En el newsletter de esta semana hacemos un repaso de cómo están las fuerzas alrededor de la elección de cinco magistrados/as de la Corte de Constitucionalidad, y sus suplentes. Ya están consumadas las designaciones del Colegio de Abogados, democrática pese al intento de intervención de la fiscalía, y de la Universidad de San Carlos (USAC), opaca como se esperaba con los antecedentes de ilegitimidad de su Consejo Superior Universitario. Pero restan tres nombramientos: del Ejecutivo, se espera alguien probo y de credenciales constitucionales; de la Corte Suprema de Justicia, otro punto para los intereses espurios, y por último la bisagra: la elección del Congreso.
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Hoy hacemos un repaso del juego de tronos alrededor de la elección de la Corte de Constitucionalidad. Adelanto un spoiler: la clave en el balance de la próxima corte la puede dar el Congreso, uno de los tres poderes restantes por nombrar a sus designados, por delante del Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia.
Primero un repaso, y luego entramos en materia de porqué el Congreso es la clave.
La elección de la Corte de Constitucionalidad 2026-2031 comenzó con dos designaciones que a los integrantes del “pacto” (la forma abreviada con la que gente del denominado “pacto de corruptos” prefieren denominarse), les parecían claras.
El CANG se consideraba, para este grupo, un área pérdida por los antecedentes de las recientes elecciones del Colegio de Abogados; y se ve a la USAC como un aliado estratégico donde el rector Mazariegos impulsaría magistrados afines de sus intereses.
Las primeras dos designaciones —CANG y USAC— no solo inauguraron el proceso, sino que revelaron el clima en el que se desarrollarán las elecciones de segundo nivel de este año: un escenario de alianzas frágiles, actores en reacomodo y un Ministerio Público que, aunque debilitado, sigue intentando incidir.
Hay que recordar que la fiscal general, Consuelo Porras, se postuló por la USAC y esto no fue una acción casual, sino un intento hasta el último momento de canjear un espacio.
El Congreso puede ser la clave
Al “pacto”, por usar una categoría sociopolítica, podemos llamarlo la coalición dominante, ese grupo o alianza de actores (actores políticos, élites económicas, en el caso de Guatemala también facciones del crimen organizado) que controlan los recursos de poder dentro del Estado.
Durante la última década esa alianza amorfa ha cuajado en momentos clave para defender sus intereses (expulsión de la CICIG, defensa de la gestión de Porras, exclusión de candidaturas presidenciales, apoyo a la CSJ ilegal que permaneció 9 años en el poder).
Pero a su vez han tenido momentos de disputa de poder entre facciones, como en las elecciones de 2023 donde la disputa por los recursos del Estado los hizo apostar a varias candidaturas permitiéndole la oportunidad a Semilla de llevar a Arévalo a segunda vuelta.
En esta ocasión las negociaciones recrudecen. Diputados clave de la oposición como Allan Rodríguez de Vamos, Álvaro Arzú Escobar, Unionista; y Carlos López Girón, Valor; y en un perfil más bajo, Felipe Alejos, del partido Todos, buscan negociar un magistrado titular y suplente afín al “pacto” en el Congreso.
Alguien que incline la balanza con tres votos, contando con que tendrán la afinidad de los designados de la USAC y la CSJ. El problema de este grupo para conseguir los votos es que ya han tenido demasiadas derrotas, y nadie quiere arriesgarse a apoyar una candidatura perdedora.
En la actual legislatura (2024-2028), la oposición tradicional en el Congreso ha acumulado derrotas políticas clave que evidencian la pérdida de su control histórico del Legislativo: la más visible fue la elección de la Junta Directiva en 2024 y 2025, cuando la alianza oficialista logró colocar como presidente del Congreso a Nery Ramos (Azul), desplazando a los bloques que dominaron el hemiciclo en años previos; el intento de recuperar la presidencia en enero de 2025 también fracasó, confirmando que la coalición adversaria podía sostenerse.
A esto se sumó la incapacidad de construir mayorías para bloquear de forma sistemática la agenda mínima del Ejecutivo, lo que marca un cambio estructural: la oposición ya no posee el poder de veto permanente ni la capacidad automática de fijar la agenda legislativa.
El otro bloque negociador
En la otra esquina por estas negociaciones hay figuras clave como viejos conocidos del Congreso, como el actual presidente del Legislativo, Luis Contreras, un camaleón que ha pasado por el espectro conservador (Gana, PP, MR y CREO) presente en el hemiciclo desde 2004.
A él se suma en las nuevas negociaciones, aunque con sus propios intereses, el expresidente del Legislativo, Nery Ramos, quien tiene aspiraciones presidenciales para 2027 con el apoyo del expresidente Alfonso Portillo. Además de otro negociador clave para la alianza oficialista, el diputado Luis Aguirre, de Cabal.
Aguirre es una figura interesante para entender esta dinámica. No como líder del oficialismo, sino como actor bisagra que ha inclinado las votaciones clave. Aguirre dirige una bancada que ha alternado entre oposición y alianza con el Ejecutivo, aportando votos decisivos para mayorías legislativas; de hecho, Cabal ha sido descrito como una bancada que según la circunstancia puede ser “opositora y aliada del gobierno” y que ha respaldado decisiones importantes como reajustes presupuestarios y acuerdos políticos clave.
Para entender cómo estas alianzas son muchas veces más de lealtades personales que exclusivamente de partidos, basta un ejemplo, en el otro bloque, Carlos López Girón, es diputado por Valor, mientras que su hijo, el también diputado por Quiché, Carlos López Maldonado, lo es por Cabal.
Por último, pero igualmente claves por su disciplina están los votos independientes de Semilla, tras el bloqueo de su partido. Tanto en la facción afín al presidente Arévalo, liderada por José Carlos Sanabria, como en los diputados que tratan de construir el nuevo partido Raíces, dirigido por Samuel Pérez. Este conjunto tiene 23 votos que pueden ser decisivos para la designación del magistrado titular y suplente a la CC, y tendrán probablemente aquí la mayor prueba de su capacidad de negociación estratégica.
De ese pulso saldrá la designación de magistrado a la CC que puede inclinar la balanza 3 a 2 en decisiones clave.
Una lectura de las designaciones en el CANG y la USAC
Por último, hay que darle una lectura a la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esta abrió la contienda con una jornada que dejó ver la recomposición del poder gremial. La victoria de la alianza Unidad por la Democracia, que logró colocar a Astrid Lemus y Fernando Bermejo, marcó el desplazamiento de estructuras tradicionales y evidenció que el gremio ya no responde a los mismos bloques que dominaron elecciones anteriores.
La votación, sin embargo, no fue una simple disputa interna: la presencia de fiscales y agentes policiales realizando allanamientos en centros de votación por una denuncia en reserva convirtió el proceso en un recordatorio de que el Ministerio Público sigue dispuesto a irrumpir en los momentos clave. El mensaje fue que el MP ya no controla el tablero como antes, pero conserva la capacidad de intervenir y generar presión en los procesos decisivos.
La elección del Consejo Superior Universitario de la USAC profundizó esa lectura. En una sesión secreta, cuestionada por la legitimidad de buena parte de sus integrantes y por la exclusión de consejeros de oposición, el rector Walter Mazariegos impuso a sus candidatos.
La designación de Julia Marisol Rivera Aguirre como magistrada titular y de José Luis Aguirre Pumay como suplente no solo cerró la elección universitaria, sino que rompió posibles acuerdos previos con actores que habían sido aliados recientes, entre ellos la actual presidenta de la Corte, Leyla Lemus, y la fiscal general, Consuelo Porras.
La ruptura dejó como señal clara que las negociaciones que antes parecían estables hoy son transitorias, y los pactos se deshacen con rapidez cuando cambia el equilibrio de fuerzas.
Ambas designaciones revelan un patrón que probablemente marcará el resto de elecciones institucionales del año —desde la elección de magistrados/as al Tribunal Supremo Electoral hasta la designación del próximo/a fiscal general—: el poder se está redistribuyendo y la clave está en las bisagras.
El futuro de estas alianzas
Los actores tradicionales siguen presentes, aunque con menor capacidad de imponer resultados de manera coordinada. El Ministerio Público ilustra bien esta transición, su capacidad de incidir ya no garantiza victorias, pero su presencia continúa siendo un factor que nadie puede ignorar.
La integración de la Corte de Constitucionalidad, en este contexto, es más que la elección de cinco magistraturas. Es la primera gran disputa institucional de un año en el que Guatemala renovará múltiples espacios de poder. Y las primeras decisiones sugieren que el país entra a este ciclo con un sistema político más fragmentado, más impredecible y todavía atravesado por redes de influencia que buscan acomodarse a un nuevo equilibrio.
