La crisis de gobernabilidad que atraviesa Guatemala se desarrolla en al menos cinco frentes que condicionarán el actuar del próximo gobierno. En política interna, el Ejecutivo presidido por Bernardo Arévalo se enfrentará a un Legislativo y Judicial hostil; el apoyo internacional al sistema democrático se sostendrá; pero el desgaste de investigaciones penales continuará, y garantizar los recursos para el Estado será un reto para la siguiente administración.
El 1 de septiembre de 2023 el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunciaba la puesta en marcha de un golpe de Estado para evitar su toma de posesión en enero de 2024. “Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niega a aceptar este resultado (electoral) y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”, declaró el gobernante electo.
El mensaje de un futuro mandatario advirtiendo sobre un golpe de Estado, incluso antes de tomar posesión, mostró el grado de desgaste de las instituciones democráticas en Guatemala. En esa oportunidad, Arévalo señaló directamente a la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, a Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y a Fredy Orellana, el juez que dispuso la cancelación del partido Semilla. También a la Junta Directiva del Congreso de la República, espacio integrado por los aliados del oficialismo.
Desde entonces, la escalada de tensiones no ha cedido. El detonante final fue el último allanamiento del MP, el sábado 30 de septiembre, a la sede del Tribunal Supremo Electoral. Ese día, los fiscales de la FECI secuestraron las actas 4 y 8, que consignan los resultados de los votos por partido en las Juntas Receptoras y luego los resultados finales de los partidos por departamento.
Esta acción canalizó el paro nacional convocado el 2 de octubre, liderado inicialmente por organizaciones indígenas, como la autoridad comunitaria de 48 Cantones de Totonicapán. A esta se han sumado otras organizaciones comunitarias, estudiantiles, gremiales y ciudadanos particulares. Una protesta ciudadana que demanda la renuncia de la fiscal general, Porras, el fiscal Curruchiche; el juez Orellana, y la fiscal Cinthya Monterroso que ejecutó allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El asalto al TSE condujo a las manifestaciones en todo el país a tener un denominador común: la defensa de la democracia de las acciones del MP. Pero también una profunda desconfianza en el Ejecutivo, todavía dirigido por Alejandro Giammattei, el Congreso y el Organismo Judicial. Poderes que para muchos colectivos y ciudadanos intentan romper el orden constitucional e invalidar los resultados de las elecciones.
Frente a esta situación, No-Ficción ha realizado un análisis con fuentes políticas, judiciales, empresariales y especialistas externos los escenarios que afrontará el próximo gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera. El primer reto es la misma continuidad democrática y la toma de posesión del binomio electo.
También se contactó al equipo de comunicación de Arévalo para conocer su postura sobre este contexto político. A la fecha el presidente electo mantiene la posición de la legitimidad de las protestas. También que sus demandas son por la defensa de la democracia. A la vez, señala que la ruta es el diálogo entre manifestantes y el gobierno, con la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero también resalta que es una discusión nacional que debe afrontar el presidente Giammattei. Al cierre de esta edición, el equipo de comunicación del próximo gobierno no había fijado una postura sobre las consultas en estos cuatro escenarios.
1. Política interna: un Congreso hostil y fuerzas alineadas para desgastar al próximo gobierno
Una pregunta ronda a la población activa políticamente en Guatemala. ¿Podrá el presidente electo Bernardo Arévalo asumir el 14 de enero de 2024 el cargo?
La duda es válida. Fuentes políticas del Congreso apuntan a qué, en efecto, el cálculo político del Ejecutivo era que existía la posibilidad de la cancelación de Semilla antes de segunda vuelta, por una acción coordinada del MP y juzgados afines. Esto hubiera llevado al candidato oficialista Manuel Conde, de Vamos, a segunda vuelta para enfrentar a Sandra Torres de la UNE.
Pero presiones internacionales sobre el TSE y la Corte de Constitucionalidad (CC) orillaron a que los magistrados no cedieran. “El MP es el martillo y las cortes el yunque, aunque los oficialistas no lo lograron (evitar la elección de Arévalo), hay consenso para sostener a Consuelo Porras por su mandato. Vamos y la Une controlarán el próximo Congreso y un gobierno de Semilla estará condicionado”, señala un congresista reelecto que prefirió no identificarse.
En el plano político, esta misma fuente dice que solo los sectores más radicales dentro de la alianza pro-impunidad entre actores políticos, operadores en el Organismo Judicial y actores externos, como la Fundación Contra el Terrorismo, piensan que se puede impedir el traspaso de poder. “Se ha mencionado un nuevo caso sobre el sistema de transmisión de datos del TSE para los resultados electorales, para presionar a los magistrados, pero lo más probable es que no se llegue al extremo de invalidar el resultado de las elecciones”, apunta este congresista.
“Hay consenso para sostener a Consuelo Porras por su mandato. Vamos y la Une controlarán el próximo Congreso y un gobierno de Semilla estará condicionado”, señala un congresista reelecto que prefirió no identificarse.
El primer reto del presidente electo será coordinar las acciones del Ejecutivo con el Legislativo. Por ejemplo, en la asignación de obra pública, de interés para los diputados distritales, tiene un papel clave la designación de los gobernadores por parte de la Presidencia. De igual forma, en programas de crédito de vivienda u otros proyectos ya contemplados en el borrador de Presupuesto Nacional para el próximo año.
Estas operaciones, además, pueden darse en un contexto donde el futuro partido oficial, Semilla, sea cancelado. Dos fuentes legislativas y una judicial consideran probable la suspensión del partido Semilla, lo que haría que el próximo gobierno no cuente con una bancada oficialista.
Aunque los diputados electos por el partido Semilla permanecerán en el Congreso, como diputados independientes, la cancelación del partido les restaría capacidad para ejecutar sus planes de gobierno. Según Ley Orgánica del Legislativo, no tendrían representación en la Junta Directiva del Congreso, lo cual les imposibilitaba agendar sus propuestas legislativas. Además, los diputados tampoco podrían presidir comisiones del Congreso, como la de Finanzas Públicas, tradicionalmente dominada por el partido de gobierno, y que facilita la asignación de recursos a sus políticas.
El diputado electo por el partido Cabal, Julio Héctor Estrada, apunta que el próximo gobierno debería buscar un acercamiento al Legislativo: “La población quiere ver un gobierno funcional”, dice el futuro legislador. Y que esto solo es viable si el Ejecutivo de Arévalo acepta sentarse a dialogar con el resto de fuerzas políticas.
“Creo que puede haber un cambio de mentalidad que cambie la naturaleza de la negociación política para que no sea transaccional (votos a cambio de beneficios). Pero se requiere mucho trabajo y conocimiento del Estado, ahora los vemos (al futuro gobierno) entretenidos con la incertidumbre de las acciones legales”, refirió Estrada.
El exministro de Finanzas Públicas de la administración de Jimmy Morales comparó la situación del próximo gobierno con el primer año de la presidencia de Morales. “Buena parte de la atención se fue el primer año en lidiar con un Congreso controlado por la UNE, después se dio un desgaste similar con el MP aunque con otro tipo de actores. Así que tiene que buscar el diálogo”. Para Estrada una opción del próximo gobierno “es hacer alianzas que pueden parecer arriesgadas” para que puedan ejercer el poder.
2. Sector privado: oficialmente aceptan transición
En una entrevista con No-Ficción antes del inicio del Paro Nacional, el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Ignacio Lejarraga, sostuvo que los resultados fueron claros y auditados por más de 125 mil voluntarios y que Bernardo Arévalo deberá asumir la presidencia el 14 de enero.
“Nuestro llamado es para que estén atentos los tres poderes (del Estado) a la necesidad de que cuidemos de que la democracia siga todo su proceso y que lleguemos a un 14 de enero en donde Bernardo Arévalo asuma como presidente”, señaló Lejarraga como la postura oficial sostenida por CACIF.
Sin embargo, el presidente de la gremial también destacó que no se han pronunciado en contra de las investigaciones del MP a Semilla. “Lo que decimos es que cada institución debe cumplir con su deber de manera correcta, hay un Ministerio Público que tiene la obligación de investigar si existen denuncias, y los juzgados también tienen que actuar dentro de la ley”, destacó Lejarraga.
“Sí le va mal a Bernardo Arévalo por cuatro años, quienes perdemos somos todos”, resaltó Ignacio Lejarraga, presidente del CACIF.
El empresario también sostuvo que el proceso de transición hacia el próximo gobierno debe retomarse y que, en los diálogos que han sostenido con el futuro presidente, Arévalo, este ha resaltado que busca formar un gobierno de unidad nacional.
“Es una persona acostumbrada al diálogo, y considero que tomará en cuenta las opiniones de todos. Hay deseos de cooperar, sí le va mal a Bernardo Arévalo por cuatro años, quienes perdemos somos todos”, resaltó Lejarraga respecto a la gestión del próximo gobierno.
Otras instancias gremiales privadas como el Consejo Nacional Empresarial (CNE), de más reciente creación y menor influencia, por el contrario, se han posicionado a favor de que el presidente Giammattei pida la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras.
Entre sus argumentos se encuentra que la salida para la crisis política derivada del Paro Nacional requiere que el mandatario “abandone el discurso divisivo y cumpla con su papel de unidad nacional y paz social”. A la vez que pedía a la CC que resuelva los diferentes recursos en su poder para “garantizar la toma de posesión de las autoridades electas y la protección del proceso electoral”.
3. Poder judicial: la impunidad en juego
Uno de los mayores retos para el futuro presidente será el sistema de justicia. La situación actual de deterioro democrático va de la mano con un desgaste del sistema judicial mucho más profundo. Como parte de los Acuerdos de Paz, firmados en 1996, se buscaba contar con un verdadero sistema de justicia independiente, una garantía indispensable para la democracia, pero estos esfuerzos llevan 20 años de deterioro.
“Desde el inicio de los años 2000, con el gobierno del FRG, se da un estancamiento y luego retroceso con la intervención de actores externos y operadores en los procesos de designación de autoridades de justicia. Tanto para la Corte Suprema de Justicia, de Constitucionalidad, Fiscal General y otras autoridades”, refiere la especialista en el área judicial, Carmen Aída Ibarra, integrante del Movimiento Pro Justicia.
La Ley de Comisiones de Postulación, aprobada en 2009, buscaba transparentar los procesos de elección de autoridades clave para el funcionamiento democrático, como la elección de magistrados de la Corte Suprema, de Constitucionalidad o del Tribunal Supremo Electoral y de fiscal general del Ministerio Público entre otros.
Para esto se creó un sistema de comisionados para calificar a los aspirantes por medio de designados de los poderes del Estado, grupos gremiales y académicos. Sin embargo, el mecanismo pronto fue cooptado por figuras del mundo político que usaron sus influencias. recursos económicos y poder desde instituciones de gobierno para condicionar quienes pueden aspirar a estos cargos.
Un parteaguas se produjo en la administración de Jimmy Morales con la declaración de “non grato” en 2017 contra el comisionado Iván Velásquez, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), destacó Ibarra.
“Se le puso la tapa al pomo con la destitución del jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval (en 2021). Se desmanteló a esa instancia y se instrumentalizan las herramientas y capacidades de la fiscalía, al punto de que se ha usado para intervenir sobre las autoridades electorales y desmontar el resultado electoral”, comentó la especialista.
“Se le puso la tapa al pomo con la destitución del jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval (en 2021). Se desmanteló a esa instancia y se instrumentalizan las herramientas y capacidades de la fiscalía”, Carmen Aída Ibarra.
En este contexto, la CC, una institución creada para la defensa de las garantías constitucionales, ha brindado resoluciones después de los comicios que permiten a juzgados penales investigar asuntos electorales, como la suspensión temporal de Semilla, resuelta por el juez Orellana, y ha facultado al MP para continuar sus investigaciones al respecto.
A la vez, la CC ha otorgado un amparo provisional reconociendo las amenazas inminentes al orden democrático y en sus resoluciones ha llamado al Organismo Judicial y al MP a garantizar un juicio justo y respetar la ley en todos sus procesos penales. Pero esto no ha sido impedimento para que la fiscal general Porras lance la amenaza de procesar a los dirigentes de las manifestaciones en su contra.
A juicio de una fuente política en el Congreso de la República, este último amparo “le dio la oportunidad a la CC para recibir menos presión internacional, pero en el fondo no va a romper el equilibrio. Las alianzas con las que elegimos a la CC en 2021, con apoyo del Congreso, Legislativo, las cortes y sector privado, se mantienen en asuntos de interés, y se van a renegociar el próximo año con la elección de magistrados a la CSJ”.
La actual CSJ, electa en 2014 y que debió terminar su mandato en 2019, ha extendido un año más su función gracias al impasse en su elección por parte del Congreso. El reto para la gestión de Arévalo en materia de justicia es que al menos en su primer año de gobierno estará condicionado por un sistema de justicia adverso. Una magistratura de la CSJ que le debe al Congreso saliente la extensión de su mandato, una acción que ha coincidido con el blindaje a la clase política frente a antejuicios y contrapesos a sus decisiones.
Así como una CC electa por los grupos de poder a los que acusa de intentar suspender el traspaso de mando en el Ejecutivo.
Para Ibarra esta influencia sobre el aparato de justicia probablemente alcance a algunos integrantes de Semilla, investigados en el proceso de constitución del partido, y condicione el trabajo del próximo gobierno. “Cada acción promovida judicialmente por Semilla no está avanzando, yo diría que les falta una estrategia política y jurídica para abordar las investigaciones. También necesitaran gente acostumbrada a negociaciones duras para aprovechar las fisuras que puedan darse entre los grupos políticos”, señaló Ibarra.
La principal tensión institucional del próximo gobierno será la convivencia entre un MP liderado por Porras y el Ejecutivo de Arévalo por los dos años restantes del periodo de la fiscal general.
Por último, la pieza más evidente que puede socavar la gestión del gobierno de Arévalo recae en un MP encabezado por Consuelo Porras. La fiscal general ha demostrado que no escatimará recursos en cuestionar la legitimidad del proceso electoral, la conformación del partido Semilla y la misma legitimidad de los cargos electos de este partido en el Ejecutivo y Legislativo.
La principal tensión institucional del próximo gobierno, coinciden en apuntar fuentes políticas, judiciales y partidarias, será la convivencia entre un MP liderado por Porras y el Ejecutivo de Arévalo por los dos años restantes del periodo de la fiscal general. Aunque Arévalo pida su denuncia, las reformas de la Ley Orgánica del MP, establecen que no la puede destituir a menos que haya sido condenada en firme por un delito.
4. Finanzas públicas en juego: el presupuesto 2024
Otro elemento para tener en cuenta, y que ha pasado desapercibido por la gravedad de las acciones judiciales sobre el proceso electoral, es la aprobación del Presupuesto General de la Nación. Uno de los principales mecanismos de poder del Congreso de la República el cual tiene como facultad la asignación de recursos para el funcionamiento del Estado.
Para 2024, el proyecto de presupuesto formulado por la presidencia de Giammattei es de Q124 mil 880 millones. Este monto se concentra principalmente en seis grandes rubros: Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro (la asignación por ley a entidades descentralizadas y autónomas como el MP, OJ y municipalidades), el Ministerio de Educación, las Servicios de la Deuda Pública (tanto interna como externa) y los ministerios de Salud Pública, Gobernación y Comunicaciones.
El exministro de Finanzas Públicas y diputado electo para la próxima legislatura por Cabal, Julio Héctor Estrada, destaca que la administración de estos recursos por parte del futuro gobierno puede ser un mecanismo de negociación importante, principalmente en la ejecución de obra pública de interés para los diputados distritales.
Para 2024, el proyecto de presupuesto formulado por la presidencia de Giammattei es de Q124 mil 880 millones.
Pero el reto del próximo gobierno es que el rubro de Q22 mil 900 millones, asignados para inversión, pueda ser ejecutado de forma eficiente y transparente para ganar lealtades políticas, sin caer “en la lógica transaccional del pasado”.
Pero incluso antes de llegar a contar con estos recursos, existe una amenaza en el horizonte. El actual presupuesto en discusión puede ser modificado por la Comisión de Finanzas del Congreso, que cuenta con mayoría oficialista, para introducir restricciones presupuestarias que limiten el funcionamiento del futuro gobierno. Esto advierte Ricardo Barrientos, especialista en política fiscal, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
“Si la intención explícita de hacer daño existe, podrían introducir artículos candados para condicionar las asignaciones a programas clave, o introducir aportes espurios para oenegés u otras entidades vinculadas con diputados”, señala Barrientos.
Para el experto en materia fiscal, y ex viceministro de Finanzas, la actual legislatura ha mostrado la tendencia a no actuar con propósitos legítimos, “sino que actúa como un cartel, votando incluso en contra de los intereses de sus distritos”.
“Si la intención explícita de hacer daño existe, podrían introducir artículos candados para condicionar las asignaciones a programas clave”, Ricardo Barrientos, ex viceministro de Finanzas.
Con el actual presupuesto presentado por el Ejecutivo, señala Barrientos, incluso con la subestimación en la recaudación de impuestos, el próximo gobierno puede “arrancar” realizando modificaciones internas sin pasar por el Congreso; pero si se producen cambios que lo condicionen, la situación se vuelve más difícil.
A esta situación se añade el nombramiento clave de un futuro ministro o ministra de Comunicaciones. Este cargo puede llegar a ser sujeto de grandes presiones para favorecer la asignación de obra pública a contratistas a fines a congresistas y otros actores políticos. La cartera de Comunicaciones tiene asignada Q6,580 millones para el próximo año.
Otro ejemplo de los condicionamientos económicos que se pueden producir en la próxima administración proviene del Ejecutivo. En septiembre de este año, el Mineduc derogó el acuerdo gubernativo 287-2004, que permitía la contratación temporal de maestros bajo el renglón 021, con el cual cada año en diciembre se podía renovar al personal para el próximo ciclo, y en su lugar crea un mecanismo de evaluación por parte de Recursos Humanos.
Sin embargo, en una negociación con los sindicatos del magisterio, el actual gobierno ya había contemplado el traslado de estos profesores a una plaza permanente 011. Esta situación puede poner en conflicto al próximo gobierno con alrededor de 21 mil maestros y maestras a nivel nacional que buscarán contar con una plaza fija el próximo año.
En el actual proyecto de presupuesto para 2024 el Ejecutivo solo recomienda un incremento de 1.1 por ciento en personal permanente, es decir unos 1,884 puestos de trabajo en el Mineduc para este tipo de contratos. Lo que generaría descontento entre los que no sean beneficiados con una plaza fija.
Detectar y gestionar estos riesgos para el ejercicio del próximo gobierno será uno de los principales retos de la próxima administración de Arévalo.
5. Contexto internacional: Guatemala y el autoritarismo en Centroamérica
El área en donde una futura administración de Arévalo y Herrera pueden contar con una situación más favorable es entre la comunidad internacional. El contexto es una Centroamérica marcada por una dictadura en Nicaragua, bajo el régimen Ortega-Murillo; un gobierno autoritario a la vez que popular en El Salvador, con el control casi absoluto de Nayib Bukele; y la presidencia de Honduras, con Xiomara Castro, buscando un acercamiento estratégico a la República Popular de China y otros países integrantes de los BRICS.
Frente a esta situación en Centroamérica un futuro gobierno de Semilla es visto como una opción democrática entre la comunidad internacional.
En este vecindario marcado por autoritarismo de varios signos “el contraste es muy positivo”, resalta Francisco Villagrán, ex embajador de Guatemala en Estados Unidos y ante las Naciones Unidas. “No solo Estados Unidos, sino también la Unión Europea han visto en la elección de Arévalo la posibilidad de buscar un mayor acercamiento a Guatemala”, señala el exdiplomático de carrera.
Villagrán dio seguimiento a la última gira de Arévalo en Estados Unidos y destacó que en su carrera diplomática nunca ha visto una recepción más favorable en instancias de gobierno y organismos de cooperación para un mandatario guatemalteco desde la transición a la democracia en 1986.
En este vecindario marcado por autoritarismo de varios signos “el contraste es muy positivo”, resalta Francisco Villagrán, ex embajador de Guatemala en Estados Unidos y ante las Naciones Unidas.
“Aquí (Villagrán es profesor en la Universidad George Washington, en Washington DC), están conscientes de que se produce una transición difícil e inusual, que el gobierno saliente quiere presentar como normal y transparente. Hay presión sobre el gobierno de Giammattei que es considerado como no democrático”, resaltó el exdiplomático.
En uno de los mensajes más claros por parte del gobierno estadounidense, la potencia más influyente en la región, el secretario del Departamento de Estado de EE.UU., Antony J. Blinken se reunió de forma virtual con Arévalo el 2 de octubre. El secretario expresó su apoyo para que “en Guatemala se produzca una transición política pacífica al mandato del presidente electo Arévalo”. Además, según la comunicación oficial, expresó “su solidaridad con el pueblo guatemalteco en un momento en que este enfrenta intentos continuos por impedir una transferencia democrática del poder”.
Pero esta influencia, señala Villagrán, probablemente tenga un mayor impacto no directamente sobre el presidente Giammattei, “a quién ya no le importa si hay consecuencias para el mercado nacional, sino a otros sectores económicamente fuertes de la economía tradicional. Son los que más tienen que perder, tal vez no lo han visto con claridad. A la fecha todavía hay empresarios que defienden la administración de Porras en el MP”.
Para el exembajador, el apoyo de instancias internacionales como la OEA, la ONU, u otras instancias de cooperación multilateral, es insuficiente por sí solo, por lo que el próximo gobierno de Arévalo deberá hacer también un llamado a un pacto de gobernabilidad.
“El presidente electo ha tenido acercamientos con el sector empresarial, la sociedad civil, las organizaciones sociales, profesionales, entre otros. Está queriendo construir las bases de un pacto de gobernabilidad, está muy claro en que encuentra un país dividido que necesita reconstruir su tejido social”, comentó Villagrán. Mientras que en el plano político local, deberá buscar comunicación y colaboración entre nuevas figuras del próximo Congreso para hacer efectivo ese pacto de gobernabilidad.
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Las múltiples manifestaciones a nivel nacional desatadas el 2 de octubre en Guatemala han puesto de relieve que hay una profunda demanda por democracia en el país. Gota a gota, resolución a resolución, allanamiento tras allanamiento a instituciones públicas, candidato tras candidato descartado de las pasadas elecciones el descontento ha crecido a lo largo de la nación.
Demandas históricas acumuladas como la marginación de los pueblos indígenas en materia económica y política, la concentración de la riqueza en barrios amurallados con grupos armados o la amenaza del uso de la Policía y el Ejército como instrumento de represión son síntomas de una sociedad que no encuentra válvulas de escape para la solución de sus problemas. En ese marco la crisis de gobernabilidad que atraviesa a Guatemala va más allá de la disputa por la sucesión de un gobierno, lo que está en cuestionamiento es un orden más endeble de lo que muchos en el poder creían.
