confesos y litigios maliciosos (Palacio Nacional)
Jimmy Morales sigue animado. Habla ante las cámaras entre sereno y eufórico, a veces también amenazante: “Hay amparos que se resuelven en tiempo récord atentando contra los derechos constitucionales de la Presidencia”. El Presidente y su gabinete de gobierno han desafiado en varias ocasiones al máximo tribunal de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad. Las palabras de Morales, son un resumen de su noción constitucional.
Y en ese tono, llama a los próximos testimonios para que puedan pasar frente a su show: Francisco y Estuardo Valdez Paiz, señalados de ser los autores intelectuales de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg en 2009, aparecen en los monitores de televisión. Su caso fue cerrado por falta de pruebas en agosto de 2017.
Por eso están acá, dice Morales: “Fueron puestos en libertad por no acreditar la acusación penal”.
Los hermanos Valdez Paiz, frente a las cámaras, son parte de esos invitados presidenciales que contradicen un poco el discurso de Jimmy Morales. “Nuestro caso no lo inició Iván Velásquez, sino Carlos Castresana (primer comisionado de CICIG en 2006), lo continuó Francisco Dall’Anese (segundo comisionado de la CICIG 2010-2013). Un caso de más de 10 años con litigios maliciosos”, explica Francisco Valdez Paiz.
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En tanto los acusados del caso Rosenberg están ante las cámaras, en redes sociales, muchos guatemaltecos critican la defensa oficiosa del Presidente con sus invitados. La impunidad y la corrupción, y no la CICIG, ha creado víctimas en todas partes.
“Papi volvía a media noche de hacer un trabajo hace once años. Se bajó del carro a discutir con alguien a seis cuadras de la casa. Cuando iba a subirse, le dispararon por la espalda a la cabeza. Esta es la hora en que no hay culpables. Faltó ser más canchitos #NuestraVozCuenta”, @JeannyChapeta
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«Entre los asistentes detrás del Presidente y su gabinete hay convictos y acusados de casos de asesinato, o ejecuciones extrajudiciales».
Según un informe de sentencias condenatorias en las que ha participado la CICIG desde 2008, se pueden mencionar El caso Zacapa, en el que 11 personas fueron asesinadas en un enfrentamiento en un balneario en Zacapa el 25 de marzo de 2008. El caso Víctor Rivera, del asesinato del asesor del Ministerio de Gobernación y dirigente de la banda criminal Los Riverita. El caso Primavera, en el que una niña, Angely Hernández, fue robada el 3 de noviembre del 2006 y dada en adopción a una familia extranjera con documentos falsos, o el caso Byron Vargas, del asesinato de tres menores de edad en Chiquimula. El caso Bus de Nicaragua, en el que el 8 de noviembre de 2008, Marvin Montiel Marín, el Taquero, presunto narcotraficante de Zacapa, interceptó un bus proveniente de Nicaragua con 16 pasajeros a bordo, quienes fueron asesinados y les prendieron fuego dentro de la unidad de transporte. Y el caso Pavón.
Estas fueron las primeras investigaciones a las que se enfrentó esta nueva comisión, sangrientas masacres, robo de niños, asesinato de reos. A pesar de lo contundente de la realidad del país, sin embargo, el presidente Jimmy Morales siguió en su talk show tratando de convencer de lo contrario.
Un sistema político podrido
En el Gobierno de Otto Pérez Molina los CIACS fueron ávidas, y eso los desenmascaró. O quizá no fueron más ávidas que en los Gobiernos anteriores y solo fueron los gobernantes que le tocó a Iván Velásquez desnudar. Este fiscal colombiano llegaba de coordinar la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal en Colombia, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo en el caso conocido como Parapolítica. Cuando llegó a Guatemala, Velásquez sabía a lo que se enfrentaba,
Así, una CICIG fortalecida, que conocía el terreno, junto a un Ministerio Público capacitado y con fiscales dispuestos a seguir las pistas hasta sus últimas consecuencias fueron suficientes para llegar a los casos.
Cualquiera de los casos presentados en las conferencias de prensa, las pruebas, transferencias bancarias, registros de cheques, patrimonios, sustentan los casos por sí solos, no hace falta que tengan lugar filtraciones ni complots oscuros.
Estas investigaciones dieron lugar a una seguidilla de casos que mostraron las relaciones entre actores políticos, económicos y judiciales: sus acciones han tocado a diputados, alcaldes, jueces, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, excandidatos a la presidencia, a la vicepresidencia, empresarios de la construcción, farmacéuticos, del transporte, del manejo de puertos y aeropuertos, banqueros, agroindustriales, industriales…
En 2015, cuando estalló el caso la Línea, toda una generación menor a 30 años no había visto en su país una protesta masiva de gente. La CICIG señaló a los culpables de estar robando dos millones de quetzales semanales al pueblo de Guatemala.
¿La CICIG sin control? (Palacio Nacional)
Ahora Jimmy Morales, frente a las cámaras, luce tranquilo. Ha conducido el show hasta este momento sin percatarse de sus contradicciones. Contradicciones como esta: afirma que la CICIG utiliza criminales como testigos. Aunque a sus espaldas permanecen convictos y acusados de casos de asesinato que han brindando su testimonio contra la comisión.
Aun así es el turno de los hijos del ex ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, en prisión preventiva desde agosto de 2018. Tras la introducción de Jimmy Morales, Maite y Carlos Vielmann Abascal, exponen el caso de su padre como el de una víctima de una doble judicialización promovida por la CICIG.
Y hablan de la utilización de testigos que formaron parte de varias bandas de secuestradores, que mutilaban los dedos de las víctimas para enviarlas a sus familiares. Hablan también que Vielman fue juzgado y absuelto por un tribunal en España por este caso.
“Pusimos una denuncia ante la ONU”, dice Maite Vielman. “La respuesta: La CICIG no es un órgano que forme parte de la ONU y funciona de manera independiente”.
El presidente de Guatemala asiente. Retoma los micrófonos. Parece conmovido. Y todo indica que han sido suficientes testimonios para argumentar su tesis: “Si CICIG no es parte de ONU… Si no responde a EEUU. Si no responde al gobierno de Guatemala… ¿A quién responde?”, pregunta Morales.
Silencio…
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En twitter cientos de mensajes nuevos como estos:
“Hace 7 años una bala perdida asesinó a mi sobrino de 12 años hasta aquí no han habido capturas… por Dios… tenía 12 años!!!! #NuestraVozCuenta”, twitt de @ChinitaYChata.
“Mi papá apareció muerto hace 23 años y lo llevaron como XX al INACIF, dando el cuerpo hasta dos meses después por la insistencia de mi mamá. Es hoy la fecha en que su asesinato sigue impune, como muchos más. #NuestraVozCuenta”, twitt de @Majito
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La caída del presidente, Pérez Molina, y la vicepresidenta, Roxana Baldetti, fue solo el inicio y conforme iban avanzando las investigaciones, las cartas se siguieron volteando sobre la mesa. Llegó el caso de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) que conllevaba un soborno de US$30 millones, algo que como hasta el momento en otros muchos grandes escándalos de corrupción, era un escándalo a voces. La CICIG, nuevamente, presentó las pruebas. Y llegó el caso Coperacha, y varios miembros del consejo de ministros fueron detenidos, y el caso Cooptación del Estado en el que por primera vez un sinnúmero de empresarios pasaron por los tribunales y fueron implicados bancos como el GyT y empresas históricas como Aceros de Guatemala. En este caso estaba también involucrado el grupo Albavisión, el monopolio de los canales de la televisión abierta de Ángel González.
Y llegaron los casos de financiamiento ilícito, y el caso Pandora, y se tocó a Álvaro Arzú. El caso de Comisiones Paralelas, donde se implicó a Mario López Villatoro, el Rey del Tenis; y el caso de los Huistas, señalados de corrupción en Huehuetenango; y el caso de corrupción en Antigua Guatemala, por el que fue procesado el alcalde, el caso de corrupción en Quetzaltenango, por el que fue procesado Jorge “Mito” Barrientos, Lavado y Política, Patrullas; y el caso Infiernito o el caso Génesis, por usurpación de terrenos en Petén, donde están señalados Walter Obdulio Mendoza Matta y sus hijos. Construcción y Corrupción, caso IGSS Pisa, que sentó en el banquillo a Gustavo Alejos; y el caso Transurbano, que metió preso al expresidente Álvaro Colom; y el caso Odebrecht, que supuso la emisión de la orden de captura contra el expresidenciable Manuel Baldizón.
Una lista que recorre lo más granado de la élite política y empresarial del país.
En el informe de Labores de 2018 la CICIG indicaba haber identificado a 60 estructuras, presentado más de cien casos, haber llevado a 680 a proceso, y haber logrado más de 310 personas condenadas. 34 reformas legales presentadas; entre ellas: Ley de Crimen Organizado, Reformas al Código Penal en materia de Anticorrupción y la creación de los Tribunales de Mayor Riesgo.
La lista de los reproches
El último acto del Presidente es un listado de afrentas de CICIG contra Guatemala: 1) La transgresión de su mandato. 2) La violación de leyes internacionales y Derechos Humanos. 3) La justicia selectiva y parcial. 4) El riesgo a la seguridad nacional. 5) La promoción de la cultura de polarización. 6) El riesgo de sus acusaciones para los bienes estatales como el caso de TCQ. 7) La intervención de la justicia “como se evidencia en cada uno de los testimonios presentados”, dice el Presidente Jimmy Morales.
La consecuencia más inmediata de la decisión de Morales de denunciar el acuerdo de creación de la comisión fue la suspensión de dos audiencias de casos en marcha. El caso Transurbano, por el cual se procesa al expresidente Alvaro Colom, así como a empresarios del transporte; y el caso Génesis, por la supuesta usurpación de terrenos que fueron otorgados a campesinos en Petén.
Además de la salida de Guatemala de todos los trabajadores e investigadores de la CICIG, una vez que la ONU decidió activar un plan de contingencia de seguridad debido a la decisión unilateral del Presidente Morales.
¿Guatemala post-Cicig? Aún no dice la CC
Un día después del show televisivo del Presidente, luego de un pleno extraordinario, la Corte de Constitucionalidad le volvió a decir no a Jimmy Morales. Con cuatro de cinco votos a favor, la CC otorgó un amparo provisional que llama al Presidente a facilitar el funcionamiento de la entidad y suspende la decisión de anular la decisión del acuerdo de creación de CICIG.
“Queremos unas elecciones libres, democráticas” corean los opositores a CICIG, luego de meses del presidente Morales lanzando indirectas y teorías de la conspiración sobre los próximos comicios en sus discursos oficiales.
Liberales, republicanos y demócratas se llaman a sí mismos los defensores de Morales mientras observan al mandatario desacatar resoluciones judiciales, forzar el equilibrio de poderes y rodearse de procesados, y en algunos casos condenados por delitos, para justificar la expulsión de la comisión.
En ese orden, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, ha apostado por olvidar los principios liberales, que muchos de sus socios dicen defender, y brindarle su respaldo a una presidencia de paja. Mirar hacia otro lado frente a la amenaza de una restricción de garantías individuales y dejarlo cargar con la responsabilidad de sus actos.
A unos días de la convocatoria a elecciones, el respaldo manifiesto del sector privado para Morales tiene otra lectura. El hombre de paja puede cumplir con un último papel e inmolarse, ya hay otras figuras de recambio.
Entre los presidenciables se encuentra la hija del exdictador Efraín Ríos Montt, condenado por genocidio y luego protegido por una resolución de la CC, Zury Ríos por el partido Valor; también un ex jefe de presidios, investigado por ejecuciones extrajudiciales, Alejandro Giammattei, por Vamos; mientras que el candidato de Fuerza, José Mauricio Radford, ya ha indicado que preferiría “que la entidad (CICIG) fuera técnica y no política”.
De igual forma el máximo dirigente del partido Todos, Felipe Alejos, ha expresado que “no permitirán que entes internacionales interpongan una agenda, ya que rompe la soberanía del país”.
Mientras tanto, partidos como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cuyo expresidente Colom aún enfrenta un caso en marcha, aguardan a que el trabajo sucio de expulsar a Cicig sea completado por el presidente Morales y el desgaste de pronunciamientos “de politización de la justicia”, quede en boca de otros candidatos. Sandra Torres, la candidata de la UNE mantiene un perfil bajo mientras espera el retorno a los viejos tiempos de impunidad.
La presidencia de Morales, irónicamente consecuencia del terremoto político de las investigaciones por corrupción de CICIG y MP, parece cerrar con un retorno de las viejas prácticas de la política guatemalteca. Así el lugar de Morales en la historia política del país podría ser la del Restaurador, el restaurador del status quo y la protección a las élites políticas y económicas del país.
