En el newsletter de esta semana analizamos el conflicto por la implementación de los limitadores de velocidad, las protestas y bloqueos del sector transporte y lo que todo esto revela sobre la capacidad de presión de los transportistas frente a un Estado débil y una ley que lleva años sin aplicarse.
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Te quiero contar una historia de desesperación, una historia de desesperación y desesperanza. El lunes calculé tiempo prudencial para llegar a tiempo a una reunión. Tenía que recorrer 20 kilómetros y pensé que saliendo dos horas antes llegaría en hora.
Pero en mis cálculos, yo no contaba con que los conductores de transporte pesado -los del transporte extraurbano, que llevan decenas de vidas en su interior, o los que cargan una pipa de gas, por ejemplo- quieren evitar a toda costa que el Estado les obligue a ir despacio.
Mientras avanzaba en una fila pesada de camiones y trailers, entre los que nos encontrábamos rehenes varios vehículos como el mío, seguro con personas igual de desesperadas en su interior, me puse a buscar qué estaba pasando.
La Unión Nacional de Transportistas Guatemaltecos había anunciado para el lunes 23 de marzo, una caravana hacia el Palacio Nacional y Congreso para protestar por varias demandas. Si quieren saber cuales son las de relleno -el etanol, el precio de la gasolina o que los diputados se bajen el sueldo- les dejo un link. Pero yo voy a hablar de la que realmente les llevó a estos bloqueos y consecuente caos: Los reductores de velocidad. Hacer cumplir con una ley que vela por el bien común y por la vida.
Ley para fortalecer la seguridad vial lleva aprobada desde 2016
Hace diez años, en 2016, se aprobó en Guatemala la Ley para el fortalecimiento de la seguridad vial.
Según esta ley, los vehículos pesados están obligados a instalar un sistema reductor de velocidad que impide rebasar los 80 kilómetros por hora. En concreto a los vehículos automotores que se dedican al transporte colectivo de pasajeros y de carga.
Tres años después, en 2019, a duras penas, se aprobó el reglamento , pero esta ley siguió muerta y no fue hasta que llegó este gobierno cargado de buenas intenciones, que decidieron que decidieron ponerla en marcha.
En enero fue publicado el Acuerdo Ministerial No. 69-2026, mediante el cual se establece el tipo de multas por presentar el certificado de implementación del Sistema Limitador de Velocidad -SLV-, haciendo cumplir así con la Ley de la Seguridad Vial y su reglamento. El pasado 2 de marzo, diez años después, entraron en vigencia.
Aquí empezaron los problemas.
El lobby de transportistas busca derogar el Acuerdo
Los transportistas no están de acuerdo. Y el lobby de los transportistas, con su capacidad de negociar que personas o productos lleguen de un punto a otro del país, es muy poderoso. Quizás se les venga algo más en mente.
Por contar el chisme, el Congreso, que ya saben de qué pie cojea (de todos) había negociado con los transportistas y les había ofrecido, posponer la entrada en vigencia de las multas. El presidente, Luis Contreras, del partido CREO, firmó una nota para que el tema fuera conocido en las instancias de bloque. El enfoque de la propuesta “apunta primero a prorrogarla y, posteriormente, evaluar su derogación, mientras se construye un nuevo marco legal para el sector del transporte”.
En esta misma nota encontré unas declaraciones de Marlon Prera, representante del sector de transporte, quien decía que se mostraba muy satisfecho con lo ofrecido por el diputado Contreras, “así como en avanzar hacia mecanismos de autorregulación y en una revisión a fondo del marco legal vigente”. Las típicas demandas del sector privado, vaya.
En esa nota, el representante del sector del transporte también dijo que aunque sí se había especulado con las huelgas, su sector siempre había optado por acciones pacíficas y ordenadas.
Pero unos días después el presidente echó por tierra los propósitos de Contreras y del representante de los transportistas. “La ley entró en vigor y desde que entro en vigor estamos haciendo la tarea”. En este momento informó que ya 116 empresas fueron certificadas y que hay 11,870 unidades de transporte pesado que ya cuentan con este mecanismo.
La Cámara de Transporte también indicó en una entrevista a Prensa Libre que si apoyaba la medida de los reductores de velocidad y que varias empresas del país ya los tienen instalados en sus camiones como medida de cumplimiento con estándares internacionales.
Una hora después de seguir en el bloqueo, en el que había avanzado un total de 0 kilómetros, seguí tratando de entender por qué los transportistas están en contra. Estos, en ese momento ya ocupaban la calzada Roosevelt, la calzada Aguilar Batres, la avenida Bolívar y la calle Martí. En ese momento, desde una curva, podía ver cómo la fila de vehículos avanzaba varios kilómetros.
¿Cómo funciona el reductor de velocidad?
El aparato reductor de velocidad actúa de manera que cuando el vehículo alcanza los 75 km/h, se activa una alarma intermitente y cuando llega a los 80 km/h, la alarma se vuelve permanente y aunque se presione el acelerador, el sistema impide que el automotor aumente la velocidad.
“Muchos estamos de acuerdo en que se instalen los dispositivos, pero hay una resistencia fuerte. Calculamos que entre el 70% y el 80% de los dueños de unidades no quiere implementarlos”, indicó el presidente de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano (Autue), Wladimir Díaz. Las instalaciones de estos aparatos cuestan entre 5 mil y 10 mil quetzales. Esto, para muchos transportistas individuales es un alto costo.
Mientras sigo retenida en el tráfico por la pacífica y ordenada protesta, veo que dos carros chocaron, y un carril se ha reducido por lo que el embudo se incrementa. El objetivo de los reductores de velocidad es justo ese: evitar accidentes, evitar que se pierdan vidas, evitar el dolor de familias como las decenas de familias sufrieron en febrero de 2025, cuando un autobús extraurbano se desbarrancó dejando un saldo de 54 fallecidos.
De acuerdo con el Observatorio de Seguridad del Tránsito de la Policía Nacional Civil en el 2025 se contabilizaron 1,300 accidentes, con casi 350 fallecidos.
Y el quid de la cuestión es un poco el de siempre. El que le lleva pasando a Bernardo Arévalo desde que su gobierno trató de comenzar un gobierno pensando en el bien común. Si hay el mínimo interés privado en contra, se vuelve todo un caos.
Hace un año pasó lo mismo con la obligatoriedad de tener un seguro para los vehículos, algo todavía no regulado por el Estado, y varios bloqueos y protestas hicieron posponer la ley. De la misma manera, cuando se trató de que el acuerdo de separación de residuos entrará en vigencia, diferentes protestas hicieron que el Gobierno suavizará la obligación del reciclaje. Y finalmente la Corte de Constitucionalidad, siempre velando por el interés privado, emitió un dictamen suspendiendo el reglamento.
Cuando quiere hacer algo por el bien común, choca con los poderes fácticos, que se han ido haciendo cada vez más fuertes frente a estados completamente corruptos, y tanto que legislar y hacer cumplir con la ley sea una tarea titánica en Guatemala. Incluso cuando es una ley mínima, como implementar un aparatito en el transporte pesado y que definitivamente, nos permitiría salvar vidas. Por cierto, llegué dos horas y media tarde a mi reunión.
Además, esta vez, te quiero pedir algo. De cara al Día Internacional de la Visibilidad Trans (31 de marzo), en No Ficción queremos abrir un espacio para escucharte. Si eres una persona trans o te atraviesan estos temas, puedes compartir tus preocupaciones en este formulario.
