En el newsletter de esta semana realizamos una lectura sobre las últimas incautaciones millonarias de cocaína en Puerto Quetzal y su significado en el entramado de corrupción e impunidad del país.
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Por años, el polvo que más se movió en Puerto Quetzal fue el del carbón, el grano y los fertilizantes. En enero de 2026, sin embargo, el blanco volvió a ser noticia. No por el comercio legal, sino por las rutas invisibles que atraviesan los contenedores y conectan a Guatemala con el mercado global de la cocaína.
En cuestión de días, las autoridades guatemaltecas incautaron 4.92 toneladas de cocaína escondidas en sacos de harina de coquillo (alimento para ganado) dentro de contenedores procedentes de Costa Rica. La droga, valuada en más de Q661.8 millones (US$86.4 millones), fue hallada en al menos cuatro contenedores inspeccionados en Puerto Quetzal, el principal puerto del Pacífico del país. No hubo detenidos. Solo carga, sellos, documentos de exportación y una pregunta que se repite cada vez que se da alijos de este tamaño: ¿cuántos cargamentos similares pasan sin ser detectados?
El hallazgo ocurrió en medio del estado de sitio decretado por el gobierno de Bernardo Arévalo y se sumó a un dato mayor: en 2025 Guatemala incautó 9.85 toneladas de cocaína, poco más que la mitad que en 2024, cuando se decomisaron 18.2 toneladas; pero más que en los dos últimos años del gobierno de Alejandro Giammattei. La lectura oficial habla de una ofensiva efectiva. La lectura estructural es otra: la cocaína sigue pasando, y sigue pasando por los puertos.
El puerto como frontera invisible
El Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la UNODC confirma que el mercado global de la cocaína vive un momento récord: producción, consumo e incautaciones alcanzaron máximos históricos. Las rutas marítimas del Pacífico se consolidaron como corredores clave entre Sudamérica, Centroamérica y los mercados de Estados Unidos y Europa. Guatemala aparece en los mapas como país de tránsito crítico, un “hotspot” donde convergen flujos, contenedores y economías formales e ilegales.
En ese mapa, Puerto Quetzal no es un puerto más. Es la puerta de entrada y salida de la economía guatemalteca… y una de las infraestructuras más vulnerables del Estado.
El narcotráfico ya no necesita lanchas rápidas ni pistas clandestinas (aunque siguen existiendo). Hoy se mueve dentro del comercio internacional, camuflado en mercancía legal, protegido por la opacidad logística y la fragmentación de responsabilidades. El contenedor es la nueva frontera. Y el puerto, el punto ciego a la vista de todos.
Un puerto codiciado
Puerto Quetzal arrastra una historia larga de administración opaca, contratos irregulares y redes de poder enquistadas. Durante años, las investigaciones sobre corrupción portuaria avanzaron y se estancaron al mismo tiempo, revelando un patrón: los puertos son demasiado estratégicos para ser transparentes.
Lo recordamos en causas judiciales como la del Caso TCQ, un contrato irregular en los terrenos de la Empresa Portuaria Quetzal avalado por el expresidente Otto Pérez Molina, parte del proceso por cooptación del Estado, iniciado por la CICIG. Y que ha implicado financiamiento de organismos internacionales como el Banco Mundial como lo detallamos en este reportaje.
Esa debilidad institucional explica por qué el narcotráfico encontró ahí un espacio fértil. No se trata solo de falta de tecnología, sino de captura institucional. Los sistemas fallan cuando quienes deben controlarlos están dentro del problema.
Incautar más no significa controlar mejor
Durante el estado de sitio, el Gobierno reportó tres toneladas de cocaína incautadas en Puerto Quetzal, más de mil detenidos, cientos de armas decomisadas y operativos simultáneos en cárceles, carreteras y puertos. El discurso del presidente Arévalo fue: “ya no se administra al crimen, se le enfrenta”.
Pero el propio informe de UNODC advierte que el aumento de incautaciones suele ser un indicador de expansión del mercado, no de su debilitamiento. La cocaína se produce más, se mueve más y, por lo tanto, se pierde más. Las organizaciones criminales incorporan las incautaciones como un costo operativo.
El problema, entonces, no es cuánta droga se incauta, sino cuánta logra pasar sin ser detectada. Y sobre todo cómo la demanda creciente del principal mercado, Estados Unidos, no se detiene. Frente a ese apetito insaciable del gran consumidor del norte, Guatemala, con pocos recursos para lidiar con sus propios problemas de seguridad, destina cada vez más esfuerzos a combatir un problema que erosiona sus propias instituciones.
La modernización: seguridad, geopolítica y control
En este contexto, Guatemala firmó en mayo de 2025 y enero de 2026 dos acuerdos con Estados Unidos para la modernización de Puerto Quetzal, con una inversión inicial de US$110 millones, de los cuales US$64 millones están destinados directamente a la ampliación y modernización del puerto, bajo diseño y ejecución del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USACE).
Oficialmente, el objetivo es convertir a Guatemala en un hub logístico regional, reducir el narcotráfico, contener la migración irregular y fortalecer el comercio. Pero el lenguaje diplomático revela otra capa: el acuerdo forma parte de la estrategia de EE. UU. para limitar la influencia de China en infraestructura estratégica en América Latina.
Puerto Quetzal dejó de ser solo un problema de seguridad: es ahora también un activo geopolítico.
El espejo ecuatoriano
Ecuador ofrece una advertencia. En pocos años pasó de ser país de tránsito a epicentro de violencia, con puertos convertidos en enclaves del narcotráfico y cárceles gobernadas por bandas criminales. El resultado: estados de excepción permanentes, militarización y decenas de toneladas de droga incautadas… sin que el problema desaparezca.
La lección es incómoda: cuando el narcotráfico captura la infraestructura, captura al Estado. Y cuando la respuesta es solo punitiva, el ciclo se repite.
Guatemala aún no está bajo un control total de redes del crimen organizado.
Pero los contenedores incautados en Puerto Quetzal, así como las incursiones de carteles mexicanos en Guatemala, de la cual da cuenta el reportaje La silenciosa expansión del Cartel de Jalisco Nueva Generación en Guatemala muestran que la disputa ya está en marcha y es resultado de una captura histórica de sus instituciones.
El polvo que no se ve
Los “polvos blancos” de Puerto Quetzal no son sólo cocaína. Son el rastro de un conflicto silencioso por el control de la logística, del comercio y de las instituciones. Cada contenedor incautado confirma una verdad que incomoda por décadas: el narcotráfico ya no opera al margen del sistema, sino dentro de él.
La modernización del puerto puede cerrar brechas técnicas. Pero si no se acompaña de una depuración real de la administración portuaria, controles civiles robustos y transparencia, el polvo blanco seguirá encontrando caminos.
Porque en el comercio global, y el narcotráfico es comercio en su forma más brutal, lo que se mueve no es sólo mercancía: es poder.
El ministro que viene de extinguir bienes
El rostro de la ofensiva del Ministerio de Gobernación tiene una biografía poco común para un ministro de seguridad. Marco Antonio Villeda no llegó al cargo desde la carrera policial ni desde la política partidaria, sino desde los tribunales. Durante más de una década fue juez de extinción de dominio, al frente del juzgado especializado en esa materia, un espacio clave para golpear el corazón económico de las redes criminales y de corrupción.
Antes de asumir como ministro, Villeda acumulaba 34 años de carrera judicial. Había sido juez de paz, de garantías y penal, pero su nombre se volvió conocido a partir de 2012, cuando pasó a integrar el Juzgado de Extinción de Dominio.
Desde ahí firmó resoluciones que tocaron a algunos de los actores más poderosos del sistema político y criminal del país: Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, Mario Ponce, Erick Archila, Juan Ortiz “Chamale”, Francisco Edgar Morales “Chico Dólar”, Marvin Montiel “El Taquero”, Eduardo Villatoro “Guayo Cano”, entre otros. Bienes, fincas, vehículos, dinero y empresas fueron retirados a estructuras acusadas de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero.
Un traslado irregular
Ese historial explica por qué su traslado en 2024 (ordenado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia) generó inquietud. Villeda fue removido del Juzgado de Extinción de Dominio y enviado al Juzgado Segundo Penal como juez “B”.
Este movimiento dejó abierta una advertencia: con su salida, algunos bienes aún inmovilizados podrían regresar a manos de los acusados, dependiendo de quién asumiera el control de esa judicatura, como advirtió una nota de Prensa Comunitaria. La extinción de dominio, uno de los pocos mecanismos que había logrado afectar patrimonios ilícitos, quedaba expuesta a una reversión silenciosa.
Su experiencia trascendió fronteras. Villeda fue nombrado Coordinador Interino de la División de Prevención y Combate a la Corrupción de la MACCIH en Honduras, una misión internacional creada para enfrentar redes político-criminales.
Ese antecedente importa para entender el momento actual. Al frente del Ministerio de Gobernación, Villeda enfrenta ahora el desafío inverso: ya no juzga desde un tribunal, sino que administra una institución históricamente permeable al crimen organizado.
Su discurso público insiste en una estrategia basada en inteligencia y golpes selectivos, y en cortar la comunicación entre cárceles, redes criminales y calles. Además su formación como juez sugiere: al narcotráfico no se le derrota solo con capturas, sino con la pérdida del patrimonio que lo sostiene.
En un país donde las redes criminales aprendieron a sobrevivir a los estados de sitio, a las purgas policiales y a los cambios de gobierno, la pregunta es: ¿podrá un ministro formado en la extinción de bienes trasladar esa lógica a un sistema de seguridad que durante años fue parte del problema?
