Caso Aceros de Guatemala (Impunidad y defraudación)
El caso Aceros de Guatemala también conocido como Impunidad y Defraudación: una red de corrupción en la SAT, se trata de una investigación sobre tráfico de influencias dentro de al SAT, también derivado del cas La Linea. Según las ramificaciones de la Linea, La empresa Aceros de Guatemala, a través de Tres Puertos, utilizó la red de corrupción liderada por Omar Franco Chacón, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y Geovani Marroquín Navas -ambos vinculados en el caso de defraudación aduanera “la línea”- para obtener la desestimación de tres querellas contra Aceros de Guatemala por Q255.612.266,82. El fin de la estructura era no sólo librar a Aceros de Guatemala del proceso penal, sino también limpiarle el récord ante la SAT para que dicha empresa pudiera hacer efectivos los cobros de devolución del crédito fiscal.
Caso Bufete de la impunidad
La investigación inició derivado de las capturas realizadas en el caso denominado La Línea, cuando se evidenció a través de interceptaciones telefónicas que Luis Alberto Mendizábal Barrutia actuó ilegalmente con un bufete de abogados dirigido por José Arturo Morales Rodríguez para la obtención de medidas sustitutivas a favor de tres de los recién aprendidos, por el caso La Línea, siendo los sindicados Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez.
Caso Furgones
La investigación del caso Furgones fue la que llevó al descubrimiento del caso La Línea en abril de 2015. El caso Furgones se trata de un caso de defraudacón aduanera en Puerto Quetzal, en 2009 que salió a la luz en 2013. En este, se determinó la existencia de una red dentro de la SAT que cobraba coimas a cambio de disminuir los impuestos de entrada. En este caso están acusadas 7 personas por contrabando aduanero y falsificación de documentos.
Caso La Linea/Importadores
El caso Importadores, se deriva del caso La Línea. En esta nueva investigación, se determinó que, para ingresar la mercadería de manera irregular, los importadores creaban empresas fraudulentas, usurpando nombres de compañías y personas reales con el fin de obtener el Número de Identificación Tributaria (NIT). Se estableció que los sindicados, más de 20 importadores, pagaban sobornos de Q10 mil hasta Q50 mil a los integrantes de la red de defraudación tributaria.
Caso Muni Xela
En la investigación de CICIG y la FECI se evidenció la existencia de una estructura criminal organizada en la municipalidad de Quetzaltenango. Estaba integrada por funcionarios municipales empresarios y otros particulares. Estos actuaron de forma planificada para que se otorgaran de manera fraudulenta al menos 122 contratos municipales a cambio de grandes sumas de dinero. Por este caso fueron capturadas entre otras personas el ex alcalde de Quetzaltenango, Jorge Barrientos Pellecer o la ex gobernadora de Quetzaltenango.
Caso Manipulación de Justicia
El caso inició en el 2015, respecto a un expediente diligenciado desde julio de 2013 en la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el que se relacionaba con el asesinato de José Armando Melgar Padilla, sucedido el 9 de diciembre de 2012, presuntamente por motivos de conflicto por herencia de tierras. Este caso implica al ex […]
Caso Rubén Rosales
En el año 2012 Rubén Estuardo Rosales Sánchez, testaferro de los Mendoza, despojó a la fuerza una estación de gasolina a las hermanas Mayra y Elizabeth Prado, junto con otra extensión parte de zona de reserva natural en el municipio de Río Dulce, Izabal. Rosales Sánchez, es un presunto testaferro de la familia Mendoza, vinculada con el cártel de Sayaxché, Petén.
Caso Operadores de Justicia (Coimas)
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la CICIG presentaron una solicitud de antejuicio contra el juez de Primera Instancia Penal del municipio de Poptún, Petén, Carlos Fernando Orellana Rojas, señalado de favorecer a dos sindicados con resoluciones judiciales. El juez de Poptún Orellana Rojas se aprovechó de su cargo para […]
Caso diputados Mides
La investigación inició en 2015, cuando el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) denunció a los excongresistas del partido LIDER Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona y Luis Adolfo Chávez Pérez, de traficar influencias en 2014, durante una reunión que quedó documentada a través de un aparato de grabación audiovisual.
Caso Negocios en la Industria Militar
El 4 de mayo de 2018, se dio a conocer al público la investigación del MP llevada a cabo con el apoyo de la Cicig sobre un grupo criminal que operaba dentro de la Industria Militar sustrayendo al Estado de Guatemala sumas sustanciales de dinero. Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2011 cuando la Industria Militar -dependencia auxiliar del Ministerio de la Defensa- contrató a Rolando Enrique Hernández González para el puesto de representante de ventas.
