El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó la semana pasada la Lista Engel, que incluye a 60 funcionarios, exfuncionarios, empresarios, fiscales y jueces centroamericanos a quienes ese país ve como corruptos y antidemocráticos. Su publicación provocó rechazos, menosprecios o desafíos de la clase política de una región atrincherada cada vez más contra el país que es su principal socio comercial. Este golpe sobre la mesa de la administración de Joe Biden no ha provocado cambios visibles en los gobiernos, pero algunos nombres sí han causado sobresaltos en las élites empresariales, judiciales y fiscales.

El problema para Estados Unidos es que, si la lista busca apuntalar las democracias y combatir la corrupción —dos piezas claves en la falta del desarrollo social y económico que empujan a la migración centroamericana hacia el norte —, para algunos de los señalados estar en ella actualmente es más una medalla al mérito o un ataque, que un disuasivo.

Esta actualización reabre el debate sobre si la lista en sí misma es suficiente para generar movimientos reales. Pareciera, por lo pronto, que no. Al contrario: el rechazo público del gobierno de Honduras a la misma perfila a una región a la deriva o alejada del Plan Biden para América Central. Con esto, el único gobierno del Triángulo Norte —Guatemala, Honduras y El Salvador— con el que Estados Unidos no tenía rencillas públicas, también ha levantado la mano.

A pesar de que la mayoría de los 15 hondureños mencionados en la lista son acusados o han sido condenados por actos de corrupción ocurridos en los gobiernos nacionalistas (2010-2018), hoy opositores al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, la molestia era previsible. La inclusión de tres miembros importantes del oficialista Partido Libre —los vicepresidentes del Congreso Nacional Rasel Tomé y Edgardo Casaña, y el asesor presidencial Enrique Flores Lanza— provocaron que el gobierno y el Congreso Nacional la tildaran de “injerencista”.

En la lógica de Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, sus allegados son perseguidos por una cruzada que busca dinamitar el cambio que ellos proponen, y que en parte necesita del financiamiento del gobierno de Biden. Poco les importó la mención de 10 exfuncionarios involucrados en casos de corrupción y del empresario David Castillo, condenado por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Todos fueron investigados por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad, otrora respaldada por Estados Unidos.

Esta reacción se hermana con el discurso de Nayib Bukele en El Salvador y de Alejandro Giammattei en Guatemala, quienes se oponen a que el gran socio les exija combatir la corrupción, respetar la independencia judicial y fortalecer a las fiscalías, entre otros requerimientos, si es que quieren recuperar cientos de millones de dólares en cooperación, cuyo envío Estados Unidos ha suprimido hasta ver cambios.

En una coyuntura en la que la mayoría de los países transitan por una profunda deriva autoritaria, ese atrincheramiento les acerca al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Ahí, la lista cayó un día después de que Ortega descartó establecer un diálogo con Estados Unidos. Una declaración alejada a la revelación que The New York Times hizo en mayo pasado, donde aseguró que Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja en el poder, buscó un acercamiento con el gobierno de Biden para “aliviar sanciones a la familia presidencial” aunque el régimen no da luces de cambio, como tampoco lo hacen los países vecinos.

En el caso salvadoreño, donde el oficialismo mantiene una política de comunicación basada en la búsqueda de enemigos públicos, la incorporación en la lista sirve para propagandísticamente decir que se va a “seguir adelante” y sumar a funcionarios estadounidenses que promueven las sanciones a su propia lista de enemigos.

El 21 de julio de 2021, cuando salieron los primeros señalados, entre ellos figuras clave de su gobierno, Bukele acuñó el hashtag “#LaVerdaderaLista”, donde señalaba exclusivamente a políticos de oposición acusados de actos de corrupción. Como ahora lo hacen los Zelaya, o como lo hace siempre Ortega, tildó a la lista de injerencia colonialista.

La Lista Engel suspende las visas de los nombrados, así como el retiro del derecho de libertad condicional en los Estados Unidos y cualquier beneficio migratorio, pero mientras no tenga más contundencia no será tomada en serio. “Yo tengo más solvencia que las personas que armaron esa lista. Puedo ver a la cara a los salvadoreños y me siento orgulloso”, dijo el ministro salvadoreño Rolando Castro, quien sigue en el cargo. La fiscalía salvadoreña no ha iniciado acciones en su contra ni contra ninguno de los otros mencionados. “Una visa no vale la vida de los salvadoreños”, escribió hace una semana Christian Guevara, jefe de la fracción del partido de Bukele en la Asamblea.

La lista cala más, al parecer, en otras esferas de poder que sí ven riesgos. En Guatemala, por primera vez, aparecen figuras empresariales poderosas como Ramón Campollo Codina y Steffan Christian Lehnhoff.  Ambos están ligados a oligopolios del azúcar y la generación de electricidad. Se les señala por el pago de sobornos “a funcionarios públicos de una manera que perjudicó los objetivos comerciales y políticos de Estados Unidos para mejorar la eficiencia energética”. Ambos empresarios negaron la acusación y la tildaron de ambigua y general.

También se incluyen a otros empresarios menos importantes pero con suficiente poder político en la administración de Giammattei y de los posibles candidatos en las elecciones generales de 2023. El cuestionado Ministerio Público de Consuelo Porras vuelve a figurar, con la mención de Rafael Curruchiche, el fiscal anticorrupción señalado por bloquear los casos que llevaba su antecesor, Francisco Sandoval, hoy en el exilio. El más reciente, el de los  sobornos de Odebrecht al expresidente Otto Pérez Molina, su vicepresidenta y 108 congresistas.

Una semana después de la publicación de la lista ningún Estado ha hecho algo con los nombres ahí señalados. Esto demuestra que el gobierno de Biden deberá hacer algo más que institucionalizar el jalón de orejas que significa la lista si quiere lograr que los gobiernos de la región cumplan sus exigencias en cuanto al combate a la corrupción y el respeto a la independencia judicial.