El Gobierno busca garantizar el abastecimiento durante un año de equipo de protección especial para el personal médico a través de un contrato abierto. Este tipo de contrato permite buen abastecimiento y agilidad. Sin embargo, también está sujeto a gran corrupción, como demostró la farmacéutica J.I. Cohen, vinculada a Gustavo Alejos, en tiempos de la UNE, señalan expertos. 

En junio de 2020, tres meses y Q77 millones gastados en compras a pequeña escala después, el Gobierno de Guatemala impulsó el contrato abierto para el equipo de seguridad y protección del personal médico que está en primera línea para tratar a los pacientes del coronavirus.

El Gobierno tiene presente que la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19 estará en el país como mínimo un año más. Y por eso el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) busca asegurar que durante ese tiempo la red hospitalaria esté abastecida de equipo de seguridad para los y las salubristas.

La Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 46, establece que un contrato abierto “es la modalidad de adquisición coordinada por el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, con el objeto de seleccionar proveedores de bienes, suministros y servicios de uso general y constante, o de considerable demanda”.

A través del contrato abierto se busca encontrar a las empresas que tienen la capacidad para proveer durante 12 meses a los hospitales, centros de salud y puestos de salud, del equipo de protección esencial.

Los contratos abiertos deben ser pedidos en conjunto por dos instituciones. Pero cuando se trata de productos medicinales, material médico quirúrgico, gases médicos, etc, podrán realizarse por una sola institución. En este caso, lo hizo el Ministerio de Salud.

Este contrato publicado en el portal de compras del Estado, Gautecompras, establece que durante un año la red hospitalaria necesitará abastecerse de 31 millones de mascarillas, 3 millones de caretas, 9 millones de lentes, 12 millones gorros, 33 millones de pares de guantes, 22 millones de batas, 3 millones de trajes de bioseguridad y 9 millones de zapatones.

El Ministerio de Finanzas aún evalúa las ofertas recibidas. Más de 30 empresas presentaron ofertas para los 38 productos.

Una exministra de salud, un exviceministro de finanzas, el procurador de los Derechos Humanos y un experto en contratos en la administración pública explican que esta es la mejor alternativa para garantizar abastecimiento. Pero añaden que existe un alto riesgo de que estos procesos sean manipulados para actos de corrupción.

PUNTOS A FAVOR

1. Buen Abastecimiento

El contrato abierto permite adquirir uno o varios productos o servicios con el mismo precio durante un tiempo establecido. Con eso se garantiza que no habrá aumentos y que la red hospitalaria no sufrirá de desabastecimiento durante el período que dure el contrato.

“En los contratos abiertos se establece un acuerdo entre el Estado y la empresa para la compra durante año o años de tal producto a un precio fijo (sin modificaciones). Hay un compromiso, tanto del Estado como del proveedor, de comprar y vender durante un tiempo establecido a un precio”, explica la diputada de Semilla y exministra de salud, Lucrecia Hernández Mack.

La diputada añade que con la aprobación de un contrato abierto también se benefician otras instituciones. Agrega que de llegarse a aprobar el contrato para los insumos de protección especial, también pueden adquirir estos productos otras instancias del Estado, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) e incluso el Ministerio de la Defensa Nacional para su Hospital Militar. 

“Por ejemplo, si la Contraloría (General de Cuentas) tiene una su clínica y quiere hacer una su compra, lo puede hacer a través del contrato abierto aprobado”, añade Mack para quien este tipo de contrato es uno de los mejores mecanismos de compra para abastecer al Ministerio de Salud.

2. AGILIDAD

Cuando se tienen un contrato abierto aprobado, la institución puede ser abastecida en grandes cantidades en un máximo de 20 días sin necesidad de hacer una cotización o licitación que regularmente tardan los seis meses.

“Cuando ya se tiene un contrato abierto aprobado los plazos para adquirir el producto o servicio son cortos. Con 15 días antes se puede hacer el pedido para que se abastezca en grandes cantidades”, explica abogado Edwin Paiz, quien ha sido asesor del viceministerio administrativo y financiero del Ministerio de Salud para la elaboración de las bases para eventos de compra.

“Un evento de cotización, si lo haces rápido te sale en cuatro meses, y una licitación en siete u ocho meses. En un contrato abierto hablamos de 15 a 20 días. Es una carta para comprar más rápido a grandes cantidades”, pormenoriza Paiz.

CONTRAS

1. Poco dinámico

En un contrato abierto se establece que una empresa será la proveedora de un producto o servicio al mismo precio durante uno, dos o tres años. 

Este tipo de contrato no es dinámico porque deja un precio fijo y no puede modificarse. El abogado Edwin Paiz explica que debe reformarse la Ley de Contrataciones para que exista más competitividad. Agrega que un contrato abierto debe adjudicarse a varias empresas con el propósito de obtener mejores precios y que no se acaparen las compras.

“Estos eventos son muy poco dinámicos porque durante años se establece darle el dinero del Estado a muy pocas empresas. Le hace falta dinamismo, es decir, que en cada contrato haya varios proveedores para obtener un mejor precio y garantizar la participación de más empresas y no solo enriquecer a una”, añade Paiz.

2. Negocio millonario, posible gran corrupción 

El contrato abierto le asegura un negocio millonario con el Estado a una empresa debido a que este tipo de convenio establece que una empresa será la proveedora de un producto durante uno, dos o tres años. Esto puede hacerse cumpliendo las reglas, pero también en un proceso lleno de irregularidades. Uno de estas anomalías es cuando se crean las bases y los requisitos del producto o servicio solo pueden ser cumplidos por una empresa.

“Por ejemplo, se pide acetaminofén de 500 miligramos con una presentación de tableta color blanca que venga en un envase de 20 tabletas de color rojo, es porque hay una dedicatoria a un proveedor y lo más seguro que solo hay una empresa que pueda garantizar una presentación de esa manera”, explicó la exministra de salud, Lucrecia Hernández Mack.

Hernández Mack puso como ejemplo que en el pasado algunos contratos abiertos se usaron para beneficiar a la farmacéutica J.I. Cohen y crearle un negocio millonario. Durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) esta farmacéutica era la favorita del Ministerio de Salud e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Al mismo tiempo que Gustavo Alejos era Secretario Privado del presidente Álvaro Colom, trabajaba para J.I. Cohen y logró adjudicaciones para la farmacéutica. Esto lo logró presionando a las autoridades del Ministerio de Finanzas Publicas.

El exministro de finanzas durante el gobierno de la UNE, Ricardo Barrientos, recuerda que en el libro Rendición de Cuentas, el exministro de finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight relata que se recibieron presiones de Alejos para aprobar cuatro contratos a favor de dicha farmacéutica.

“Tiene un historial muy serio de escándalos de corrupción. Por ejemplo, todas las barbaridades que el señor Gustavo Alejos con estado J.I. Cohen durante el gobierno de la UNE, cuando yo estuve (en el ministerio) esa fue la batalla por recibir presiones. Es un proceso difícil y muy vulnerable al boicot”.

Barrientos explicó que la presión para adjudicarle el contrato a la farmacéutica fue demasiada que el entonces ministro y los viceministros renunciaron. “Nosotros salimos en junio de 2010. Salimos por las presiones. Salió el ministro Juan Alberto Fuentes Knight y nosotros lo acuerpamos”.

3. “No es para atender un Emergencia”

El también economisma del Instituto Centroamericano Estudios Fiscales (ICEFI), Ricardo Barrientos, explicó el contrato abierto es una medida adecuada para compras a largo plazo, pero no para responder a una emergencia como la del coronavirus, en la que la que todos los días se registran nuevos casos de coronavirus y nuevos pacientes ingresan a los hospitales.

“Yo entendería el contrato abierto como la modalidad adecuada para abastecer al Ministerio de Salud después de que pase la emergencia, pero para la emergencia el contrato abierto no es lo más adecuado. Si ya tienen el estado de calamidad pueden hacer las compras por excepción, pero no las hacen”, expone Barrientos.

Para el abogado Edwin Paiz uno de los problemas que tiene el Ministerio de Salud es que cada unidad ejecutora (89 en total), que pueden ser hospitales y áreas de salud, tiene su propio procedimiento de compras por excepción, por lo que algunas adjudicaciones tardan más en un hospital que en otro.

“La excepción es que se aparte de los procesos estándares y que se garantiza la agilidad, pero las unidades ejecutoras hacen sus procedimientos cada una. El Ministerio de Salud debe crear un procedimiento para hacer compras por excepción para que lo apliquen todas las unidades ejecutoras. Con esto también se soluciona el problema de los concursos caídos”, dice Paiz

Barrientos, por su parte, critica que las anteriores autoridades del Ministerio de Salud (Hugo Monroy) han hecho pocas compras por excepción durante la aprobación del Estado de Calamidad y sus tres prorrogas, dejando desabastecidos los hospitales, centros y puestos de salud.

A decir del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, la Contraloría General de Cuentas debe supervisar este contrato abierto para que la emergencia no sea usada para el enriquecimiento de algunos empresarios o funcionarios.

“La Contraloría General de Cuentas debe jugar su papel de supervisar esos contratos abiertos para que la emergencia sanitaria no sea usada para actos de corrupción. Ocurre que, en ocasiones, inescrupulosos funcionarios con algunos empresarios se ponen en contubernio para enriquecerse a costa del dinero público. Hay que estar atentos en cuanto a la calidad y precio para que no sea un negocio entre funcionarios y empresarios”, dice el PDH

Para el Procurado Jordán Rodas el desabastecimiento en los hospitales del equipo de protección y seguridad para el personal de salud no se debe a los procedimientos, sino la falta de experiencia del personal designado para ocupar los puestos.

“Se cuestiona mucho la demora porque evidencia que el gobierno no ha tenido ni tiene una planificación, sino es improvisación; un ensayo y error permanente que ha tenido al equipo médico del sistema de salud desprovisto de lo mínimo que se requiere”, añade Jordán Rodas.

Este plan del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para abastecer a la red hospitalaria de equipo de protección es a futuro, pero a la fecha no hay una respuesta para las denuncias de falta de equipo para el personal que se sigue contagiando de coronavirus.

Según los datos de la misma cartera de Salud, hasta el 25 de agosto han resultado contagiados de Covid-19, 2 mil 111 salubristas de los cuales han fallecidos 20 entre médicos, enfermeros, técnicos y personal administrativo.