El decreto 15-2020, que estipula evitar la suspensión de servicios básicos a la población, como agua, luz o teléfono, aún no fue publicado. El Gobierno lo vetó por considerarlo inconstitucional y la CC cuenta con 13 amparos en su contra. El Congreso esta vez, no respaldó al presidente.

El número de nuevos casos diarios se duplicó del 13 al 15 de mayo; el presidente Alejandro Giammattei decidió restringir más la movilidad y la actividad económica, y el Congreso terminó su primer período regular de sesiones de 2020. Todo esto sin que se publicara el decreto 15-2020. Este decreto tiene como finalidad evitar que servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y telefonía e internet puedan ser suspendidos por falta de pago, debido a la crisis provocada por la pandemia de covid 19. 

Para ello, prohíbe a las compañías aplicar multas y cobros de moras a las cuentas de los usuarios por pagos atrasados en los servicios, a partir de la vigencia del estado de calamidad. Además se establece la posibilidad de establecer convenios de pago por plazos de hasta 12 meses.

Si bien los diputados ya habían aprobado medidas en materia económica para paliar la crisis actual, las medidas de protección se han dirigido a empresas o a sectores muy específicos de la población, como adultos mayores o campesinos, sindicatos del sector público, o Q1,000 a las familias afectadas por la pandemia. 

Sin embargo,  una gran parte de la población afectada no entra en los grupos de vulnerabilidad extrema y no ha recibido hasta el momento ningún apoyo para hacer frente a las consecuencias económicas provocadas por las restricciones de movilidad de la pandemia. 

El 15-2020 es el primero que podría llegar a tener efectos directos sobre la población en general y suponer un alivio para que los servicios básicos se mantengan sin dificultades para su pago.

Este fue aprobado por primera vez en el Congreso de la República el 3 de abril, sin embargo, el presidente del Gobierno Alejandro Giammattei, se ha resistido a publicarlo, postergando su aval y posteriormente vetándolo e impidiendo así que este pueda hacerse vigente. “No es claro al indicar quiénes son los usuarios que deberán pedir protección”, expresó el mandatario en la transmisión en vivo del 29 de abril como uno de los motivos de su rechazo al decreto.

Al mismo tiempo, representantes de algunos sectores empresariales iniciaron medidas legales para impedir la entrada en vigencia de esta ley. La Cámara de Industria y la Empresa Eléctrica de Guatemala (EGGSA) presentaron amparos ante la Corte de Constitucinalidad, que ya cuenta con 13 recursos en contra del decreto. 

Ejecutivo veta el decreto para postergar los pagos

El 29 de abril, el presidente Alejandro Giammattei anunció que había aplicado un veto presidencial al decreto. El veto es una atribución establecida en el artículo 178 de la Constitución Política, en el cual se establece que, después de 15 días hábiles, el Presidente puede devolver un decreto al Congreso con las observaciones que considere pertinentes.

Las inconstitucionalidades, según Giammattei indicó en la transmisión en vivo, incluyen errores como decir “luz”, en lugar de “energía eléctrica”, como está reconocido legalmente ese servicio. Además señala violaciones al artículo 15 de la Constitución, ya que, según indicó el mandatario, al establecer como plazo desde el inicio del estado de calamidad viola el principio de no retroactividad.

 También señaló violaciones a los artículos 43, 44, 119, relacionados con la libertad de industria, comercio y trabajo, y los derechos inherentes a las personas, la obligación del Estado de mantener una relación congruente entre el gasto público y la producción nacional. 

Además, el mandatario esgrimió que, aunque el decreto establece que las empresas que brindan los servicios pueden optar a un fondo en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), al no especificarse la fuente de donde provendrán los recursos para ese fondo, pone en peligro la estabilidad del CHN. 

Samuel Pérez, jefe de la bancada Semilla, expresó que por más que se ha revisado el contenido del decreto, no se han identificado las inconstitucionalidades que señala el presidente. Además menciona que los errores como “luz” por “energía eléctrica” se puede especificar, incluso en un reglamento, si fuera necesario, sin que ello implique que esta ley no pueda aplicarse.

“En cambio en la iniciativa que nos envió el Presidente sí hemos visto inconstitucionalidades”, replicó Pérez. Su observación responde a la ampliación de una transferencia por Q45 millones a la Empresa Municipal de Agua (Empagua), la cual señala de inviable por provenir del Ejecutivo hacia una empresa municipal.

Con respecto al fondo en el Crédito Hipotecario Nacional, Pérez indicó que para establecerlo de tal forma se había consultado al presidente de esta entidad, quien había indicado que sí le era posible cubrir estos créditos.

Para Christian Álvarez, miembro de Compromiso Renovación y Orden (Creo), la normativa sí puede ser inconstitucional, en la medida que interviene directamente en el contrato de las empresas con las personas a las que les presta el servicio. Pero Álvarez sostiene que la emergencia provocada por la expansión de la covid-19 es una situación mucho más grave y que ésta debe atenderse.

“El Presidente puede opinar sobre si es constitucional o no, pero eso es algo que le toca decidir a la CC. Él no podía argumentar eso para vetarla”, expresó Álvarez, cuyo voto, al igual que toda la bancada de CREO, estuvo entre los 126 que rechazaron el veto presidencial.

El Presidente anunció el envío de una nueva iniciativa de ley al congreso, en la que según expresaba el gobernante, se corrigen los errores del 15-2020. Esta nueva iniciativa no fue discutida en el pleno.

Oposición de sectores empresariales

La posibilidad de la aprobación del decreto que permitiría a la población prolongar el plazo de pago de las facturas, hizo que también algunos grupos empresariales empezaran a actuar. A dia 5 de mayo se habían registrado 13 amparos interpuestos por el sector empresarial ante la CC. Así lo establece una nota de CRN Noticias que la misma Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) reproduce en su página web.

Entre los amparos interpuestos se encuentran uno del presidente de la Cámara de la Industria, y dos de Hugo René Villalobos Herrarte, uno como mandatario judicial de EEGSA y otro en representación de Comercializadora Eléctrica de Guatemala S.A..

El pronunciamiento del sector empresarial organizado llegó el 29 de abril, el mismo día del veto. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas Comerciales Industriales y Financieras (Cacif) señaló en un comunicado que la decisión presidencial ponía en evidencia los errores de la Ley.

Las razones atribuidas fueron ambigüedades, falta de precisión y normas que podían provocar efectos negativos perdurables. El Cacif exhortó al Legislativo a aprobar los apoyos a la población con bases técnicas.

Se rompe oficialismo por presión de los distritales tras intento de veto presidencial

El recorrido de este decreto ha sido más complicado que el de la mayoría de leyes y su entrada en vigencia aún no llegó a concretarse. Desde el 3 de abril se han publicado nueve decretos, ocho de ellos relacionados con la pandemia de covid-19 y cinco de ellos aprobados por el Congreso después del 15-2020.

 Sin embargo mientras el diario de Centroamérica iban apareciendo las publicaciones de los demás decretos, el 15-2020, permaneció dos semanas varado en el Ejecutivo, que finalmente accionó para impedir su entrada en vigencia. Pero el veto presidencial, necesitaba del apoyo de los diputados del Congreso de la República para hacerse vigente. 

Sin embargo, el 30 de abril, 126 congresistas decidieron no apoyar la decisión del presidente. El rechazo al veto presidencial no sólo abrió la puerta al debate constitucional sobre si se puede o no suspender los servicios por falta de pago. También marcó la primera separación entre el oficialismo y quienes habían sido sus aliados. Pero ¿por qué es tan controversial la normativa y capaz de enfrentar al Ejecutivo y Legislativo?

Desde el inicio de la legislatura actual y la elección de la Junta Directiva del Congreso, el partido gobernante, Vamos, había logrado sumar los apoyos suficientes para que el Ejecutivo no tuviera dificultades en hacer avanzar su agenda. La aprobación de la Ley para regular las ONG, decreto 4-2020, aprobada el pasado 27 de febrero, reforzaba esa idea. En esa ocasión, el presidente sancionó la Ley sin prestar atención a los señalamientos de inconstitucionalidades, y fue la CC quien finalmente detuvo su entrada en vigencia.

De la misma manera, con las medidas para hacer frente a  la epidemia de covid-19, se trató de un proceso sin mayores complicaciones para el oficialismo que, con el apoyo hasta de la oposición, logró aprobar la deuda pública y ampliación presupuestaria.

Entonces ¿Qué pasó para que los aliados le dieran la espalda al oficialismo sobre las garantías en los servicios? Entre las bancadas opositoras parece haber un consenso con respecto a que la presión de los distritos sobre los diputados era muy fuerte.

“Los diputados recibían llamadas en las que les preguntaban qué decisión iban a tomar y los diputados distritales eran quienes más presión recibían”, Christian Álvarez diputado de Creo. 

Partidos distritales presionaron a favor del decreto

“Los diputados recibían llamadas en las que les preguntaban qué decisión iban a tomar y los diputados distritales eran quienes más presión recibían”. Expresa Christian Álvarez de Creo.

Según Óscar Argueta, de la Unidad Nacional de la Esperanza, ningún diputado distrital habría querido correr con el rechazo que habría significado en sus comunidades darle la espalda a la población al no rechazar el veto de Giammattei. Al final el único que no rechazó el veto en la votación fue el presidente del Congreso Allan Rodríguez.

Rodríguez es un diputado oficialista electo por el listado nacional. Llegó a la presidencia del Congreso, luego de un acuerdo entre el partido Vamos con las bancadas de otros 10 partidos.

Samuel Pérez de Movimiento Semilla comparte la teoría de Argueta, pero añade que muchos de los aliados se sintieron traicionados, pues se sospecha que Rodríguez estaba al tanto de que Giammattei iba a vetar el decreto y aún así manifestó su apoyo para la aprobación el 3 de abril.

Cornelio García, diputado electo por el distrito de Huehuetenango, y miembro de la bancada Todos, considera que no se trata tanto de presión sino de los intereses de la población. “Nosotros vamos a apoyar al Gobierno en las medidas que consideremos que son de beneficio para la población, pero esta decisión del Presidente no le era”, manifiesta.

El diputado de Todos también lamenta el tiempo que tomó el mandatario para tomar una decisión (26 días) que finalmente fue un veto.

El país más pobre sin las medidas más urgentes

La crisis económica resultado de la pandemia de covid-19 es un fenómeno global. La única forma efectiva de prevenir el contagio es el confinamiento y el confinamiento frena las actividades económicas. 

En Guatemala, las condiciones ante este escenario son más adversas que en la mayoría de países del continente. Los ingresos fijos o los convenios laborales que permitan soportar la crisis no son una alternativa para un 70% de la Población Económicamente Activa (PEA), pues este es el porcentaje identificado como economía informal.

Guatemala cuenta también con altos índices de pobreza: El 59.3 % de su población, mientras que el 15.7% vive en condiciones de pobreza extrema. Uno de los efectos de esta situación se manifiesta en la seguridad alimentaria, pues es el país con más desnutrición crónica en América Latina. 

Las restricciones más recientes aprobadas por el Gobierno, limitan aún más las actividades económicas y los efectos serán más sensibles en las próximas semanas. Mientras el número de casos positivos del nuevo coronavirus sigue creciendo.

La necesidad de garantizar los pagos ante la expansión de la pandemia es algo que ya han planteado gobiernos de otros países y Estados. Uno de los primeros en tomar medidas de este tipo es El Salvador. En ese país se suspendió desde el 18 de marzo pasado el pago de las facturas de energía eléctrica, agua, televisión por cable, internet, pagos de préstamos y tarjetas de crédito por tres meses, con plazos de pago de hasta dos años.

En Chile las medidas se aplicaron 10 días después que en El Salvador. En el país sudamericano también se suspendieron los cortes y se permitió prorratear el pago de deudas acumuladas por 12 meses, incluidos los usuarios que habían acumulado deuda antes de que se declarara la emergencia en ese país.

El Gobierno chileno también autorizó aplazar los pagos de agua potable para quienes gastan menos de 10 metros cúbicos al mes. Además se logró un acuerdo con las empresas para un plan gratuito de conectividad a Internet, con servicios básicos de acceso a páginas oficiales, educación a distancia, correo y redes, entre otros servicios.

En Estados Unidos, el Gobierno Californiano llegó a un acuerdo con Southern Californian Edison, para evitar recortes por falta de pago en seis meses. 

En Guatemala, sin embargo, después de casi dos meses desde que el Congreso avaló el decreto,  seguridad de que los servicios no se les corten a los deudores aún no se concreta. De momento el decreto continúa sin publicarse. Los plazos establecidos en la Ley son de 8 días hábiles desde el momento en que el Congreso haya enviado el decreto al Ejecutivo. De no ocurrir, será el Legislativo el responsable de la publicación.

Cuando eso ocurra, lo que quedará pendiente es ver si uno de los amparos interpuestos por el sector empresarial logra botar total o parcialmente su contenido y si los pobladores con dificultades para pagar sus servicios obtendrán un período de gracia o se enfrentarán a los cortes.