En menos de dos horas, la ex fiscal general Thelma Aldana, dio un giro de 180 grados a su carrera política. De una orden de captura en su contra solicitada por el Ministerio Público, pasó a ser candidata presidencial del Movimiento Semilla. Aldana, tras ser inscrita por el TSE, adquiere inmunidad. Su caso ejemplifica la judicialización que configura el proceso electoral de 2019.
Los tiempos electorales deberían ser predecibles. A una fecha, todos los participantes inscritos. A cierta hora, la lista de candidatos definida sin más que la tranquilidad de esperar el día de las elecciones.
Sin embargo, en Guatemala las horas y los días de una elección presidencial, implican incertidumbres temporales, prórrogas o atrasos que se configuran en torno a los aspectos legales sobre cómo se inscriben los candidatos. Una hipérbole de excitación, nerviosismo y altas expectativas.
A dos días de haber finalizado el plazo de inscripción de candidatos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como si se tratara del final de temporada de una serie televisiva, Thelma Aldana, la ex fiscal general, en menos de dos horas pasó de tener una orden de captura en su contra a ser inscrita como candidata a la presidencia de Guatemala por parte del Movimiento Semilla y adquirir inmunidad.
Un documento filtrado en redes sociales, contenía la orden de aprehensión en su contra, y estaba firmada por el juez décimo de instancia penal, Víctor Cruz. La acusación formal fue presentada por el Ministerio Público (MP) en contra de Aldana por presuntamente haber contratado a Dimas Gustavo Bonilla, el actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como consultor para una capacitación que en su momento, según el señalamiento del MP, no se llevó a cabo.
Dimas Gustavo Bonilla ha obtenido tres contratos con el Estado, según el portal Guatecompras, que suman Q253,802.88. En 2015 fue contratado como docente jurídico en el despacho del Fiscal General de la República, por Q 214,774.19.
La orden de captura se hacía pública en un momento trascendental para la candidatura de Thelma Aldana. Una semana antes, ella había presentado su solicitud de inscripción como candidata, pero el TSE aún no la confirmaba para poder competir por la presidencia, junto a su compañero de fórmula, Jonathan Menkos, como parte del partido Movimiento Semilla.
Tras varias horas de silencio, tanto de las autoridades oficiales de Gobernación, el Organismo Judicial y el MP, como del partido Semilla, el documento fue validado por Fernando Lucero, vocero del Ministerio de Gobernación, a una hora en la que coincidía con la entrega de la notificación del TSE para certificar la inscripción de Thelma Aldana como candidata.
En Guatemala, todas las personas inscritas en la contienda electoral, adquieren inmunidad para asegurar su participación en el proceso. La Ley Electoral y de Partidos Políticos indica que los candidatos gozan de derecho de antejuicio. Y la orden de captura en contra de Aldana, según abogados como Alejandro Balsells y Édgar Ortiz Romero, al ser inscrita como aspirante a la presidencia pierde todo efecto legal y como candidata no puede ser aprehendida sin una resolución judicial que ordene el retiro de inmunidad.
«Thelma Aldana, la ex fiscal general, en menos de dos horas pasó de tener una orden de captura en su contra a ser inscrita como candidata a la presidencia de Guatemala».
Aldana como objetivo
La candidatura de Thelma Aldana, planteada como posibilidad, ha estado rodeada de especulaciones desde hace varios meses. Durante el último año de su gestión al frente del MP se incrementaron los señalamientos en su contra por utilizar las investigaciones judiciales como una herramienta para despejar su camino político de posibles rivales. Casos en contra de la clase política, entre diputados y ex candidatos a la presidencia, le crearon desgaste ante diversos sectores.
Aldana negó en reiteradas ocasiones que tuviera aspiraciones a la presidencia. Sin embargo, tras dejar la fiscalía, un grupo de sus colaboradores en el MP comenzaron a trabajar en una iniciativa política conocida como Plataforma Ciudadana (PC).
Dado que la agrupación comenzó a tomar forma en junio de 2018, a menos de nueve meses del inicio de campaña, la agrupación consideró que el tiempo y los recursos eran insuficientes para formar un partido político.
La opción de PPC, según fuentes cercanas a la agrupación, fue buscar un vehículo electoral con el cual competir. Este grupo se reunió con partidos de todo el espectro político como el empresarial Compromiso Renovación y Orden (Creo); el centrista Encuentro por Guatemala (EG) y el partido Libre; así como el Movimiento Semilla, entre otras agrupaciones.
Inicialmente PC contempló a EG como la opción más viable, y avanzaron durante varios meses en negociaciones para integrar un grupo que incluyera a los candidatos de PC a diputados en casillas con opción de elección. Las dirigencias de ambas agrupaciones, sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo, por lo cual finalmente la alianza se realizó con Movimiento Semilla.
Desde entonces, la candidatura de Aldana ha polarizado el espectro político. El fiscal del partido Todos, Emerson García, en entrevista en Radio Sonora, indicó que denunciarían la candidatura de la ex fiscal ante el TSE por considerar que no reúne las condiciones de idoneidad para ser candidata.
Y durante las últimas semanas, algunas acciones judiciales por parte de Marcelo Sarti, abogado del hermano del presidente Jimmy Morales, en el caso Botín Registro de la Propiedad, plantearon la invalidez de la constancia de inexistencia de cargos, mal llamado finiquito, cuando Thelma Aldana dejó de ser funcionaria pública. También desde el Congreso de la República, diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) citaron al jefe interino de la Contraloría General de Cuentas, Fernando Fernández, y al Registrador de Ciudadanos del TSE, Leopoldo Guerra, para tratar este punto.
La solicitud de inscripción de Thelma Aldana, como explicó el presidente del TSE, Mario Aguilar Elizardi, durante la reunión semanal con los fiscales de los partidos políticos, sucedió en un momento en el que el registrador de ciudadanos, Leopoldo Guerra, se reportaba enfermo. “Será una condición que como Tribunal evaluaremos en su debido tiempo. Nunca antes había sucedido”, indicó.
El día en que finalizó el plazo de inscripción de candidatos, Thelma Aldana aún no había sido notificada sobre su participación en las elecciones de 2019. A 24 horas de haber iniciado la campaña electoral, la fiscal general, Consuelo Porras, ordenaba su captura. Y dos horas más tarde, tras la filtración de la solicitud del MP en las redes sociales, el TSE le otorgaba a la candidata de Semilla, la posibilidad de participar como candidata a la presidencia.
Candidaturas judicializadas
Otros candidatos, al igual que Aldana, han tenido problemas en su inscripción ante el TSE. Una vez iniciada la gestión de sus inscripciones como candidatos a la presidencia, el MP ha presentado investigaciones en contra de diversos actores políticos que buscan ocupar un cargo de elección popular.
Sandra Torres Casanova, del partido UNE, fue inscrita como candidata a la presidencia el 4 de febrero de 2019. Y un día después, el MP pidió el retiro de inmunidad, junto a siete diputados de su partido, al acusarlos de formar parte de una estructura político-criminal que no reportó más de Q19.5 millones durante la campaña de 2015.
La petición de antejuicio en contra de Sandra Torres, sin embargo, no afectó su candidatura a la presidencia, como lo ha confirmado Mario Aguilar Elizardi, presidente del TSE. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) amparó a la candidata de la UNE y el 27 de febrero de 2019, rechazó por mayoría, la solicitud de antejuicio que el Ministerio Público (MP) presentó en contra de Torres.
El 5 de febrero, en otro caso de candidaturas judicializadas, y a tan sólo nueve horas de haber recibido su credencial como candidato a la presidencia, el MP solicitó antejuicio contra José Mauricio Radford, candidato del partido FUERZA, por los supuestos delitos de falsedad material, falsedad ideológica y encubrimiento propio.
La solicitud fue planteada por la fiscal Consuelo Porras. Y la CSJ, un mes más tarde, resolvió que no había indicios suficientes que implicarán directamente al candidato de FUERZA en los señalamientos que procuraba investigar el MP. Radford es oficialmente uno de los candidatos para disputar la presidencia de Guatemala en junio de 2019.
Por otra parte, otra de las candidaturas que ha implicado la participación de los tribunales de justicia, es la inscripción de Zury Ríos, por el partido Valor (antiguo Partido de Liberación Progresista PLP), que fue rechazada desde un inicio por el Registro de Ciudadanos. Ríos no fue inscrita como candidata a la presidencia debido al impedimento constitucional de ser hija del General Efraín Ríos Montt, responsable del golpe de Estado que se llevó a cabo el 23 de marzo de 1982. La decisión de rechazar su candidatura fue confirmada por el pleno de magistrados del TSE.
No obstante, la CSJ otorgó un amparo provisional a favor de Ríos, lo que le permitió ser inscrita el 15 de febrero, en la contienda electoral y recibir su credencial como candidata. Tras una apelación promovida por el TSE, la Corte de Constitucionalidad (CC) –el máximo tribunal de Guatemala- revocó el pasado 12 de marzo el amparo provisional que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) había otorgado a la candidata del partido Valor.
La candidatura de Zury Ríos, en tanto plantean nuevas acciones legales para intentar regresar a la contienda electoral, es una moneda al aire que podría solventarse una vez que la CSJ emita su decisión definitiva para inscribir o no a Ríos como candidata a la presidencia.
Los tiempos de la justicia y los tiempos electorales
“La Fiscalía y las investigaciones no tienen tiempos políticos. Los casos se hacen operativos cuando tenemos los medios de investigación y las autorizaciones correspondientes”, indicó el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, acerca de la investigación presentada contra Sandra Torres, ya como antejuicio, y un día después de haber obtenido inmunidad como candidata.
La respuesta de la presidenciable de la UNE fue arremeter contra el fiscal y acusarlo de ser parte “de una estructura que tiene cooptado el MP” y que es controlada por Thelma Aldana.
Ninguno de los actuales rivales políticos de Aldana, sin embargo, parece muy sorprendido por la celeridad con la que avanza la investigación del MP en contra la ex fiscal general. Por lo regular, cuando se señala a una figura pública, los tribunales realizan una primera citación. En este caso, se solicitó directamente su captura. Sin posibilidad de mediación.
En entrevista con la cadena CNN, Aldana indicó desconocer porque su caso había sido declarado bajo reserva hasta el 28 de marzo. “No tengo idea. Lo que sí -sé-, es que manipulan mi participación en el proceso electoral. Voy a seguir la lucha contra la corrupción y muchos están temblando por eso”, aseguró la presidenciable.
Aldana también aprovechó la entrevista para responsabilizar de esta denuncia en su contra, en casi cada una de sus intervenciones, al “Pacto de Corruptos”, la denominación genérica para todos los opuestos al cambio en el status quo, según dejó entrever.
El dirigente que busca impunidad en Guatemala, según explicó la ex fiscal general, es el presidente Jimmy Morales. Aldana incluyó entre los miembros de este grupo “a varios diputados” contra los que la ex funcionaria presentó investigaciones relacionadas a lavado de dinero, crimen organizado y corrupción.
La candidata oficial de Semilla evitó calificar el trabajo de su sucesora en el MP, Consuelo Porras, y se limitó a señalar que la actual fiscal general “está vigilante, es lo que sabemos todos los guatemaltecos”. Una clara referencia a las intervenciones de Porras y su constante pasividad que demuestras en sus intervenciones públicas cuando se presenta –en comunicados, en entrevistas, en conferencias de prensa- como “vigilante” del cumplimiento de la ley.
Los tiempos de los procesos judiciales y los tiempos políticos han terminado por coincidir con el inicio de la campaña electoral. A la maratón con la que tradicionalmente se representa la campaña electoral en Guatemala y todos sus candidatos (28 partidos inscritos formalmente), se suma una verdadera carrera de obstáculos, obstáculos judiciales.
El convulso inicio del periodo de oferta electoral deja una paradójica imagen: una carrera en donde los velocistas y el público está más pendiente en ver a quién descalifican, que ver, en realidad, quién lidera la marcha.
