108 diputados de la alianza oficialista decidieron retirarle la inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los magistrados fueron denunciados por un supuesto fraude financiero en la compra del sistema de transmisión preeliminar de resultados para las elecciones generales de 2023.
La decisión fue tomada en medio de rumores de compra de votos entre los diputados y con el Congreso resguardado por cientos de policías. La votación tuvo lugar cerca de la medianoche del 30 de noviembre, luego de la aprobación del Presupuesto General para el 2024.
Magistrados desaforados
El retiro de la inmunidad abarca solo a los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Mynor Franco, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, y los magistrados suplentes tienen un amparo provisional que frenó el proceso. Con esto el Ministerio Público puede iniciar una investigación penal en su contra, una acción enmarcada en las diligencias del MP que han generado incertidumbre alrededor del proceso electoral.
La ruta del antejuicio
La denuncia contra los magistrados fue presentada por los abogados Karen Fischer y Giovanni Fratti, y procesada por la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia saliente (2014-2023) en una de sus últimas decisiones consideró que la solicitud del MP “no es espuria” y lo remitió al Congreso de la República.
Durante la discusión de los elementos para el retiro de la inmunidad a los magistrados, el diputado Enrique Montano (Unionista), presidente de la comisión pesquisidora del Congreso, denunció amenazas de muerte en su contra: “lo que quieren es que no quede Bernardo Arévalo como presidente”, dijo en una sesión el congresista. Aún así, la comisión que presidió, recomendó al Congreso retirar la inmunidad de los magistrados.
El cabildeo por el antejuicio
La búsqueda de los votos para el desafuero a los magistrados llevó a los diputados toda la jornada. En horas de la mañana la votación fue propuesta por Javier Hernández, jefe de bloque de FCN-Nación, pero los congresistas se desmarcaban para romper el cuórum. Por lo que procedieron antes con la aprobación del Presupuesto General 2024.
Ante la ausencia de la presidenta Shirley Rivera, la plenaria fue conducida por el vicepresidente del Legislativo, el diputado Boris España (Vamos), incluido desde 2021 en la Lista Engel de “actores antidemocráticos”.
Mientras la lectura del Presupuesto se realizaba, operadores políticos también sancionados en la Lista Engel, como Estuardo Vargas (UNE) y Felipe Alejos (Todos) reunían a congresistas para votar a favor.
Propuesta de medianoche
Alrededor de las 11 de la noche el diputado Alberto Sánchez, disidente de Movimiento Semilla, pidió la palabra para razonar su voto por el Presupuesto General y presentó una moción privilegiada para conocer el retiro del antejuicio de los magistrados del TSE, la cual fue aprobada entre aplausos por 108 diputados.
Oficialistas y aliados que reunieron 108 votos
Los votos a favor del desafuero de los magistrados del TSE se repartieron así:
- Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) 33
- Vamos 15
- Unión del Cambio Nacional (UCN) 12
- Valor 8
- Todos 6
- Viva 6
- Partido Humanista 5
- FCN-Nación 5
- Independientes 5
- Prosperidad Ciudadana 3
- CREO 2
- Partido Unionista 2
- Bienestar Nacional (BIEN) 2
- Podemos 1
- Semilla 2 (Alberto Sánchez y Luis Pineda)
Registro de votación para el retiro del antejuicio a los magistrados del TSE Ranulfo Rojas, Mynor Franco, Gabriel Aguilera e Irma Palencia. Fuente: Congreso de la República.
MP tiene vía libre y magistrados salen del país
El MP ya puede investigar oficialmente a los magistrados por el proceso de compra del sistema de TREP. Esta mañana Blanca Alfaro, informó que los 4 solicitaron licencia para ausentarse de sus labores, por lo que el pleno del TSE deberá integrarse con suplentes. Migración confirmó que Ranulfo Rojas, Mynor Franco, Gabriel Aguilera e Irma Palencia, abandonaron el país.
Miguel Martínez sancionado con la Ley Magnitsky
Luego del desafuero a los magistrados del TSE el Departamento de Estado de Estados Unidos hizo público la inclusión del ex director del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, entre los sancionados por la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, una legislación que permite al Ejecutivo de EE.UU. imponer sanciones “a cualquier extranjero que se compruebe que ha cometido abusos de derechos humanos y otras violaciones”.
En el caso de Martínez la nota de prensa del gobierno estadounidense señala que su inclusión fue: “por su papel en la corrupción en Guatemala, donde participó en esquemas generalizados de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales”.
Martínez fue mencionado por fuentes políticas como uno de los articuladores para conseguir los votos en el Congreso de la República para el desafuero de los magistrados del TSE.
