Su trabajo de grado muestra inconsistencias que riñen con el normativo de graduación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entre otras peculiaridades, el informe final del autonombrado hombre de más confianza de Alejandro Giammattei, contiene plagio de otros documentos que no fueron citados. Además, en su expediente no consta la aprobación del examen privado que sirve de requisito para culminar la carrera.

«Señor presidente de la República de Guatemala Dr. Alejandro Giammatei, por sus sabios consejos e incondicional apoyo, ejemplo de perseverancia y esmero, por su lucha diaria y su trabajo incansable en la construcción de un país desarrollado», escribió Luis Miguel Martínez Morales en el apartado de dedicatorias de su trabajo final de grado para obtener el título de Ingeniero Químico por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El examen público se desarrolló el 7 de agosto del 2020, un proceso que no duró ni tres meses desde que el asesor aprobó su informe final el 21 de mayo de ese año. 

La graduación sucedió cuando él fungía como director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, un puesto en el que fue nombrado el 1 de febrero del 2020 y culminó el 31 de diciembre de ese año tras el cierre de la comisión derivado de protestas ciudadanas, fiscalización de las bancadas de oposición en el Congreso y señalamientos de corrupción desde la prensa y las organizaciones de la sociedad civil. Algunas anomalías discutidas en esos meses se fundamentaban en la opacidad y discrecionalidad de las entregas de alimentos en el marco de la pandemia de COVID-19, la construcción o instalación de hospitales con proveedores cuestionados, etcétera. 

Una de las respuestas de Martínez a las críticas por su nombramiento y gestión —tenía un salario de 42,750 quetzales, más elevado que el de varios ministros— fue que «hay que darle oportunidades a los jóvenes». El cierre del Centro de Gobierno significó el traslado del político hacia las sombras para gestionar el manejo de los negocios públicos, pero muchos de los miembros de la extinta entidad pasaron a dirigir oficinas del Estado como el Ministerio de Cultura, la Secretaría Privada de la Presidencia, el Inguat, el Inde, entre otras. 

«Soy una de las personas que más conoce al Presidente, sabe la manera de trabajar de él…Yo soy esa persona que le genera confianza a él. Porque este puesto es un puesto de confianza y él sabe que yo no le voy a fallar. Yo voy a cumplir todo lo que él disponga», aseguró en una entrevista transmitida por Noti7 en marzo del 2020.

Al entonces funcionario le faltaban argumentos sobre su experiencia laboral para desempeñar el cargo, pues su hoja de vida constaba de dos puestos desempeñados. Uno como asesor junior de la empresa de energía eléctrica de Edwin Rodas,  exministro de Energía y Minas del Partido Patriota, condenado por tráfico de influencias; y el otro como asesor de las comisiones de Cultura y la de Juventud del Congreso entre 2018 y 2019 de la mano de Raúl Romero, entonces diputado de Fuerza y quien fuera titular del Ministerio de Desarrollo entre 2020 y 2023. En un perfil del exdirector de Centro de Gobierno, publicado por Plaza Pública, se describe que sus informes son escuetos ya que no detallan sus labores, además, fuentes del Legislativo dudaron sobre su presencia en el Congreso.

Su récord académico tampoco lo posiciona como un estudiante destacado para obtener un cargo como el que desempeñó, calificado por analistas como un superministro, pues su poder lo posicionaba sobre los 14 ministros. Según registros de la Universidad de San Carlos (Usac)  su promedio general fue de 68 puntos en las 64 materias cursadas en la carrera de Ingeniería Química desde que ingresó en el 2009 hasta que cerró el pénsum en julio del 2016. 

Su graduación ocurrió cuatro años después, cuando el presidente Alejandro Giammattei avanzaba en su primer año de gobierno. 

Vacíos de principio a fin

En los últimos años, funcionarios como la fiscal general, Consuelo Porras, o el expresidenciable, Manuel Baldizón, presumen sus títulos académicos. Sin embargo, se ha comprobado que en sus doctorados se atribuyeron textos e ideas de otros autores como propias. La prensa también descubrió algunos casos en los que personajes públicos han tergiversado los procesos para obtener los títulos o para acumularlos en sus hojas de vida sin que los tengan, como dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, o la magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Leyla Lemus que mintió respecto a tener un doctorado también de la Usac. 

Para corroborar si el exdirector del Centro de Gobierno cumplió con los requisitos legales y éticos en la obtención del grado de ingeniero químico, Guatemalaleaks solicitó a la Coordinadora de Información Pública de la Usac la tesis, el acta de graduación, la papelería completa que tramitó para el proceso, su registro de cursos aprobados, el cierre de pensum, el protocolo vigente para trabajos de graduación y el listado de egresados entre el 2020 y el 2021.

Los documentos analizados evidencian que el político más influyente del partido oficial incumplió los requisitos del proceso de graduación y plagió un alto porcentaje del marco teórico de su tesis llamada «Elaboración de un simulador para el cálculo de la dispersión de contaminantes en ríos en función de la demanda bioquímica de oxígeno y el oxígeno disuelto». 

Al comparar los documentos entregados, la primera peculiaridad que salta a la vista es que en la parte protocolaria en donde se presentan las cartas de aprobación, hace falta una. Según el Reglamento de Trabajos de Graduación vigente desde el segundo semestre del año 2000, cada informe final debe contener cuatro cartas: la del asesor, la del revisor, la del director de la Escuela o coordinador de la carrera y la de la decanatura. 

El trabajo de Martínez carece de revisor, por lo que incumple el artículo 8 del reglamento que establece: «Dictamen del/de la revisor/a. El/la revisor/a dictaminará, mediante una carta, sobre el trabajo de graduación, después de evaluarlo con base en el instrumento respectivo; en un tiempo no mayor a 25 días hábiles. Además, revisará los cambios propuestos. Esta evaluación es posterior a la del asesor, nunca simultánea». Este revisor es asignado por la Facultad y debe evaluar el trabajo antes del director de la escuela o el coordinador de la carrera. 

GuatemalaLeaks consultó al director de la Escuela de Ingeniería Química, Williams Álvarez, sobre las fases del proceso que a él le competen.

El académico no supo explicar por qué el trabajo de Martínez carece de revisor ya que aseguró que todos los trabajos deben tener esa constancia. 

«Antes de firmar, reviso la ficha de seguimiento y ahí debe estar ese aspecto para que pase a la decanatura», dijo. La ficha de seguimiento a la que se refiere Álvarez es un formulario que cada persona involucrada en el proceso debe firmar y sellar al momento de que culmine con su labor y debe indicar la fecha en la que lo hizo. Ese documento sólo tiene la firma del asesor y del ingeniero Álvarez, quien firma como coordinador de área o revisor y luego como director de la Escuela de Ingeniería Química. La facultad tampoco envió la carta de aprobación de algún revisor, por lo que la hipótesis de que haya sido un error de impresión de la tesis es poco probable. 

Álvarez ofreció verificar ese mismo día que el trabajo del político cumpliera con todos los requisitos, pero al cierre de este reportaje, no se comunicó. Además, aseguró que no recuerda a Martínez como estudiante ni tampoco haber revisado su trabajo. 

Sin embargo, Miguel Martínez, en entrevista para este reportaje, indicó que fue el ingeniero Álvarez quien fungió como revisor y, según el político, en su tesis impresa sí aparece la carta de su aprobación. Ofreció entregar el documento, pero hasta el cierre de este artículo, no lo entregó.

La ficha de seguimiento que el entonces estudiante debió completar, muestra otra anomalía que origina todo un proceso viciado. 

La tesis fue aprobada cuando el punto ya había vencido

Antes de comenzar con el trabajo de graduación, los estudiantes deben escribir un informe preliminar llamado «protocolo de trabajo de graduación». Este debe ser evaluado y aprobado por una persona nombrada por la dirección de la carrera o la coordinación de área. En este caso, fue la Dirección de la Escuela de Ingeniería Química quien designó a Jorge Mario Estrada Asturias.

Según la ficha de seguimiento del proceso, a Miguel Martínez le aprobaron el protocolo en julio del 2015, cuando ya participaba en la campaña fallida de Alejandro Giammattei por el partido Fuerza, y que llevaría a Martínez a ser asesor en el Congreso en 2018 y 2019 con el entonces diputado y exministro de Desarrollo Social, Raúl Romero. 

Cinco años después, en mayo del 2020, y siendo el director del Centro de Gobierno, su asesor aprobó el trabajo de graduación, aunque el artículo 5 del reglamento indica que la validez del protocolo aprobado es de tres años. Es decir que Martínez sobrepasó en dos años el tiempo estipulado para culminar su tesis, pero ni Estrada Asturias ni el director de la Escuela de Ingeniería Química objetaron esta falta. 

Entre los documentos entregados por la Usac no consta una solicitud de Martínez para prorrogar el plazo, a pesar de que otros estudiantes han utilizado esa opción para terminar sus trabajos de graduación fuera de la fecha límite. 

Sobre este otro  hallazgo, Álvarez explicó que muchos estudiantes abandonan su trabajo de grado por varios factores. Sin embargo, indicó que cada caso lo ven por particular. «Si no presentó una carta de seguimiento, se da por entendido que el trabajo se suspendió. No existe la figura de prórroga», aseguró.

Aunque luego matizó que si el estudiante presenta el trabajo fuera del plazo, lo que procede es solicitar al asesor que valide el trabajo por medio de una carta. 

En el caso de Martínez, la facultad no trasladó ninguna carta del asesor en donde se especifique este aspecto. La única carta de Estrada Asturias es la de aprobación del trabajo final. 

Al respecto, Martínez dijo: «Yo inicié mi tesis en el proceso normal (cuando era estudiante) y la tuve que dejar en estado de aprobación porque no logré ganar el examen privado en la primera oportunidad. La tesis se quedó estancada. Metés una carta para reactivar la tesis». 

En el expediente extendido por la Facultad a través de la Coordinadora de Información Pública de la Usac no consta tampoco alguna carta con su firma que pida una prórroga del plazo. 

La carta del asesor se emitió el 21 de mayo del 2020. Antes de eso, Martínez tuvo que haber sustentado su examen privado para seguir con el proceso de graduación. 

Como en los otros casos, no existe ninguna constancia de que el político siquiera haya solicitado ese examen. La Facultad tampoco remitió constancia de pago o de aprobación del mismo. 

Martínez aseguró en las declaraciones expresadas para este artículo que ganó su examen en abril de ese año.

La entrevista con el exfuncionario se realizó el pasado lunes 18 de septiembre alrededor del mediodía. Horas más tarde, llamó para ofrecer la constancia del privado. Minutos después de esa llamada, envió una boleta de pago de 2 quetzales para examen privado con sus datos de registro en la Usac. 

Sin embargo, la boleta en mención detalla que fue emitida el mismo día de la entrevista —el 18 de septiembre del 2023— y es válida únicamente hasta el 25 de septiembre próximo. Este documento sirve para sufragar el pago del examen privado.  

Por lo tanto, la boleta emitida en 2023 no pudo haberse utilizado en abril del 2020, cuando Martinez asegura que aprobó el examen. 

Sin constancia de revisión de estilo y un trámite exprés

Otra constancia que tampoco aparece entre los documentos entregados por la Usac es la que avala la revisión de estilo y formato. Esta etapa del proceso está estipulada en el artículo 9 del reglamento y debe realizarse después de los dictámenes del asesor, del revisor y del director de Escuela o coordinador de la carrera. El aval debe anotarse en la ficha de seguimiento. Esta revisión procura que el informe final carezca de errores de redacción, ortografía y vela por la correcta aplicación de las normas APA, entre otros factores. 

En este caso, la Facultad de Ingeniería explicó en la resolución entregada a la Coordinadora de Información Pública que la revisión del especialista de lingüística se realizó de manera virtual debido a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, no existe ninguna constancia de que ese trabajo se haya hecho. Tampoco identifica al responsable.

Consultado para este reportaje, un revisor externo contratado para corregir  trabajos de grado en la Facultad de Ingeniería mostró el machote de constancia de la revisión que debe llenar, firmar y sellar en cada revisión y enviarlo a la unidad de Lingüística de la facultad como prueba de su trabajo con cada estudiante. Incluso emite una factura que prueba que el alumno pagó sus servicios. El expediente de Martínez no tiene estos documentos. El político tampoco lo pudo acreditar. 

Finalmente, el 7 de agosto del 2020, Luis Miguel Martínez Morales se presentó frente a una terna examinadora para su examen público de tesis por medio de una videoconferencia por las restricciones de la pandemia. Los integrantes de ese tribunal fueron la exdecana de la Facultad de Ingeniería, Aurelia Anabela Córdova Estrada; el director de la Escuela de Ingeniería Química, Williams Guillermo Álvarez Mejía; y el secretario académico de la Facultad de Ingeniería, Hugo Humbero Rivera Pérez. La aprobación fue unánime. La grabación del acto fue una de  las solicitudes de información a la Usac, sin embargo, la Facultad explicó que no graban esos exámenes.

Para lograr ese acto público, Martínez tuvo que solicitarlo mediante una carta. Su expediente muestra que la petición la hizo tan solo un día antes, el 6 de agosto. Ese mismo día, a las 10:10 horas pagó los 250 quetzales del examen con una orden de pago generada el 5 de agosto. 

Un detalle que sobresale de los documentos de las vísperas del examen es que el mismo día en que Martínez solicitó la evaluación, la jefa de Control Académico, Lidia Valentina Jácome Cucú, emitió una constancia para establecer que el entonces estudiante cumplió «todos los requisitos exigidos por las leyes y estatutos de la universidad para sustentar su examen general de graduación de la carrera de Ingeniería Química».

Jácome firmó de manera virtual esta constancia a las 23:09, a menos de una hora de que comenzara el día en el que se llevó a cabo el examen de Miguel Martínez. 

Otra duda se genera al respecto de la carta de aprobación del informe emitida por el ingeniero Álvarez, pues su documento —dirigido a la exdecana para su evaluación— está fechado el 5 de agosto, el mismo día que está fechada la orden de pago para examen público. Además, la fecha de la carta de Álvarez no coincide con la fecha que consignó en la ficha de seguimiento, pues en ese formulario escribió que su aprobación fue el 6 de agosto, el mismo día en el que el político solicitó su examen y fue aprobado por Control Académico. 

La agilidad entre la aprobación del director, la generación de la orden de pago, la solicitud de Martínez, el visto bueno de Control Académico y la programación del examen es inusitada en los procesos de graduación de la Facultad de Ingeniería y de la misma Universidad de San Carlos, según cuentan egresados de esa casa de estudios que sufrieron la burocracia del sistema durante semanas o meses para culminar su proceso.

Sobre esa agilidad para programar su examen público, es decir, su acto de graduación, Martínez aseguró que desde junio —con la aprobación del revisor—  comenzó a tramitar la actividad. Sin embargo, la solicitud oficial la hizo el 6 de agosto, un día antes de su examen. 

—Usted solicita el examen el 6 de agosto, se lo autorizan ese día y al día siguiente es su graduación. 

—Sí. 

—¿Cómo puede ser que se le autorice el mismo día, cuando a la mayoría le tardan semanas?

—¿Y por qué no?

—Porque la autorizan en la noche anterior. ¿Cuándo le avisan de su fecha de examen? 

—Uno lo sabe el día que pide el examen. 

—¿O sea que usted sabía el 6 de agosto que al día siguiente sería su examen?

—Sí, porque uno pregunta si hay disponibilidad para el día siguiente y ahí le responden que sí.

—¿Pero no le dan una carta donde se autorice eso? ¿eso fue verbalmente? 

—Sí, porque tal cual estás diciendo, la carta fue firmada ese mismo día. 

GuatemalaLeaks llamó en varias ocasiones a la exdecana Córdova e incluso envió un mensaje vía Whastapp, pero la profesional no respondió. 

El plagio

Además de los vacíos en el proceso de graduación, la tesis de Miguel Martínez evidencia que el político cometió plagio en mayor parte de su marco teórico. Para evaluar este extremo se utilizó la página Duplichecker.com y se verificó con Turnitin.com.

Estas herramientas detectaron que Miguel Martínez basó el marco teórico de su tesis primordialmente en seis documentos que no cita, y que lejos de estudiarlos y parafrasear algunos fragmentos, copió textualmente el contenido. Incluso copió citas bibliográficas de esos trabajos. 

Estas citas, que aparentan ser de su análisis, las fundamentó con la inclusión de los libros en el apartado de la bibliografía al final de su tesis, como si él los hubiera consultado. 

Al comenzar el marco teórico, Martínez describe la definición de contaminación ambiental y otras explicaciones sobre la polución del agua. Desde el inciso 2.1 al 2.4 son 1,509 palabras que fueron plagiadas del capítulo dos de una cátedra escrita por Jorge A. Orellana, docente de la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina.  

Para seguir con su trabajo, a partir del segundo párrafo del inciso 2.5.1.1 y hasta el 2.6.1, el exfuncionario copió la información contenida en la tesis de maestría de la Universidad de Guayaquil en Ecuador titulada «Modelización de la incidencia del Oxígeno Disuelto y la Demanda Bioquímica de Oxígeno en la calidad del agua del estero Atascoso, cantón Quevedo», escrita por Julio César Pazmiño Rodríguez. 

También en el inciso 2.5.1.1, el entonces estudiante definió el término temperatura con las palabras exactas utilizadas por Dennise Liseth Ibarra Gamboa en su tesis de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en Ecuador titulada  «Diseño de planta de tratamiento de aguas residuales para el campus La María de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo». 

 Para el inciso 2.6.1, el ahora ingeniero se basó en dos blogs. Uno de ellos es un texto alojado en Wix y el otro en WordPress. Otra parte de ese inciso fue copiada de un trabajo de la Universidad Tecnológica de Panamá alojado en el portal Course Hero, una página de recursos académicos como notas de cursos, ayuda de tutores, documentos, etcétera.

Ninguna de estas tesis, cátedras o documentos académicos fueron citados por Miguel Martínez, a pesar de que fueron sus fuentes consultadas. Tampoco las incluyó en la bibliografía de su trabajo de grado.

Sobre este asunto, el director de la Escuela de Ingeniería Química justificó que en las carreras de pregrado no se revisa plagio, sólo en las maestrías y doctorados. 

«¿A la Escuela de Ingeniería Química no le importa que los estudiantes plagien?», se le preguntó a Álvarez. 

Después de unos segundos de silencio, respondió: 

—Mire, no está normado, eso queda en el criterio de los asesores. No hay conocimiento nuevo. 

—¿No le preocupa que un trabajo de grado tenga un 60% de plagio?

—Claro, no lo puedo negar. Como científico creo que eso es parte de lo que hay que buscar que no ocurra, pero es distinto a lo que hace un estudiante por no estar normado. 

 A pesar de las declaraciones del director de la carrera que estudió Martínez, el artículo 1 del reglamento de graduación sí establece que los trabajos deben ser originales e inéditos, por tanto, el plagio sería una infracción a la normativa. 

Martínez también le restó importancia al plagio: «Si hubieron algunos textos que se copiaron, disculpame, pero no creo que sea el único que lo ha de haber hecho. Se me ha de haber olvidado anotar las referencias bibliográficas, pero es una tesis completa que cuenta con análisis, pruebas de laboratorio y cuenta con un gran respaldo». (Sic)

«Si le querés llamar plagio a eso, llamale como querrás. ¿Cuál es la relevancia de un marco teórico?», espetó. 

El asesor que se volvió subgerente

La primera persona que revisó el trabajo académico de Miguel Martínez fue su asesor, el ingeniero Jorge Mario Estrada Asturias, quien, según el artículo 7 del Reglamento de Trabajos de Graduación, es corresponsable del contenido de la tesis. 

Además de ser docente en la Facultad de Ingeniería, Estrada era el jefe del Laboratorio de Agua del Instituto de Fomento Municipal (Infom), pero en febrero del 2021, unos seis meses después de la graduación de Martínez, fue ascendido a subgerente general de la entidad. 

Su jefe inmediato es el gerente general, José David Talé, quien está vinculado con los exviceministros de Comunicaciones durante la gestión de Alejandro Sinibaldi, Rubén Mejía y Guillermo Sosa. Según publicaciones del diario elPeriódico, ambos exfuncionarios mantienen el control del Infom con la venia de Martínez, pues habrían apoyado con capital político y financiero en la segunda vuelta de la campaña de 2019 a favor del presidente Giammattei.

Se trató de obtener la versión de Estrada por medio de Comunicación Social del Infom, pero el subgerente declinó brindar su número telefónico para una entrevista y refirió con la exdecana para este tipo de consultas. 

La consecuencia de todas las anomalías, a criterio del ingeniero Williams Álvarez, recae en  la Junta Directiva de la Facultad de Ingeniería que debería evaluar los señalamientos y tomar una decisión.

Por su lado, Miguel Martínez negó que su cargo como entonces director ejecutivo de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno haya influido en su graduación. 

El político calificó esta investigación como amarillista y aseguró que tuvo conocimiento de las solicitudes de información realizadas a la Usac, además de que algunas personas le comentaron que se estaban haciendo preguntas sobre su paso por la Facultad como estudiante.

Este reportaje se enmarca en los principios periodísticos y en el artículo 35 de la Constitución Política de la República que establece que «no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos». 

Las anomalías señaladas en esta investigación se desarrollaron entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre del 2020, cuando Martínez era funcionario del gobierno de Alejandro Giammattei.