El 9 de mayo de 2016 la mayor empresa metalúrgica de Centroamérica, Aceros de Guatemala, pagó Q782.9 millones (alrededor de US$102.7 millones) en impuestos, multas e intereses como resultado de la investigación del caso Impunidad y Defraudación. La histórica sanción fue resultado de una compleja investigación que vinculó a la entidad Tres Puertos S.A., un operador que hizo posible la millonaria defraudación al Estado. Esta es su historia.
El 12 de febrero de 2016 el Ministerio Público (MP), con el apoyo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), allanaba las oficinas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y los principales despachos de la mayor empresa de acero de Centroamérica: Aceros de Guatemala.
Era viernes. Y nada volvería a ser igual para la cúpula de la compañía, encabezada por José Luis Vicente Gabriel Abularach, su fundador, ahora de 95 años. El personal del MP y la Policía llegaba a las oficinas de la empresa, ubicada en el nivel 13 del Edificio Columbus Center en zona 14, mientras otro equipo allanaba las oficinas de la SAT, además de las residencias particulares de altos directivos de la institución.
Caja tras caja de documentos contables fueron embalados, registrados y transportados por los agentes del MP en las oficinas de Aceros de Guatemala (AG). Gabriel Abularach seguía sin creer lo que veía. “¡Llamen a Alfredo, él arreglará esto!”, decía el empresario, recuerdan ahora antiguos trabajadores de la compañía.
Pero, ¿quién es Alfredo y por qué este caso llegó a denominarse Impunidad y defraudación?
Hay que empezar por la segunda parte de esta pregunta. La acusación de la fiscalía señala a Aceros de Guatemala de usar a la compañía Tres Puertos S.A. para servicios que proveía un red de corrupción existente en la SAT que incluía al mismo exsuperintendente Omar Franco Chacón y como intermediario al auditor Geovanni Marroquín Navas, ambos detenidos por otro caso de defraudación conocido como La Línea. Este proceso fue el primero de los grandes casos de corrupción presentados por el MP y la CICIG en 2015 y la acusación precipitó la caída del gobierno de Otto Pérez Molina.
Entre las evidencias recolectadas, hubo miles de escuchas telefónicas. Y entre estas, los investigadores hallaron comunicaciones de Marroquín Navas con otros “clientes” de La Línea.
La fiscalía, con base en sus investigaciones, acusó a Marroquín Navas de contactar a una red de funcionarios de alto nivel de la SAT para obtener la desestimación de tres querellas por Q255.61 millones en evasión fiscal contra Aceros de Guatemala. Al momento de producirse las detenciones, en febrero de 2016, el MP contaba entre sus indicios con una serie de comunicaciones en las que Marroquín solicitaba la alteración de auditorías de AG en la investigación penal por defraudación tributaria por el monto antes citado.
Esos contactos de Marroquín no eran directos con ejecutivos de AG, sino con un intermediario: Alfredo Muñoz-Ledo Carrillo. El “Alfredo” a quien mencionaba el fundador de AG cuando vio que agentes del MP y policías se llevaban información contable de sus oficinas.
La tesis del MP apunta a que Muñoz-Ledo Carrillo dirigía una entidad de nombre Tres Puertos S.A. y coordinaba acciones como la modificación de informes de la SAT gracias a sobornos que entregaba a funcionarios de esa institución. Era la manera de beneficiar a AG y evitar que la empresa pagara los tributos requeridos.
Al domingo siguiente de los allanamientos, el 14 de febrero de 2016, la entonces fiscal general, Thelma Aldana, y el comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, presentaron los avances de la investigación. Aldana dijo que las querellas se sustentaban en la posibilidad de que AG “haya simulado la compra-venta de chatarra con proveedores con inconsistencias, por ejemplo, el hecho de que tuvieran empresas de cartón como supuestos proveedores; otros proveedores no fueron localizados por la SAT; y otros estaban fallecidos al momento de emitir las facturas”.
A estas acciones los investigadores las denominaron el “Evento 1” del caso.
Hoy Gabriela Roca, actual gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AG, niega que esas compras fueron simuladas y señala que las auditorías internas de la compañía registran el ingreso del material que AG compraba. En mayo de 2016 la empresa aceptó su responsabilidad tributaria y pagó, además del monto señalado por defraudación, entre multas e intereses Q782.9 millones. El mayor cobro por reposición de impuestos de la historia de la SAT.
La investigación sobre el mecanismo empleado para eludir las investigaciones tributarias, sin embargo, prosiguió contra los acusados.
Además de este señalamiento, Velásquez indicó que el “segundo evento” investigado fue la devolución del crédito fiscal, el retorno de impuestos que el Estado hace a las empresas exportadoras que demuestren la realización de ventas. Esta acusación conecta a AG con otro caso llamado Traficantes de influencias y apunta a que en agosto de 2013 la empresa inició los trámites para la devolución de un monto de Q13.43 millones, pago que “agilizó” Marroquín Navas, gracias a sus contactos en la cúpula de la SAT.
Según el comisionado Velásquez durante la conferencia de febrero de 2015: “(…) en la organización de la estructura tenemos como el elemento articulador a este señor Geovanni Marroquín que, como comentaba, cumple el importante papel de ejercer influencia a la SAT de acuerdo con lo que le encomienda la sociedad Tres Puertos con Aceros de Guatemala”.
La investigación estableció la siguiente cadena de acciones: AG quería evitar los cobros por defraudación tributaria por Q255.61 millones a los que se exponía en el proceso judicial que enfrentaba, así que recurrió a la empresa que les daba asesoría contable, Tres Puertos S.A. dirigida por Alfredo Muñoz-Ledo Carrillo; este último, a su vez, recurrió al extrabajador de la SAT Geovanni Marroquín Navas, quien utilizó sus relaciones en la cúpula de la SAT con el exsuperintendente Carlos Muñoz y su sucesor Omar Franco Chacón, para favorecer a la empresa tanto en el caso penal como en la solicitud de una devolución de crédito fiscal por Q13.43 millones.
¿Qué tan “arriba” dentro de la SAT llegaban los contactos de Marroquín? Es una de las preguntas que pueden responder las escuchas telefónicas reproducidas durante las audiencias del caso.
25/01/2015
(Contexto: se discutía el nombramiento de un nuevo jefe de la SAT, decisión a cargo del expresidente Otto Pérez Molina)
-ALFREDO MUÑOZ-LEDO CARRILLO:
¿Cómo van las cosas?
GEOVANNI MARROQUÍN:
-Todo va bien, muy sólido, porque la moneda está en el aire, solo tiene dos caras y cualquiera es de nosotros.
Las “dos caras” hace referencia a los posibles candidatos a dirigir la SAT, un nombramiento que le correspondía al presidente Pérez Molina. Dos días después fue confirmado en el cargo Omar Franco Chacón.
La trama que siguió describe bien la cooptación de la institución, pero ¿quién es el citado Alfredo Muñoz-Ledo Carrillo y cómo ganó esa influencia?, ¿qué es la sociedad Tres Puertos y por qué buscaría beneficiar a AG?
Caso Impunidad y defraudación de No-Ficción Narrativa Investigación y DatosDe bartender a consultor de la mayor empresa metalúrgica de Centroamérica
La historia de Alfredo Muñoz-Ledo Carrillo, de nacionalidad mexicana, es la historia de un “self made man”, un hombre que se hizo a sí mismo. Según el ex fiscal Andrei González, ahora en el exilio luego de denunciar la obstaculización de investigaciones de corrupción por la fiscal general Consuelo Porras, el propio Muñoz le relató que era bartender cuando conoció al fundador de AG, José Luis Gabriel Abularach, en un viaje del empresario a México.
Los inicios de Muñoz-Ledo Carrillo en los negocios fueron con la importación de “pacas” de ropa a Guatemala a finales de los noventa y principios de los 2000. El mexicano se reinventó al cambiar de país e incluso, según algunos testimonios de compañeros de prisión, en ocasiones afirmaba ser sobrino del político mexicano Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados de México. Aunque no existe registro documental de este parentesco. Según el exfiscal González, el propio empresario le comentó que había cambiado su nombre con el apellido compuesto: “Muñoz-Ledo” porque los apellidos compuestos eran bien vistos entre la élite económica guatemalteca.
Gabriela Roca, la actual directiva de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AG, indicó que Muñoz Ledo-Carrillo empezó a brindar servicios de asesoría contable a la compañía por medio de la empresa Tres Puertos S.A., y más tarde extendió sus servicios hasta ser el principal proveedor de chatarra para la fundición de la metalúrgica.
“Él se dio cuenta de que había una estructura informal de chatarreros, que disponían de ciertos territorios, que recogían chatarra y más tarde se la vendían a AG. Decidió saltarse esa cadena y servir de intermediario para vender la chatarra a AG, lo cual generó conflictos con los intermediarios” refiere Roca.
Esta situación llevó a que el propietario de AG le pidiera a Muñoz-Ledo Carrillo dejar ese rubro. Según Roca, los registros contables de la compañía indican que el empresario mexicano continuó con la provisión a AG, pero comenzó a reportar que esa chatarra era importada de México, lo cual la hacía más cara. Tres Puertos S.A. llegó a ser su mayor proveedor y en palabras de Roca esta compañía “evadió el IVA (Impuesto al Valor Agregado) que nosotros le pagamos. Eso es un hecho, eran alrededor de Q30 millones”.
Pero ¿qué tan grandes son las operaciones de AG?
La tradicional opacidad de los registros públicos guatemaltecos sobre el valor y la propiedad de las compañías hace difícil conocer el valor real de mercado de AG. Sin embargo, se pueden hacer algunas estimaciones. En 2008 el Grupo Gerdau, la principal compañía metalúrgica de Brasil, compró el 30 por ciento de AG, renombrada como Corporación Centroamericana del Acero por US$180 millones. Eso haría que la compañía guatemalteca tuviera un valor de mercado de unos US$600 millones en esas fechas.
AG además cuenta con empresas conexas que abarcan desde una planta de procesamiento (Siderúrgica de Guatemala, SIDEGUA), hasta la venta final de sus productos (Aceros Comerciales S.A. de C.V. e Industria de Tubos y Perfiles S.A, entre otras empresas), además el grupo empresarial poseía una planta productora en Honduras (Intrefica) que cerró operaciones en 2019.
Para alimentar su siderúrgica, AG compraba chatarra a diferentes proveedores, el mayor de los cuales era la empresa Tres Puertos S.A., controlada por Muñoz-Ledo Carrillo. Esta empresa fue constituida en 2001 por dos comerciantes guatemaltecos, uno de ellos originario del municipio de Villa Nueva, Guatemala, y otro de Río Hondo, Zacapa, sin mayores registros comerciales. Muñoz-Ledo Carrillo figura como representante legal y gerente general según reportes del Registro Mercantil el 6 de agosto de 2002. En esa época el empresario mexicano tenía 37 años.
El acta de constitución de la entidad Tres Puertos S.A. registra que fue constituida en 2001, para noviembre de 2013 la sociedad reportaba un capital pagado de Q325 millones. Fuente: Registro Mercantil. 
El acta de constitución de la entidad Tres Puertos S.A. registra que fue constituida en 2001, para noviembre de 2013 la sociedad reportaba un capital pagado de Q325 millones. Fuente: Registro Mercantil. 
El acta de constitución de la entidad Tres Puertos S.A. registra que fue constituida en 2001, para noviembre de 2013 la sociedad reportaba un capital pagado de Q325 millones. Fuente: Registro Mercantil.
Esta entidad contaba con un capital autorizado de Q50 mil para 2005, el cual aumentó a Q25 millones para el año 2010, de los cuales Q20 millones eran capital pagado. Esta bonanza para Tres Puertos S.A. coincidió con el periodo durante el cual la SAT auditó a los proveedores de AG, entre los años 2006 y 2009, acciones por las cuales la institución planteó las denuncias penales contra la compañía por la presunta evasión fiscal de Q255.61 millones.
Pero este no fue el único momento de expansión de Tres Puertos S.A., en 2011 la entidad reportó un aumento del capital autorizado para operar por Q325 millones. Para esas fechas, los accionistas registrados y “propietarios de la totalidad de las acciones” eran Luis Enrique Duarte García, originario de Río Hondo, y Arnulfo Antonio Ruiz Soto, del municipio de Villa Nueva, según un acta registrada por el notario Rubén Flores Monroy el 5 de julio de 2011; mientras que el gerente general y representante legal era Enrique Donato Leal Alvarado.
En la actualidad Leal Alvarado trabaja como piloto en una empresa dedicada al reciclaje de desperdicios metálicos. Ruiz Soto es técnico en una compañía de instalaciones electromecánicas. Duarte García figura como tesorero de la entidad Reciclajes de Centroamérica S.A. registrada en Panamá en 2010, y ocupa el mismo cargo en la empresa Tres Puertos Panama S.A., registrada en ese país en 2011. Según informes de Open Corporates, el apoderado de ambas empresas registradas en Panamá es Alfredo Muñoz-Ledo Carrillo.
No-Ficción contactó vía mensajes de texto a Leal Alvarado y Ruiz Soto para preguntarles sobre las operaciones de Tres Puertos, pero hasta la publicación de este reportaje no respondieron a la solicitud de entrevista.
Dos años más tarde Tres Puertos S.A. tenía un capital pagado por Q325 millones, esto significa que al menos sobre el papel esta empresa aseguraba tener activos por ese valor. Esta operación fue registrada por el abogado y notario Juan Carlos Ríos Arévalo el 21 de noviembre de 2013. No-Ficción consultó a Ríos Arévalo pero declinó responder y aseguró “no recordar” a pedido de quién comenzó a prestar servicios a la entidad, y dijo que solo prestó servicios notariales.
Este abogado tiene registrados mandatos como gerente general, gerente especial y representante legal de Tres Puertos S.A. en 2007, 2009 y 2014; además tiene servicios notariales prestados para la misma compañía hasta ocho días antes de los allanamientos a la empresa en febrero de 2016.
El espectacular crecimiento de Tres Puertos S.A. no hubiera sido posible sin la capacidad de Muñoz-Ledo Carrillo para ganarse la confianza de su principal cliente: AG. Y eso significaba acercarse al fundador de la empresa: José Luis Vicente Gabriel Abularach.
Una disputa por la sucesión en el trono de hierro
El fundador de AG José Luis Vicente Gabriel Abularach era hijo de inmigrantes palestinos que llegaron a Guatemala a principios del siglo XX. Su abuelo fundó el almacén El Tirador, en cuyo segundo nivel José Luis Vicente inauguró Distribuidora Universal (Distun) en 1954, la empresa matriz de la futura AG. Distun creció y absorbió a otras empresas distribuidoras de material de construcción.
En 1962 Gabriel Abularach fundó Aceros de Guatemala como una empresa individual, la cual se benefició de los incentivos fiscales durante el gobierno de facto del coronel Ernique Peralta Azurdia (1963-66) y fue parte de los primeros miembros de la Cámara de Industria. Esta entidad gremial logró durante este gobierno la creación del Banco Industrial, de la cual, más tarde Gabriel Abularach integraría su junta directiva. Para 1982 AG se transformó en una Sociedad Anónima y continuó expandiendo su negocio con la creación de Siderúrgica de Guatemala (Sidegua), en la década de los 90.
Para la década de los 2000 José Luis Vicente Gabriel Abularach ya había dejado muchas de sus funciones. El heredero natural para dirigir AG era Luis Nelson Gabriel Girón, su hijo e ingeniero industrial quien falleció en 2002 a los 47 años. Tras esta muerte prematura el fundador retomó muchas funciones directivas, pero no lo hizo solo. Desde la década de los 70 lo acompañaba, primero como secretaria de administración y más tarde como su mano derecha en la gestión de la empresa, María Eugenia Valdés Gómez, de 66 años al momento de darse los allanamientos por el caso Impunidad y defraudación.
Según Gabriela Roca, la gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AG, los empleados más antiguos de la compañía refieren que Valdés Gómez era una persona de total confianza para el fundador de la empresa. Hay otras fuentes de la investigación y del sector empresarial que señalan que Gabriel Abularach sostenía una relación sentimental con su antigua secretaria
El exfiscal y jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, cuenta que a lo interno de la compañía había una disputa de poder. “La señora Valdés Gómez era conviviente del señor Gabriel Abularach e incluso se decía en la SAT que las mismas denuncias presentadas por importaciones ficticias de AG venían del interior de la compañía”, recuerda el exfuncionario. “Actualmente son los nietos quienes manejan AG, después de que se diera todo el escándalo por evasión y sacaran completamente a Valdés de la operación. Para ellos, esto a la larga sirvió para recuperar el control de la compañía. Lo más seguro es que de no haber salido el caso de AG, la señora Valdés se hubiera quedado con la empresa, su participación después ha sido usada para exculpar a los demás”, señala Solórzano Foppa.
“Ahora ellos argumentan ´no sabíamos lo que hacía María Eugenia…´ cuando en realidad ella estaba en control de la empresa por la cercanía que tenía con Gabriel Abularach”, refiere el ex jefe de la SAT.
La actual gerente de Asuntos Corporativos de AG, Gabriela Roca, confirma algunos aspectos de estas declaraciones al indicar que Valdés Gómez “manejaba la oficina” y disponía de la firma de contratos, el pago de cheques y el control efectivo de las actividades administrativas de la empresa. “Ella era la persona de confianza plena de don José Luis, al punto de lo que dicen es que no había un cheque o una factura que saliera de acá sin que ella lo firmara”, indicó Roca que antiguos trabajadores reconocían.
Un acta notarial del 4 de julio de 2007, reportada por el abogado Alejandro Barreda García consigna que José Luis Gabriel Abularach y María Eugenia Valdés Gómez eran propietarios del 100 por ciento de las acciones de la entidad Administradora de Proyectos Industriales S.A., la cual reportaba, ese mismo año, activos por Q76.65 millones según balances de la misma empresa.
El fundador de AG falleció a los 96 años en 2017. Actualmente la compañía tiene por director a José Rodrigo Gabriel Bouscayrol, nieto del fundador e hijo de Luis Nelson Gabriel Girón, administrador de empresas e integrante de la Junta Directiva de la Cámara de Industria entre 2015 y 2017.
La búsqueda de impunidad
En este punto hay que retomar la figura de Alfredo Muñoz-Ledo Carrillo. La investigación contra AG surgió de informes de auditoría realizados por la SAT en el periodo del 2006 al 2009. Estos reportes generaron tres denuncias en 2012 por presunta evasión fiscal.
El caso fue asignado a la fiscalía de Delitos Económicos. Los agentes fiscales observaron que los informes de la SAT apuntaban a la creación de una estructura piramidal de empresas proveedoras de chatarra. Las empresas de “segunda fila” como las llamaron vendían a empresas de “primera fila” que finalmente vendían a la compañía Aceros de Guatemala materia prima para la fundición del metal usando como intermediario a Tres Puertos S.A.
Las tres denuncias penales por defraudación fueron conocidas por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, a cargo del juez Adrián Rolando Rodríguez Arana en 2012. En contra de este juzgador, la CICIG y el MP solicitaron el retiro de antejuicio para investigarlo en el marco del caso Traficantes de Influencias en 2017. Inicialmente las resoluciones judiciales eran favorables a AG, el juez decidió que se archivara la investigación. La fiscalía de Delitos Económicos apeló la decisión y una Sala de Apelaciones ordenó que continuara con las indagaciones.
En octubre de 2014 la defensa de AG solicitó que se revisara las tres querellas presentadas por la SAT y el juez Recinos ordenó a la Superintendencia examinar la información de las auditorías y que luego se pronunciara, en enero de 2015.
Mientras este pulso legal se libraba en los tribunales otro tipo de operaciones se daban desde los despachos de abogados y directivos, según la acusación de la fiscalía. Como parte de las investigaciones del caso La Línea, el teléfono de Geovanni Marroquín Navas ya estaba intervenido.
Como explica el exfiscal Andrei González, en aquella época en Delitos Económicos, las escuchas telefónicas de La Línea contribuyeron a aportar elementos para la investigación e incluso derivaron un nuevo caso de intervención de grandes empresas en la SAT, el caso Traficantes de Influencias.
Entre octubre de 2014 y febrero de 2015 Marroquín, a pedido de personal de Tres Puertos, logró gracias al intendente de Asuntos Jurídicos de la SAT, Alfonzo Romeo Castillo, y el intendente de Fiscalización que en la SAT cambiaran los informes en los que se sustentaba la denuncia contra AG.
En una intervención telefónica del 19 de diciembre de 2014 Marroquín alardea de lo efectivo de sus gestiones con su pareja:
19/12/2014
GEOVANNI MARROQUÍN NAVAS:
Mira, amor lindo, la hora a la que estoy saliendo (5:37 pm). A ACEROS le quité los dos pijazos esos, ya firmados en acta y todo; y lo otro, vaya que fui, mi amor, se redactó de una vez como se quería y ya está fuera (…) Y cabal cuando me estabas llamando estaba hablando con Chacaj (contador de Tres Puertos S.A.), pero ahí estaba la CORPORACIÓN conmigo, se les leyó y dijeron “Bendito Dios, ahorita le informamos a María Eugenia (Valdés Gómez). Salimos de esto”. Lo que si va a estar cabrón va a ser el pago (…) Ellos ya cerraron toda la parte de la tesorería, entonces la Licda Valdés y don Alfredo (Muñoz Ledo) se pusieron de acuerdo (…) cómo quien dice que él va a pagar.
Los “pijazos” a los que se refería Marroquín eran, según la acusación, la modificación de las auditorías que apuntaban a la responsabilidad de AG en las tres causas por defraudación tributaria en su contra. Sin embargo, los cambios aún no eran suficientes, como lo relata el propio operador en otra comunicación con su pareja:
31/12/2014
GEOVANNI MARROQUÍN NAVAS:
Ya me escribió don Alfredo. Está fea la cosa, la situación es que la lucha se volvió doble porque la SAT la cagó, no hay vuelta de eso: no nos entregó lo que nos ofrecieron y Don Alfredo con su percepción negativa, aquí el equilibrio es Frank (Trujillo Aldana) el abogado, pero Don Alfredo ya marcó que SAT no hizo su trabajo(…) Don Alfredo se va a encaballar en que no cumplieron con su parte y que no se les pague a ellos (…) La redacción es una gran puerta que está abierta ahí para que diga el MP que llamen a ACEROS.
Mientras Marroquín coordinaba estas nuevas modificaciones, Muñoz-Ledo se encontraba de vacaciones en Tahití, pero mantenía contacto con su operador.
“Bendito Dios, ahorita le informamos a María Eugenia (Valdés Gómez). Salimos de esto”. Lo que si va a estar cabrón va a ser el pago (…) Ellos ya cerraron toda la parte de la tesorería, entonces la Licda Valdés y don Alfredo (Muñoz Ledo) se pusieron de acuerdo (…) cómo quien dice que él va a pagar”, intervención telefónica a Geovanni Marroquín Navas.
La SAT presentó nuevos informes el 14 de enero de 2015 en los cuales señaló a los proveedores de “primera y segunda fila” como responsables de las irregularidades y los representantes de AG pidieron que se desestimara parcialmente el caso y ya no se investigara a la empresa metalúrgica. El abogado Frank Trujillo Aldana, mandatario judicial de AG para este caso, se encargó de esta solicitud.
La fiscalía de Delitos Económicos se opuso a esta decisión en enero de 2015 y argumentó ante el juez que los informes de la SAT debían ser técnicos, remitirse a la investigación y no tomarse la libertad de señalar a responsables. Mientras tanto, los mandatarios de la SAT no se opusieron a las acciones de la defensa de AG. Nuevamente, en febrero de 2015, la defensa vuelve a plantear que se desestime el caso y el juez fija como plazo el 19 de junio para pronunciarse.
El contexto importa mucho para entender la pasividad de la SAT. El superintendente Carlos Muñoz había puesto el cargo a disposición del presidente Pérez Molina el 5 de enero después de que por segundo año consecutivo no lograra alcanzar la meta de recaudación tributaria. La SAT había cobrado Q2,4 millardos menos de lo programado para 2014.
Mientras tanto la estructura continuaba con sus operaciones en el “segundo evento” relacionado a AG, la devolución del crédito fiscal a exportadores. Las intervenciones telefónicas entre Ledo Carrillo y Marroquín detallan la coordinación de los pagos por sus servicios.
04/02/2015
ALFREDO MUÑOZ-LEDO CARRILLO:
Mira te hablaba por dos cosas, ¿vas a ir a la oficina?
GEOVANNI MARROQUÍN NAVAS::
Sí, para allá voy.
ALFREDO MUÑOZ-LEDO CARRILLO:
Nos vemos allá para empezar a armar. Frank (Trujillo) va a entrar a todo vapor, deberían decir a nosotros qué pasó con el otro grupo; pero yo, independientemente por mi lado con ACEROS, voy a presionar para ver si me dan o no me dan, para que de una vez Frank vaya a hacer el lobby. Tiene nueve días y definir si lo consigue o no.
El 27 de febrero de 2015 la empresa cobró al Estado Q11.8 millones como devolución al crédito fiscal por sus exportaciones. Los negocios iban bien para la estructura hasta que llegó el 16 de abril de 2015, el día de presentación del caso La Línea. Marroquín fue uno de los capturados como un operador externo de esta estructura de cobros en Aduanas. Una red que más tarde incluiría entre los imputados al presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Al momento de la detención de Marroquín, se encontró en su celular incluso una tabla de Excel con la distribución de los sobornos a funcionarios de la SAT y otros operadores. Esto como pago por obtener para AG la entrega de Q11.8 millones en concepto de devolución del crédito fiscal.
El papel de Tres Puertos S.A.
A los 51 años, Alfredo Muñoz Ledo Carrillo, un empresario de barba recortada, trajes de corte a la medida y al frente de una compañía, Tres Puertos S.A., con activos registrados por Q325 millones, era el prototipo de empresario exitoso. En 2016 Muñoz-Ledo se encontraba en su mejor momento.
Sofisticación, encanto y profesionalismo. Son palabras que se repiten en la descripción que hace Gabriela Roca, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de AG, del paso de Alfredo Muñoz-Ledo Carrillo por la empresa a partir del relato de personas que lo vieron prestar sus servicios. Roca es clara en indicar que Muñoz-Ledo nunca trabajó directamente para AG, un aspecto que confirman tanto González, exfiscal del caso, como Solórzano Foppa, ambos conocedores a profundidad del proceso.
Sin embargo, Muñoz-Ledo tenía acceso a las entrañas contables de la empresa como reconoce Roca: “Él se metió hasta la cocina”. Y no iba solo, cuando llegaba a las oficinas de AG, a menudo era acompañado por otro imputado en el caso, el auditor de Tres Puertos, Rigoberto Chacaj Soc, y en ocasiones con el mismo Geovanni Marroquín Navas.
Roca explica que los mandos medios de la contabilidad de AG cuentan que cuando Muñoz-Ledo, Marroquín y Chacaj llegaban a la oficina era como recibir una auditoría. “Les decía, prepárenme los expedientes, tienen que ir nítidos a la SAT (…) El mensaje para los mandos medios era ‘esta gente sí sabe, es un trabajo profesional’. Los comentarios a lo interno eran ´Geovanni y el resto de la gente (que lo acompañaba) trabajaron en la SAT así que ellos saben que cosas se tienen que presentar y que cosas no para que los expedientes que vayan no sean rechazados´”, dice Roca.
Pequeños detalles dan cuenta de la influencia de Muñoz-Ledo. Alrededor de las 6 de la tarde, el fundador, don José Luis, acostumbraba tomarse un whisky y charlar un rato, los días cuando Muñoz-Ledo se encontraba en la oficina, no faltaba a esa cita. Hablaban de aeronaves, una de las pasiones del empresario, piloto desde la década de los cincuenta, o del día a día.
Conocedor de que don José Luis gustaba supervisar la actividad en la planta siderúrgica de la empresa en Masagua, Escuintla, Muñoz-Ledo le regaló un carrito de golf para que pudiera recorrer la fábrica. Otras fuentes apuntan a que fue a través del golf como el empresario mexicano se acercó a la familia Gabriel Abularach, a raíz de la amistad con otros hijos del fundador.
El exfiscal de Delitos Económicos Andrei González relata que durante la investigación del caso, por medio de las escuchas telefónicas, pronto fue claro que Muñoz-Ledo coordinaba la estrategia para la desestimación de las denuncias por evasión contra AG y la “agilización” del pago del crédito fiscal a exportadores. Chacaj era su operador en Tres Puertos y Marroquín su contacto con los funcionarios de la SAT, de igual forma mantenía comunicación con el abogado Frank Manuel Trujillo Aldana para coordinar las acciones legales.
El poder de Muñoz-Ledo provenía de su cercanía con el fundador de AG y su mano derecha, la antigua secretaria y más tarde administradora de facto de la compañía, María Eugenia Valdés Gómez. La cual contaba con un mandato general con representación de la empresa desde septiembre de 2012 y habilitado para un plazo de diez años, según reportes del Registro Mercantil.
Tres Puertos S.A., sin embargo, era una casa de naipes. El exfiscal González relata que el análisis financiero de la compañía mostró que “muchas de las operaciones de la empresa eran pura apariencia, tenía muchos préstamos y en más de alguna ocasión Aceros de Guatemala salió a su rescate. Tenía compromisos financieros con algunas instituciones bancarias que no podía pagar. De Tres Puertos no se recuperó mayor cosa”, dice el investigador.
Documentación consultada por No-Ficción en el Registro Mercantil muestra que incluso antes de que estallara el caso Impunidad y defraudación, en julio de 2014, en una operación registrada por el notario Juan Carlos Ríos Arévalo, se reportó que Tres Puertos vendió acciones a Muñoz- Ledo por valor de Q48.38 millones y a su esposa Anelle Descamps Luna por Q4.78 millones.
Al momento de realizar los allanamientos a las oficinas, el exfiscal relata que encontraron decenas de chequeras llenas con las firmas y listas para usarse. La red de empresas creada por Muñoz-Ledo buscaba a personas como prestanombres para la apertura de cuentas y compañías, y luego su estructura se encargaba de simular operaciones comerciales reales.
Tres Puertos S.A. está inhabilitada desde diciembre de 2017 por adeudos tributarios.
Para el exjefe de la Unidad de Métodos Especial del MP y ex superintendente de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, Tres Puertos refleja una estructura “bien diseñada” para la defraudación tributaria a gran escala.
Muñoz-Ledo era la cabeza de Tres Puertos S.A., Chacaj su administrador y debajo de él había otro grupo de contadores que operaban las empresas creadas por la red, detalla Solórzano Foppa.
El exsuperintendente de la SAT coincide con Roca, la directiva de AG, en reconocer que el negocio de recolección de chatarra para su reciclaje “es altamente informal, la justificación que se daba es que muchos de los proveedores no estaban regularizados y la materia prima que vendían no tenían cómo justificarla”. El exfuncionario señala que Tres Puertos se encargaba de generar toda una estructura de empresas que simulaban la compra-venta o adquisición de chatarra para tener como justificar estas adquisiciones.
“Lo interesante, con los proveedores de primera, segunda y tercera línea en estos esquemas de defraudación, es ver si hay un retorno para la parte de arriba. Qué es lo que ellos siempre alegan, ´Yo no soy el responsable de lo que haga mi proveedor en tercera línea´; en principio no, pero si los conoces, consentiste la operación, diseñaste la estrategia pues entonces no te podés hacer el loco”, destaca Solórzano Foppa.
Hay que recordar que Solórzano Foppa antes de dirigir la SAT fue un fiscal que empezó su carrera en la fiscalía de Delitos Contra la Vida y participó en la creación de la Dirección de Análisis Criminal del MP. Al ser nombrado al frente de la SAT en 2016, respaldó una intervención a AG para asegurar el cobro de los impuestos que se le reclamaba a la empresa, al día siguiente de ordenada la intervención judicial la compañía pagó Q782.9 millones por las denuncias de defraudación en su contra, más una nueva investigación abierta por presunta falsificación de 178 formularios FAUCA, por la importación de chatarra desde Honduras, así como multas e intereses. Por esta última acusación, la de falsificación de formularios FAUCA, la gerente de Asuntos Corporativos de AG, Gabriela Roca, asegura que la empresa denunció a una agente aduanera hondureña.
Para Solórzano Foppa, Tres Puertos le prestaba a AG un servicio de venta de facturas para generar una estructura fiscal que incluso le permitiera reducir sus pagos de Impuestos Sobre la Renta (ISR). “En el momento de echar a andar la maquinita de facturas falsas, te da lo mismo de echarla andar al 75% de tu facturación, que te quedaría un margen de 25% o echarla a andar al 95%”, refiere el ex jefe de la SAT.
El recuento
Por este caso 15 personas, la mayoría de ellos ex funcionarios de la SAT fueron enviados a juicio en enero de 2021 por parte del Juzgado de Mayor Riesgo A, presidido por Claudette Domínguez. Sin embargo, aún no se ha fijado fecha para el inicio del juicio. La jueza a cargo del caso clausuró provisionalmente el proceso contra María Eugenia Valdés Gómez, la antigua representante legal de AG. La persecución penal contra el otro representante legal, José Raúl Paiz Valdez, fue suspendida en 2017 y sentenciado a recibir tres cursos de cultura tributaria por parte de la SAT.
Alfredo Muñoz-Ledo Carrillo estuvo en prisión en el Centro de Detención Mariscal Zavala hasta finales de 2021, sin embargo, gracias a medidas sustitutivas otorgadas por el juzgado recuperó su libertad. El empresario mexicano no fue incluído entre las 15 personas enviadas a juicio en enero de ese año. Y la fecha para que inicie el juicio no ha sido fijada ya que la defensa de uno de los acusados presentó una acción que tiene que ser resuelta por la Sala Primera de Mayor Riesgo.
Los acusados enfrentan delitos que van desde la asociación ilícita, el cohecho activo, cohecho pasivo, obstaculización a la acción penal y lavado de dinero. No-Ficción intentó contactar a Muñoz-Ledo en las direcciones registradas para Tres Puertos S.A. y en perfiles de redes sociales de familiares, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Según la gerente de Asuntos Corporativos de AG, Gabriela Roca, desde la denuncia contra la empresa, la compañía ha emprendido cambios en las prácticas de transparencia. La compañía se encuentra en proceso de certificación de la norma ISO 37001 (Sistemas de gestión Antisobornos). Entre las prácticas que esta normativa establece, por ejemplo, se encuentra que haya siempre dos representantes de la empresa en reuniones con funcionarios y se reporte el motivo del encuentro. Al menos, en teoría, se acabaron las reuniones privadas que consultores externos como Muñoz-Ledo realizaba con funcionarios.
También según Roca se ha conseguido una mayor trazabilidad de las decisiones administrativas y mejorado los controles para asegurarse que sus proveedores cumplan con sus obligaciones. En materia tributaria el caso de Aceros de Guatemala concluyó con el mayor pago individual de impuestos atrasados y multas por Q782.9 millones (alrededor de US$102.7 millones); sin embargo, el proceso penal del caso contra exfuncionarios y presuntos intermediarios como Muñoz-Ledo continúa.
