Solo la mitad de los concursos subidos por el Ministerio de Salud para paliar la pandemia de la Covid-19 han sido adjudicados. Una cuarta parte fueron anulados y varios centenares quedaron desiertos. La Procuraduría de los Derechos Humanos y algunos diputados responsabilizan al exministro Hugo Monroy y ven incomprensible que se hayan caído tantos concursos.

Este reportaje fue realizado para Centinela COVID-19, un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo*

Para combatir la pandemia de la Covid-19, el Congreso aprobó una ampliación presupuestaria de Q1,660 millones con el fin de que el Ministerio de Salud respondiera a la emergencia provocada por el coronavirus.

El objetivo con estos fondos era construir hospitales temporales, equiparlos, contratar al personal necesario, adquirir insumos de protección y seguridad. Y, además, abastecerse de pruebas para detectar los casos y comprar medicina para tratar a los pacientes.

El hecho de haber llegado a la pandemia con tres meses de retraso, y con recursos aprobados a los días de registrarse el primer caso de coronavirus en el territorio, ponía al país en una buena posición para aprovechar los fondos de forma efectiva.

Sin embargo, durante la administración del ahora exministro de Salud Hugo Monroy solo se ejecutó el 3 por ciento del presupuesto dirigido a la calamidad. Uno de los motivos de esto, en base a una supervisión del portal de compras del Estado realizada para este reportaje, ha sido que sólo la mitad de los concursos subidos a Guatecompras han sido adjudicados. 

Solo la mitad de concursos han sido adjudicados

Según los registros de Guatecompras, las distintas unidades ejecutoras (hospitales y direcciones de salud) del Ministerio de Salud han declarado como anulados 1,745 concursos por diversos errores. 

Según Guatecompras, hasta al 20 de julio el Ministerio de Salud había registrado 3,327 concursos adjudicados (a empresas), 1,745 concursos anulados (por errores), 764 concursos desiertos (nadie ofertó), 457 concursos en evaluación (se analizan las ofertas) y 13 concursos vigentes (pendientes de recibir ofertas.

Es decir, del total de los concursos vinculados a la pandemia, un 28 por ciento fueron anulados, y un 12 ciento quedaron desiertos. Solo un 53 por ciento de los concursos subidos han sido adjudicados. Así, prácticamente sólo la mitad concursos subidos al Ministerio de Salud han sido adjudicados.

El Hospital Regional de Occidente, ubicado en Quetzaltenango, es el que ha tenido más problemas con realizar las compras. Según el portal, esta entidada ha declarado nulos 172 procesos. El Hospital General San Juan de Dios, por su parte ha anulado 98; y el Hospital de Cuilapa, con 94.

Las compras anuladas han sido de todo tipo de equipo médico, tanto equipo mayor, como medicamentos o insumos para protección del personal.

Por ejemplo, se anularon 22 concursos para adquirir ventiladores, un equipo vital para apoyar a los enfermos con Covid-19 que presenten problemas respiratorios. Estos concursos fueron anulados por diferentes motivos, atrasando su compra. Los ventiladores estaban destinados para apoyar a pacientes adultos y niños.

Uno de los concursos anulados es del Hospital Regional de Occidente que buscaba comprar seis ventiladores pediátricos. El evento se había adjudicado a la empresa Servicios Quirúrgicos, Sociedad Anónima por un monto de Q900 mil, pero el evento fue anulado debido a que en el acta de adjudicación se consignó erróneamente el número de renglón del insumo.

Otra compra anulada fue la adquisición de 1 millón de mascarillas N95 para dotar al personal de salud. Inicialmente el concurso fue adjudicado a la empresa Wensur, S.A. por un monto de Q20 millones, pero un reportaje de Plaza Pública reveló que la empresa no tenía la capacidad para abastecer al Ministerio de Salud, por lo que el concurso fue cancelado.

Incomprensible que se caigan tantas compras directas

Para el exviceministro administrativo del Salud, Edgar González, la falta de capacidad del personal asignado en las direcciones de compra de los hospitales y áreas de salud es el principal problema. El exfuncionario calificó de incompresible que tantos concursos se hayan anulado durante la pandemia, porque la mayoría de estos son compras directas. Esto supone que estos concursos no necesitan la aprobación del ministro, solo del director ejecutivo. Gonzalez resaltó que los concursos también se anulan porque a veces no se adjudica a una empresa con la que algún funcionario tenía pacto previamente.

“Es injustificable que se caigan tanto los eventos, porque no son eventos complicados, la mayoría son compras directas. No hay muchas razones para que una compra directa se caiga, eso es incomprensible”, explica el viceministro administrativo que acompañó a la ex ministra Lucrecia Hernández Mack en su gestión.

“Sería diferente si fueran licitaciones”, agrega González, “porque la máxima autoridad para aprobarlas es el ministro. Pero eso no ocurre con las compras directas y cotizaciones en donde las avala la máxima autoridad de la unidad ejecutora. Si ocurre estos problemas es porque ocurre algo en la unidad de compras”.

González explicó que también existen casos en donde las unidades de compra o altos mandos anulan los eventos porque no se adjudicó a una empresa en específico, con lo cual se inicia otra vez el proceso. Agregó que este problema se da porque no existe un control del Ministerio de Salud sobre todas las unidades ejecutoras.

“No se tiene la evidencia de eso, pero en algunas ocasiones puede ocurrir, porque como no es el proveedor que se quiere, entonces se bota el evento. Es complicado, porque el ministerio tiene más de 80 unidades ejecutoras y el presupuesto está desconcentrado. Es decir que el director ejecutivo y gerente tienen el control de las compras de baja cuantía, compras directas y cotizaciones. Es complicado tener el control de todas las compras que se hacen”.

No se eligió bien a los funcionarios

Uno de los problemas fundamentales del porqué no se ejecutaron los recursos durante la corta gestión de Hugo Monroy, fue porque ninguna de las personas que fue designada para los altos cargos del Ministerio de Salud tenía experiencia en gestión y administración pública. Hugo Monroy fue candidato a diputado por el partido Vamos en las pasadas elecciones y es amigo del mandatario.

Monroy se graduó como médico y cirujano de la Universidad de San Carlos. Trabajó como médico en la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel) durante diez años. En 1995 fundó la Farmacia M&D que quebró cinco años después. Fue director médico de Laboratorios Generix, empresa de su exesposa. desde el 2010 es representante legal y administrador único del Grupo Casa Blanca, Sociedad Anónima. Según un reportaje de elPeriódico, Monroy conoció a Giammattei en 2015, cuando militaron el partido Fuerza.

“Hubo demasiado tiempo para elegir personas que cumplieran con los perfiles necesarios, porque hay personas aptas y con capacidades para esos puestos, pero no se hizo una elección correcta. Los compadrazgos han hecho que la administración pública caiga en manos de personas sin capacidades”, explicó en este sentido Andrea Villagrán, diputada de la bancada Bienestar Nacional.

El exviceministro técnico de salud, Rodolfo Galdámez, también fue candidato a diputado por el partido oficial. Lo hizo en la casilla 15 del Listado Nacional. 

La congresista Villagrán catalogó como pésima la gestión del exfuncionario. “El paso del exministro Monroy fue devastador para la prevención y mitigación de la pandemia porque tuvo una nula ejecución y una pésima administración de los recursos. Es bastante lamentable que no se abasteció a tiempo del equipo de seguridad al personal de médico que están en primera línea, se pensó que se podría actuar con las donaciones”.

Para Zulma Calderon, defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la falta de capacidades para hacer las compras tuvo como consecuencia no estar preparados para atender el incremento de pacientes de Covid-19. Dijo que la baja ejecución, casi nula, del presupuesto fue uno de los grandes pecados de Monroy durante la crisis.

“Ese fue uno de los grandes pecados del exministro Monroy. Teniendo ese presupuesto (de Q1 mil 660 millones) no lo pudo ejecutar. ´Él no podía quejarse de una falta de recursos porque el Congreso le aprobó millones para combatir la pandemia (…) Ese fue uno de los errores más grandes del Gobierno, que no había personas con esas capacidades”.

Calderón hizo énfasis en que durante la pandemia demasiadas compras se han cancelado por errores en las bases de licitación o porque el personal asignado por el ministro Monroy no tenía conocimiento sobre cómo hacer las compras durante un Estado de Calamidad.

La legisladora Villagrán agregó que otro problema de la pasada administración fue que durante los dos primeros meses de la pandemia se actuó con las donaciones recibidas de empresarios y organismos internacionales en lugar de ejecutar el presupuesto. La diputada recalcó que por no hacer las compras se puso en riesgo al personal de salud que atiende a los pacientes del virus.

«No hay muchas razones para que una compra directa se caiga, eso es incomprensible», Édgar González, exviceministro administrativo del Salud. 

Otro problema: contratos atrasados para el personal

El personal de salud es principal afectado por la baja ejecución porque deben lidiar por la falta de insumos para atender a los pacientes, la escasez de equipo de seguridad y los atrasos en sus pagos.

Algunos médicos que trabajan en el Hospital Temporal del Parque de la Industria debieron esperar hasta tres meses para cobrar su primer pago y, en el caso de las enfermeras, su contrato terminó y no recibieron el pago por cuatro meses de trabajo. Este es otro factor por lo que hubo una baja ejecución en la administración de Hugo Monroy.

El 11 de julio, el doctor Oscar Hernández Alonzo falleció a causa del virus. Él laboró como jefe de encamamiento del área de moderados de Hospital de Campaña de Parque de la Industria. Empezó a trabajar el 23 de marzo y renunció el 11 de junio porque durante ese tiempo no recibió pago alguno. Según datos del Sistema de Contabilidad Integral del Estado (Sicoin) el contrato de Hernández Alonzo fue aprobado hasta el 26 de junio. Es decir, tres meses y tres días después de comenzar a laborar. 

El pasado 15 de julio circuló en diversos medios de comunicación la despedida de una enfermera que trabajaba en el Hospital del Parque de la Industria. La enfermera Orellana, como se le conoció, denunció que su contrato concluía ese día y no había recibido el pago de los cuatro meses.

Orellana relató que durante ese tiempo tuvo que endeudarse para cubrir los gastos de alimentación de sus dos hijos y para vivir en la Capital, ya que por ser originaria de Chimaltenango debía alquilar.

En el reportaje “Nueve médicos y enfermeros fallecidos por Covid-19 ante la indiferencia de las autoridades”, publicado por No-Ficción, la enfermera Nancy Salazar denunció que no había recibido algún pago y que su contrato de cuatro meses finalizaba el 23 de julio.

“La mayoría entramos en marzo y no nos han pagado. Somos un grupo de 60 personas de enfermería y le han pagado al 40 por ciento aproximadamente. Muchos no dicen algo por temor a represalias porque hay personas que se han manifestado en Recursos Humanos sobre la falta de pagos y lo que hacen es despedirlos”.

El pasado 23 de julio vencieron los contratos de 477 médicos, enfermeras, técnicos y otro personal que trabaja en el Hospital del Parque de la Industria y se desconoce cuántos renovarán debido a los problemas para recibir sus pagos y el desabastecimiento del equipo de protección.

La renuncia tardía y negligencia de Monroy

El pasado 15 de julio el diputado de Winaq, Aldo Dávila denunció al exministro por los delitos de incumplimiento de deberes, desobediencia y manipulación de datos epidemiológicos. El primer delito se relaciona a la nula ejecución del presupuesto para comprar medicina, equipo para hospitales y la falta de pago para médicos, enfermeras y técnicos. 

A decir del congresista el no abastecimiento de equipo de seguridad y protección para el personal médico, provocó sus muertes. “Este período fue marcado por el desabastecimiento de la red hospitalaria y el impago de los salarios al personal médico. No se ejecutaron los recursos aprobados por el Congreso. Es importante que las muertes del personal médico que falleció por falta de insumos no queden en el olvido y la impunidad”, dijo el legislador.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas fue el primero el pedir la remoción de Hugo Monroy como Ministro de Salud. En una carta enviada al presidente Alejandro Giammattei, Rodas señaló diversas deficiencias como falta de ejecución para la compra de insumos, medicamentos, equipo de protección para el personal de salud y contratación de médicos para combatir la emergencia.

“Considero que, como presidente de la República, usted ha tomado decisiones acertadas para que durante la fase preparatoria de la pandemia pudieran preverse necesidades del área de salud”, ─expone el PDH en la carta─, “con la intención de contar con mayores recursos médicos, instalaciones apropiadas e insumos. Sin embargo, algunas de sus decisiones no han sido materializadas correctamente y otras están acumulando rezagos en su ejecución, lo cual pone en mayor riesgo la salud y vida de los guatemaltecos”, señala la misiva.

Este problema puede ejemplificarse en que durante los cinco meses de Hugo Monroy como titular del Ministerio de Salud hubo tres viceministros administrativos: Danilo Sandoval, Héctor Marroquín y Elizabeth Quiroa. La salida de Danilo Sandoval estuvo rodeada de polémica, porque el Gobierno aseguró que lo destituyó por no poder hacer compras para abastecer los hospitales, mientras el exfuncionario señaló que renunció porque no estaba de acuerdo como se manejaba la crisis.

“El señor Danilo Estuardo Sandoval Flores fue destituido a petición del ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Hugo Monroy, y fue destituido por el presidente de la República. Él fue notificado de esto por su ineptitud e incapacidad de poder manejar el área administrativa del Ministerio de Salud. Los guatemaltecos lo pueden ver en el portal Guatecompras que desde el inicio del Estado de Calamidad no pudo hacer un solo requerimiento para abastecer los hospitales”, dijo el entonces secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, quien un mes después también fue destituido.

El vocero del presidente señaló que desde la salida de Danilo Sandoval se empezaron a subir procesos en el portal de adquisiciones del Estado –Guatecompras–. Sin embargo, eso no aseguró el abastecimiento de los hospitales, porque los concursos eran declarados nulos por deficiencias en las bases de licitación o por errores en los procedimientos de adjudicación.

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso también pidió la destitución de Monroy en su momento. A decir del presidente de esta sala, Orlando Blanco, las palabras con las que puede describir la gestión del funcionario son “mediocridad e incapacidad”.

“Durante los meses de la pandemia hubo una mediocridad e incapacidad del equipo de salud. Esto se ha evidenciado por la crisis a la que se ha llegado por la cifra de contagios y muertos. Se ha evidenciado el desabastecimiento de los hospitales. Es inconcebible que a cuatro meses no se han hecho las compras. El régimen del Estado de Calamidad permite hacer las compras ágiles, pero no lo hicieron”.

Nuevo plan para agilizar compras

Las nuevas autoridades de Salud asumieron el 19 de junio. En un mes de su gestión la ejecución avanzó en un 6 punto porcentuales, para llegar a 9.7 por ciento. Durante una citación el pasado 2 de julio, la viceministra administrativa Nancy Pezzarossi reconoció a los diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que encontraron una situación preocupante en la cartera.

“Es un poquito preocupante y quiero decirles que nuestro diagnóstico inicial fue ese. Hay muchos factores, yo diría que los más importantes fueron la poca agilización de los eventos (compras) porque había un entorpecimiento, pero digamos que más que entorpecimiento era un proceso burocrático que en momentos de excepción pudieron haberlo trabajado (disminuir tiempos). La dirección de adquisiciones se renovó prácticamente toda, entraron cinco. Inicialmente (en la gestión de Monroy) se había removido a personal con experiencia y conocimiento, afortunadamente hemos retomado eso”, explicó la viceministra.

En las últimas semanas de Hugo Monroy como ministro se publicó un contrato abierto a través del Ministerio de Finanzas para comprar equipo de protección para el personal de salud. El 14 de julio se recibieron ofertas de por las menos 35 empresas que aún están siendo analizadas por las autoridades.

A pesar que se cambió de modalidad para hacer las compras, esta llega cuatro meses después de que se reportó el primer caso de coronavirus en Guatemala y luego de que nueve médicos y enfermeros murieran por falta de equipo de protección.

Según el último registro del Ministerio de Salud sobre la situación del personal durante la pandemia, da cuenta que 645 trabajadores se contagiaron del virus: 183 médicos, 258 enfermeros, 57 técnicos, 33 administrativos y 114 ubicados en otras áreas.

A decir de la diputada Andrea Villagrán, a las nuevas autoridades no deben responsabilizarse del fracaso de Hugo Monroy, pero si debe exigírseles que en un tiempo prudente se mejore la ejecución de los recursos, lo que repercutirá en un abastecimiento de hospitales e insumos para el personal de salud.

Durante el primer mes de las nuevas autoridades de Salud, la ejecución fue de un seis por ciento, eso es el doble de lo que pudo ejecutar Hugo Monroy en dos meses y medio. Tanto la PDH, diputados y empleados del Ministerio de Salud esperan que con los cambios la situación de la cartera mejore para lograr una mejor atención de los pacientes y seguridad de los trabajadores. Entre tanto, queda en manos en la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público dilucidar si las causas de que tantos concursos fueran anulados fue pura negligencia por falta de conocimiento de la gestión pública o su hubo intereses más oscurso detrás. 
 

*Centinela Covid-19 es un proyecto de periodismo colaborativo y transfronterizo sobre la respuesta al Covid-19 en América Latina, del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Chequeado (Argentina), El Deber (Bolivia), Agência Pública (Brasil), El Espectador y La Liga contra el Silencio (Colombia), La Voz de Guanacaste (Costa Rica), Ciper (Chile), GK (Ecuador), El Faro (El Salvador), No-Ficción (Guatemala), Quinto Elemento Lab (México), El Surtidor (Paraguay), IDL-Reporteros (Perú) y Univision Noticias (Estados Unidos), con el apoyo de Oxfam y el Pulitzer Center on Crisis Reporting.