El pacto de corruptos ha vuelto. Y ha vuelto recargado. Los diputados, antes de terminar una de las legislaturas más señaladas en la historia democrática de Guatemala, se han puesto de acuerdo para aprobar una nueva ley que modifica el Código Procesal Penal, y reduce la penas para delitos importantes que ahora se catalogaron como de baja intensidad.

─¿Acepta usted que no reportó Q6 millones para su campaña como candidato a la presidencia de FCN-Nación?

─Sí, acepto.

─Su sentencia se reduce a la mitad…

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─¿Acepta usted que lideró una red de defraudación aduanera como Presidente de Guatemala?

─Sí, acepto.

─Su condena se reduce una quinta parte y en vista de haber cumplido ese tiempo en prisión preventiva: queda usted en libertad…

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Antes de 2015 ningún preso importaba demasiado en Guatemala. Nada de pensar en reducción de penas o beneficios a favor de los acusados que se declararan culpables. Pero entonces empezaron a caer políticos y empresarios señalados de haber cometido algún delito por parte del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Y una nueva estirpe pobló las cárceles del país. Una clase social poco vista en estas dificultades legales.

Se señaló a políticos de alto rango. A militares. A funcionarios públicos. A empresarios de la élite guatemalteca.

“Desde entonces la clase política ha buscado articular acciones para frenar los señalamientos y condenas en su contra”, explica el analista y abogado constitucionalista Carlos Bezares.

La acción más reciente fue la aprobación de la Ley de aceptación de cargos por parte del Congreso de la República el pasado 12 de noviembre. Una iniciativa planteada en un principio por el MP y CICIG en 2016, pero que tras varias modificaciones por parte de los diputados del Congreso, “representa una debilidad para la lucha contra la impunidad en Guatemala”, dice Oswaldo Samayoa, abogado penalista.

Reducir las condenas para conmutar los delitos de cuello blanco

En sí, se trata de una ley que busca reducir las penas de aquellos acusados que admitan su culpabilidad ante un juez competente durante alguna parte del proceso judicial. El problema, como indica Elvyn Díaz, del Instituto de Estudios Comparados de Guatemala (ICCPG), está en los criterios no del todo definidos que se utilizaron para decidir las disminuciones de sentencia: a la mitad en las audiencias de primera declaración, a un tercio en la fase intermedia, y a una quinta parte durante el juicio.

“El promedio de las sentencias, por ejemplo, aquellas relacionadas a los delitos de la Ley Contra la Corrupción, es de 10 años”, explica Díaz. Es decir, detalla, que esta ley fue pensada para que, al reducir a 5 años las condenas ─exactamente el número de años en el que se puede conmutar una pena en Guatemala─ se pueda salir libre tras el pago de una multa. Esto aplicaría en delitos como la extorsión o lavado de dinero.

De hecho, la mayoría de delitos contenidos en el Código Penal, según los diputados que aprobaron la ley de aceptación de cargos, ahora se pueden catalogar como “menores”.

También aplicaría a los delitos de cuello blanco, aquellos que suelen realizarse por personas con un estatus socioeconómico alto o por funcionarios públicos. Por ejemplo, el tráfico de influencias, el fraude, el lavado de dinero, el cohecho, el peculado, la malversación de fondos o la delincuencia organizada, ahora pueden aplicar a una reducción de la condena. “Incluso sin saber el delito en tu contra, te arrestan, te llevan a tribunales y dices ¡soy culpable, soy culpable! y el beneficio te aplica”, señala Samayoa. Y no hay posibilidad de que alguien diga no, no se merece el beneficio, porque las víctimas en esta ley recién aprobada simplemente quedaron eliminadas. Y toda la decisión queda entre el juez y los fiscales del Ministerio Público.

“Es una ley general. Pensada para todos. No solo para algunos”, argumentaba Javier Hernández, jefe de bancada de FCN-Nación, el partido de gobierno, en su defensa tras la aprobación de la ley en el Congreso.

Hernández señalaba que la ley sí contempla excepciones: “Los delitos más graves. Esos no se pueden negociar”. 

El beneficio, por lo tanto, no podrá ser solicitado por los sindicados de los delitos de genocidio, delitos contra los deberes de la humanidad, homicidio, violación, extorsión, terrorismo, femicidio y delitos contemplados en la Ley Contra la Narcoactividad. Tampoco en los delitos contra la seguridad del Estado y de orden constitucional. 

En último momento, además, fue excluida también la reducción de pena para el aborto, un delito que aplica solo para las mujeres.

«Al reducir a cinco años las condenas se podrá quedar libre tras el pago de una multa». 

Legislando para favorecer su impunidad

El Congreso de la República aprobó las modificaciones al Artículo 491 del Código Procesal Penal, con 81 votos a favor (vea el listado completo al final de este reportaje). 

La sesión plenaria estuvo dirigida por los diputados Juan Manuel Giordano, que en 2016 fue acusado por abuso de autoridad; Estuardo Galdámez, con solicitud de retiro de antejuicio, acusado de coordinar el cobro de coimas entre los diputados del Partido Patriota para la aprobación de la Ley Tigo en 2014; Carlos López Maldonado, cuyo padre, el ex diputado Carlos López, está prófugo de la Ley por un caso de plazas fantasmas; Felipe Alejos, con más de cinco solicitudes de antejuicio en su contra y Delia Bac, con solicitud de retiro de inmunidad, acusada de utilizar fondos públicos en beneficio de un spa dentro de su propiedad en Chimaltenango.

Para analistas como Carlos Bezares, la motivación principal de los diputados para la aprobación de una ley de este tipo está en la actual coyuntura política. En enero, dice Bezares, muchos de los legisladores perderán su inmunidad e irán directamente a procesos penales en los que buscarán este beneficio. “Tuvieron en cuenta a sus aliados políticos, como Otto Pérez Molina o Gustavo Alejos, que actualmente cumplen prisión preventiva. Es posible que salgan de prisión antes de tiempo. Y en el proceso se benefició a todas las personas que han cometido delitos graves, como extorsiones o crimen organizado. Es una ley que promueve impunidad”, dice el analista.

De hecho, uno de cada cinco diputados de esta legislatura tiene problemas con la ley.

Uno de cada cinco diputados en esta legislatura tiene problemas con la ley 

El nuevo pacto por la impunidad

No es la primera vez que los diputados intentan reformar la justicia en Guatemala. 

En septiembre de 2017, los diputados, con el mismo objetivo, trataron de modificar el Código Procesal Penal, lo que se bautizó como el Pacto de Corruptos y cuyo objetivo era que varios de los delitos cometidos por los partidos políticos y sus integrantes fueran conmutables por una multa y evadieran la prisión. Ella aquella ocasión, la población los hizo retroceder. 

Pero en esta ocasión están recargados y más desafiantes. Algunos, los que no fueron reelectos para el Congreso 2020-2024 y que tienen procesos penales abiertos, no tienen nada que perder.

Esta vez los diputados fueron más sigilosos. No buscaron aprobar esta ley como una necesidad urgente para la nación. Se esperó una aprobación en tercera lectura. Se escudaron, además, en que la propuesta original sobre la disminución de penas fue presentada por el Ministerio Público y la CICIG. Ellos, dijeron, solo legislaron como representantes del pueblo.

En noviembre de 2018, sin embargo, en un comunicado de la CICIG señaló su “preocupación por las enmiendas actualmente en discusión, que podrían convertir este instrumento que es adecuado para fortalecer la justicia, en un mecanismo de impunidad”. El temor expresado hace un año se ha hecho realidad.

 La ley de aceptación de cargos implica casi lo mismo que el contenido del Pacto de Corruptos: más de 400 delitos que de manera colateral cuentan ahora con un beneficio de reducción de condena, la conmutación para salir de la cárcel tras el pago de una multa.

“Esta ley es muy buena, esta vez la hicimos bien”

“Esta ley es buena. Muy buena. Se opone a la idea del guatemalteco de decir: mejor que se pudran en la cárcel los delincuentes, que los maten. Busca una justicia como la de otros países desarrollados”, indica el diputado Marcos Lemus, representante de Quiché y ponente de cinco enmiendas a esta ley.

─¿Cuál es la diferencia entre el Pacto de Corruptos de 2017 y la aceptación de cargos de 2019?─ se cuestiona al diputado Lemus.

─La más importante es que esta vez se hizo bien. Todo fue transparente. La ley tuvo acompañamiento y se dio a conocer en reuniones dentro del Congreso. Nada se hizo de la noche a la mañana. Está muy pensada. Y tiene claros sus objetivos: oponerse a la mora judicial, oponerse al hacinamiento de las cárceles.

─¿Se aprobó tomando en cuenta a los diputados que tienen conflictos con la ley, o los políticos y empresarios que guardan prisión preventiva?

─La corrupción es solo un árbol de un bosque. No es todo. Lo que se pensó fue un beneficio general. Promueve que exista un ahorro para el Estado. Se reduce el costo para los tribunales, el traslado de reos, las audiencias, el tiempo de los jueces… Pero el guatemalteco es complejo. A mi criterio no muchos se van a acoger a esta ley, porque admitir la culpa ante la familia, ante los amigos, no es tan fácil… Está el beneficio, pero habrá que esperar a que sea utilizado─ responde el diputado que niega que se trate de un nuevo pacto a favor de la impunidad.

La ley del sapo podría ser inconstitucional

Cuando los diputados se unen, es fácil notarlo. Hay pactos que se reflejan en los votos. Y hay votos que evidencian las componendas, los arreglos previos para que tal o cual ley sea aprobada. Hasta el martes 12 de noviembre la ley de aceptación de cargos era conocida dentro del Congreso como la “Ley del sapo”, la ley del delator. Uno de los pactos, como contó uno de los diputados que no quiso que su nombre fuera publicado en este reportaje, era quitarle ese sobrenombre. Eliminar el artículo que validaba la traición dentro de una estructura criminal. Eliminar el beneficio para cualquiera que delatara.

El artículo 11 de la ley de aceptación de cargos contemplaba un beneficio para los testigos que se acercarán a declarar ante el MP. Los diputados lo eliminaron con 93 votos en contra y cinco a favor. Y así, los diputados, se aseguraron de que el delator no pudiera existir en esta reforma al Código Procesal Penal.

“¿Qué ha pasado con la figura del colaborador eficaz? Pues que están libres y gozando del dinero que se robaron”, –explicaba el diputado Marcos Lemus–, “Juan Carlos Monzón delató al ex presidente Otto Pérez Molina y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Estuardo González, ECO, también los delató. Eran parte de la cúpula y están libres. Eso no es justo”, añadió el diputado.

Sin embargo, cometieron un error. El artículo 11, que contemplaba un beneficio para los colaboradores eficaces, no fue votado, pero está incluido en el decreto final. El sapo sobrevivió y puede convertirse en el elemento central que logre dejar sin efecto esta ley. Carlos Bezares, como constitucionalista, explica que no haber votado este artículo pero incluirlo en el decreto final es un error de procedimiento por parte del Congreso. “Se puede impugnar porque es uno de los agravios dentro de la ley”.

En menos de 24 horas, se han presentado dos amparos ante la Corte de Constitucionalidad. Uno de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda de León, de la Universidad de San Carlos, y otro por parte de Acción Ciudadana.

Bezares explica que dentro de los argumentos presentados está, además, la forma en que la Junta Directiva del Congreso no socializó con los diputados de oposición las cinco enmiendas que afectaron significativamente el propósito de la ley.

Por su parte, la abogada, María del Carmen Pelaez, de Acción Ciudadana, indica que los diputados que tienen solicitudes de retiro de inmunidad (al menos 31) debieron abstenerse de votar por la aprobación de una ley que implica temas penales, sobre todo, al tener conflictos de interés.

La justicia ha sido modificada, una vez más, por un acuerdo entre diputados que dejarán de gozar de inmunidad el próximo año, y podrían beneficiarse de antemano, y congresistas que seguirán en su curul, pero se escudan en la necesidad de “modernizar” el sistema penal. 

Listado de los 81 diputados que votaron a favor de la Ley de aceptación de cargos:

Alejos Lorenzana Felipe
Alonzo Pernilla Luis Antonio
Arévalo Barrios Oswaldo Iván
Argueta Mayén Oscar Arturo
Arzú Escobar Álvaro Enrique
Bac Alvarado de Monte Delia Emilda
Baldizón Méndez Salvador Francisco
Barreda Taracena Carlos Alberto
Beltrán López Alicia Dolores
Cal Lem Felipe Jesús
Caná Rivera Hector Melvyn
Carrillo de León Mayra Alejandra
Casasola Martínez Edin Leonel
Castañeda Reyes Rudy Roberto
Castañón Fuentes Rodolfo Moisés
Castillo Martínez José Ines
Chajón Aguilar Flor de María
Chavarría Cabrera de Recinos Aracely
Chun Chanchavac Juan Armando
Contreras Colindres Luis Alberto
Cordova Molina Edgar Tomas
Cruz Claveria Victor Manuel
Cruz Ramírez Sandra Ester
Cu Isem Elza Leonora
De León Maldonado José Alejandro
De León Ramírez Mario Fermín
Elías Velásquez Ferdy Ramón
Escobar Calderón Rubén Misael
Escribá Morales Oscar Armando
España Cáceres Boris Roberto
Espina Berganza Dunia Marisol
Figueroa Resen Mirma Magnolia
Flores Divas Jairo Joaquín
Franco Aguirre Laura Alicia
Gabriel González Christian
Galdámez Juárez Estuardo Ernesto
García García Cornelio Gonzalo
García Gudiel Hugo Fernando
García Hidalgo José Conrado
Giordano Grajeda Juan Manuel
Harmelin de León Claude
Heredia Castro Gabriel
Hernández Franco Javier Alfonso
Hernández Ovalle Javier Alfonso
Hernández Pérez Ana Victoria
Hernández Salguero José Alberto
Lainfiesta Cáceres Erick René
Lainfiesta Rímola Julio Francisco
Lam Ruano Francisco Vitelio
Leiva Hernández Floridalma
Lemus Salguero Marco Antonio
Linares-Beltranena Fernando
Longo Maldonado Julio César
López Maldonado Carlos Enrique
Lux Edwin
Martínez Castellanos Carlos Alberto
Medrano Osorio Gustavo Arnoldo
Melgar Padilla Herber Armando
Monte Bac Eva Nicolle
Montepeque González Edgar Eduardo
Monzón Pedroza Felix Ovidio
Orozco Arriola Marco Antonio
Paz Rosales Karina Alexandra
Pineda Castellanos Marco Aurelio
Portillo Calderón Daniel Bernabé
Preciado Navarijo Vivian Beatriz
Quej Chen Haroldo Eric
Reyes Lee Edgar Raul
Reyes Rosales Augusto César Sandino
Rojas Alarcón Carlos Napoleón
Salanic García Juan Carlos Josué
Sanchinel Palma Luis Fernando
Sandoval Trigueros Edgar Armando
Sosa Mendoza Humberto Leonel
Soto Juárez de Kestler Edna Azucely
Tesucun Tesucun Julián
Ubico Aguilar José Armando
Valladares Guillén José Rodrigo
Vargas Morales Jorge Estuardo
Velásquez Pérez German Estuardo
Yax Guinea Marcos Fernando