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Bantrab: la piñata de todos

El Banco de los Trabajadores (Bantrab) atraviesa, en secreto, una disputa campal por su control. Las investigaciones emprendidas entre 2016 y 2018 por alta corrupción en su cúpula dejaron fuera de la mesa de decisiones a un grupo de accionistas. El pulso por el dominio total de una institución valorada en poco más de US$4 millardos, enfrenta ahora a representantes de la Presidencia de la República con actuales y antiguos directivos del banco. La mano del Ministerio Público puede definir a dónde se inclinará la balanza. 

Texto: Bill Barreto (con información de Evelyn Boche) / Edición: Claudia Méndez Arriaza / Foto: Edwin Bercián

Los aires que siguieron a la época turbulenta cuando el Banco de los Trabajadores (Bantrab) fue sometido a investigaciones de corrupción y algunos de sus principales directivos fueron llevados a prisión cambian de rumbo. Aquellos esfuerzos visibles para limpiar la imagen, desde un rediseño de su marca hasta la incorporación de controles de gobernanza para frenar las prácticas discrecionales, empiezan a evidenciar agujeros.

En febrero de 2023 llegó una denuncia al buzón del correo electrónico abierto para quejas o señalamientos de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, un órgano de la Presidencia de la República formado para controlar prácticas corruptas en la administración central. El remitente señaló que alguien pretende, mediante una denuncia ante la Fiscalía de Extinción de Dominio, manipular hechos para ganar el control del Bantrab.

La acusación fue planteada por un grupo de accionistas invalidados para participar en la elección de los cargos directivos del banco, quienes acusan a la actual Junta Directiva del banco de orquestar una denuncia penal, vigente desde el año 2018, que llevó sus títulos de acciones a ser investigados por la Fiscalía de Extinción de Dominio y con ese proceso cancelaron su facultad de votar.

Denuncia recibida por la Comisión Presidencial Contra la Corrupción el 7 de marzo de 2023. Foto: No-Ficción/ConCriterio.
Denuncia recibida por la Comisión Presidencial Contra la Corrupción el 7 de marzo de 2023. Foto: No-Ficción/ConCriterio.

Esta acción es la más reciente en una lucha de larga data por el control del banco.  

La disputa por las acciones para controlar Bantrab

Un año atrás, en febrero de 2022, se celebró la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para elegir a las autoridades del banco, pero un mes antes, al solicitar una acreditación para dicha junta, varios socios con acciones comunes descubrieron que no podían ejercer su voto.

La explicación enviada en una carta por la Gerente de Capitalización del banco indicaba que una denuncia vigente desde 2018 en la Fiscalía de Extinción de Dominio, apuntaba a indicios de que ellos habían adquirido sus acciones con fondos de origen ilícito. Y por ese proceso era imposible acreditarlos para votar y decidir el destino de la institución.

Esta acción refleja en parte la desconfianza de quienes hoy dominan el banco respecto a quienes dominaron antes y que en tiempos del gobierno del presidente Otto Pérez Molina fueron procesados legalmente por indicios de corrupción, pero que hoy vuelven por sus fueros, el grupo encabezado por Sergio Hernández y por Ronald García Navarijo, antiguo presidente y gerente respectivamente del banco.

Imagen de una de las cartas trasladadas por la gerencia de capitalización a accionistas que solicitaban su acreditación para votar en la Asamblea General. Foto: No-Ficción/ConCriterio.
Imagen de una de las cartas trasladadas por la gerencia de capitalización a accionistas que solicitaban su acreditación para votar en la Asamblea General. Foto: No-Ficción/ConCriterio.

Para entender el pulso hay que tomar en cuenta cómo se integra la Junta Directiva del Bantrab: el presidente y su suplente son designados por el presidente de Guatemala y cuatro directores –titulares y sus suplentes– son elegidos por la Asamblea General de Accionistas. Los puestos tienen vigencia durante un periodo de cuatro años. Y en la asamblea de decisión solo tiene derecho a voto los propietarios de acciones comunes. Quien controle a 3 de los 5 directivos domina al banco.

La denuncia penal del 2018 dejaba fuera a al menos 250 propietarios de 2 mil acciones comunes que no pudieron elegir a los cuatro cargos directivos que les faculta la Ley Orgánica del Bantrab. 

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, en cambio designó a Jorge Adolfo Mondal Chew y su suplente Enrique Cossich Mérida, en abril y diciembre de 2021 respectivamente. Mientras que los directores titulares elegidos, en ausencia de aquellos accionistas excluidos por la denuncia 2018, son Sergio Eduardo Romano Monzón, Mario Gamalero Cordero, Edin Homero Velásquez Escobedo y Julio César Ordoñez Montenegro. 

Los años de mayor turbulencia de Bantrab aún son recientes. A mediados de 2018, con las investigaciones y arrestos que provocaron los casos anticorrupción, la Junta Directiva, estaba integrada solo por tres directores suplentes y ninguno propietario. Entonces el presidente del banco, Carlos Villeda, nombrado por el presidente de la República, Jimmy Morales, presentó planillas encabezadas por los actuales directivos Romano, Gamalero, Velásquez y Ordónez. 

Los nombramientos de Mondal y Cossich respondieron, según fuentes internas del banco y fuentes políticas del entorno del Ejecutivo, a una recomendación de Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno y extraoficialmente conocido como pareja del mandatario Giammattei. Esas fuentes señalan que dichos nombramientos son la evidencia más visible de las prácticas discrecionales del pasado. Solo que, en esta ocasión, se aprovecharon los antecedentes previos de corrupción y la confidencialidad de las investigaciones relacionadas con la Extinción de Dominio para retener el control de la institución.  

Según una carta presentada por los accionistas marginados ante la Superintendencia de Bancos (SIB), encargada de la supervisión bancaria, “el argumento que utiliza la Junta Directiva para no dejar participar a los accionistas es ilegal, ya que no existe embargo alguno sobre esas acciones”.  

Copia de la carta enviada por los accionistas marginados de la Asamblea General a la Superintendencia de Bancos (SIB). Foto: No-Ficción/ConCriterio.
Copia de la carta enviada por los accionistas marginados de la Asamblea General a la Superintendencia de Bancos (SIB). Foto: No-Ficción/ConCriterio.

En esta misiva, suscrita por el auditor Osberto Flores, se señala a los actuales integrantes de la Junta Directiva, reelectos en 2022 con la omisión de un grupo de accionistas, de ocupar funciones de manera ilegal: “están de forma ilegal en esos cargos y las asambleas en las cuales se eligieron y reeligieron desde el año 2018, año en el que pusieron la denuncia falsa, son fraudulentas”.

Según documentos internos del Ministerio Público, consultados para esta investigación, la fiscalía solicitó autorización judicial para examinar las cuentas bancarias de la institución el 13 de agosto de 2018. Además, de forma paralela, otros dos accionistas presentaron copia de dos cartas de la Fiscalía de Extinción de Dominio en la cual responden que no pueden recibir las pruebas de descargo de los inversores quieren entregarles para demostrar el origen lícito de los fondos con los que se adquirieron sus acciones “ya que no están en la etapa procesal correspondiente, por lo que se deja sin movimiento el expediente, tal y como ha estado desde que se ingresó en el año dos mil dieciocho (…)”. 

Óscar Dávila, director del a Comisión Presidencial contra la Corrupción, confirmó la recepción de la denuncia y explicó que esta fue trasladada al despacho de la Fiscal General del Ministerio Público. En donde, según otra fuente judicial bajo reserva, fue trasladada a la Fiscalía de Asuntos Internos. 

De manera indirecta, a raíz de una denuncia vigente que inmoviliza a accionistas y una contradenuncia que señala un uso malicioso de las facultades de la Fiscalía de Extinción de Dominio, el futuro en la elección de los cargos directivos del Banco de los Trabajadores se encuentra en las manos de un cuestionado Ministerio Público cuya fiscal general, Consuelo Porras, ha detenido los procesos anticorrupción que afectan al gobierno de Alejandro Giammatei y, en consecuencia, ha sido incluida por Estados Unidos en la “Lista Engel” que designa a actores corruptos y antidemocráticos.

Al cierre de esta edición la actual Junta Directiva de Bantrab no respondía sobre el cruce de denuncias entre el grupo de accionistas limitados para ejercer su voto y los actuales directivos del banco.

 El retorno a los grandes festejos y patrocinios

La era del silencio y discreción que siguió a los escándalos de corrupción de 2016 se ha roto con pomposos festejos. El 1 de agosto de 2022, por ejemplo, el Bantrab se vistió de blanco: la entidad firmó un acuerdo para ser el banco oficial y patrocinador del Real Madrid en Guatemala durante tres años. Emilio Butragueño, la leyenda del fútbol y ahora director de Relaciones Institucionales del equipo, selló el convenio sosteniendo una camisola que decía: “BANTRAB 2025”, el año hasta cuando el banco estará asociado a uno de los clubes de fútbol más grandes del mundo. El costo del apoyo, sin embargo, es desconocido para los accionistas comunes de la institución.  

Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, y Herbert Hernández, gerente general de Bantrab.
Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, y Herbert Hernández, general de Bantrab. Foto: RealMadrid.com

“Este patrocinio se suma a los que otorgamos a la selección de Guatemala y a otros equipos del país. Apoyar el deporte es apoyar el bienestar de los trabajadores y sus familias”, declaró Herbert Hernández, gerente general del banco, al suscribir el convenio. También en el año 2022 Bantrab patrocinó los clubes locales que alcanzaron la final del torneo de fútbol y a la Federación Nacional de Fútbol, así como la Vuelta Ciclística Bantrab y la Vuelta a Guatemala.  

Esos financiamientos, según dos fuentes dentro de la institución, fueron decididos por la Junta Directiva sin contar con los dictámenes técnicos para avalarlos. Ese era justo el tipo de prácticas que las reformas al gobierno corporativo del banco buscaban eliminar, después de los años de investigaciones penales.

Pero las algarabías de los patrocinios y fiestas no solo solapan el conflicto que se libra por el dominio de la entidad, sino evidencia la ruptura de transparentar el uso de los recursos de la institución. Los antecedentes del banco son los de favorecer intereses particulares con fondos de una entidad sobre la cual los gobernantes han actuado a discreción. 

Lo que está en juego con el control de Bantrab

Para 2022 Bantrab, constituido como grupo financiero hace más de una década, reportó activos por Q34.8 mil millones ( $4.45 mil millones de dólares), esa suma lo coloca en sexto lugar de bancos más grandes en Guatemala, aunque  se posiciona como el cuarto más rentable del sistema financiero, según su memoria de labores.

El Bantrab fue creado en la década de los años 60 con un aporte inicial del Estado de Q500 mil y Q1.5 millones descontados, por decreto, de los salarios de los trabajadores de los sectores público y privado. Según registros del banco, hasta 1991, los empleados estuvieron obligados a adquirir acciones de la institución para cubrir los Q25 millones de capital autorizado y llegaron a registrar alrededor de medio millón de acciones comunes.

Sin embargo, muchas de las personas a quienes se les descontó de su salario para la compra de estas acciones, nunca ejercieron control de la institución. El propio banco ha realizado campañas desde el 2017 para que las personas “averiguen” si son accionistas. En las redes sociales del Bantrab, antiguos trabajadores públicos y privados han denunciado no tener registro de la compra de las acciones que les descontaron de sus salarios.

En el tablero de ajedrez, el Gobierno logra el control del banco  si consigue nombrar a dos de los cuatro directores titulares porque a ellos se suma el voto del presidente de la Junta Directiva, nombrado por el propio Presidente de la República.

En 2016 el trío de directivos de Bantrab formado por Sergio Hernández, Eduardo José Liu Yon y Ronald Giovanni García Navarijo dominaban el banco, aunque presentaban ya diferencias internas. En ese año comenzó la pérdida de control cuando la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) junto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) develaron en octubre el caso “Bantrab: Negocio de Familia”.

Esta investigación concluyó con la detención del presidente del banco, Sergio Hernández, y el gerente general, Ronald García Navarijo, junto a otras cuatro personas acusadas de crear un esquema para desviar fondos del banco por Q8.5 millones, alrededor de US$1.1 millones, para adquirir 10 casas en el exclusivo condominio Villas de Elgin. Estas residencias fueron compradas por la institución mediante la ejecución de hipotecas y, según las pesquisas, el banco pagó Q4 millones por bienes que la propia entidad había valorado previamente en Q7 millones. Los acusados fueron enviados a juicio en 2018, pero hasta el momento el proceso penal no ha finalizado. 

Este caso, sin embargo, era apenas una de las distintas oportunidades de malversación de fondos que la cartera del banco representaba para sus directivos, según investigadores del caso, consultados para este reportaje. Tras la presentación del caso “Bantrab: negocio de familia”, en octubre de 2018, el banco se constituyó como querellante y agraviado en los procesos derivados de las investigaciones de corrupción.

El financiamiento de partidos políticos: una llave para controlar al banco

 El directivo Liu Yon llegó a un acuerdo de colaboración eficaz con la fiscalía y testificó en 2017 el desvío de recursos del banco para el pago de campañas políticas del expresidente Álvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, (2008-2012) quien nombró a Hernández como presidente del Bantrab; de la misma manera operaron con las campañas de los expresidentes Otto Pérez Molina del Partido Patriota (2012-2015) y Jimmy Morales de FCN-Nación (2016-2020), además de otras figuras políticas. 

Presentación interna de la investigación llevada a cabo por CICIG por el caso Arca. Fuente: archivos de la investigación ARCA S.A.
Presentación interna de la investigación llevada a cabo por CICIG por el caso Arca. Fuente: archivos de la investigación ARCA S.A. Foto: No-Ficción/ConCriterio

En el financiamiento electoral era el quid pro quo. Liu Yon lo explicó en su testimonio: “el aporte político que hicimos al Partido Patriota dio sus resultados: Sergio ya era presidente de Junta Directiva del Banco de los Trabajadores asignado por el presidente Colom desde el año 2009 y le tocaba la ratificación del presidente Pérez Molina en el año 2012 (…)”.

Aquella junta directiva desarrolló además un mecanismo para ganar más que dinero y perpetuarse en el poder. En 2016, por ejemplo, según registros de la Superintendencia de Bancos, analizados por investigadores de la CICIG, los directivos Sergio Aníbal Hernández Lemus, Eduardo José Liu Yon y Ronald Giovanni García Navarijo controlaban mediante familiares, amigos y socios comerciales el 35.10 por ciento –poco más de un tercio– de las acciones con derecho a voto de los asistentes a esas asambleas. 

Pero la clave en ese control de la institución se encontraba en la asistencia a la Asamblea y el ejercicio del voto para definir a los integrantes de la junta directiva. Las acciones, atomizadas por la propia naturaleza del banco, deben agruparse y actuar como bloque a la hora de la votación para conseguir una influencia real sobre las decisiones del pleno. Para esas fechas, se registraba la existencia de 4.22 millones de acciones individuales, de las cuales, con derecho a voto, como máximo una persona individual podía tener 2 mil; pero en 2016, únicamente el 4.18 por ciento del capital pagado en acciones comunes asistieron a la asamblea de elección

Es decir, solo se requería de un núcleo duro de accionistas para conseguir dos puestos directivos, más el favor político de ser designado por el presidente para poder controlar la institución.

El exdirectivo de Bantrab, Sergio Hernández, declinó brindar declaraciones para este reportaje al ser consultado sobre la disputa por el control de la institución y los antecedentes de los casos de corrupción en investigación alrededor del banco. El exbanquero remitió a su biografía en la cual niega su participación el desvío de recursos de la institución: “puedo afirmar que la famosa CICIG y FECI se convirtieron en expertos en hacer mentir a delincuentes sin dignidad, débiles de alma y mente. Y han logrado con falsos testimonios apuntalar irresponsablemente casos que se caen solos (…)”, señala en su libro respecto a estas acusaciones.

No Ficción no contactó a  García Navarijo dado que es testigo en el proceso contra el periodista fundador del diario elPeriódico, del cual han surgido órdenes de investigación a reporteros y columnistas bajo sospecha de obstruir justicia a través de la labor periodística. El exdirectivo Liu Yon sí fue contactado, pero no accedió a brindar declaraciones.

El expresidente de la Junta Directiva de Bantrab, Sergio Hernández, durante una de las audiencias del caso Bantrab: Negocio de familia.
El expresidente de la Junta Directiva de Bantrab, Sergio Hernández, durante una de las audiencias del caso Bantrab: Negocio de familia. Foto: Archivo

 Las investigaciones en curso y sus efectos en el presente

La investigación en torno a Bantrab comenzó en febrero de 2016 luego de que la Superintendencia de Bancos (SIB) se comunicó con directivos de la entidad DHK Finance LTD. por una alerta de posible lavado de dinero.  DHK Finance LTD es una compañía registrada en Estados Unidos que había adquirido US$20 millones en acciones preferentes del banco, es decir, acciones sin derecho a voto. 

En abril de ese año, las autoridades guatemaltecas congelaron las inversiones del responsable de la entidad, Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, un empresario venezolano radicado en Miami, Florida, quien en una entrevista con la revista ContraPoder, denunció que la inmovilización de sus acciones pretendía reemplazarlo en su participación en el banco: “Yo tengo mis sospechas de la intención es sacarnos y quieren sustituirnos (…)”

“¿Quién soy yo para controlar el Congreso y hacerlo cambiar para convertir acciones preferentes en acciones comunes?  Además, no es el espíritu de la ley sobre la cual fue fundado el banco. Ni es de nuestro interés controlar el banco, no somos banqueros. Alguien quiere quedarse con el banco y no soy yo”, dijo en esa entrevista Socorro Urdaneta.

Para realizar una operación que modificara estas acciones preferentes por otras comunes con poder de voto, como la que insinuaba Socorro Urdaneta, se requería de un apoyo político capaz de aprobar una reforma a la Ley Orgánica del Bantrab en el Congreso en favor de intereses privados. Un tipo de operación que en la Legislatura 2012-2016, controlada principalmente por los partidos Patriota y Líder, era factible, como investigaron y evidenciaron CICIG y la FECI.

Pero con ¿qué grado de influencia podían contar los directivos de Bantrab en el sector político para maniobra de esta naturaleza? El financiamiento de campañas políticas da algunas pistas. Y, según el testimonio brindado por el directivo Liu Yon, la directiva del banco ya había financiado previamente a los partidos Patriota, Líder y UNE, tres de las fuerzas políticas en el Congreso de la República.

El principal desvío de fondos que detectaron los investigadores de CIGIG y FECI  estaba en los fondos recibidos por el banco como bonificación por la contratación de servicios de publicidad con la entidad MMS Comunicaciones Guatemala / Starcom.  Un informe interno de Auditoría Interna Corporativa del Bantrab consultado para este reportaje detalla que  “(…) la empresa MMS Comunicaciones Guatemala, a través de su unidad de negocios Starcom, desde agosto de 2009 hasta el mes de julio de 2016, pagó por concepto de comisiones sobre inversión en medios publicitarios la cantidad de Q.26,1 millones”.

Es decir que, por la contratación de sus servicios publicitarios, el banco recibía de vuelta un porcentaje de lo pagado. Sin embargo, ese dinero no llegó al banco, sino a otras entidades paralelas controladas por los principales directivos de la institución.

Detalle de la auditoría interna corporativa utilizada en los informes de la investigación del caso Arca entregado por CICIG a la FECI en septiembre de 2019.
Detalle de la auditoría interna corporativa utilizada en los informes de la investigación del caso Arca entregado por CICIG a la FECI en septiembre de 2019. Foto: No-Ficción/ConCriterio.

Un informe de auditoría de la firma Deloitte contratada por Bantrab en 2017 estimó que, bajo ese esquema, el daño patrimonial al banco asciende a Q43.4 millones, unos US$5.6 millones. En dicho análisis también se estableció que, aunque en 2014 se canceló el contrato de publicidad entre el banco y MMS Comunicaciones, durante el año 2015 continuaron con el servicio y desembolsaron pagos a Estrategias e Inversiones ARCA S.A. Esa investigación documentó 77 facturas por Q. 29.69 millones, alrededor de US$3.8 millones pagadas por Bantrab a Estrategias e Inversiones ARCA S.A. en el periodo comprendido entre el año 2009 al año 2016.

Gracias al rastro del dinero seguido a través de ARCA S.A. los investigadores de la fiscalía y la CICIG dieron con otras dos entidades: Avanzando al Progreso S.A y Seguridad ASA S.A,  que centralizaban la recaudación de dinero para la campaña del Partido Patriota en 2011 que llevaría al poder al presidente Otto Pérez Molina. Las tres entidades fueron luego relacionadas mediante registros contables, reportes mercantiles, el giro de cheques y testimonios judicializados a los entonces colaboradores del Partido Patriota: Juan Carlos Monzón Rojas, Mario Leal Castillo y Alejandro Sinibaldi.

La primera de estas, Avanzando al Progreso S.A recaudó fondos sin registrar por US$2.5 millones, mientras que Seguridad ASA S.A sumó US$1.6 millones. Estas entidades operaron como receptoras de fondos de otras empresas privadas que, según el análisis de la investigación, procuraron ocultar sus aportes de campaña.

Avanzando al Progreso S.A., por ejemplo, recibió fondos de Progreso LTD, una off shore panameña, que aportó casi US$100 mil a la campaña del Partido Patriota en 2011. Este mecanismo permitía a Progreso LTD S.A. ocultar el origen de sus aportes al Partido Patriota. Aunque las investigaciones descubrieron que el mandatario de dicha entidad era Raúl Andrés Olivero Arroyo, quien a su vez es director suplente de Grupo Progreso LTD S.A. entidad fuera de plaza de Cementos Progreso S.A.

La madeja deshilada con el caso Bantrab terminaba por conducir hasta algunas de las principales empresas industriales, agroindustriales y contratistas del Estado. 

Uno tras otro, los gobiernos han incluido dentro de la junta directiva del banco a funcionarios y operadores, a interesados en el sistema financiero nacional, que procuran administrar la entidad en beneficio de sus intereses y luego, procuran perpetuar ese dominio suyo más allá del periodo del gobierno que les ha beneficiado. Ese fue el caso de Sergio Hernández y Ronald García Navarijo. Antes de ellos, lo intentó el banquero Francisco Alvaro McDonald. 

La operación de una entidad financiera con activos por US$4.45 millardos ofrece múltiples oportunidades de negocios: desde patrocinios fastuosos, como el del Real Madrid, hasta operaciones de gran calado en el sistema financiero internacional, como la atracción de US$20 millones de capital venezolano. Amén del riesgo del lavado de dinero: es conocida ya la historia de cercanía entre los ex directivos del banco con la gran operadora del Cártel de Sinaloa, Marllory Chacón, condenada ya en Estados Unidos por lavado de activos del narcotráfico.

En 2018, esta conexión se evidenció con la extinción del edificio donde operaba el Banco de la República, entidad adquirida por Bantrab diez años atrás, inmueble que según el testimonio del exdirectivo Liu, fue comprado por Chacón a través de testaferros y empresas de cartón para alquilárselo a Bantrab con el favor de la Junta Directiva del banco. Una transacción que condujo, tras la condena de Chacón, a la pérdida del edificio. 

El control de Bantrab, nuevamente, recae en una disputa legal en donde intereses políticos y económicos en conflicto libran un pulso que definirá el futuro de la institución. 

Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR) por parte de los medios ConCriterio y No-Ficción.

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