Para los proveedores de medicamentos del IGSS, los amparos son parte de un gran negocio. Empresas tradicionales como JI Cohen, Lanquetin y Agefinsa facturaron más de Q1,000 millones al IGSS solo en medicamentos amparados en 2024. Y otro grupo de siete compañías emergentes, entre ellas Plenitud 365 o La Botica, ganaron otros Q380 millones por orden judicial. Ellos aseguran no tener relación con el fenómeno, pero la judicialización les garantiza recibir fortunas.
Por Guateleaks
*Este es el tercer y último reportaje de una serie de tres textos que abordan el uso de amparos para comprar medicamentos en el IGSS.
Puedes leer el primer reportaje aquí: Amparo a amparo: así se arruina el IGSS
Puedes leer el segundo reportaje aquí: Amparos en el IGSS: agobio para los pacientes, negocio para los demás
Nadie en Guatemala gasta más en medicamentos que el Instituto Guatemalteco del Seguro Social (IGSS).
En los últimos cinco años, la institución compró fármacos por valor de Q13 mil millones. Y en 2025 está previsto que la cifra alcance los Q4,800 millones, un récord histórico.
Esto significa que el IGSS gasta cada año en medicamentos más del doble que el Ministerio de Salud en el mismo rubro.
“El IGSS es la joya de la corona”, comentó una analista del sector farmacéutico que pidió no ser identificada para hablar con más libertad.
Por eso, muchas empresas codician ese mercado.
Pero solo unas pocas consiguen una parte sustancial de él. En 2024, por ejemplo, solo ocho proveedores facturaron al IGSS más de Q100 millones.
Y quienes alcanzan este éxito tienen algo en común: prácticamente todos se benefician de órdenes judiciales que fuerzan al Seguro Social a adquirir sus productos.
Gracias a amparos presentados por pacientes o asociaciones que piden a un juez que el IGSS les entregue un medicamento determinado, los mayores proveedores de la entidad logran vender cientos de millones de quetzales todos los años.
En 2024 los tres proveedores principales del IGSS: JI Cohen, Lanquetin y la Agencia Farmaceutica Internacional (Agefinsa) facturaron al Seguro Social más de Q1,000 millones solo en fármacos amparados.
Y otros siete grandes contratistas, entre los que se encuentran empresas como Plenitud 365, La Botica o Centro Distribuidor (Cendis), ganaron Q380 millones adicionales a través de fármacos adquiridos por orden judicial.
La mitad de la facturación de fármacos por amparos
La importancia de los amparos es tal que para muchas empresas farmacéuticas ya representan la mayoría de sus ventas al IGSS.
Para los diez principales proveedores de la institución en 2024, en promedio, los medicamentos judicializados representaron algo más de 51% de su facturación al IGSS.
Entre los proveedores del Seguro Social, básicamente, hay dos grandes grupos.
Por una parte, están las empresas tradicionales que venden fármacos innovadores o de marcas conocidas. Entre estas destacan JI Cohen (de la familia Cohen Mory), Lanquetin (Valdés Paiz y Paiz Bonifasi), Agefinsa (Jarquín) o Cendis (Heinemann).
Y por otra, hay empresas más emergentes que venden básicamente genéricos fabricados en países de Asia o América Latina.
En la actualidad, las principales de este grupo son La Botica (de Jairo Ponce), Plenitud 365 (dirigida por Sandra Campo Castro) o el grupo integrado por Aviv, Aria y Resevsa (de Hugo Ligorria Sierra y Erwin Trabanino Palma).
Los amparos como modelo de negocio
Para ambos ambos sectores, tradicionales o emergentes, los amparos son fundamentales para el negocio.
A los tradicionales, la judicialización les permite seguir vendiendo fármacos “de marca” sin tener que competir con los genéricos. También les facilita introducir en el mercado los medicamentos más innovadores y caros que controlan.
En 2024, por ejemplo, la mitad de los Q884 millones que ingresó JI Cohen por ventas al IGSS procedieron de fármacos amparados.
En total, la empresa facturó Q447 millones por orden judicial, en su mayoría de medicamentos innovadores para enfermedades graves que el Seguro Social no cubre.
Esta suma es superior al presupuesto anual del que dispone cualquiera de los hospitales del Ministerio de Salud, salvo el San Juan y el Roosevelt.
Para Lanquetin, otra de las tradicionales, la importancia de la judicialización es aún mayor.
En 2024, el 90% de su facturación al Seguro Social –que ascendió en total a Q591 millones– se compuso de medicamentos comprados por orden judicial.
Estos ingresos procedieron, sobre todo, de fármacos para enfermedades crónicas que el IGSS sí cubre, pero que se adquirieron de las marcas que controla Lanquetin, por orden judicial.
Para las empresas emergentes, los amparos tienen la ventaja de que les permiten ingresar al mercado y vender sus genéricos sin necesidad de tener que competir entre sí, o bajar mucho los precios.
Plenitud 365, por ejemplo, facturó, en 2024, Q117 millones al IGSS. El 94% de sus ventas fueron gracias a fármacos judicializados.
Todos ellos son genéricos, de los que existen múltiples opciones, sin embargo, el Seguro Social se vio forzado a comprar los productos de Plenitud 365 por orden judicial.
Lo mismo sucedió con Resevsa que vendió al IGSS casi Q88 millones en 2024, y el 95% de los ingresos procedieron de fármacos amparados, todos ellos genéricos.
Para todas estas empresas los amparos son muy lucrativos por un motivo principal: en la práctica son monopolios garantizados por orden judicial.
“Este sistema ha ido evolucionando”, comentó un proveedor mediano del IGSS que pidió no ser identificado por temor a represalias.
“Comenzó a principios de los 2000, por iniciativa de las empresas tradicionales para protegerse de la competencia de los genéricos. Pero después se fue prostituyendo totalmente y ahora los amparos se están usando para crear monopolios”, aseguró este empresario.
Los amparos absorben miles de millones
La judicialización de la compra de fármacos es un fenómeno creciente en el Seguro Social.
En los últimos ocho años se presentaron unos 4,000 amparos, según datos proporcionados por el IGSS. Y su impacto ya es enorme en las finanzas de la institución.
En 2024, el 46% del gasto del Seguro Social en medicamentos se destinó a productos judicializados, según un cálculo realizado para este reportaje.
Todo esto ocurre por la presión de pacientes individuales y asociaciones; por la participación de médicos que recetan ciertos fármacos; y los servicios que prestan algunos abogados que se han especializado en litigar contra el IGSS.
Todo ello se abordó en las dos primeras entregas de esta serie de reportajes.
El problema es complejo y engloba situaciones muy diferentes. Hay pacientes o asociaciones que demandan al IGSS para obtener un fármaco de una marca determinada sin mayor justificación.
Existen también casos más legítimos, en los que los afiliados se ven forzados a recurrir a los tribunales porque necesitan un fármaco que en otros países sería habitual, pero que el IGSS no cubre por su alto costo, principalmente.
Además, en ocasiones, es el propio Seguro Social quien cita amparos para justificar compras discrecionales, según encontramos.
Todo este sistema se alimenta de varias debilidades institucionales, desconocimiento y de la necesidad de los pacientes.
Pero sí a alguien beneficia económicamente es al reducido número de distribuidoras que vende los fármacos que el IGSS se ve forzado a comprar por orden judicial.
Estas empresas se mantienen en un segundo plano.
Como quienes dan la cara en los tribunales son pacientes, médicos y abogados, a las empresas les resulta sencillo mantenerse fuera de los focos y argumentar que sencillamente son ajenas al fenómeno.
Esto es precisamente lo que explicaron representantes de JI Cohen, Plenitud 365 y de la gremial Cogrefarma al ser entrevistados para este reportaje. Los empresarios, si bien se lucran con la judicialización, no la promueven de forma alguna, dijeron.
El IGSS también fue consultado, pero hasta el cierre de esta edición no contestaron a repetidas solicitudes de entrevista.
Durante esta investigación, no se encontraron pruebas contundentes que las empresas financien o impulsen la judicialización.
Esto, en todo caso, no estaría prohibido.
Al mismo tiempo, algunos empresarios sí reconocen en privado que son ellos quiénes facilitan los amparos. Y la mayoría de analistas y expertos consultados están de acuerdo en que lo más probable es que este sea un fenómeno inducido por la industria, tal y como sucede en otros países.
Aunque con diferentes grados de intensidad, la judicialización de la salud es común en América Latina y, en la mayoría, se asocia precisamente con la influencia de las empresas farmacéuticas.
“Como se ha visto en otros países, la industria te da el abogado, te paga la demanda, te vende el medicamento y le cobra al Estado, bajo el argumento que la salud es un derecho”, expuso Belén Mena, una doctora e investigadora que presidió la Comisión Nacional de Medicamentos e Insumos de su país, Ecuador.
“Este es un fenómeno con varios componentes, pero con una fuerte influencia de la industria”, describió Juanita Vahos, una farmacóloga e investigadora de la Universidad Nacional de Colombia.
Así operan las farmacéuticas tradicionales como JI Cohen
La contratación pública suele ser un sector conflictivo, en el que con frecuencia las empresas más establecidas pugnan con las emergentes.
El mercado de los proveedores del IGSS es así, en parte.
A un lado, están las empresas tradicionales, que llevan muchas décadas vendiendo fármacos de marcas reconocidas.
El principal exponente de este grupo es JI Cohen. Esta empresa toma su nombre de su fundador, Jack Irving Cohen, quien inició el negocio en la década de 1950. Desde entonces, la empresa ha ido creciendo hasta convertirse en la mayor de su tipo en el país.
Su éxito reside en que tiene la exclusividad en Guatemala de muchos fármacos de marca y muchos de los innovadores para enfermedades como el cáncer.
Pero también ha sido clave la habilidad que ha demostrado JI Cohen para lograr que el IGSS o el Ministerio de Salud compre sus productos.
Durante años, el encargado de las ventas al Estado de la empresa, fue Gustavo Alejos, un conocido empresario, operador político y financista de campañas involucrado en múltiples casos de corrupción.
Y el propio fundador de JI Cohen, Jack Irving Cohen, fue acusado en 2016 por hacer donaciones de campañas secretas en el caso Cooptación del Estado, si bien nunca fue a juicio.
Los otros gigantes tradicionales: Lanquetin, Agefinsa y Cendis
La trayectoria de otras empresas tradicionales como Lanquetin es parecida. Esta se fundó en 1930 y ha representado en Guatemala los fármacos de transnacionales como Sanofi por décadas.
En la actualidad es controlada por miembros de las familias Valdés Paiz (recordados por su relación con el Caso Ronseberg) y Paiz Bonifasi (Gerardo Paiz, el presidente de la Federación Fútbol es accionista).
Agefinsa, otra tradicional, tiene una historia más reciente. La fundaron Fernando Jarquin Pira (ya fallecido) y su esposa, Ileana Morales Ponce, a comienzos de los años 90, pero pronto hicieron despegar el negocio, gracias a que cuentan con la representación de algunos fármacos de transnacionales como Amgen o Novartis.
Jarquín fue el objetivo de varias investigaciones periodísticas, sobre todo durante el gobierno de Otto Pérez Molina, cuando se señaló su influencia en el IGSS bajo la presidencia de Juan de Dios Rodríguez, .
Además, miembros de la familia Jarquin también controlan otras empresas que proveen al IGSS como Servicio de Comercio Internacional.
Aunque sus ventas al IGSS son menores a las tres anteriores, otra de las tradicionales es Cendis, que también lleva muchas décadas representando marcas transnacionales en Guatemala.
Cendis es propiedad de Edgar Heinemann Nathusius, un conocido empresario de larga trayectoria en organizaciones del sector privado como la Cámara de Industria y Cacif.
El éxito de todos estos negocios reside en que tienen la representación en el país de productos de los laboratorios más grandes del mundo, como las transnacionales Pfizer, Roche, Merck o Janssen.
Algunas de estas grandes farmacéuticas sí tienen presencia directa en el país. Pero lo más común en la actualidad es que lleguen a acuerdos con empresas locales que les manejan la distribución y les garantizan ventas.
Para ello recurren a negocios como JI Cohen, Lanquetin Agefinsa o Cendis.
Las emergentes: genéricos baratos y ganancias millonarias
Estas grandes empresas, que facturan al IGSS cientos de millones de manera constante, conviven con multitud de otras más emergentes.
Estas tienen un modelo de negocio similar. Distribuyen y venden en Guatemala fármacos fabricados en laboratorios de otros países.
Pero en vez de representar a las transnacionales más conocidas, tienen acuerdos con fabricantes de China, India, Colombia o Argentina. Y en lugar de medicamentos innovadores o “de marca”, suelen enfocarse en productos más baratos para las enfermedades más comunes.
Estos normalmente son genéricos; es decir, fármacos que han perdido sus patentes principales y pueden ser fabricados por cualquier laboratorio.
Las emergentes suelen llevar menos tiempo en el mercado y, a veces, no está muy claro quiénes son sus propietarios reales.
Además, son más susceptibles a altibajos en sus ingresos por ventas al Estado o a depender mucho de la venta de solo unos pocos productos.
Su suerte puede variar mucho de una administración a otra.
Por todo ello, es común que les rodee la sospecha de tener vínculos políticos.
La Botica: fármacos contra el VIH fabricados en India
En la actualidad entre las principales emergentes, destaca La Botica, que en 2024 le vendió al IGSS casi Q250 millones, en su mayor parte de fármacos genéricos contra el VIH fabricados en India.
Esta empresa tiene vínculos con accionistas de Lanquetin y la cadena de farmacias Batres. Pero su cara principal es Jairo Ponce, quien fue señalado en investigaciones periodísticas de ser cercano al gobierno de Alejandro Giammattei.
Aviv, Aria y Resevsa: genéricos indios y argentinos a la sombra de Gustavo Alejos
Otro poderoso grupo emergente es el compuesto por las empresas Aviv, Aria y Resevsa, que también vende principalmente genéricos indios y argentinos.
Como muestran datos del Registro Mercantil, estas tres distribuidoras tienen socios o representantes legales en común, en particular a Hugo Ligorria Sierra y Erwin Trabanino Palma.
Un empresario que conoce el sector y pidió no ser nombrado, confirmó que las tres empresas operan como un grupo y tienen como socios o directivos a Ligorria y Trabanino.
Algunas investigaciones periodísticas han ligado a estas empresas al ya mencionado Gustavo Alejos.
Alejos comenzó en JI Cohen, pero después, hizo una fortuna como agente independiente, consiguiendo ventas para sí mismo y cualquier distribuidora farmacéutica interesada en ganar contratos públicos.
Alejos ha sido condenado por amañar concursos en el IGSS en el caso conocido como Negociantes de la Salud. Además, acumula un largo listado de acusaciones y sanciones internacionales.
Durante un tiempo, Alejos incursionó en la construcción, pero su posible relación con empresas como las de Trabanino y Ligorria, muestra cómo su influencia en el IGSS pervive.
El grupo Ligorria Trabanino, de hecho, facturó en 2024 unos Q290 millones al IGSS y se situó como cuarto proveedor más importante de la institución.
Otra de las empresas emergentes es Plenitud 365. Esta empresa se fundó en 2020 pero pronto se ha situado entre los principales proveedores del Seguro Social, gracias a los amparos.
Plenitud 365 vende, sobre todo genéricos argentinos del laboratorio Tuteur. Sus socios conocidos no tienen una trayectoria pública, pero la gerente y cara principal es Sandra Campo Castro, quien trabajó por décadas en la industria farmacéutica para trasnacionales como Eli Lilly.
Un mercado distorsionado donde todos ganan menos el IGSS
En otros ámbitos, lo más común es que estos dos grupos, tradicionales y emergentes, vivan enzarzados en peleas por el mercado. O que, incluso, los emergentes desplacen casi completamente a los tradicionales, como ha sucedido en la construcción de carreteras.
El sector de los medicamentos, además, está especialmente orientado a la competencia.
Desde 2011, la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, establece que ante dos fármacos iguales el Estado siempre debe inclinarse por el más barato.
Esto, en teoría, obliga a los proveedores de medicamentos a tratar de ofrecer siempre los mejores precios para poder vender.
Sin embargo, en este sector, tradicionales y emergentes, parecen convivir. Las empresas históricas conservan su lugar y se mantienen en el top de proveedores del IGSS.
Mientras, algunas recién llegadas también facturan cientos de millones a la entidad de problemas.
A esto han contribuido varios factores.
Uno es el constante crecimiento del presupuesto de medicamentos que experimentó el IGSS en los últimos años. Este creció un 111% entre 2021 y 2024 y sigue al alza, lo que ha creado oportunidades para muchas empresas.
Pero en esta convivencia también juegan un papel crucial los amparos.
Estos han facilitado algo parecido a un reparto de los mercados en el que cada empresa obtiene su parte y todos ganan.
Vender por amparo es vender caro
La judicialización crea oportunidades para todos por un motivo principal: permite evitar la competencia y vender caro.
Cuando un paciente presenta un amparo contra el IGSS, la institución debe comprar un fármaco concreto, de una marca determinada y hacerlo en un plazo casi inmediato.
Normalmente, solo hay una empresa que lo vende, así que esta puede fijar el precio que desee.
Esta ventaja se ve claramente en medicamentos que a veces se compran mediante amparo, pero no siempre.
Un ejemplo es el de la enzalutamida. Este es un medicamento para el cáncer de próstata que el IGSS financia desde hace años y que tiene varias opciones.
Está la original que desarrolló el fármaco; o sea, la “de marca” y varias genéricas.
Quien distribuye la original, Xtandi, del laboratorio japonés Astellas, es JI Cohen.
Cuando el IGSS compra enzalutamida en un proceso abierto, en el que las genéricas pueden participar, JI Cohen oferta Xtandi, a Q195 la unidad, como sucedió en 2024.
Sin embargo, cuando el Seguro Social se ve forzado a comprar por orden judicial la marca Xtandi, JI Cohen vende cada pastilla a más del doble: Q413, por unidad.
Es decir, para las empresas vender por amparo es cómo hacerlo directamente a un consumidor individual.
Los amparos hacen que el IGSS pierda su poder de negociación para bajar los precios poniendo a competir a los distribuidores entre sí.
El Seguro Social, de esta forma, es como un guatemalteco común que acude a la farmacia y no tiene más remedio que aceptar el precio que le ofrecen.
Patentes vencidas, precios intactos: el negocio de los amparos
El caso de Xtandi, el medicamento para el cáncer de próstata comercializado por JI Cohen, pone además de relieve, por qué la judicialización es especialmente útil para las empresas tradicionales.
Este mecanismo les permite seguir vendiendo sus medicamentos “de marca” a precios altos, sin temer la competencia de alternativas más baratas.
Por eso, es común que los amparos se multipliquen en los mercados en los que hay un fármaco original, que ha disfrutado años de monopolio, pero que un día al perder la protección de la patente, empieza a enfrentarse a los genéricos.
Este es el caso, por ejemplo, de dos de los amparos más onerosos que pagó el IGSS el año pasado: el del irbesartan marca Aprovel y el clopidogrel marca Plavix, como contamos en el primer reportaje de esta serie.
En ambos, el año pasado, el Seguro Social gastó unos Q425 millones, que beneficiaron al vendedor de ambos: Lanquetin.
(En la actualidad, estos amparos han generado una disputa que ha cuestionado su vigencia)
Aprovel y Plavix son medicamentos que previenen enfermedades crónicas –la hipertensión y los ataques cardíacos, respectivamente– y fueron patentados en la década de 1990 por el laboratorio francés Sanofi.
Para finales de los 2010, ambos habían perdido ya la exclusividad y ya tenían múltiples alternativas genéricas más baratas.
Pero desde entonces han surgido amparos de individuos y supuestas asociaciones de pacientes que han exigido al IGSS recibir las marcas originales.
Esto ha permitido a Lanquetin seguir vendiendo un fármaco que ya es antiguo al mismo precio que cuando era innovador.
Así, el Ministerio de Salud adquirió en 2024 clopidogrel genérico a Q 0.68 céntimos la unidad. Mientras que el IGSS se vio forzado a comprar el mismo fármaco, marca Plavix, por amparo, a Q18.99, un precio 28 veces superior.
El ciclo del me-too: fármacos más caros sin mayor eficacia
Además, la judicialización tiene otra ventaja para las empresas tradicionales: les permite asegurarse ventas para los medicamentos cada vez más nuevos y caros que van sacando al mercado los laboratorios.
Estos fármacos no siempre ofrecen ventajas terapéuticas que compensen su costo.
Es decir, a veces, son mucho más caros que el tratamiento anterior, pero la ventaja que ofrecen es solo algo superior.
Por ejemplo, pueden costar un 50% más, pero a cambio solo prometen que el tratamiento es más fácil de seguir porque en vez de dos pastillas al día, se toma una.
Pero, al ser nuevos, pueden renovar sus patentes y seguir vendiéndose en condiciones de monopolio.
Por eso, suelen ser un negocio lucrativo que las empresas tratan de impulsar. Sobre todo, cuando el anterior tratamiento comienza a enfrentar competencia de genéricos.
“Las casas farmacéuticas tienen un medicamento bueno, digamos”,–expuso Gustavo Estrada, un médico que ocupó cargos en el IGSS y que ahora coordina el área de salud del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología, de la Universidad Rafael Landívar (URL).
“Entonces –prosiguió el experto– cuando este medicamento pierde el monopolio que le da la patente, lo que hace el laboratorio es crear otro parecido, pero con alguna modificación. Y lo patentan y venden como algo innovador que, por ejemplo, aumenta la sobrevida un 2%, según sus propios estudios, que nunca están muy claros. Esto fomenta el fenómeno del ‘me too’, el ‘yo también quiero ese medicamento’”, dijo Estrada.
En el IGSS, esto puede verse en enfermedades poco comunes, como las autoinmunes (esclerosis múltiple, artritis reumatoide etc.).
En estos casos, normalmente, un fármaco “de marca”, con único proveedor, se comienza a pedir por amparo porque el IGSS no lo financia.
Esta presión, con el tiempo, provoca que el Seguro Social decida incluirlo en su listado básico; es decir, en el listado de medicamentos que sí cubre.
Sin embargo, pasan los años y comienza a surgir competencia de genéricos más baratos. Y entonces, de nuevo surgen los amparos. Esta vez para pedir un nuevo medicamento de “marca”, normalmente mucho más caro, para la misma enfermedad, de nuevo con único proveedor.
Este ciclo puede repetirse una y otra vez.
Lo que hacen otros sistemas para evitar abusos con fármacos nuevos
En otros países, las autoridades sanitarias tratan de frenar esta lógica.
En Europa, por ejemplo, los sistemas de seguridad social hacen estudios de costo efectividad y deciden qué fármacos sí merece la pena financiar con fondos públicos y cuáles no.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza un trabajo similar, al publicar un listado de medicamentos esenciales que actualiza regularmente.
Sin embargo, la judicialización permite omitir estas consideraciones técnicas y que prevalezcan los intereses comerciales.
Así, gracias a los amparos, las empresas pueden obligar al Estado a comprar los productos que más les interesa vender.
Esto se ve reflejado en cómo el número de fármacos que el IGSS adquiere para tratar una misma enfermedad tiende a proliferar y se incluyen tratamientos cada vez más caros.
Los amparos forzaron al a IGSS comprar un medicamento 70% más caro sin mejor eficacia
Esto ha sucedido, por ejemplo, con la artritis reumatoide y otros trastornos similares.
Para estas enfermedades, una de las primeras opciones de tratamiento que recomienda la OMS es un medicamento llamado adalimumab, que pertenece a una familia de fármacos llamados anti-tnf.
Este fármaco tiene varios proveedores en Guatemala y un costo que ronda los Q100 mil al año para pacientes con artritis reumatoide, según los precios que pagó el IGSS en 2024.
Sin embargo, en vez de este fármaco, el Seguro Social adquirió el año pasado el doble de unidades de otro medicamento anti tnf similar, llamado golimumab.
En Guatemala, solo hay un golimumab, marca Simponi, del laboratorio Janssen, que es distribuido por JI Cohen.
El precio del tratamiento con Simponi que pagó el IGSS en 2024, fue de unos Q170 mil por paciente con artritis reumatoide al año.
Es decir, entre el adalimumab y el golimumaba hay una diferencia de precio de alrededor del 70%, sin que los estudios científicos concluyan que uno es claramente mejor que el otro.
Sin embargo, los amparos presionaron para que el golimumab se incluyera en la cobertura del IGSS y desplazara al adalimumab.
Esto garantizó ingresos millonarios para JI Cohen. Simponi fue una de las ventas principales para JI Cohen en el año 2024. Le generó unos ingresos de Q56 millones.
Empresas que casi solo venden por amparo
Estos fenómenos explican cómo los amparos permiten a las empresas tradicionales mantener su dominancia en el IGSS.
Así, en 2024, los tres principales proveedores de la entidad fueron: JI Cohen, Lanquetin y Agefinsa. Y en el top diez, también se situó otra histórica como Cendis.
Todas estas empresas se vieron favorecidas en mayor o menor grado por la judicialización. Desde el 90% de ventas por amparo de Lanquetin, al 28% de Cendis o el 21% de Agefinsa.
Pero los amparos también benefician a las empresas emergentes. Y de hecho, han facilitado el auge de una serie de negocios que básicamente solo venden al Seguro Social gracias a la judicialización.
Para Plenitud 365 (de Sandra Campo Castro) en 2024, el 94% de su facturación al IGSS fue de fármacos amparados, casi todos genéricos fabricados en Argentina.
En cuanto a Aviv y Resevsa (ambas del grupo Ligorria-Trabanino), este porcentaje fue del 75% y el 95%, respectivamente, en su mayor parte genéricos indios u argentinos.
En el caso de estas empresas, los amparos, en la práctica, se han convertido en un modelo de negocio.
Ahora, basta conseguir la distribución de uno o varios fármacos que se compren mediante orden judicial para tener garantizada una facturación millonaria al Seguro Social.
Un empresario emergente no necesita tener relación con una gran transnacional.
Puede importar genéricos de algún laboratorio de Asia o América Latina que no tenga presencia en Guatemala y lograr que se compren por amparo.
Tampoco debe bajar los precios. Al vender por orden judicial, el IGSS se ve forzado a comprar al precio que el empresario imponga.
Así, los amparos ofrecen una ventaja sustancial a los emergentes: les permiten vender genéricos a precios similares a los originales.
El caso insulina glargina: cuando los genéricos no bajan el precio
Esto puede verse claramente en el caso de la insulina glargina.
Este es un fármaco más eficaz para la diabetes que otras formas de insulina. Y, dada la alta prevalencia de esta enfermedad en el país, es también uno de los medicamentos, en los que más dinero gasta el IGSS. En total, casi Q178 millones en 2024.
La insulina glargina original: es la marca Lantus, fabricada por Sanofi, que distribuye en la actualidad Lanquetin.
Pero también hay varias genéricas, entre ellas, una llamada Semglee, de un laboratorio indio llamado Biocon. Esta representación en Guatemala la tiene Aria, del grupo Ligorria-Trabanino.
Ambas, Lantus y Semglee, acaparan el mercado a través de amparos. Y las dos se venden a precios casi idénticos.
El año pasado, la diferencia de precios que se pagó entre Lantus y Semglee fue de solo el 1%.
Esto le garantizó ingresos millonarios a Aviv, que vendió unos Q99 millones de insulina glargina al IGSS en 2024.
Así, debido a la judicialización, el IGSS no se está beneficiando de la reducción sustancial de precios que debería acompañar a la entrada de genéricos en un mercado.
El esquema de reparto que garantiza ganancias para todos
Como evidencia el caso de Lantus y Semglee, los amparos han favorecido algo parecido a la convivencia entre emergentes y tradicionales.
Así, en algunos fármacos se ha producido la siguiente secuencia de eventos:
- Un medicamento se incorpora al listado básico del IGSS.
- El producto es “de marca”, está protegido por patentes y tiene un único proveedor en el país: una empresa tradicional.
- Esta empresa disfruta durante años de vender el fármaco en condiciones de monopolio. Vende caro, porque no hay competencia.
- A medida que pasa el tiempo y se acerca la posibilidad de que surjan alternativas genéricas y el producto pierda rentabilidad, la empresa tradicional decide desprenderse del fármaco.No le interesa porque su especialidad son los medicamentos innovadores, que pueden verse siempre en condiciones de monopolio.
- Entonces, aparece otro proveedor dispuesto a ganar menos con el mismo producto y sigue vendiendo el fármaco. Es una empresa tradicional más pequeña o una emergente. Así que el medicamento beneficia ahora a otra empresa, que sigue ganando con el mismo fármaco.
- Aparecen los genéricos.
- Algunos pacientes ahora quieren seguir recibiendo el original y acuden a los tribunales para evitar el genérico por lo que comienzan a multiplicarse los amparos.
- La empresa que heredó el fármaco del primer proveedor sigue vendiendo por orden judicial, acaparando la mayoría de ventas.
- Pero precisamente para poder ingresar al mercado, comienzan los amparos de los genéricos.
- Estos se multiplican. Se puede llegar a amparar hasta cuatro o cinco versiones genéricas del mismo principio activo.
Es a través de esta secuencia como se llega un reparto en el que cada distribuidora obtiene una cuota de ese fármaco: la marca original se queda una parte y las genéricas el resto. Y todas venden al precio que quieren y similar entre ellas.
Mientras, la empresa tradicional que introdujo el fármaco al comienzo, ya tiene un nuevo tipo de medicamento “de marca”, mucho más caro, que de nuevo puede vender en condiciones monopólicas al IGSS.
Y vuelta a empezar.
Un medicamento con el que ganan todos
Situaciones similares a esta, en las que todos ganan menos el IGSS, se han producido con medicamentos como la lenalidomida, por ejemplo.
Este es un fármaco contra el mieloma, un tipo de cáncer en la sangre.
Durante años, este medicamento fue un monopolio de Revlimid, de la transnacional Brystol Myers Squibb, una marca representada por JI Cohen.
Cuando la competencia comenzó a intensificarse, surgieron los amparos. Algunos favorables a Revlimid, y otros a versiones genéricas vendidas por empresas emergentes como Resevsa o La Botica.
Entonces, JI Cohen dejó de ofrecer el fármaco al IGSS.
Este pasó a otra empresa tradicional, Cendis, que ha seguido vendiendo Revlimid por orden judicial. Lo mismo que han hecho sus rivales, quienes tienen las versiones genéricas.
Solo en 2024, el IGSS gastó Q78.7 millones en lenalidomidas amparadas, que se repartieron entre Cendis, La Botica y Resevsa, principalmente. Todas se venden a precios similares.
Mientras, JI Cohen sigue facturando sumas millonarias con nuevos fármacos aún más caros para el mieloma.
El principal es el daratumumab, marca Darzalex, de los laboratorios Janssen, vendido también, a través de amparos.
En 2024, este fármaco le generó Q22.6 millones a JI Cohen.
JI Cohen responde: Los pacientes son los responsables
A pesar de todas estas ventajas que les generan los amparos, las empresas beneficiarias afirman que no tienen nada que ver con el fenómeno.
Para este reportaje contactamos a los diez principales proveedores de medicamentos del IGSS en 2024.
Al cierre de esta edición, dos de ellos habían contestado: JI Cohen y Plenitud 365.
En un escrito, JI Cohen aseguró que no otorgan incentivos económicos a los médicos que recetan sus fármacos. Además, la empresa informó que no tienen contacto con los pacientes que presentan amparos, tampoco realizan donaciones a asociaciones de pacientes y que, incluso, tienen prohibido financiar la judicialización de fármacos.
Esto último ocurre, según explicaron, porque representan en Guatemala a casas farmacéuticas internacionales que les imponen códigos de comportamiento que deben cumplir.
“Ante todo, es una respuesta humana al deseo de vivir: cuando el acceso no llega por la vía ordinaria, los pacientes buscan una alternativa. En ese sentido, es un síntoma de una brecha entre necesidad clínica y disponibilidad institucional. La salida es compasiva y racional a la vez”, afirmó JI Cohen.
Sin embargo, sí afirmaron que sería deseable que la judicialización no fuera necesaria.
Plenitud 365: Ni financian ni incentivan los amparos
En una línea similar se expresó, Plenitud 365. En una entrevista, la gerente y representante legal de la empresa, Sandra Campo Castro, aseguró que ni financian amparos ni los incentivan.
Según explicó la directiva, Plenitud 365 se limita a importar y distribuir medicamentos de laboratorios extranjeros, pero no los mercadea.
Esas tareas recaen sobre los equipos locales que tienen los fabricantes de los fármacos en Guatemala.
“Los laboratorios son ajenos al distribuidor y son ellos quienes seguramente hacen su promoción, con doctores, que son los que recomiendan las marcas”, dijo Campo Castro.
De hecho, según describió la directiva, los amparos son principalmente una fuente de “desorden” para las distribuidoras porque les impiden tener una previsión precisa de cuánto van a vender.
La gremial no tiene postura sobre los amparos
El director ejecutivo de la gremial de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Cogrefarma), Rubén Morales Monroy, expuso que, como organización, no tienen una postura definida sobre la judicialización. Pero sí están al tanto del fenómeno y consideran que debería abordarse.
Morales Monroy dijo que, en algunos casos, los amparos se han “desvirtuado” y han conducido a un cierto “desorden en la compra de medicamentos”.
Por ello, piensa que el tema debería enfrentarse de una manera “integral”, con la participación del gobierno y el IGSS.
En su opinión, el objetivo debería ser promover un mercado de “medicamentos competitivo”, que el gasto del IGSS “sea eficiente” y que la población “tenga acceso a los fármacos más efectivos”, pero preservando el derecho de los afiliados a acudir a los tribunales si lo estiman necesario.
“Es la libertad de los pacientes”, dijo Morales Monroy.
El dirigente (y también exministro de Economía) negó que la industria fomente los amparos y los atribuyó principalmente al comportamiento de los médicos, que deciden recetar ciertos fármacos, y al deseo de los afiliados del IGSS acceder al mejor tratamiento posible.
“¿Por qué un paciente se ampara por una marca? Por los médicos”, comentó el dirigente gremial.
El arte de manipular el listado básico
Los amparos no son lo único que explica el éxito de un proveedor del Seguro Social.
Antes de que la judicialización fuera tan común, la clave para que una empresa prosperara en este mercado residía en lograr influir sobre el llamado listado básico de medicamentos.
Esta es la herramienta principal que tiene el IGSS para decidir qué medicamentos financia a sus afiliados y cuáles no.
Es literalmente una lista en la que se indica qué productos puede comprar el IGSS, en qué presentación y para qué enfermedades.
En la actualidad, los amparos han restado importancia al listado básico.
Ahora, se puede usar la judicialización para obligar al Seguro Social a adquirir cualquier producto, esté o no en la cobertura que ofrece la entidad.
Sin embargo, durante muchos años, la decisión sobre qué entraba y que no en el listado básico del IGSS se observaba con lupa. Podía garantizar un negocio millonario a una empresa.
La clave residía en añadir los fármacos que solo una distribuidora tiene. Y al mismo tiempo, en excluir cualquier otro similar que pudiera hacerle la competencia.
Si sucedían ambas cosas, entrar en el listado, podía significar la concesión de un lucrativo monopolio.
Esto es lo que durante años algunas empresas buscaron. Y lo que algunas de ellas, especialmente las tradicionales, lograron con éxito.
Así, entre los medicamentos en los que más dinero gastó el IGSS en 2024 se encuentran varios que se beneficiaron de decisiones cuestionables, tomadas años atrás, sobre qué incluir y qué no en el listado básico.
Monopolios garantizados por el listado
Uno de los principales ejemplos de este fenómeno es la canagliflozina, un producto que vende JI Cohen y que le generó en 2024 ingresos por casi Q140 millones.
Este fármaco, de hecho, fue el que más vendió la empresa el año pasado.
Se trata de un tipo de antidiabético oral, que toman los pacientes a los que el tratamiento de primera línea –la metformina– no les funciona bien porque sufren de otras patologías.
La canagliflozina forma parte de una familia integrada por varios medicamentos similares, como la empagliflozina o la dapagliflozina.
En otros países, el fármaco que más se usa de esta familia es la empagliflozina, que es también la que recomienda la OMS como primera opción en estos casos.
Sin embargo, el IGSS decidió incluir un único medicamento de este grupo en su listado básico: la canagliflozina, excluyendo otras alternativas.
Y al hacerlo, automáticamente, concedió un lucrativo monopolio, ya que durante muchos años y hasta el final de 2024, de este fármaco solo existió una marca: Invokana, de Janssen.
Este producto es representado en Guatemala por JI Cohen, que ha hecho una fortuna vendiendo Invokana.
Solo en 2024, el IGSS adquirió unas 12 millones de unidades, que la empresa cobró a Q17.89 por pastilla.
En cambio, medicamentos muy similares con empagliflozina, que tuvieron que comprarse por amparo porque el IGSS no los cubre, costaron menos de la mitad por unidad.
Rivaroxaban y Biogaia: las inclusiones que impulsaron a Agefins
Situaciones similares se produjeron con fármacos como el rivaroxaban, la lidocaína en parche o el lactobacillus reuteri protectis.
Como en el caso de Invokana, estos productos se incluyeron en el listado teniendo un único proveedor y al mismo tiempo, excluyendo, alternativas más económicas que podían competir con ellos.
En la práctica, fueron concesiones de negocios garantizados, que beneficiaron principalmente a Agefinsa, otra de las empresas tradicionales.
Solo con las ventas del rivaroxaban marca Xarelto –un medicamento que previene la formación de coagulos en la sangre– Agefinsa facturó Q37.6 millones en 2024. Y con el lactobacillus reuteri protectis, marca Biogaia, otros Q24 millones.
Este último caso es especialmente obvio.
El producto consiste en un preparado que contiene una bacteria que es buena para el estómago y que, a veces, se recomienda para problemas como diarreas o cólicos en bebés.
Existen múltiples opciones que hacen lo mismo. De hecho, hay una variedad de preparados probióticos que contienen exactamente la misma bacteria: lactobacillus reuteri.
Sin embargo, el IGSS decidió incluir en su listado básico solo una cepa concreta de esta bacteria: la protectis, que está patentada por el laboratorio sueco Biogaia.
Es decir, es un producto con único proveedor. Y en Guatemala, su distribuidor es solo uno: Agefinsa.
La clave es la presentación
En otros casos, la clave para garantizar el monopolio, residió en que el fármaco se incluyó en el listado básico en una presentación muy concreta que coincide con la que solo una o unas pocas empresas distribuyen.
Así ha sucedido con la inmunoglobulina humana. Este producto es un derivado de la sangre, que se utiliza en pacientes inmunodeprimidos por algún motivo, por ejemplo, porque están bajo tratamiento oncológico.
Es un medicamento esencial. Y por eso, la OMS recomienda que se adquiera en varias presentaciones y concentraciones, tanto al 5% como al 10%.
Sin embargo, el IGSS incluyó en su listado básico, únicamente la inmunoglobulina humana al 5%.
Esto favoreció que durante años la competencia en este fármaco haya sido escasa.
La presentación más común de este producto es en una solución al 10%.
Gamunex, del laboratorio del laboratorio español Grifols, es una de las inmunoglobulinas más vendidas en el mundo.
En Guatemala, esta la distribuye Xentury Global, y solo tiene presentaciones al 10%.
Y lo mismo sucede con las otras dos marcas líderes: Privigen, del laboratorio CSL Behring y Panzyga, de Octapharma. Solo existen en solución al 10%.
Esto ha favorecido que la venta de inmunoglobulina al IGSS haya tenido pocos proveedores.
En los últimos años, de hecho, este fármaco ha sido monopolio de un genérico indio marca Inmunorel, que distribuye en Guatemala Medicamentos Avanzados, una empresa emergente, vinculada al empresario Ronald Gaitan Wellmann.
Este medicamento ha sido muy lucrativo para la empresa. En 2024, representó cerca del 75% de sus ingresos por ventas al IGSS y le generó unos Q74.5 millones.
Y en ninguna compra enfrentó competencia.
Este monopolio, además, ha permitido a Medicamentos Avanzados aumentar el costo del producto, según su voluntad.
En 2022, por ejemplo, la empresa dobló su precio. En solo unos meses pasó de venderlo a Q7,900 la unidad, a Q15,000. Y desde entonces, lo ha mantenido en este costo.
En cambio, el Ministerio de Salud que sí ha comprado inmunoglobulina humana al 10%, ha tenido más proveedores, ha atraído a las marcas más conocidas del mercado y estas han competido entre sí.
El IGSS, sin embargo, no logró esto hasta 2025, precisamente cuando comenzó a comprar inmunoglobulina al 10%.
Cómo los amparos justifican arbitrariedades
En todos estos casos, los amparos no fueron necesarios para beneficiar a una empresa u a otra.
El privilegio se obtuvo a través de la decisión de qué incluir y qué no en el listado básico del IGSS.
Sin embargo, aún en estas situaciones, la judicialización está jugando un papel en la actualidad.
Aquí aparecen, los amparos que el propio IGSS utiliza para justificar compras discrecionales.
Estos no son procesos judiciales iniciados por un paciente, si no, generalmente, por la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH).
Estos amparos buscaban obligar al IGSS a estar bien aprovisionado con fármacos, en términos generales.
Sin embargo, cómo encontró esta investigación, el Seguro Social está utilizando estos amparos como –el 64/2016 o el 42/2010– para otros fines.
El IGSS se sirve de ellos para adjudicar miles de pequeñas compras de menos de Q90 mil –las llamadas compras directas–, saltándose los límites legales.
Desde que en 2015 se reformó la Ley de Compras, una entidad pública solo puede adjudicar Q900 mil del mismo producto al mismo proveedor cada cuatrimestre, a través de este mecanismo.
Esto es especialmente problemático para el IGSS por lo mencionado antes.
Muchos de los productos de su listado básico fueron incluidos en él teniendo un único proveedor y precisamente por esta razón. Y en muchos casos, estas empresas siguen conservando el monopolio.
Así, si cumpliera la ley, una unidad que dispensa medicamentos del IGSS, solo podría hacer diez compras de Q90 mil del mismo fármaco al mismo proveedor, cada cuatro meses. Es decir, en total, unas 30 al año.
Sin embargo, en la práctica, esto se omite. Y ciertos fármacos se adquieren decenas de veces todos los días a una única empresa.
Solo de la canagliflozina marca Invokana, que vende JI Cohen, el IGSS hizo unas 1,600 compras de menos de Q90 mil en 2024.
Y en el caso del raltegravir marca Ralteblass, un antirretroviral para VIH que distribuye La Botica, se hicieron unas 1,800 adquisiciones de este tipo.
En todos estos casos, el propio IGSS utilizó amparos para argumentar que su obligación de estar abastecido, está por encima de su obligación de cumplir con otras leyes.
Los amparos son el sistema
En los últimos años, este fenómeno ha adquirido una importancia creciente.
Solo en 2024, según encontró esta investigación, el IGSS citó amparos –sobre todo el 64/2016– como justificación para adquirir, al menos, 194 fármacos diferentes que costaron alrededor de Q1,000 millones
Esto equivalió a un 28% del presupuesto de medicamentos de la entidad el año pasado.
Solo en canagliflozina Invokana, en el raltegravir Ralteblass y la inmunoglobulina Inmunorel se gastaron casi Q377 millones en miles de compras.
Todas ellas se justificaron con órdenes judiciales y tuvieron tres beneficiarios únicos: JI Cohen, La Botica y Medicamentos Avanzados, respectivamente.
Si se suman estas compras, a las que se realizaron por amparos presentados a iniciativa de pacientes, el resultado es que la judicialización, en una forma u otra, influye sobre casi el 75% de las compras que realiza el IGSS.
Esto pone de relieve cómo los amparos han dejado de ser algo marginal. Son el sistema.
Se han convertido en una herramienta que decide fortunas y drena los recursos del Seguro Social, una institución que se financia con las cuotas que los trabajadores del sector formal y sus empleadores pagan todos los meses.
“Todo esto es muy grave”– dijo Edgar Balsells, un economista y exministro de Finanzas, que también formó parte de la Junta Directiva del IGSS entre 2015 y 2021.
“Estamos drenando la hacienda pública, afectando los derechos de una mayoría para proteger a una minoría. Es un retrato del Estado de Derecho que tenemos”, añadió.
