En nuestro boletín semanal escribimos sobre la insubordinación institucional que empieza a desafiar el regimen del Ministerio Público de Consuelo Porras y su política de intimidación. A 30 días de dejar el cargo, las instituciones de justicia en Guatemala han comenzado a abandonar el miedo ante la Fiscal General.
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La Corte Suprema de Justicia le cuestiona intentos de ilegalidad. El nuevo Tribunal Supremo Electoral desafía sus exigencias. La recién integrada Corte de Constitucionalidad evade sus tácticas de criminalización. Y el presidente Bernardo Arévalo ha sentenciado el fin del regimen de Consuelo Porras como Fiscal General.
Todo en menos de una semana. Todo contra del Ministerio Público a cargo Consuelo Porras.
El miedo que ha representado la política de persecución contra jueces, magistrados, políticos, sociedad civil por parte de la Fiscal General Consuelo Porras (2018-2026) parece disolverse a sólo 30 días de entregar su cargo.
Consuelo Porras enfrenta un fenómeno que no había conocido en ocho años: la insubordinación de las instituciones. Los juzgados han empezado a ignorarla o inhibirse. El Sistema de Justicia ha empezado a rebelarse y le deja de temer. Y un aislamiento político preconfigura el final de su ciclo.
La nueva CC evade el asedio
La nueva magistratura de la Corte de Constitucionalidad asumió funciones durante la madrugada del 14 de abril para evitar que el MP de Consuelo Porras intentará intervenir en su integración con alguna orden de captura.
Entre el 6 y el 10 de abril de 2026, el MP buscó que algún juzgado le permitiera emboscar a la magistrada titular Astrid Lemus y capturarla por supuestas irregularidades en su elección ante el CANG.
Medios como Prensa Libre, reportaron que la Unidad de Delitos contra Sindicalistas y Operadores de Justicia se presentó ante el juzgado sexto para solicitar una orden de aprehensión contra Lemus antes de que asumiera el cargo.
Pero el juez Carlos Toledo rechazó la solicitud y se excusó. El 13 de abril, el caso, por razón de competencia, fue asignado a la Sala Tercera Penal, instancia que ha favorecido al MP con diversas órdenes de captura.
En el impase, la CC logró integrarse antes de que los agentes fiscales pudieran evitarlo. De esta manera, en una maniobra poco regular, los magistrados evadieron las acciones impulsadas por la Fiscal General.
La adjudicación de cargos en la CC en medio de la oscuridad, como estrategia o como afrenta al MP, funcionó para blindar la legitimidad de la nueva magistratura. Funcionó también, de manera simbólica, para neutralizar cualquier amenaza de la Fiscal General Consuelo Porras.
Asumieron como magistrados titulares Gladys Annabella Morfín Mansilla, Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar. Y los suplentes: María Magdalena Jocholá Tujal, Luis Fernando Bermejo Quiñónez, Luis Alfonso Rosales Marroquín, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y José Luis Aguirre Pumay.
La rebelión de la CSJ
El 14 de abril, la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ asestó un golpe a una de las estrategias más agresivas de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), a cargo de Rafael Curruchiche: el uso de las cortes de apelación para ejecutar ordenes de captura.
Ese día, la CSJ anuló, de forma definitiva, 26 órdenes de captura relacionadas al caso Odebrecht y la investigación sobre presuntas ilegalidades en la suscripción de acuerdos con colaboradores eficaces.
Entre los señalados figuraban nombres que el MP de Porras había convertido en trofeos de su narrativa que varios analistas catalogan como “criminalización y venganza”: el excomisionado de la Comisicón Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo.
El fallo de la CSJ y la reivindicación a favor de Iván Velásquez fue una acusación de ilegalidad contra Consuelo Porras. Los magistrados determinaron que tanto la Sala Tercera Penal —presidida por Alejandro Prado— como el propio MP se “extralimitó en sus funciones”.
El excomsionado Iván Velásquez escribió en X: “A casi un mes de finalizar el periodo de la corrupta fiscal general Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala”.
La sentencia de la CSJ contra Consuelo Porras podría ser un epitafio jurídico para su gestión: “una sala de apelaciones no puede sustituir la voluntad de un juez natural para dictar capturas”.
El tiempo en que el MP de Consuelo Porras dictaba y las cortes obedecían por temor se está esfumando.
El desafío del TSE
El desprecio por la autonomía y la democracia ha sido una constante en la gestión de Consuelo Porras. Pero esta semana, el nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió que ya no aceptaría las imposiciones e intimidaciones del MP.
Ante un requerimiento de la FECI, en el que solicitaba un informe sobre el estado de las acreditaciones de los funcionarios electos del partido Movimiento Semilla —cancelado en marzo de este año a petición del Ministerio Público— en el proceso electoral de 2023, incluido el binomio presidencial, el TSE recibió un plazo de apenas cuatro horas para responder.
Frente a esta exigencia, los nuevos magistrados del TSE optaron por la defensa institucional y le respondieron a la Fiscal General de manera directa: “El TSE no está obligado a acatar órdenes o requerimientos con plazos perentorios de un fiscal del MP“.
Los magistrados no solo rechazaron la premura del MP; también cuestionaron la forma y le recordaron a la Fiscal General que el TSE es una entidad autónoma e independiente y que la comunicación debe basarse en el “respeto y la cordialidad”.
En su respuesta, el TSE remató: “Los resultados de las elecciones de 2023 son inalterables, por lo que los funcionarios electos por dicha organización continúan en sus cargos”.
La autoridad del MP, poco a poco, ha dejado de ser reconocida como “superior a la ley”, tampoco superior a la jerarquía de otros órganos del Estado.
Arévalo: “Peligrosa para la Nación”
Mientras las instituciones le van dando la espalda al MP, el presidente Bernardo Arévalo ha sido inusualmente directo esta semana. En la conferencia del lunes 13 de abril, el mandatario calificó a Porras como una figura “peligrosa para la Nación“.
Arévalo fue enfático al afirmar que “no habría ninguna posibilidad” de confirmar a Consuelo Porras en el cargo para un nuevo período, mientras la Comisión de Postulación —encargada de remitir un listado de seis candidatos a fiscal general— evalúa su postulación.
Según el presidente, resultaría difícil imaginar que se pueda encontrar un perfil profesional que sea menos apto que el de Porras para dirigir la persecución penal en el país.
El desliz verbal del presidente durante la conferencia de prensa —nombrándola erróneamente como “Consuelo Perros”— fue quizás la metáfora más evidente para describir una relación irreconciliable.
La búsqueda desesperada de inmunidad
Con el fin del mandato acercándose el 16 de mayo, la búsqueda de refugio de Consuelo Porras ha sido errática y, hasta ahora, infructuosa:
Se postuló a la CC ante el Consejo Superior Universitario. Obtuvo cero votos.
Envió su currículum a la CSJ para el mismo cargo. Su expediente ni siquiera fue conocido.
Su inscripción para la reelección en el MP, aunque cumplió con los requisitos formales, el contexto político parece que la ha dejado sin aliados.
Sin el respaldo de la CSJ, desafiada por el TSE, evadida por la CC y repudiada por el Ejecutivo, la figura de la Fiscal General como parte del Sistema Judicial empieza a dejar de provocar temor.
