A semanas de dejar el cargo, en nuestro newsletter analizamos cómo la gestión de Consuelo Porras es señalada por haber reconfigurado el sistema de justicia mediante persecución selectiva, debilitamiento de casos de corrupción y uso político del aparato penal, especialmente durante la crisis electoral de 2023. Con el cierre de su ciclo, emergen cuestionamientos sobre responsabilidades individuales de otros actores claves dentro del MP.
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Durante casi ocho años, el Ministerio Público no solo investigó delitos, también definió los enemigos de un sistema político que juega a protegerse.
La gestión de Consuelo Porras al frente del MP (2018–2026) no ha sido únicamente una administración institucional. Es, más bien, un período que reconfiguró el uso del sistema de justicia en Guatemala. Quién es perseguido, quién es protegido y hasta dónde puede llegar el poder cuando no encuentra límites internos.
Ahora, a pocas semanas de que deje el cargo, el balance no se mide únicamente en expedientes o procesos abiertos, sino también en vidas truncadas o delitos apañados.
El final de un ciclo
En la recta final del mandato de Porras, algo empezó a moverse dentro del Ministerio Público: las salidas de su personal de confianza.
Funcionarios clave, muchos de ellos parte de su círculo más cercano, comenzaron a abandonar la institución. No fue un cambio abrupto, sino un goteo constante que coincide con el cierre de un ciclo político.
La más reciente, esta semana, fue la renuncia de Claudia Lissette Arrecis Mena, secretaria privada y de Asuntos Estratégicos durante ocho años. Una figura discreta, pero central: enlace institucional, operadora interna, canal de comunicación entre el despacho de la fiscal general y el resto del aparato.
Su salida no es aislada. Antes de ella, también dejaron el cargo a principios de año el subsecretario general Erick Schaeffer Cabrera y la fiscal regional Aura Marina López Cifuentes. Todos cercanos. Todos parte del engranaje que sostuvo la gestión.
Este tipo de movimientos, rara vez son casuales. Son señales de cierre, de reacomodo, o de anticipación. Porras es el rostro más visible de esta gestión, seguido quizás por el fiscal de la FECI, Rafael Curruchiche, clave en el retroceso del combate a la impunidad. Pero no son los únicos.
También destacan el secretario general, Ángel Pineda Ávila o Leonor Morales, jefa de sección de la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia quién irrumpió en la votación del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para la designación de magistrados titular y suplente a la Corte de Constitucionalidad.
Ahora que se acerca un cambio de ciclo muchos, desde la cúpula del MP hasta fiscales de distrito, de sección, agentes fiscales, auxiliares y demás personal harían bien en pensar qué acciones u omisiones han realizado, qué sabían que violaba su deber de velar por la justicia.
El poder sin contrapesos
Para entender lo que ocurrió durante estos años, hay que volver a la estructura misma del Ministerio Público: una institución jerárquica, donde el poder se concentra en la cúspide.
El Fiscal General define la política criminal, imparte instrucciones y orienta la persecución penal. En un diseño así las decisiones no son difusas, tienen una dirección. Y durante la gestión de Porras, esa dirección fue pervertida de forma sostenida.
Organizaciones nacionales e internacionales, analistas y redes de periodistas coinciden en identificar un patrón sostenido durante los últimos años: tras la salida de la CICIG, el Ministerio Público impulsó procesos que derivaron en la criminalización de operadores de justicia independientes, defensores de la democracia como los dirigentes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, al tiempo que avanzó en acciones contra la prensa —con casos emblemáticos como el de José Rubén Zamora—; en paralelo, se estancaron investigaciones de alto impacto relacionadas con corrupción, se desarticuló la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y otras unidades clave, y se consolidó una práctica de inacción frente a denuncias que involucraban a figuras cercanas al poder político.
Pero quizá el punto más crítico se dio con el Paro Nacional 2023 en defensa de los resultados electorales. Las acciones del MP contra el Tribunal Supremo Electoral y el partido Movimiento Semilla fueron interpretadas por distintos sectores como un intento de alterar los resultados electorales y frenar la transición de poder hacia Bernardo Arévalo.
Eso cruzó una línea: el uso del aparato penal como herramienta política para alterar el resultado de la voluntad popular en las urnas. Un intento de golpe de Estado disfrazado de causa penal.
La búsqueda de inmunidad
Con el fin del mandato acercándose, la pregunta dejó de ser qué hizo el Ministerio Público y pasó a ser otra: ¿qué pasará con quienes lo dirigieron?
En el caso de Porras, la respuesta parece haber estado marcada por un objetivo: mantener el antejuicio. Intentó —sin éxito— posicionarse como magistrada en la Corte de Constitucionalidad a través de distintas vías: la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia y otros espacios de poder.
No lo logró. Sin respaldo político consolidado y con un contexto internacional adverso —incluida su inclusión en la Lista Engel y su sanción en alrededor de 40 países—, sus opciones se reducen.
El último escenario es la comisión de postulación para Fiscal General. Pero incluso ahí, su inclusión en la nómina de seis candidatos es vista como difícil. Y su eventual reelección, aún más. La decisión final recaerá en un presidente Arévalo que sabe que esta designación será una de las más importantes de su gestión.
La responsabilidad que no se delega
El Ministerio Público es una estructura jerárquica. Y eso plantea una pregunta inevitable: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de quienes ejecutaron decisiones cuestionadas?
La respuesta no es nueva. La defensa de “sólo seguía órdenes” —la obediencia debida— ha sido históricamente rechazada como justificación automática en contextos de violaciones graves.
Desde los juicios de Núremberg hasta estándares contemporáneos de derechos humanos, hay un principio claro: Si una orden es manifiestamente ilegal, quien la ejecuta también es responsable. Esto aplica con más fuerza en una institución como el MP. Porque no es cualquier aparato del Estado. Es el ente encargado de acusar, investigar y defender la legalidad, no de distorsionarla.
El 16 de mayo marcará el cierre formal del mandato de Consuelo Porras, pero no el final real de su gestión, que se extenderá en el tiempo a través de sus consecuencias. A partir de esa fecha, se abrirá una etapa atravesada por preguntas sobre las decisiones adoptadas, los casos que avanzaron o se detuvieron y las responsabilidades —tanto individuales como colectivas— dentro del Ministerio Público, al mismo tiempo que se disputará el relato de lo ocurrido, como suele suceder en toda transición de poder.
En un escenario complejo, sin inmunidad y con un respaldo político debilitado, las opciones institucionales de Porras parecen estrecharse, mientras que las restricciones internacionales también condicionan su margen de maniobra; en ese contexto, tiene escenarios que van desde eventuales procesos judiciales hasta la posibilidad de que opte por salir del país.
Durante estos años, fiscales, auxiliares y funcionarios participaron en procesos que hoy están bajo cuestionamiento: casos contra jueces, contra periodistas, contra actores políticos. Algunos lo hicieron bajo presión. Otros por alineamiento, otros por cálculo. Pero en sistemas democráticos —y especialmente en instituciones de justicia— esa justificación no alcanza. Porque al final, incluso dentro de estructuras jerárquicas, siempre hay una elección.
