Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima y exdiputada del partido Movimiento Semilla, ha sido ligada a proceso por el juez Fredy Orellana bajo los cargos de “fiscalización electoral de fondos” y “financiamiento electoral no registrado”.
Los cargos en contra de la exdiputada Ligia Hernández surgen en el marco del caso “Corrupción Semilla”, en el que el Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal general Consuelo Porras, ha cuestionado la constitución del partido, su financiamiento, y la validez de las elecciones de 2023.
Según el MP, la detención de Hernández se enmarca en la Fase 2 de la investigación en contra del partido Movimiento Semilla. La acusación se basa en un informe del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre los comicios de 2019. Hernández fue electa diputada por el distrito de Guatemala en esas elecciones, ocupando el puesto de secretaria adjunta 1 del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Durante ese período, Semilla reportó ingresos por Q1.32 millones, que fueron auditados tanto por el TSE como por una consultora externa. Hernández, no obstante, no era responsable de firmar los informes financieros de la campaña electoral.
Los cargos imputados a Hernández incluyen la “fiscalización electoral de fondos”, que se refiere a la obstrucción del control y fiscalización de los gastos de campaña por parte del TSE, y el “financiamiento electoral no registrado”, que se refiere a la recepción de aportes en dinero o especie sin reportar su identidad. Ambos delitos podrían resultar en penas de uno a cinco años de prisión.
El juez Fredy Orellana, conocido por su inclusión en la Lista Engel de 2023 por el gobierno de Estados Unidos, fue el encargado de ligar a proceso a Hernández. La acusación fue presentada por la fiscal Leonor Morales, también sancionada en 2023 por el gobierno estadounidense por “socavar la democracia”. Orellana, además, autorizó una nueva suspensión contra el partido Semilla a petición del MP en julio de este año, extendiendo la sanción sobre la agrupación por un año más.
El gobierno de Guatemala, a través de un comunicado, ha expresado su rechazo a la detención de Hernández, afirmando que se trata de una “persecución en contra de las autoridades electas y funcionarios de este gobierno”.
Ante la captura de la Directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, el Gobierno manifiesta: pic.twitter.com/mrBxhbX84n
— Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) August 14, 2024
El comunicado agrega que “condenamos estas acciones y acompañamos a la directora del Instituto de la Víctima, quien valientemente enfrenta cargos de casos espurios, bajo investigaciones reservadas con secreto y sin apego a la ley”.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos también condenó la detención de Hernández. El secretario de Estado, Brian A. Nichols, calificó el arresto como “un ejemplo flagrante de la continua instrumentalización del sistema judicial por parte del Ministerio Público de Guatemala”, resaltando las crecientes preocupaciones sobre la criminalización de actores democráticos en el país.
.@WHAAsstSecty: Condenamos enérgicamente el arresto de Ligia Hernández, un ejemplo flagrante de la continua instrumentalización del sistema judicial por parte del Ministerio Público de Guatemala. Estados Unidos rechaza los continuos esfuerzos por criminalizar a los actores… https://t.co/2pnKsV83bW
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) August 15, 2024
Hernández fue enviada a la cárcel del Cuartel Militar Matamoros por orden del juez Orellana. Este centro de reclusión, conocido por albergar a líderes pandilleros y narcotraficantes, será su residencia hasta que el MP finalice la investigación en su contra, cuyo plazo vence el 15 de noviembre. Sin embargo, la audiencia para definir si Hernández será enviada a juicio está programada para el 1 de diciembre, lo que indica que podría permanecer en prisión preventiva hasta finales de año.
