El Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficializó el paso de Sandra Torres del partido UNE y Bernardo Arévalo de Semilla a la segunda ronda por la presidencia en un contexto de máxima tensión. El fiscal de la FECI, Rafael Currruchiche, anunció, minutos antes de la ratificación de los resultados en la elección presidencial, que un juzgado autorizó la suspensión de la personalidad jurídica del comité para la constitución del partido Semilla a pedido de la fiscalía. La presión continúa centrada en el TSE que ahora tiene 24 horas para resolver si mantiene su decisión o se somete a una solicitud del Ministerio Público que pone en riesgo la democracia de Guatemala.

Texto: Bill Barreto y Jovanna García. Fotografía: Edwin Bercían. Edición: Oswaldo j. Hernández

Al Tribunal Supremo Electoral (TSE) le tomó 17 días ratificar los resultados presidenciales de las elecciones llevadas a cabo el 25 de junio. El pleno de magistrados confirmó que Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla disputarán la segunda vuelta el próximo 20 de agosto. La ratificación del acuerdo, un procedimiento que no tardaba más de dos días en procesos anteriores, llegó minutos después de que el fiscal del Ministerio Público, Rafael Curruchiche, anunciara en redes sociales que había obtenido la suspensión de la personalidad jurídica del comité para la constitución de Semilla por parte de un juzgado a raíz de una investigación en curso a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

El pleno de magistrados del TSE aún se encontraba reunido afinando los últimos detalles de validación de resultados en la sede central de la institución cuando el Ministerio Público divulgó, por medio de sus cuentas oficiales, un video del fiscal Curruchiche intentando argumentar la suspensión de Semilla como partido político. “En un nuevo caso de corrupción e impunidad denominado «Corrupción Semilla», a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el Juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla”, indicó Curruchiche.

Esta acción del MP se interpretó como un obstáculo más para la ratificación de los resultados oficiales, un retraso plagado de argucias legales que había detenido por poco más de dos semanas el reinicio de la campaña electoral de los candidatos que buscarán la presidencia. En el proceso se acumuló una resolución de la Corte de Constitucionalidad, impulsada por 9 partidos, que ordenó repetir, en un plazo de cinco días, las audiencias de revisión de escrutinios a cargo de las Juntas Electorales, sin encontrar cambios sustanciales en los resultados. 

Con una nueva acción legal y los resultados oficializados, la incertidumbre se prolonga. El TSE confirmó que Torres, con 889,924 votos, y Arévalo, con 653,486, se enfrentarán el 20 de agosto en una segunda vuelta, pero tras la orden del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, presidido por el juez Fredy Orellana Letona, los magistrados aún deberán esperar a que la acción que busca suspender al Movimiento Semilla sea conocida por el Registro de Ciudadanos. Esta dependencia del TSE tiene a su cargo la cancelación y suspensión de los partidos políticos por causas que estén justificadas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), pero en última instancia sus decisiones son apelables ante el pleno de magistrados.

Irma Palencia, la magistrada presidenta del TSE, respondió con tibieza a las preguntas de los periodistas sobre los efectos de esta disposición del juzgado, pese a lo irregular de la situación. Dijo que aún no podían emitir una opinión: “No tenemos conocimiento de los alcances que puede tener la resolución”, aseguró para luego ser respaldada por el magistrado Gabriel Aguilera, en un intento de mostrar unidad.

“Las acciones legales están dentro de nuestra norma jurídica, Guatemala es una República, una democracia y así nos vamos a mantener”, dijo Aguilera ante los cuestionamientos. 

Ambos magistrados, en ese momento, obviaron las consecuencias inéditas que puede producir la suspensión provisional de un partido político durante una segunda vuelta electoral. También los magistrados en pleno evitaron las preguntas sobre si un juzgado de instancia penal puede suspender a un partido político cuando no es esa su competencia constitucional, y mucho menos en esta etapa avanzada del proceso electoral, bajo el argumento de que “adelantar una opinión puede inhabilitarlos para resolver el caso”.

De dónde proviene la denuncia contra Semilla

A finales de febrero de 2023, un oyente del programa radial “Pulso Republicano” en Radio Infinita, llamado Rodrigo Rodas, denunció al aire que el partido Movimiento Semilla lo había adherido como afiliado sin su consentimiento. La falsificación de la firma, según Rodas, ocurrió en 2018 cuando el Movimiento Semilla estaba en proceso de formación y necesitaba cerca de 25 mil firmas para constituirse.

Esta denuncia motivó la apertura de una investigación en la Fiscalía de Delitos Electorales en abril de este año, a menos de cuatro meses de haberse iniciado el proceso electoral. Así lo detalló el diputado Samuel Pérez que llegó al Congreso en 2019 postulado por Semilla y que tras la oficialización de resultados por parte del TSE, ha sido reelecto para la Legislatura 2024-2028. Para junio de este año, sin embargo, el Ministerio Público de Consuelo Porras, trasladó la investigación a la FECI, bajo la conducción de Curruchiche.

No-Ficción, a inicios de junio, consultó a integrantes de Semilla que participaron en la recolección de firmas necesarias para la constitución del partido. En ese momento, aseguraron que se trataba de una persecución política para amedrentarlos, aunque no negaron que podrían existir errores en algunos registros. 

Curruchiche, en su video de presentación del caso, aseguró que en mayo de 2022 un ciudadano denunció haber sido “adherido ilegalmente” al partido Semilla “por lo que al realizarse la prueba científica, por el Inacif, se concluyó que la firma y letra fueron falsificados”, dijo el jefe de la FECI. 

Según la versión de varios integrantes del partido, ellos eran conscientes de que la recolección de firmas podría producir incidentes como el que reportó Rodas en la radio. Esto es algo que también ha sucedido en el proceso de formación de otros partidos políticos en Guatemala. Los integrantes de Semilla, previendo esa situación, realizaron una auditoría interna, deduciendo responsabilidades y denunciando las falsificaciones de firmas ante el MP con el propósito de no afectar a todo el partido. 

La denuncia de abril de 2023 inicialmente fue interpuesta contra Samuel Pérez, que fungía como secretario general del partido al momento de su formación. Sin embargo, al ser diputado y también candidato, Pérez gozaba de inmunidad. 

Dentro de Semilla, no obstante, quien corría riesgo de ser procesada era la politóloga Cynthia Rojas, que había sido procuradora del partido ante el TSE al momento de su formación y firmó registros de adhesiones. La hoja donde se recolectó la firma falsa de Rodas había sido suscrita por ella ante el Tribunal, aunque no fue la encargada de recolectarla. En consecuencia, Rojas optó por renunciar a su candidatura a diputada y no afectar al partido. La politóloga se puso a disposición del Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses le realizó una prueba grafológica, de la cual nunca obtuvo los resultados.

Diversas fuentes del partido indican que la acusación de Rafael Curruchiche, respecto a que Semilla pagó Q7 por cada firma recolectada es falso. Consultado por este tema, en junio, Samuel Pérez afirmó a No-Ficción que el único reconocimiento monetario que obtuvieron algunos de los voluntarios se referían a montos mínimos por viáticos, pero que no existieron contratos o pagos como tales.

Los vacíos legales entorno a la suspensión de Semilla

La acción de Curruchiche rompe otra barrera dentro de los antecedentes de un proceso electoral. Desde el retorno a la democracia en 1985, luego de cada uno de los comicios de primera ronda electoral, ningún candidato ha obtenido la mayoría absoluta de los votos y las elecciones presidenciales se han resuelto por balotaje.

En las nueve elecciones presidenciales anteriores a 2023, la oficialización de resultados por parte del TSE no ha tomado demasiado tiempo y ha dado paso a una segunda ronda de votación para definir al ganador. En esta ocasión, sin embargo, la FECI ha logrado interponerse entre la certificación de resultados y la votación de segunda vuelta electoral, a través de una orden emitida por un juzgado penal de bajo rango que dispuso suspender de manera temporal a uno de los partidos políticos autorizados a participar por el TSE dentro del balotaje. 

La estrategia para lograr esta acción, por parte del MP y de la FECI, consiste en obligar la anulación del Movimiento Semilla por parte del Registro de Ciudadanos, la dependencia del TSE facultada para “Conocer y resolver acerca de la inscripción, suspensión, cancelación y sanciones de las organizaciones políticas” (artículo 155 LEPP).

La tarde del 12 de julio, esta maniobra de anulación jurídicamente se llamó “providencia de urgencia” y fue girada por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, a cargo del juez Fredy Orellana. Esta orden de suspensión, no obstante, va un poco más allá y alcanza al “comité para la constitución del partido Semilla y del partido político Semilla”. Es decir, afecta a la figura jurídica previa a la creación del partido en 2018, afecta también a los actuales diputados de Semilla que trabajan en el Congreso, y afectaría al proceso electoral de 2019.

En el orden constitucional de Guatemala, una vez iniciado el proceso electoral, como también explica la LEPP: “No podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado” (artículo 92).  

Un análisis legal de la firma Sigüenza y Carrascosa confirma este punto y resalta que no hay antecedentes legales de la suspensión de una agrupación política en medio del proceso electoral.

Con estas estrategias legales, la disputa política, una vez más, regresa al terreno del TSE. Pero en paralelo, el conflicto y crisis provocada por el intento de eliminación de Semilla se librará en varios frentes. 

Más cortes de justicia se verán involucradas. Por ejemplo, alrededor de la medianoche del 12 de julio, el diputado Samuel Pérez, junto al fiscal del partido, Juan Gerardo Guerrero, se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad a defenderse de la embestida del MP y plantearon un amparo preventivo para que el TSE “no le dé cabida a esta acción espuria que atenta con el rompimiento del orden constitucional”, dijo Guerrero

El fiscal electoral de Semilla destacó que el Tribunal “no está obligado a acatar resoluciones que están fuera del marco legal”.

Bernardo Arévalo, el presidenciable de Semilla, y cuya participación en segunda vuelta está en juego, calificó en una entrevista con Guatevisión las acciones del Ministerio Público como “un Golpe de Estado técnico”.

Fuentes del partido también destacaron que continuarán con las medidas legales, se defenderán, y que dentro de la agrupación se están preparando para cualquier otra acción de intimidación.

“Estamos tranquilos porque el Tribunal Supremo Electoral sencillamente no va a atender esta orden de carácter ilegal, y nosotros vamos a continuar en la contienda electoral. De hecho, el Tribunal Supremo Electoral fue muy claro en detectar que la contienda estaba abierta y que seguimos adelante”, aseguró el presidenciable de Semilla en su intervención.

El oficioso Curruchiche, el juzgado que lo avala y la avanzada del netcenter

Quien encabeza la ofensiva visible que amenaza con sacar de la contienda electoral al partido Semilla, y atenta contra el voto ciudadano, es el fiscal Rafael Curruchiche. El actual jefe de la FECI ocupó el cargo en agosto de 2021, tres meses después de la destitución de Juan Francisco Sandoval, el fiscal anticorrupción que trabajaba de la mano con la cancelada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Curruchiche llegó a la FECI proveniente de la Fiscalía de Delitos Electorales, tras suplir al ex fiscal Óscar Schaad, quien dejó el puesto poco antes de los comicios del 2019 en medio de amenazas de muerte. La gestión de Curruchiche en Delitos Electorales, por el contrario, se caracterizó por ralentizar investigaciones abiertas contra partidos políticos y por no generar mayor conflicto con los partidos.

Para marzo de 2021 diez partidos enfrentaban procesos de cancelación, además del partido Unión del Cambio Nacional (UCN), el único que finalmente fue cancelado. Sin embargo, los principales elementos de las investigaciones provenían de las auditorías realizadas por el TSE y otras investigaciones por financiamiento electoral ilícito encabezadas por la FECI.

En julio de 2022, Curruchiche fue incluído en la Lista Engel señalando de obstruir “investigaciones de actos de corrupción al desbaratar casos de corrupción de alto perfil contra funcionarios del gobierno y presentar denuncias aparentemente espurias contra fiscales de la FECI, abogados privados y miembros de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”.

El juez Fredy Orellana Letona preside el Juzgado Séptimo de Instancia Penal que ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla. Orellana giró la orden de captura en contra del periodista y fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, condenado a seis años de prisión por lavado de dinero.

Además, Orellana procesó a la exfiscal de la FECI, Samari Gómez, absuelta del delito de revelación de información confidencial o reservada. También en este proceso Orellana confirmó la orden de extradición en contra del ex fiscal Sandoval, por supuestos vínculos con Zamora.

Como en otras acusaciones presentadas por la FECI, bajo la gestión de Curruchiche, las acciones de la fiscalía fueron publicadas previamente por cuentas de netcenter asociadas a los opositores de las investigaciones contra la corrupción como @__VaderGT y @Eriol_Gt. 

Se trata de un guion que se ha repetido en otras ocasiones. Las cuentas anónimas predicen que algo grave sucederá, luego el MP o las Cortes emiten una sentencia, y estas cuentas reaccionan y emprenden una campaña de justificación para validar las acciones de la fiscalía. Además, estos usuarios, en el año electoral 2023, han realizado veladas amenazas en contra de los magistrados del TSE, amenazas que incluyen acciones legales si sus respuestas no se alinean con sus intereses. 

El horizonte del TSE de cara a la segunda vuelta

Las convocatorias de protestas ciudadanas, poco a poco, se han ido sumando desde redes sociales. Varios grupos de personas se manifestaron frente al TSE mientras se conocía la orden de suspensión de Semilla y se oficializaban los resultados.

La Misión de Observación Electoral (MOE), en un comunicado, también respaldó la decisión del TSE de oficializar los resultados que fueron acompañados con la confirmación de la segunda vuelta electoral entre Torres y Arévalo por la presidencia.  

Incluso la principal gremial empresarial del país, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se pronunció a favor de que se respete el artículo 92 de la LEPP que limita la cancelación de partidos políticos durante un proceso electoral. En una inusual medida, las cúpulas empresariales se declararon “en sesión permanente”.

#ComunicadoCACIF
Posicionamiento del Sector Empresarial Organizado, ante la coyuntura nacional: pic.twitter.com/MtAcKPrkT4

— CACIF (@CACIFGuatemala) July 13, 2023

También, en una comunicación divulgada por la embajada de Estados Unidos, el subsecretario de Estado, Brian A. Nichols, señaló su preocupación por las acciones del MP:  “Valoramos la certificación del TSE de los resultados de la primera ronda electoral, respetando la voluntad de los votantes, y esperamos la elección del 20 de agosto con los dos candidatos anunciados. Pero, estamos profundamente preocupados por las nuevas amenazas del Ministerio Público contra la democracia electoral de Guatemala. Las instituciones deben respetar la voluntad del pueblo guatemalteco”, escribió Nichols en su cuenta oficial.

Para Gustavo Berganza, doctor en sociología e integrante de la MOE, lo que se está viviendo es una violación a la LEPP porque establece que dentro del período electoral no puede suspender la participación de ningún partido político, una ley que es además de carácter constitucional.

“Aquí la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia son las que deben restablecer el orden porque evidentemente el juez que dio esa orden está violentando una ley constitucional, entonces lo que procede es que se repare por medio de la CSJ o por medio de la CC”, apunta Berganza.

Además, en cuanto al carácter autónomo con el que cuenta el TSE, Berganza considera que según sus atribuciones reguladas en el artículo 125 de la LEPP,  el Tribunal puede “requerir la asistencia de la fuerza pública para garantizar el desarrollo normal de los procesos electorales”, es decir incluso “denunciar al juez porque no respondió a la ley, y en materia electoral está limitando el desarrollo del proceso electoral”. 

La tensión y la incertidumbre en el mundo político guatemalteco no dejó de crecer a lo largo de la noche y madrugada del 12 y 13 de julio. En pocas horas demasiados hechos confluyeron: hubo análisis de abogados sobre el curso legal, se dieron sondeos entre actores políticos respecto a si el TSE hará respetar su autonomía, se habló de la posibilidad de allanamientos en las oficinas de Semilla y capturas en contra de algunos integrantes del partido político.

Guatemala entra de nuevo a una fase de retroceso democrático. Una negación de derechos electorales y de participación ciudadana. Un intento de eliminar la voluntad del electorado. Las miradas y las consignas estarán dirigidas hacia el Ministerio Público, estarán sobre las Cortes de Justicia, se depositarán en el Tribunal Supremo Electoral, en el presidente de la República, Alejandro Giammattei, que apenas hace unos días indicaba que no intervendría en el proceso electoral. Y sobre todo, los guatemaltecos tendrán que enfrentar una inédita campaña electoral, elegir entre dos candidatos como Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arévalo de Semilla, o no, o quizás otra posibilidad, pero todo plagado de incertidumbre.