En las últimas dos décadas al menos 152 personas han sido extraditadas de Guatemala hacia Estados Unidos por narcotráfico. Mientras en las calles guatemaltecas eran ciudadanos sin antecedentes, para la justicia estadounidense eran grandes criminales. Las historias de Los Pochos en Ayutla en San Marcos y la de la “eco empresaria” Ana Gabriela Rubio Zea muestran cómo se vive en un paraíso de impunidad.
Los nombres de las estructuras vinculadas al narcotráfico cambian al ritmo de las solicitudes de extradición, pero sus operaciones y conexiones trascienden el tiempo. La designación el 28 de febrero de Isel Súñiga Morfin, alcaldesa de Ayutla, San Marcos, en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) o la extradición en julio del 2023 de Ana Gabriela Rubio Zea en conexión con los herederos del cártel de Sinaloa son una muestra de esta dinámica.
Estas dos historias revelan cómo las estructuras familiares, empresariales y políticas nacen, crecen y se reproducen en total impunidad.
Hace dos décadas el Organismo Judicial de Guatemala empezó a recibir con más frecuencia la solicitud de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Desde entonces, 176 personas, entre empresarios del transporte, ganado, agricultura, pastores protestantes, alcaldes, diputados, militares han sido requeridos para rendir cuentas ante las cortes estadounidenses. La justicia guatemalteca ha entregado al menos a 152 acusados en procesos de alto impacto fuera del país: son personas que ni en el pasado ni en el futuro pisarán una corte guatemalteca.
“Eran ciudadanos comunes, sin antecedentes, sin perfiles, sin historial de sus asuntos con el narcotráfico y sus relaciones con instituciones criminales internacionales. Eran unos santos, unos querubines”, escribió el exministro de Gobernación Carlos Menocal en una publicación de relato.gt en 2016, al recordar la captura de 12 extraditables durante su gestión entre 2010 y 2012. Unos ángeles hasta que Estados Unidos reveló sus perfiles criminales.
Los registros del Organismo Judicial (OJ) reportan que el 75 por ciento de las solicitudes de extradición fueron presentadas en los últimos siete años.
¿Pasan desapercibidos? En realidad no. Estas son dos historias que muestran cómo la policía de un pueblo se cuadró ante el alcalde que abrió su Ayutla, San Marcos al Cártel de Sinaloa o como el gran proveedor de armas de los hijos del Chapo Guzmán caminaba a sus anchas en la zona hotelera de la capital guatemalteca.
La heredera
-“¡Bienvenidos a la puerta de Centroamérica, Ayutla!”, dice la joven Isel Anelí Súñiga Morfín en un vídeo que promocionaba la terminal de buses estrenada en 2010, cuando su papá Érik Salvador Súñiga Rodríguez gobernaba el municipio en el departamento de San Marcos, fronterizo con México.
Súñiga tenía 16 años y el alcalde ya dirigía Los Pochos, una estructura local de tráfico de cocaína con operaciones en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, y México, detalla la acusación que Estados Unidos presentó en 2019. La DEA sostiene que desde 2008 Erik Súñiga, alias Pocho, con otras personas, incluidos dos hermanos suyos, colaboraron para fabricar y distribuir cocaína e importarla a Estados Unidos. Súñiga ganó la alcaldía de Ayutla tres períodos consecutivos desde 2008 y luego formó su el comité cívico Crecer sin que los nexos con el cártel de Sinaloa hicieran sombra.
Trece años después de aquel video promocional, en 2023, Súñiga Morfin ganó la alcaldía de Ayutla, un territorio afectado recientemente por una ola de violencia que incluso la alcanzó a ella. La familia de la alcaldesa, aparte de gestionar el gobierno municipal durante 15 años, ha fundado una veintena de negocios relacionados con la moda, comedores y transporte de carga terrestre dentro y fuera de Guatemala.
Un político que ha participado en elecciones en aquella región cuenta que la relación de la familia es tan estrecha con los grupos criminales que “prácticamente no se puede hacer política sin el aval de los grupos del crimen organizado”.
En 16 años, bajo la gestión de los Súñiga, Ayutla ha registrado 330 homicidios, para una tasa promedio de 56 homicidios por cada 100 mil habitantes, por encima de la tasa nacional, que en el mismo periodo alcanzó su punto más alto en 2009 con 46 homicidios por cada 100 mil. Y los hechos violentos de los últimos tiempos alcanzaron a los dueños del lugar. Fue en julio de 2023, cuando los noticieros locales reportaron un ataque armado contra la heredera del Pocho. Hombres armados dispararon contra el vehículo de la alcaldesa electa y uno de sus guardaespaldas resultó herido.
El hecho siguió con ataques armados: en uno de ellos murieron dos agentes de la Policía Municipal, Wslen Eladio Sarceño Leiva y Joglin Chilel Rodríguez. Un tercer agente, José Santos Guevara Viana, fue capturado en Suchiate, una localidad del sur de México y luego desapareció durante varios días hasta que su cabeza apareció flotando en el río Cabuz, según la revista proceso.mx que describe el contagio de la violencia que se vive en Chiapas hacia territorio guatemalteco.
La tensión llegó a tal punto que en agosto, el entonces ministro de Gobernación Napoleón Barrientos ordenó la entrega de 300 chalecos antibalas para los policías al servicio de la alcaldesa, que visten un uniforme parecido al de la Policía Nacional Civil. El cuerpo de seguridad municipal agrupa a hombres con formación militar como el soldado Guevara y el capitán retirado Sarceño, instructor de la policía municipal asesinado.
La policía local controla el sistema de videovigilancia, que ya existía en la terminal de buses que promocionaba la joven Isel. Un fiscal contó bajo anonimato que las cámaras municipales en Ayutla más bien sirven para controlar la presencia de forasteros o de policías que representen una amenaza.
Un padre, un esposo y un socio revelador
El carisma y las remembranzas hacia el legado de su padre fueron de los principales activos que Isel Súñiga, Miss Guatemala Universo 2017, explotó durante la campaña como candidata a alcaldesa de Ayutla. En el proceso electoral la acompañó su esposo, Juan José Morales Cifuentes.
La sombra de la extradición del padre y su posterior muerte en una prisión estadounidense en 2020 no empañó la participación política de la familia hasta que Estados Unidos solicitó la extradición de Morales, alias Pancho a finales del año pasado. Las redes sociales guardan recuerdos de su boda en La Ermita de la Santa Cruz en Antigua Guatemala, en 2018, además de los viajes que la joven pareja realizó por Londres, París o Dubai.
En el acto de toma de posesión como alcaldesa, el 15 de enero de 2024, el salón estaba decorado con abundantes arreglos florales que contrastaban con el circuito de guardaespaldas que rodeaba a la nueva alcaldesa.
“No puedo olvidar que hacen falta dos personas importantes para mí en este lugar, uno de ellos es mi padre, el hombre que me enseñó, que me inspiró a soñar y me forjó y me hizo la mujer que soy hoy, Erik Súñiga Rodríguez”. “Otro hombre importante en mi vida, es mi esposo, que por circunstancias del destino y de la vida no pudo acompañarme pero quiero agradecerle porque ha confiado en mí”, dijo emocionada.
Morales, de 33 años, era aparentemente un comerciante en Ayutla hasta diciembre de 2023 cuando fue capturado en Mixco. Iba en su carro junto con su esposa, quien en cuestión de semanas iba a ser juramentada como alcaldesa. Una docena de guardaespaldas custodiaban a Morales cuando la policía le notificó la orden de captura con fines de extradición por tráfico de drogas. La imagen que Estados Unidos tiene de Morales es la de un hombre que puede “utilizar la violencia para resolver conflictos y ha participado en ejecuciones de exsocios en apoyo de las actividades de narcotráfico de Los Pochos”.
EE.UU. también sostiene que “los traficantes mexicanos pagan impuestos a Morales para almacenar sus narcóticos en las ciudades fronterizas guatemaltecas de Tecún Umán, San Marcos”.
El caso contra Morales también involucra al exasesor del fallecido exalcalde, Alfredo Quiroa Reyes, detenido en Florida en octubre de 2023, una captura que pasó inadvertida en Guatemala. El silencio podría tener que ver con el nexo directo de Quiroa con las dos hijas mayores de El Pocho, la alcaldesa Isel y la pastora evangélica Eunice Vianney.
El 9 de diciembre de 2015, en Quetzaltenango, Eunice Súñiga Morfin, de 18 años, su hermana Isel, de 21, y Quiroa Reyes, de 34, constituyeron la sociedad anónima WIV que iba a dedicarse a distintas actividades comerciales como la renta de parqueo para vehículos livianos y pesados, la importación de lámparas, semáforos y todo tipo de cámaras de vídeo.
Según la acusación contra Quiroa, presentada ante corte del distrito este de Texas, el ex asistente de El Pocho formó parte de una estructura de trasiego de cocaína con operaciones en Guatemala, México, Honduras y Colombia. La alcaldesa guarda silencio ante la sanción de EE. UU. y las preguntas que se le enviaron sobre sus negocios con Quiroa y otros hallazgos de esta investigación.
En Guatemala, Quiroa también era un común comerciante que cerraba negocios con municipalidades del área. Entre 2016 y 2019 obtuvo Q800 mil en adjudicaciones de diferentes gobiernos en el suroccidente de Guatemala, como el de Ayutla. La empresa de Quiroa imprimió los gafetes e insignias para los trabajadores, policías y autopatrullas, así como las hojas de papel membretado de la comuna ayutleca. Para entonces, de acuerdo con Estados Unidos, Quiroa estaba involucrado en el tráfico de cocaína.
El caso contra Quiroa podría tener un desenlace en marzo. En Guatemala, Morales aceptó la extradición el 24 de enero, diez días después de que su esposa lo extrañó en la juramentación como alcaldesa. Como Quiroa, también Morales fue proveedor de la municipalidad de Ayutla. Eran dos sospechosos de narcotráfico que en Guatemala estaban acreditados para negociar con el Estado, pero en Estados Unidos no pueden siquiera abrir una cuenta bancaria
En Ayutla, si una lámpara se dañaba, se le compraba a Construhogar; si se necesitaba pintura, martillos, la muni los compraba en Construhogar. Morales es el dueño de esa ferretería que entre 2016 y 2020 le facturó Q1.5 millones a la municipalidad ayutleca. También es dueño de una importadora de carros y repuestos, de nombre Jireh.
José María Herrarte, es esposo de la hermana de la alcaldesa, la pastora Vianney Súñiga Morfin. A sus 26 años, Herrarte es dueño de Transportes El Roble, Transportes JSH y Lubri Repuestos El Predio, de la constructora El Roble y de Fortuna, una administradora de juegos electrónicos.
Entre 2018 y 2023, Herrarte facturó Q2.6 millones en proveeduría a municipalidades de San Marcos, 90% de los cuales vendió a Ayutla. La comuna en control de su familia política le ha comprado pipas de agua para regar los jardines, balastro y otros materiales de construcción. También le ha arrendado retroexcavadoras, entre otros.
La sanción de Estados Unidos contra la alcaldesa y su esposo alcanza a Érick Manuel Ochoa Villagrán, señalado de operar y trabajar para Morales y Los Pochos: “es uno de los principales lugartenientes de Morales que proporciona almacenamiento para envíos de cocaína” y aunque fue arrestado en 2013 por asesinato y, según registros de la fiscalía recibió una sentencia, fue capturado de nuevo en diciembre de 2023 y como otros está en el corredor de extraditables hacia Texas.
Han pasado 15 años desde que Estados Unidos detectó indicios para acusar a Érik Súñiga por narcotráfico y la estructura criminal parece intacta. El control municipal permanece en la familia y las estadísticas de incautaciones muestran que el comercio ilícito sigue activo. Los herederos de la familia Súñiga disfrutan del patrimonio que según la acusación estadounidense alcanza los millones en ganancias ilícitas para Erik Súñiga y Juan José Morales. La hija y esposa de los dos extraditados gobierna el municipio fronterizo, custodiada por una guardia municipal a la que dotó equipo táctico, patrullas y motopatrullas en sus primeras acciones como jefa edil.
En las cuentas públicas de la municipalidad de Ayutla aún no se esclarece la inversión que se ha hecho en reforzar la seguridad. El asesinato de los dos policías municipales genera rumores en Ayutla, pero oficialmente el caso aún está bajo investigación.
Una fuente de inteligencia, bajo reserva de su identidad, señala que en las últimas dos décadas se han afianzado dos fenómenos de las estructuras criminales del narcotráfico: el primero la suplantación del Estado y penetración de estos grupos en ámbitos políticos como los gobiernos municipales; “de los cuales el caso del grupo de Ayutla y otros como los de la región Huista (en Huehuetenango) es una muestra”, señala esta fuente.
Mientras que el segundo fenómeno es el crecimiento de las “operaciones comerciales grandes” de estos grupos y su participación en negocios que se mezclan con capitales más tradicionales, detalla esta fuente, “que el Estado no investiga, pese a sus relaciones con grandes estructuras transnacionales, como en el caso de figuras conectadas a Los Chapitos”.
El traslado de drogas ha sufrido cambios, las drogas sintéticas se encuentran en auge mientras las estructuras en Guatemala mantienen un rol, principalmente, de transportistas. “Las drogas sintéticas tienen el dominio del negocio, es lo que está en boga”, apunta el investigador Miguel Castillo y considera que el mayor atractivo de Guatemala para los productores “son puertos mucho más tranquilos, pues la corrupción domina de tal manera que el Estado no tiene control de las terminales”.
Uno de esos vínculos con los herederos del cártel de Sinaloa con Guatemala fue la joven empresaria Ana Gabriela Rubio Zea, detenida en marzo de 2023.
“Gaby” y Los Chapitos: “somos los más grandes de México”
El 17 de marzo de 2023 Ana Gabriela Rubio Zea, una joven empresaria guatemalteca de 32 años, fue detenida en un área exclusiva de la ciudad de Guatemala.
Rubio Zea, quien se presentaba como una empresaria sostenible, es acusada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de traficar fentanilo hacia Estados Unidos desde 2014.
La acusación de la fiscalía estadounidense también detalla que Rubio Zea se comunicaba directamente con proveedores de precursores en China, en un mensaje encriptado a Yonghao Wu, alias “Tim”, esta le comunicó: “(…) somos los más grandes de México, así que podemos comprar muchos [precursores químicos]”.
La detenida enfrenta tres cargos por el ingreso de narcóticos a EE.UU. en una operación que involucra, según la imputación, a integrantes de “Los Chapitos”: Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, los herederos de la organización criminal e hijos de “El Chapo” Guzmán, que según la agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, controla buena parte de la producción de fentanilo en ese país. Además de un cuarto cargo por lavado de activos con la transferencia de fondos entre Estados Unidos y una jurisdicción del Reino Unido.
Gabriela Rubio conducía una camioneta Ford Explorer por el Bulevar Landívar de la zona 15 capitalina cuando fue aprehendida. Lejos del perfil asociado a los acusados de narcotráfico, en su mayoría hombres rodeados de una seguridad aparatosa, ella iba sola y no portaba armas. En las imágenes policiales viste una sudadera blanca Gucci y jeans azules, mientras que el parte policial consigna el decomiso de dos celulares.
Rubio Zea no tenía reportes de investigación en Guatemala, ni reporta antecedentes penales o policiales, argumentó su defensa en la audiencia por extradición. Mientras que las empresas que fundó, Dosi Veloz –enfocada en la reparación, mantenimiento de maquinaria y vehículos– e Igigi Technologies S.A. figuran activas en el Registro Mercantil. En Guatemala, a la fecha, el único reparo de las autoridades fue por su declaración de impuestos atrasada a raíz de su captura en marzo de 2023.
Pese a esto, hay más de un antecedente que relaciona a Rubio Zea con una antigua colaboradora de “El Chapo” Guzmán: Marllory Chacón Rossell.
Entre 2015 y 2019 Rubio Zea fue administradora única de la compañía comercializadora e importadora de ropa Diseños CC Internacional S.A., de nombre comercial Diseños Cristha Castellanos, constituida en 2012 para la vender ropa y accesorios de moda, actividades industriales, agrícolas, transporte de bienes y adquisición de títulos de crédito y valores.
Era la tienda de Cristha Stefanel Castellanos Chacón hija de la narcotraficante guatemalteca condenada en EE.UU. Marllory Chacón Rossell, alias la “Reina del Sur”. La empresa registró su dirección en la exclusiva área comercial de Paseo Cayalá, zona 16, y contó con una boutique que tenía entre su clientela a modelos y parte del mundo del espectáculo guatemalteco.
Entre 2015 y 2019 Rubio Zea fue administradora de Diseños CC S.A. y desde 2019 hasta el momento de su detención también figuró como administradora de esta entidad Miguel Estuardo Guerra Noguera, hermanastro de otro extraditado condenado por narcotráfico, Jorge García Noguera. Pero ninguno de estos indicios despertaron sospechas.
En 2019 Gabriela Rubio, junto a su padre Woodrow Herbert Rubio Peralta, constituyeron Igigi Technologies S.A. dedicada a la importación, exportación y compra-venta de productos bio-plásticos, contenedores, paneles solares, ropa, el “desarrollo de aplicaciones para smartphone” y facultada para “actuar como fondo de inversión”. Estaba ubicada en un parque de bodegas en la periferia de la ciudad de Guatemala.
A la fecha Rubio Zea enfrenta un proceso penal ante una corte del Distrito Sur de Nueva York en la misma causa penal contra “Los Chapitos”. Al cierre de esta edición no había respuesta a las consultas realizadas a través de su defensor sobre sus nexos comerciales y la acusación de la justicia estadounidense del uso de sus empresas para la importación de fentanilo.
Los acusados de proveer los precursores de fentanilo a Rubio Zea son los ciudadanos chinos Kun Jiang y Yonghao Wu, alias “Tim”. Los presuntos proveedores de la empresaria guatemalteca trabajan para Wuhan Shuokang Biological Technology Ltd. (WSBT), o “SK. Biotech”, una empresa química con sede en China, señalada por la justicia estadounidense de vender insumos para la elaboración de fentanilo a narcotraficantes en México.
También la Fiscalía indicó que un agente encubierto de la DEA estableció contacto con Rubio Zea en Guatemala: “durante estas reuniones y comunicaciones, Rubio Zea habló abiertamente de su relación con el Cártel de Sinaloa, incluyendo a un miembro de alto rango de esa organización, y mencionó sus planes de visitar China para recorrer las empresas donde compraba habitualmente grandes cantidades de precursores químicos de fentanilo”, consignó la fiscalía guatemalteca en la audiencia de extradición. La pregunta era entonces: ¿quién podía ser ese nexo de “alto rango” entre la empresaria guatemalteca y el cártel?
Fentanilo y armamento para el gran cártel
El día que la Policía detuvo a Rubio, también arrestó, en el área hotelera de la zona 10 capitalina, a Sergio Antonio Duarte Frías, mexicano de 26 años, buscado por la justicia estadounidense por tráfico de drogas, adquisición ilegal de armas y lavado de dinero. Estas detenciones, sin embargo, opacaron la de una figura clave.
La operación iba tras alguien de mayor peso: Humberto Beltrán Cuen, mexicano de 69 años, alias “Don Chino”, detenido al día siguiente también en un hotel de la zona 10 capitalina. Beltrán Cuen fue acusado de negociar la compra de un arsenal de armas de uso militar y explosivos en una operación que incluía millonarios pagos en fentanilo. La transacción, según la justicia estadounidense, se cerró en febrero de 2023 en los alrededores de Los Ángeles, California.
En el proceso en su contra llevado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Beltrán Cuen es vinculado a una estructura de antiguos colaboradores del “Chapo” Guzmán: los hermanos Leobardo “Leo” y Martín García Corrales, “Cachuchas”; así como Anastasio Soto Vega, “Tachin”, encargado de verificar las armas en Viena, Austria.
Martín García declaró ante la justicia estadounidense que él y su hermano tenían una relación de larga data con El Chapo, de hecho, según afirmaron, lo escondieron en su rancho cuando se fugó por primera vez de una prisión mexicana en 2001.
Al momento de su detención Beltrán Cuen se encontraba solo. No iba armado. Uno de los hombres de confianza del cártel y encargado de proveer armamento para la organización, en su guerra por el control de las rutas de trasiego y contra el gobierno mexicano, circulaba en la ciudad sin levantar sospechas.
La adquisición de las armas era una tarea clave, detalla el expediente judicial, pues Sinaloa mantiene una pugna por territorios con el grupo Jalisco Nueva Generación.
“Tras la inspección, Soto Vega proporcionó una lista de armas que los acusados deseaban comprar a cambio de su fentanilo, incluidos unos 500 fusiles automáticos AR-15 (la mitad de ellos equipados con granadas M203), 20 lanzagranadas propulsadas por cohetes, 500 chalecos antibalas y 500 pistolas. Soto explicó además que las armas se comprarían en parte a cambio de fentanilo que se entregaría a los traficantes en Estados Unidos”, dice el expediente.
Guatemala funcionó para Beltrán Cuen como “hub logístico”, para la importación de materia prima para la producción de fentanilo y una retaguardia desde la cual operar mientras fortalecía al cartel de Los Chapitos con un arsenal. Además, la acusación lo señala de reunir dinero en efectivo para la compra de criptomonedas a una cartera “suscrita a nombre del requerido” para la adquisición de fentanilo. Una operación que coincide con la acusación contra Gabriela Rubio de utilizar este tipo de pago para adquirir los químicos.
El muro de la corrupción
El International Narcotics Control Strategy Report 2022 (INCSR por sus siglas en inglés), un reporte sobre los mercados ilícitos globales, destaca algunos avances de Guatemala para limitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos pero también señala debilidades.
“Las incautaciones de drogas siguen cayendo a medida que se detectan envíos aéreos y marítimos ilícitos, se mantienen por debajo de los niveles récord de los últimos años. Si bien Guatemala ha logrado un éxito notable en la eliminación de precursores químicos, su capacidad para detectar y disuadir el tráfico ilícito de estos productos químicos permanece débil”, cita el reporte.
Lo anterior nota una gran debilidad frente al mercado en boga, aunque las extradiciones por drogas sintéticas aún no representan el mayor problema en Guatemala. La gran conclusión del informe es que “la corrupción es el principal impedimento” para el combate del narcotráfico.
Guatemala dispone de una fuerza policial de más de 37 mil agentes, de los cuales, 1 mil 868 corresponden a la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica. En cuatro años, la fuerza apenas se incrementó en un 2 por ciento. En cuanto a equipamiento solo tienen vehículos terrestres. Estados Unidos donó helicópteros y la fuerza en mar es manejada por el Ejército de Guatemala.
A la falta de capacidades instaladas, se suma el hecho que los grupos criminales han logrado usar el Estado para sus propios fines. El homenaje póstumo para Erik Súñiga, convocado por el alcalde Eustaquio Méndez la tarde del 18 de abril, es un ejemplo: dos columnas de policías municipales se cuadraron siete minutos y dedicaron un minuto más en aplausos a la memoria “del gran líder” de Ayutla.
El negocio de las drogas en Guatemala, principalmente de tráfico de cocaína, está a cargo de segundas y terceras líneas de las antiguas familias de narcotraficantes como los Lorenzana (en Zacapa) o Los Mendoza (en Izabal). Los sicarios o pilotos que no tenían una visión estratégica ni corporativa asumieron la dirección, explica el investigador Miguel Castillo, autor del estudio Grupos de poder en Petén en 2011. “Estamos en esta etapa de pequeños transportistas; ya los grandes y famosos desaparecieron”, enfatiza Castillo.
“El jefe, el cabecilla, es fungible, se cambia y los negocios siguen operando como siempre”, relata la ex fiscal general, Claudia Paz y Paz (2010-2014), quien dirigió desde el Ministerio Público las investigaciones que llevaron a la detención de 12 de “querubines” extraditables.
Pese a las debilidades, el sistema penal guatemalteco ha tratado de procesar a algunas estructuras de tránsito internacional, que involucran alcaldes y actores locales.
La exfiscal general, Paz y Paz, señala que los efectos más perversos del narcotráfico van más allá del lavado de millones de dólares, vía la penetración en el sistema político. “Vemos sobre todo en las fronteras, narco alcaldes, narco diputados, como ese dinero permite la captación del poder local y va poco a poco incursionando también en el poder nacional”, refiere la jurista.
La extracción de los alfiles del narco mueve el tablero, pero el juego continúa y en territorios como Ayutla el avance les corresponde a las reinas, como en el caso de Isel Súñiga, la heredera de la puerta de Centroamérica.
“Si no se sigue un esfuerzo sostenido, se vuelven a incrustar en el territorio, porque son como las líneas de tráfico de drogas hacia el norte y de armas y dinero hacia el sur. Una vez que la acción policial declina les es más cómodo volver a ocupar esos territorios y con un poder enorme”, refiere Paz y Paz.
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) por parte de los medios ConCriterio y No-Ficción.
