Han pasado 30 años pero todavía no lo olvidan. Quince mujeres q’eqchíes no pueden olvidarlo. En una diligencia de prueba anticipada, sin un solo detenido todavía, estas mujeres han presentado una denuncia en el Ministerio Público por los abusos físicos y sexuales que, declaran, sufrieron por parte del ejército de Guatemala. Una imputación que se ha postergado tres décadas. Sus testimonios, sin embargo, junto a otros cuatro testimonios de hombres tristes que las acompañaban desde su comunidad, han sido recopilados y escuchados por el juez de Primera de Instancia Penal de Alto Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, para establecer investigaciones correspondientes e individualizar a los acusados.

A partir de los 19 testimonios, la historia del destacamento militar de Sepur Zarco, entre Alta Verapaz e Izabal, tiene una atmósfera oscura, de incontables ausencias a su alrededor, y la dolencia, como resabio, que deja la esclavitud sexual para más de 20 mujeres durante el Conflicto Armado Interno. Y por primera vez –a diferencia de las violaciones de mujeres en Ruanda o Yugoslavia– existe la posibilidad de que en un futuro próximo estos delitos de lesa humanidad sean juzgados en una corte nacional y no en una internacional.

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En 1982, el 25 de agosto, durante la fiesta patronal de Panzós, en Alta Verapaz, lo que más abundaba eran los murmullos, noticias como pequeñas voces que provenían de las aldeas aledañas y caseríos de alrededor sobre campesinos golpeados y otros, muchos, desaparecidos, amarrados, capturados por soldados del ejército de Guatemala aparentemente sin ninguna razón. Aparentemente bajo el cargo de colaborar con la guerrilla en pleno Conflicto Armado Interno. También se hablaba de mujeres que habían quedado solas. Niños solos. Gente que había huido a la montaña. Casitas vacías. Vacas, siembras, gallinas y cosechas, igualmente desamparadas.

De lo que pocos se daban por enterados ese día, el día de la celebración de Santa Rosa de Lima, era de que aquellas capturas y desapariciones de campesinos q’eqchíes por parte del ejército, servían de preámbulo para dar por inaugurado –extraoficialmente– un campo de recreación para los militares apostados en los destacamentos de la zona. Un lugar donde mujeres q’eqchíes, viudas, serían obligadas a la esclavitud sexual y a la resignación de trabajar y cocinar para los soldados.

Desde hacía dos meses–“desde el 15 de julio de 1982”, dice un vecino del lugar*– se construía un destacamento grande justo en el centrode los otros destacamentos más pequeños y campamentos militares que existían en aquellos años entre los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, entre los municipios de Panzós y El Estor.

Este nuevo destacamento se construía en la comunidad de Sepur Zarco. Y era, como testifica un excaporal de una finca cercana, un lugar de descanso militar que tenía cinco garitas de seguridad y estaba del todo cercado, infranqueable, protegido, construido en su totalidad con madera, piedras y algo de cemento. Varios comunitarios, la mayoría proveniente del caserío Manguito 1, a punta de fusil, fueron obligados a construir ese sitio de descanso en la comunidad de Sepur Zarco.

Para el día de la fiesta patronal de Panzós, el 25 de agosto de 1982, el día de las capturas, el destacamento ya estaba terminado. Listo para el uso militar.

Para la recreación. Donde poco más de 20 mujeres q’eqchíes, solas, con sus esposos desaparecidos desde el 25 de agosto de ese año, irían a padecer abusos sexuales durante seis meses por los soldados. Seis meses como esclavas sexuales. Seis meses con turnos cada tres días. Medio año en el que cocinarían, lavarían los uniformes militares, tendrían hemorragias, abortos, y serían inyectadas y obligadas a tomar medicamentos para evitar embarazos de la tropa.

Una de ellas, hoy anciana, de la comunidad de Pom Baac, triste, en idioma q’eqchi’ suspira: “Fue allí, en ese lugar, donde los soldados rompieron mi matrimonio”.

Continuarían, luego de aquellos seis meses de abusos físicos, otros cinco años y medio en que algunas de ellas, según sus testimonios, huirían a la montaña. Otras se quedarían en la comunidad de Sepur Zarco. El destacamento militar continuaría en funcionamiento hasta 1988.

Ninguna de ellas, en realidad, desde 1982 tenía otra opción. Quedarse, irse, pero ¿a dónde?

Lo dice una de las 15 mujeres que dieron su testimonio la semana pasada en una diligencia de anticipo de prueba, en la sala seis del juzgado de Mayor Riesgo:

“Los militares quemaron todo lo que teníamos. No teníamos a dónde volver. Cuando dejamos de hacer turnos en el destacamento (seis meses), nos obligaron a seguir proporcionando alimentos a los soldados. A hacer las tortillas, a lavar los uniformes durante seis años”.

Los soldados, desde el principio, se justificaron: “Esta es la forma que tienen ustedes de patrullar. Como sus esposos ya no están, ya no hay nadie que hable por ustedes. Ustedes deben callar”.

Poco más de 30 años después, estas mujeres abusadas, con pequeñas arrugas en sus manos levantadas a la altura de su hombro derecho, juran decir la verdad y se atreven a hablar. Denuncian. En los tribunales. Ante un juez. Y esto es lo que cuentan.

Cazar a los esposos. Violar a las mujeres

Durante la madrugada de aquel día de agosto, antes de que el calor se apoderara de toda la entrada a la Franja Transversal del Norte, en el valle del Polochic, varias columnas de soldados del ejército de Guatemala se desplazaron al límite departamental entre Izabal y Alta Verapaz, entre Panzós y el Estor, para cumplir una misión de contrainsurgencia.

La búsqueda de supuestos subversivos duró varias horas y varias visitas a comunidades durante todo el día. Los soldados pasaron por La Esperanza, estuvieron en la finca San Miguel, Pataxté, Saquijá, Pencalá, Chenibal y en Chabiland, en el caserío San Marcos y en Pom Baac, en la comunidad de Semococh y en la de Sepur Zarco.

Con ellos, al frente, iban los comisionados militares, campesinos a los que el ejército les había dado poder en sus comunidades únicamente porque podían hablar español y q’eqchi’.

Un acuerdo gubernativo de 1938 decía sobre ellos: “Cumplirán órdenes que reciban de sus inmediatos superiores en todo lo que corresponda a llamamientos, citaciones, reclutamientos, capturas de delincuentes, remisos, faltistas, y en general a comisiones del Ramo de Guerra únicamente”.

Por eso, ellos llevaban los listados con los nombres de la gente que querían capturar. Por eso, ellos eran los encargados de señalar las humildes viviendas. Por eso mencionaban nombres, daban detalles, guiaban a los soldados por los caminitos de la zona desde la madrugada. Juan Sam López de La Esperanza, Miguel Ángel Caal de Sapur Zarco, Juan Tiul de San Marcos, Andrés Caal de Pom Baac, Pedro Xicol de Panacté y Rafael Xi de Pencalá, eran los responsables de aquella tarea, aquel día, supervisados por el jefe de comisionados de Panzós: Gilberto Asij.

El resultado, según los testimonios: 18 hombres capturados.

Esa noche, algunos de los aprehendidos, custodiados, golpeados, amarrados, serían interrogados en las fincas cercanas. Algunas de estas fincas pertenecían a familias poderosas e importantes de la zona. Por ejemplo, como lo corrobora una publicación del periodista y economista Luis Solano, y como también lo dicen varias mujeres en su testimonio ante el juez Miguel Ángel Gálvez, Finca Chabiland era de Juan Maegli, Finca San Miguel era de la familia Milla (Amelia, Federico, Roberto, Arturo, Flor). Pero mayor énfasis, los testimonios ubicaron uno de los destacamentos más lúgubres en la región, en donde los capturados, como Mateo Cac Chuc, José Choc, Antonio Zuc Cac, Juan Cac, Luis Xol, Abelardo Cuc, Sabino Caal, dejarían un último rastro: en la Finca Tinajas, propiedad de Flavio Monzón, exalcalde de Panzós.

El destacamento de Tinajas funcionaba durante aquella época. Recién este año, 60 osamentas fueron exhumadas en la Finca Tinajas. Hoy, tras la venta de la propiedad hace pocos años, el Ingenio Chabil Utzaj, conocido en los últimos tiempos por el conflicto que se desarrolla en torno a él, se encuentra en este lugar. 

Muchas mujeres, una semana después de la fiesta patronal de 1982, dicen, llegaron al destacamento de Tinajas para buscar a sus esposos detenidos. Y a todas, relatan, les negaron el acceso, la posibilidad de una última comunicación con sus esposos.

Sin ellos de por medio, desprotegidas, viudas, “con lo importante que es tener un compañero en la cosmovisión q’eqchi’”, menciona la sicóloga Rebeca Carías, del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, empezarían las violaciones. Algunas desde el mismo día de la captura de sus esposos. Otras, unos cuantos días después de haber quedado solas.

“Fue dentro de mi casa. Frente a mis hijas pequeñas”, relata una de las que son hoy testigos protegidas. “Me pusieron el arma en el pecho, una pistola en la boca, y abusaron de mí”, dice una señora de La Esperanza. “Eran cuatro”, dice una más, de Poom Baac, “llegaron a la casa y eran más fuertes que yo”.

Y luego, los comisionados militares darían la orden de hacer turnos cada tres días en el nuevo destacamento. En Sepur Zarco, en el interior del área de recreo para los soldados, las violaciones durarían seis meses.

Aunque en realidad, los abusos no acabarían sino hasta seis años más tarde, hasta 1988, cuando los soldados y los destacamentos entre Alta Verapaz e Izabal, por orden de los altos mandos, serían replegados.

El odio de los patrones

El teniente Reyes, un hombre obeso, un poco alto, de gestos duros, que al día de hoy no se sabe si está vivo o muerto, o cuál es su paradero, dirigía todo en Sepur Zarco. Su nombre es algo que no se dice durante los testimonios. Sin embargo, se recalca que los comisionados de toda el área le debían obediencia. Bajo su mando fue construido el destacamento, también las cinco garitas de seguridad, y varias cabañas para los soldados, las mismas cabañas en las que por turnos entraron las mujeres que frente a la corte dan hoy su testimonio. Todo, como dejan entrever las declaraciones de las 15 mujeres ante el juez, se daba bajo el consentimiento del teniente Reyes.

Bajo su mando también estaba la coordinación de cuántos y cuáles soldados de los otros destacamentos llegarían a “descansar” a Sepur Zarco.

También algunas aprehensiones. Y sabía, según declaran las mujeres en la corte, quiénes tramitaban la titulación de propiedades en los comités de tierra de cada comunidad. Los comisionados llevaban la lista de los campesinos que desde 1970 habían empezado a gestionar un título de propiedad en el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA).

La mayoría de nombres coincidía con el de sus esposos.

–Por eso nos odiaban– responde un hombre, alto, fuerte, entre sollozos y una voz entrecortada ante la pregunta de la fiscal sobre las capturas. –Nos odiaban porque estábamos por regularizar nuestras parcelas.

–¿Quiénes los odiaban? –preguntó Hilda Pineda, fiscal del MP.

–Los patrones.

Por eso, con sus manos fuertes alzadas, sin dejar de lados los sollozos, este hombre también señala que cuando fue obligado a trabajar en Sepur Zarco, el teniente Reyes mandó a construir una pequeña cárcel y varias zanjas que servirían como calabozos para los prisioneros, para los campesinos.

En el fondo de las excavaciones, el teniente Reyes mandó a colocar botellas rotas.

Aunque esas mismas zanjas, según relata uno de los testigos, uno que fue torturado en Sepur Zarco, serían el final para el mandato del teniente Reyes.

Seis meses cada tres días

Cuando el teniente Reyes dirigía el lugar, Dominga Coc contaba 20 años de edad. Tenía dos hijas, una de 7 años y otra de 4, pequeñita. Su esposo fue capturado cuando trabajaba en una bodega de nombre Sehú, como tractorista. Los soldados lo llevaron al destacamento de Sepur Zarco. Lo acusaban de dar comida a los que habían huido a la montaña.

Él, en defensa, decía que no podía ser cierto.

Dominga llegó con sus dos pequeñas hijas al destacamento para buscarlo. Nunca ella ni sus dos pequeñas niñas lograrían salir con vida de Sepur Zarco. Frente a su esposo, “rompieron su matrimonio”. Frente a sus hijas, Anita y Hermelinda, abusaron sexualmente de ella. Eran al menos 10 soldados amontonados sobre el cuerpo de Dominga, recuerdan.

En Sepur Zarco, Dominga Coc fue el ejemplo para que las otras mujeres que ya cumplían turnos en el interior no pudieran protestar. La llevaron a la cárcel del destacamento, la violaron durante varias semanas y luego desapareció sin dejar rastro. Treinta años más tarde, en febrero de este año, “los cuerpos de una mujer y dos pequeñas niñas fueron encontradas a la orilla del río Rojquipur durante una exhumación”, refiere la fiscal Hilda Pineda, del Ministerio Público.

Con la desaparición de Dominga Coc, las demás mujeres que eran abusadas quedaron advertidas.

Durante seis meses cocinaron para los militares. “A veces era carne de perro lo que cocinábamos”, dice una de las testigos: “Se la daban a los trabajadores”, los lugareños que abrían brechas, zanjas, que reparaban cosas y patrullaban el lugar. También lavaban entre cinco y cuatro uniformes durante cada turno cada una. Los soldados las seguían al río y también allí, recuerdan, las violaban. Regresaban al destacamento y les esperaba algo similar. Salían y sabían que debían regresar, tres días más tarde, por un trato igual o a veces peor. 

“En la comunidad nadie nos quería. Éramos las viudas, los juguetes de los soldados”, dice una de las ancianas, de 62 años de edad.

“Nos inyectaban”, refiere otra que recuerda sus hemorragias posteriores.

“Nos daban pastillas, azules, rojas, blancas o amarillas. No las daban cuando terminábamos nuestro turno”, recuerda una más de la comunidad de Sepur Zarco.

Y otras rememoran que dentro de sus obligaciones estaba el deber de asistir al servicio dominical, cada siete días, en el interior del destacamento militar. Estas eran órdenes de Miguel Ángel Caal, el comisionado brazo-derecho del teniente Reyes. Rezaban, cantaban coritos, escuchaban la prédica justo allí, cerca de donde cada una era violada cada tres días. 

Un silencio de seis años

Según los testimonios, el teniente Reyes, cerca de octubre de 1983, cometió un error. Un error que le costaría la dirección de toda esa estructura.

En Sepur Zarco, el destacamento de recreación, cambiarían algunas cosas. No todas, pero sí algunas cosas.

El tomo VIII de Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico relata el inicio de este cambio así: “El 10 de octubre de 1983, en el destacamento de la finca Sepur Zarco, municipio de Cahabón, departamento de Alta Verapaz, fueron ejecutados Victoriano Caal Cuz, Guillermo Coc Caal, Mariano Ical, Pedro Mucú Quim y José Quim Mucu, quienes eran originarios de la aldea Semococh, municipio de El Estor, departamento de Izabal. Las víctimas trabajaban en el destacamento. Una semana más tarde, en la aldea Semococh, un comisionado militar de la aldea Manguito capturó a dos hermanos del mismo nombre, identificados como Miguel y Miguel Cucul Caal, a quienes trasladaron al destacamento de Sepur Zarco, donde fueron ejecutados”.

La ejecución de aquellos dos hermanos, de apellido Cucul Caal, según uno de los testigos en la corte que fue capturado el 15 de octubre de 1982 y torturado en Sepur Zarco, fue algo sin igual.

Miguel y Miguel Cucul Caal, relata ante el juez este excaporal llevado a Sepur Zarco, fueron detenidos y trasladados al fondo de una zanja. “El teniente Reyes había llegado con un palo para picar en donde estaban esas personas de Semococh. Fue allí que desde la zanja le devolvieron el golpe y le dieron –fuerte- en un ojo”.

Miguel y Miguel Cucul Caal morirían tras la explosión de dos granadas en el fondo de su calabozo como represalia a la devolución del golpe.

El teniente Reyes, de emergencia, relatan, sería trasladado a otro lugar. Había perdido un ojo y sangraba. Tenía seis meses de haber inaugurado Sepur Zarco.

Las ancianas testifican que luego de eso, los soldados les dijeron que ya no tendrían que regresar al destacamento. Ya no habría más turnos que cumplir, pero sí tendrían que continuar el patrullaje: “Haciendo tortillas. Lavando uniformes”, dice una de la comunidad La Esperanza.

Eran las disposiciones, requerimientos y las reglas del nuevo encargado del lugar: El teniente Ovalle, testifican, era un tipo alto, pálido, sin bigote, y que sin embargo no podría evitar la continuidad de los abusos sexuales por parte de los soldados. Soldados como Raúl Hub, Valeriano Tacá, Marcelino Caal, e incluso algunos comisionados militares que son acusados por las mujeres de Sepur Zarco al mencionar que durante los próximos cinco años y medio, luego del retiro del teniente Reyes, cuando ellas iban a lavar al río Rojquipur, los soldados las perseguían, las violaban.

Durante seis años, en Sepur Zarco se guardó silencio. Las mujeres siguieron siendo perseguidas en cada oportunidad. Iban al destacamento a rezar y cantar. Hacían las tortillas para los soldados. Lavaban los uniformes. Eran violadas pero pocos en la comunidad podían decir algo, tampoco denunciar.

En 1988, el destacamento de Sepur Zarco fue desmantelado. Eran ordenes de arriba, de altos mandos del ejército. El recreo había terminado. Pero, como dice una de las mujeres afectadas, “mi vida está marcada para siempre”. “Es muy triste todo lo que yo viví”.

*Conservar la identidad de los testigos. Según el artículo 314 del Código Procesal Penal, párrafo tres, “Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. El Ministerio Público podrá disponer, para determinada diligencia, la reserva total o parcial de las actuaciones.