La disputa por el control del Banco de los Trabajadores (Bantrab) ahora alcanza a los integrantes de la actual Junta Directiva. Una denuncia por los delitos de lavado de dinero, malversación y asociación ilícita, entre otros  fue aceptada por el Juzgado Séptimo Penal, presidido por el juez Fredy Orellana quien dispuso que el MP siguiera la investigación.

Las investigaciones por corrupción emprendidas entre 2016 y 2018 en contra de la cúpula del Banco de los Trabajadores (Bantrab) han adoptado un nuevo rumbo. Las anteriores indagaciones realizadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad sobre cómo los casos de corrupción afectaron al Bantrab, un activo con valor de US$4 millardos, han dado paso a otras querellas. Las cuales utilizan algunos elementos de causas judiciales previas en un nuevo proceso.

El control de Bantrab es una disputa relevante, ya que, según las investigaciones realizadas con anterioridad, el banco ha sido utilizado históricamente para el pago de campañas políticas a cambio de favores. La Junta Directiva apoyaba a varios candidatos presidenciales, una apuesta que se cobraba a quién ganará la elecciones para negociar la representación del Ejecutivo dentro del Bantrab. 

La denuncia del 2024

En este contexto de disputa por el banco, la Fiscalía Contra el Crimen Organizado tiene un expediente abierto contra los actuales directivos de Bantrab. La causa judicial con el número 01079-2024-00330. Uno de los accionistas minoritarios de la institución (con apenas Q10 de inversión), de nombre Luis Eduardo Morales, presentó una denuncia contra varios integrantes de la Junta Directiva del banco por los delitos de “caso especial de Estafa, Falsificación de Documentos Privados, Apropiación y Retención Indebidas, Acusación y Denuncias Falsas y Simulación de Delito”.

Morales también denuncia  los delitos de “falsa acusación por delito privado, encubrimiento propio, conspiración para el lavado de dinero, malversación, asociación ilícita y estafa propia”.  La causa se encuentra a cargo del controversial Juzgado Séptimo Penal, bajo la dirección del juez Fredy Orellana.

El juez Orellana fue designado en la Lista Engel como “un actor corrupto y antidemocrático” por el Departamento de Estado de Estados Unidos en 2023. Ordenó la cancelación del partido Semilla, investigar al Registrador de Ciudadanos del TSE durante el proceso electoral y giró la orden de captura contra el ex fiscal Juan Francisco Sandoval, entre otras acciones.

En una resolución del 14 de octubre de 2024, consultada por No-Ficción, se tiene registro de que el juez Orellana dio trámite a la denuncia contra directivos del Bantrab y citó a una audiencia para el 28 de octubre de 2024. De forma extraoficial se conoce que los directivos denunciados aún no han brindado declaración ante el juez mientras otros recursos legales siguen pendientes.

El objetivo de esta nueva denuncia es cuestionar la legitimidad de la actual Junta Directiva de Bantrab y, eventualmente, revivir la disputa por el control de un banco valorado en poco más de US$4 millardos y que tiene antecedentes sobre financiamiento de campañas políticas no reportadas. Este banco es presidido Walter Armendariz, designado por el presidente Bernardo Arévalo, el cual no figura en esta denuncia. 

Arévalo ha depositado la representación del Ejecutivo en Armendariz, en un intento de recuperar su administración. En 2024, consultado al respecto el ex comisionado presidencial contra la corrupción, Santiago Palomo (ahora secretario de comunicación social), comentó: 

“En el caso del Banco de los Trabajadores creo que también refleja de nueva cuenta cuáles fueron los alcances de esta red de corrupción. Tenían o pretendían tomar un banco para el objetivo claro y evidentemente lavar dinero. La persona que ocupó la presidencia fue destituida por el Presidente de la República por incumplir con los requisitos de la Ley de Bancos, y no sólo incumplir en una declaración jurada, y por eso es que fue oportunamente denunciado por el secretario general de la Presidencia”.

Armendariz asumió finalmente el cargo en octubre de 2024, tras una batalla legal de nueve meses. Esto luego de que la Corte de Constitucionalidad se retractó de una resolución que mantenía en el cargo a Jorge Adolfo Mondal Chew, designado por el expresidente Alejandro Giammattei.

Consultado sobre la denuncia presentada en 2024, contra los actuales directivos, el actual presidente de la directiva, Walter Armendariz, declinó brindar declaración a No-Ficción. Al igual que el equipo de comunicación de la entidad.

Extraoficialmente se conoce que el banco está asistiendo legalmente a sus directivos en este proceso.

Jorge Mondal Chew fue designado a la Lista Engel en diciembre de 2024 como un “actor corrupto y antidemocrático” y fue acusado de sobornar a magistrados de la Corte Constitucional para mantener su puesto al frente del banco. 

En el mismo grupo de sancionados se incluyó a la magistrada Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, de la Corte Constitucional, por participar en “importante corrupción al aceptar sobornos a cambio de fallos favorables de la Corte Constitucional”.

Punto clave del conflicto

El núcleo de la acusación es que los directivos del Bantrab han denegado la participación de los accionistas investigados en el período 2016-2018. Y que está marginación ha permitido al actual directorio retener el control del banco.

Según el denunciante minoritario está acción utiliza un proceso activo en la Fiscalía de Lavado de Dinero, para marginar a un grupo de accionistas, a la vez que emplean la modificación del reglamento “Conozca a su accionista”, aprobado por la directiva, para cerrar la vía a cualquier apelación de los propietarios de acciones bajo indagación.

Los antecedentes de esta disputa por manejar la entidad pueden consultarse en la investigación de No-Ficción y ConCriterio, Bantrab: la piñata de todos. El banco no ha estado exento de conflictos judiciales y vinculación a grupos políticos.

El exdirectivo del Bantrab Eduardo José Liu Yon declaró en 2019 el financiamiento de los excandidatos presidenciales Manuel Baldizón, del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Líder); Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Otto Pérez Molina, del cancelado Partido Patriota (PP), (gobernante entre 2012-2015); Álvaro Colom, de la UNE (presidente de 2008-2012). Así como de Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) para su campaña de 2015. 

Según el ex directivo, en el audio de la declaración consultado por No-Ficción como parte de la causa del Caso Arca, la directiva de ese entonces utilizaba “comisiones -coimas” que entregaba a partidos políticos y candidatos a la presidencia para retener el control de la institución. 

Los “aportes y acercamientos”, según el testimonio de Liu se entregaron en las campañas electorales de 2011 y 2015. 

Los antecedentes de ARCA S.A.

La investigación que condujo a la inmovilización de un grupo de accionistas de Bantrab partió de la causa MP0028-2018-113, llevada a cabo por la Fiscalía de Lavado de Dinero, en la Unidad de Extinción de Dominio. 

Esto luego de los indicios encontrados en la indagación del grupo “ARCA SA” y su relación con Bantrab. Una entidad que, según la investigación avanzada por el MP y CICIG en 2018, era utilizada por los directivos de ese momento para desvíar fondos del banco orientados a publicidad para el financiamiento de partidos políticos. 

Gracias al rastro del dinero seguido a través de ARCA S.A. los investigadores de la fiscalía y la CICIG, entre 2016 y 2018, dieron con otras dos entidades mercantiles: Avanzando al Progreso S.A y Seguridad ASA S.A,  que en el pasado centralizaron la recaudación de dinero para la campaña del Partido Patriota en 2011 que llevaría al poder al presidente Otto Pérez Molina.

Las tres entidades fueron luego relacionadas mediante registros contables, reportes mercantiles, el giro de cheques y testimonios judicializados a los entonces colaboradores del Partido Patriota: Juan Carlos Monzón Rojas, Mario Leal Castillo y Alejandro Sinibaldi.

La primera de estas, Avanzando al Progreso S.A recaudó fondos sin registrar por US$2.5 millones, mientras que Seguridad ASA S.A sumó US$1.6 millones. Estas entidades operaron como receptoras de fondos de otras empresas privadas que, según el análisis de la investigación, procuraron ocultar sus aportes de campaña.

Avanzando al Progreso S.A., por ejemplo, recibió fondos de Progreso LTD, una offshore panameña, que aportó casi US$100 mil a la campaña del Partido Patriota en 2011. Este mecanismo permitía a Progreso LTD S.A. ocultar el origen de sus aportes al Partido Patriota.

Las investigaciones descubrieron que el mandatario de dicha entidad era Raúl Andrés Olivero Arroyo, quien a su vez ocupó el cargo de director suplente de Grupo Progreso LTD S.A. entidad fuera de plaza de Cementos Progreso S.A.

Esta causa, según reconoció el propio Sinibaldi a Plaza Pública, obtuvo “la suspensión provisional decretada por la Corte de Constitucionalidad en el delito de financiamiento electoral ilícito, impidieron que el caso prosperara y se declara la falta de mérito por parte del juzgado”.

Con la denuncia presentada en 2024 y la intervención del juez Orellana, la disputa por Bantrab, su uso político y la toma de decisiones de la Junta Directiva cobra notoriedad.

Los directivos indagados

Los denunciados actualmente son los directores titulares de la Junta Directiva del banco: Sergio Eduardo Romano Monzón, Estuardo Mario Gamalero Cordero, Julio César Ordóñez Montenegro y Herbert Oswaldo Hernández Castellanos.

Los directores suplentes: Edwin Rafael Méndez Tello, Erbin Danilo Sagastume Portillo, Oscar Francisco Pineda Garay, Edgar Estuardo Ramírez Sánchez y Edwin Rafael Méndez Tello; Edin Homero Velásquez Escobedo, antiguo director titular; el secretario de Junta Directiva, Raúl Estuardo Zapata Zelaya.

Así como el actual Superintendente de Bancos, Saulo de León Durán. Al funcionario se le acusa de no cumplir con su función de “supervisar” el cumplimiento de la Ley de Bancos y Grupos Financieros.  Al respecto, el departamento de comunicación de la SIB indicó que esta institución “no puede emitir opinión o postura institucional en este momento acerca de procesos en los que se involucra a funcionarios de esta entidad”.

La denuncia fue presentada por el accionista particular, Luis Eduardo Morales, el cual acreditó ante la fiscalía una acción común por valor de Q10 y emitida en mayo de 2021.  Morales acompañó su denuncia con las cartas de denegatoria de participación en las asambleas de otros cinco accionistas particulares. 

Órdenes de arraigo y la Fiscalía de Crimen Organizado

La investigación de esta causa judicial se encuentra a cargo del equipo de persecución penal número 18 de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado. La cual ha solicitado información sobre los accionistas del banco, tipos de acciones y apelaciones administrativas ante Bantrab a los accionistas denunciantes. Así como otros requerimientos a la entidad bancaria.

Por este proceso, el 8 de noviembre de 2024, en una audiencia unilateral llevada a cabo por el juez Orellana, los denunciantes pidieron órdenes de captura, embargos de cuenta de los denunciados y arraigos. En diciembre de 2024 se contaba con registro de arraigo vigente para ocho directivos del banco. Sin embargo, al 5 de marzo de 2025, los arraigos han sido levantados y se decretó la suspensión de la persecución penal **.

Estas acciones judiciales también tuvieron eco en las publicaciones del Netcenter más asociado a operadores de justicia: ¡Yes, Master!. En enero de 2025 se utilizó esa cuenta para indicar que los directivos habían sido arraigados.

Cambios en el reglamento de accionistas

La acusación señala a los directivos del banco de formar una “estructura del crimen organizado” al utilizar su posición al frente del banco para impedir la participación de otras propuestas de integrantes de Junta Directiva.

Esto al emplear la investigación abierta en la Fiscalía de Lavado de Dinero, unidad de Extinción de Dominio, de número MP0028-2018-113, a raíz de la investigación por malos manejos en el Banco de los Trabajadores para excluir accionistas.

La investigación preliminar de la fiscalía había identificado a 282 personas con presuntas acciones adquiridas de forma anómala. Esta indagación partía de la denuncia No. 5 presentada por la CICIG al cierre de la comisión, conocida como Caso Arca.

En la denuncia contra los actuales directivos se les señala de modificar el artículo 6, literal D, del reglamento Conozca a su accionista, establecido por el banco para determinar los derechos de los poseedores de acciones.

Las cartas donde se niega la participación usan el siguiente argumento: “en las acciones adquiridas por su persona en el año (incluyen la fecha de compra) se encuentran sujetas a investigación del Ministerio Público, especialmente de la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) y en la Fiscalía de Extinción de Dominio que están bajo total reserva judicial”.

Con esta medida alrededor de 210 propietarios de acciones quedarían fuera, aunque según la memoria de labores del banco en el último registro de asambleas extraordinarias del 2024 asistieron 4,340 accionistas. Por lo que solo afectaría a un cinco por ciento de los potenciales votos.

Investigación congelada y su empleo en nueva denuncia

El empleo de anteriores acciones judiciales, congeladas en los engranajes de la justicia guatemalteca, en nuevos procesos sigue teniendo repercusiones para el Banco de los Trabajadores.  

Según pudo constatar No-Ficción y ConCriterio, en el reportaje Bantrab: la piñata de todos. En febrero de 2023 llegó una denuncia al buzón del correo electrónico abierto para quejas o señalamientos de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, un órgano bajo la autoridad del entonces presidente Alejandro Giammattei.

El remitente señaló que alguien pretende, mediante una denuncia ante la Fiscalía de Extinción de Dominio, manipular hechos para ganar el control del Bantrab, sus activos e incluso el posible uso político de esta entidad bancaria. Esta denuncia fue remitida al Ministerio Público por parte de la oficina de la Comisión Presidencial, pero tampoco produjo resultados. 

Esta nueva querella realizada en 2024, muestra como la falta de resolución en anteriores procesos judiciales, y las causas penales congeladas, tienen aún efectos en el presente y colocan en manos de instituciones como el Ministerio Público y las cortes de justicia decisiones sobre grandes activos como el Banco de los Trabajadores.