Mientras el presidente Alejandro Giammattei insiste en la posibilidad de un golpe de Estado en su contra, un nuevo movimiento ciudadano se levanta. “la Revolución de los frijoles”, salió a manifestar el #28N. Lo hizo pacíficamente. Aunque otra protesta paralela ha hecho que todos hablaran de la quema de un autobús.

La tarde del 28 de noviembre, con miles de personas a su alrededor, entre cientos de banderas y pancartas, Alaida Vicente, la alcadesa indígena de Palín, Escuintla, cocinaba bajo la asta de la plaza de la constitución. Había una olla de barro sobre una pequeña cocina de leña improvisada y el olor característico de un guiso de frijoles sobre el fuego. “Es un símbolo”, decía. “Es el símbolo de lo que vamos a cambiar”, repetía.

Las consignas, las pintas de los carteles de decenas de personas reunidas cerca de ella la respaldaban: “Este es el frijolazo”, “Los frijoles contra la corrupción”, “Contra la represión somos frijoleros”. Muchos seguían la etiqueta #FrijolerosUnidos en Twitter para enterarse de esta manifestación masiva que nuevamente pedía la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de los diputados del Congreso de Guatemala.

Había pasado tan solo una semana desde la manifestación que se conoció como el #21N, donde la policía había reprimido a la gente que llegó a la plaza, indignados por las decisiones políticas y la aprobación oscura de un presupuesto 2021 que beneficiaba el sistema clientelar de los diputados distritales, y dejaba sin recursos a hospitales en plena pandemia, a las escuelas, y disminuía el presupuesto para la protección de los derechos humanos. El Congreso fue incinerado ese día. Se lanzaron bombas lacrimógenas en contra de las personas. Y hubo 40 capturas (todos liberados por falta de mérito), 14 lesionados, 3 periodistas agredidos y 12 agentes de la policía heridos tras seis horas de protestas.

Así, con el resabio del #21, en este espacio de la plaza de la constitución con olor a frijoles recién hechos, se compactó el centro de las jornadas de las manifestaciones que en Guatemala ahora se llaman “La Revolución de los Frijoles”. Un nombre que surgió a raíz de uno de los comentarios “clasistas y racistas”, como han dicho varios antropólogos, por parte del diputado de Retalhuleu, Ruben Barrios, perteneciente a la facción política Valor de la excandidata a la presidencia Zury Ríos, hija del dictador fallecido Efraín Ríos Montt.

“No tenemos que agachar la cabeza, más que solamente nuestras rodillas inclinarlas delante de Dios. Y delante de cualquier comelón de frijoles estaremos de pie todo el tiempo”, dijo el diputado Barrios, refiriéndose a los manifestantes del #21N, el miércoles 25, en la sesión del Organismo Legislativo que se llevó a cabo en el Teatro Nacional, bajo el argumento de que era peligroso sesionar en las instalaciones parlamentarias que habían sido incendiadas, y que eran objeto de diligencias judiciales.

Las redes sociales, después de este comentario, resonaron desafiantes. Si las autoridades de seguridad habían reprimido, ahora los diputados habían agregado un nuevo elemento de ofensa contra la gente. El comentario estaba en sintonía histórica con la desigualdad estructural de un país como Guatemala, donde los frijoles es a veces el único tiempo de comida que una familia se puede permitir al día. La referencia iba en contra de más de la mitad de la ciudadanía, y no solo manifestantes.

El jueves 26 de noviembre las protestas se reactivaron. Estas nuevas convocatorias fueron promovidas por autoridades indígenas de las etnias mayoritarias de Guatemala y sectores campesinos, cada una reclamando su inclusión dentro del debate nacional, además de la renuncia del presidente. En Twitter y Facebook, mientras tanto, se viralizaron las propuestas de una nueva manifestación masiva para el sábado de la última semana de noviembre.

“La Revolución de los Frijoles. Así nos recordarán en los libros de historia”, decía Alaida Vicente, cocinando. A su lado, Carla Canahuí, una abogada que había llegado a la protesta dentro de la plaza de la constitución la tarde del 28 asentía: “Cuando logremos que el presidente Alejandro Giammattei renuncie, sabrán que acá comenzó todo, con la revolución de los frijoles”. El ambiente era de pasión, pero también enojo, sin violencia.

La represión por parte del gobierno durante el #21N se había convertido en el prólogo de esta historia.

Pero el olor del guiso de frijoles, daría paso a otro más recalcitrante y más relacionado a una protesta poco pacífica. Desde uno de los costados de la plaza, frente al palacio nacional, un humo negro llenó el aire con un olor a plástico quemado, gasolina… Y confusión en toda la gente que había llegado a manifestar pacíficamente.

Giammattei o la imaginación de un golpe de Estado

Ningún presidente de la época democrática de Guatemala había tenido tanto desgaste en tan poco tiempo. Tras 11 meses de gobierno, Alejandro Giammattei ha decidido desaparecer de la escena pública. Su vicepresidente, Guillermo Castillo, al que ha aislado de cualquier toma de decisiones durante su mandato, le pidió renunciar juntos un día antes de las manifestaciones del #21N. El domingo 22, en un comunicado, el presidente se quejó ante a la Organización de Estados Americanos (OEA) y denunció la posibilidad de golpe de Estado en su contra. Invocó la Carta Democrática Interamericana, un instrumento legal al que los países miembros acuden cuando se ha roto el orden constitucional, y donde deben señalar directamente a los grupos que planean un derrocamiento.

Para el viernes 27, una misión de la OEA había llegado a Guatemala. Estaba dirigida por Fulvio Pompeo, uno de los actores políticos más relevantes del gobierno argentino de Mauricio Macri, al que varios medios han llamado “el monje negro de la política macrista”. Los delegados de la OEA buscaron reunirse con el presidente y su ministro de gobernación, Gendri Reyes, como su primer punto de agenda.

Y han sido rechazados, una y otra vez, por distintos movimientos sociales y activistas como la premio nobel de la paz, Rigoberta Menchú: “El llamado que ha realizado el presidente de la República es parcial a su conveniencia y sin representación de los distintos sectores de la sociedad”.

O la Fundación Myrna Mack, reconocida por su lucha contra la corrupción en Guatemala: “No podemos prestarnos a ser utilizados para aparentar una visita inclusiva. Es evidente que existe un divorcio entre los hechos y la narrativa presidencial”.

E incluso el vicepresidente Castillo: “Califiqué de precipitada la decisión de invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA. El enviado especial me solicitó audiencia. Declino mi participación. Le recomiendo reunirse con distintos sectores de la sociedad guatemalteca que seguro tendrán mucho que comentarle”.

Los diputados de las bancadas UNE, Victoria, Semilla, Winaq y BIEN, considerados oposición, por su parte, accedieron a reunirse con los delegados de Pompeo: “No se trata de si queremos dialogar o no, el problema es queel gobierno encabezado por Giammattei está delineando una estrategia de cooptación de las diferentes instituciones del Estado para fomentar la corrupción y la impunidad”, indicaron estos partidos en una entrevista luego de su cita con la OEA.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas anunció que sí se reunirá con Pompeo. En Twitter dijo: “me reuniré con la misión de la OEA que se encuentra en #Guatemala, para presentar mi visión sobre la situación que atraviesa el país, en particular las graves violaciones a los Derechos Humanos de la población que han ocurrido”.

Todos estos actores en conjunto, no obstante, están de acuerdo en que esta nueva crisis política para Guatemala es interna, “un asunto doméstico”. Y es un descontento contra la clase política, la corrupción del Estado, y las decisiones oscuras del Congreso de la República.

Además, también con conjunto, estas organizaciones reclamaron que la OEA, y su secretario, Luis Almagro, ignoró los llamados de varios diputados en el 2017 cuando el ex presidente Jimmy Morales emprendió acciones legales para expulsar a la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (CICIG). Y luego una vez más, cuando el 30 de junio, la OEA desconoció la solicitud de 50 diputados para que analizara la situación del país respecto a la cooptación de las instituciones nacionales por parte de redes de corrupción, ante la negativa de la Junta Directiva del Congreso para elegir nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de apelaciones. Una negativa que aun prevalece y las autoridades a cargo de la justicia en Guatemala han permanecido más de un año extra fuera de su periodo constitucional.

Mientras tanto, en la perspectiva del poder Ejecutivo, gravita fuertemente la idea de golpe de Estado. Los activistas, organizaciones y defensores de derechos citados por la OEA evidencian los señalamientos de actores que buscan la ruptura constitucional por parte de Alejandro Giammattei, a pesar de su silencio.

La OEA, como explicó una romería de analistas invitados a los programas de radio matutinas, como Emisoras Unidas o ConCriterio, están en Guatemala observando todo. Observan al Congreso. Observan al presidente. Y también observan las manifestaciones, las represiones por parte del Estado, y directamente a la “Revolución de los frijoles”.

La confusa tarde desde el fuego

Las primeras señales de conflicto dentro de la plaza de la constitución, el 28 de noviembre, llegaron cerca de las 5 de la tarde. Algunos periodistas reportaron pequeños grupos de gente con pasamontañas. Y luego, a las 5 de la tarde, un autobús del Transurbano había sido llevado al palacio nacional. Estaba siendo destruido con bastones, piedras y patadas. Los golpes secos se detuvieron cuando apareció la gasolina. El bus fue rociado. Las llamas lo consumieron parcialmente.

El olor a guiso de frijoles se transformó en algo más combustible.

Y las consignas también transmutaron. De “queremos una asamblea plurinacional constituyente”, se pasó a “¡Fuera, fuera!”. De “Exigimos la renuncia de Giammattei y del Congreso de la República”, se pasó a “Renuncien”. Del discurso se pasó a lo disperso. Al grito soso. A lo simple.

Desde la mañana, la Policía Nacional Civil (PNC) había realizado un enorme operativo para tratar de evitar ser relacionado con la represión de la semana pasada. Gobernación llevó varias botargas para saludar a los niños antes de la protesta. Los agentes -más de 1600 en total- asignados para cuidar el palacio nacional, en lugar de armas, llevaban una rosa blanca. Lucían, sin embargo, desprotegidos. “Tenemos que preservar la paz”, les dijo el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, a los agentes antes de acudir a la plaza: “Les pido que demuestren que esta noble institución es del pueblo y está para servir al pueblo”, solicitó.

Las fuerzas de seguridad oraron con un pastor evangélico y cada uno recibió un brazalete con el lema “Proteger y Servir”.

Ante el fuego era lo único que los agentes poseían: una oración, una rosa y un brazalete. Si los manifestantes de esta otra protesta paralela encendían un spray como lanzallamas en su contra, no tenían nada por hacer. Si los manifestantes lanzaban una piedra o una botella, nada. Quedaba únicamente retroceder.

Para un manifestante, que la policía retroceda es una pequeña señal de victoria. Un territorio ganado a pura adrenalina. Así avanzó esta nueva protesta hasta rodear el palacio nacional. A su paso, todo se volvió nebuloso. Policías que corrían enseñando un pañuelo blanco y gritando “no tenemos nada”. Defensores de derechos humanos que eran echados de la manifestación, “si no van a mediar no estorben. No hacen su trabajo”, imprecaban. Observadores y organizaciones de acompañamiento que eran insultados en cada cuadra. Periodistas que eran agredidos e injuriados. Cámaras de seguridad que eran apedreadas. Semáforos que caían en el suelo hechos pedazos. Antimotines rezagados que perdían sus escudos y sus cascos, y que eran vapuleados.

La intención de callar cualquier monitoreo.  

Y la desconfianza de la mayoría al grito de “infiltrados, infiltrados”.

“Para hacer una pinta”, contaba uno los manifestantes que se consideraba en contra de toda esa violencia, “se necesita un argumento, algo en lo que creas porque no hay demasiado tiempo. Si vas a pintar una pared, es plantar una idea. Te sale porque esa idea la piensas importante”, recalcaba, y miraba las nuevas manchas en las paredes de la casa presidencial y el palacio nacional que ya no decían demasiado.

Una persona pintó con spray “MS13”. Otra “Necesitamos presidente Bukele. Guate te necesita”, en referencia al presidente de El Salvador. Consignas tan confusas como “504 505 MS13 Homeboy Indígena”.

Mientras tanto, la policía se mantuvo en constante movimiento. Con una estrategia confusa, de avanzar y retroceder. De proteger al palacio y luego recular. De proteger a la casa presidencial y luego replegarse.

“La Revolución de los frijoles”, la que había defendido la alcadesa indígena de Palín con su guiso, bajo la astabandera de la plaza de la constitución, ya no estaba ahí.

Tras el séptimo intento de estos nuevos manifestantes de voltear el autobús del Transurbano, cerca de las 9PM, se rindieron. Llegó la gasolina y lo quemaron por completo.

Un día después de los sucesos confusos del #28N, el ministro de gobernación Gendri Reyes, el jefe de la policía, José Tzuban, y el viceministro, Carlos Franco Urzúa, cerca de la madrugada, intentaron justificar la falta de la acción policial ante los disturbios. Sugirieron que la población debe distinguir entre “libertad de expresión” y respeto a la “autoridad legítima”. Culparon a la Procuraduría de Derechos Humanos de no obedecer las órdenes de la Corte de Constitucionalidad, en cuanto a “instrucciones contenidas en un amparo relacionadas a la mediación entre autoridades y manifestantes”.

Para las autoridades de gobernación, el saldo final de las protestas del #28N fue únicamente dos capturas. No mencionaron nada más, ni las agresiones contra activistas, los insultos y golpes contra más de 3 periodistas, ni las intimidaciones en contra de los observadores de la PDH.  Hablaron, sí, de la quema de un autobús.  

Los delegados de la OEA bajo el mando de Pompeo, por su parte, han sido claros en que no comunicarán nada respecto a sus hallazgos, hasta que finalicen sus indagaciones. ¿Una fecha? Posiblemente el miércoles 2 de diciembre. Y sabremos si Alejandro Giammattei en realidad ha sufrido atentados para ser derrocado o únicamente es una idea producto de su imaginación, cuando todavía tiene 3 años por delante en su cargo.