En febrero de este año el caso Comisiones Paralelas 2020 revivió los peores temores: actores ilícitos buscaban influir en la elección de las Cortes. Desde entonces, el país vive sumido en una pugna. Los actores ilícitos no han logrado imponerse, pero tampoco han sido derrotados.
¿Es Guatemala un Estado Capturado por estructuras ilegales asentadas en el poder político y económico del país? Esta hipótesis, aventurada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) en un informe temático a su salida en septiembre de 2019, parece confirmarse cuando la historia del poder en el país topa, una y otra vez, con los mismos problemas encarnados en diferentes personajes.
En 2014 la elección de magistrados a cortes pasó por las manos, principalmente, de dos políticos en ascenso que pensaban que llegarían a la presidencia y dominarían el sistema político, pero que terminaron presos o prófugos: Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi.
En el actual proceso uno de los operadores más visibles para influir en el sistema de justicia sería el empresario, Gustavo Alejos Cámbara, financista de numerosas campañas políticas, privado de libertad e investigado por seis casos de corrupción.
Estos mecanismos, sin embargo, son ahora más evidentes que en el pasado y el escrutinio público que están enfrentando está dificultando su buen funcionamiento.
La elección de los magistrados de Corte Suprema y Cortes de Apelaciones en 2014 fue rápida y, en apariencia, sin grandes conflictos. Como se sabría después gracias a investigaciones judiciales, diputados oficialistas y opositores negociaron a puerta cerrada cómo integrar las listas y llegaron a un acuerdo. Este pacto incluyó a las fuerzas que pretendían repartirse el poder político.
La actual renovación de cortes, en cambio, lleva camino de durar un año y ha estado marcada por la intervención de instituciones externas como el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad. Ambas han tratado de reducir la injerencia de personajes como Alejos Cámbara en el nombramiento de los magistrados.
Pero enfrente han tenido a un Congreso que, aunque más dividido y criticado que en el pasado, no ha podido ser doblegado. Pero, por el momento, tampoco ha logrado imponerse.
En Guatemala el mecanismo de la impunidad está atrofiado, pero su reemplazo aún no ha llegado.
Gustavo Alejos aprovechó un permiso judicial de ser trasladado a una clínica privada por motivos de salud para realizar reuniones con las que interceder en la elección de magistrados. Foto: Oliver de Ros.
Capo o síntoma
Las investigaciones de la CICIG y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad pusieron en evidencia que Alejos Cámbara fue un actor clave en los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (2008 y 2012) y Partido Patriota (2012-2015). Hasta comienzos de este año, el empresario acumulaba cinco procesos en su contra por cobrar o recibir sobornos e influir sobre el funcionamiento de instituciones públicas.
La más reciente investigación, la sexta en su contra, ha sido el Caso Comisiones Paralelas 2020. Este no solo implica a estructuras de poder del pasado, sino a la configuración futura de la Justicia. Según el Ministerio Público, al menos dieciséis personas con nexos políticos en relación a la elección de la futura Corte Suprema de Justicia se reunieron con Alejos en el anexo de maternidad del Sanatorio Ciudad Nueva, de la zona 2, entre los días 12 y 16 de febrero.
El Caso Comisiones Paralelas 2020 apunta así a un posible intento de influir en la designación de las próximas cortes. Alejos Cambara, sin embargo, parece más bien representar un síntoma del sistema, un nexo donde muchos intereses coinciden, más que un “kingpin” o supervillano de historieta.
“Hay una zona donde se tocan los que tienen mucho que perder, pero no se ensucian las manos, y los que hacen que las cosas sucedan. Gustavo es de los que sabe cómo funcionan las cosas en esa zona”, señaló una fuente reservada que compartió espacios de poder con Alejos en el gobierno de la UNE.
Esta percepción de que Alejos Cámbara no era la mente criminal detrás la elección, si no un poderoso actor más en el proceso, quedaría clara con los hechos que sucederían después
El caso Comisiones Paralelas 2020 desencadenó un conflicto que aún no se resuelve y que ha provocado que el proceso de este año haya sido tan diferente al de 2014.
Gustavo Alejos no tendría la última palabra en la conformación de la nómina final de magistrados electos. Sin embargo, diversos indicios, como las reuniones mantenidas -y mensajes extraídos de su teléfono- con diputados, familiares de aspirantes a las cortes, integrantes de las comisiones de postulación e, incluso, familiares de otras personas procesadas por casos de alto impacto; hablan de su peso en el proceso. Y también hablan de su más que probable interés en influir en las autoridades de la Justicia.
Estos primeros indicios condujeron a que el Ministerio Público presentara un amparo ante la Corte de Constitucionalidad el 24 de febrero de este año. En este amparo, el MP aduce que existen “vicios dentro del proceso de conformación de las nóminas de aspirantes para integrar las Cortes del país”. La fiscalía también difundió un comunicado donde expone que considera “urgente e imprescindible emprender un proceso de reforma profunda al sistema de administración de justicia del país”.
La Corte de Constitucionalidad validó estos argumentos y el 6 de mayo otorgó en definitiva el amparo solicitado por el Ministerio Público. En la resolución, la Corte de Constitucionalidad ordenó dos cosas principales. Por un lado, ordenó al Ministerio Público que elaborara un informe circunstanciado de todos los aspirantes a cortes entre quienes tiene que elegir el Congreso, y que lo remitiera a la cámara de diputados. Y, por el otro, ordenó al Legislativo excluir de esas listas “a aquellos profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté comprometida, derivado de los hechos notorios denunciados por el MP”.
Además, la Corte advirtió a los congresistas que un incumplimiento podría acarrear responsabilidades civiles y penales.
Aunque aún está por ver cómo actuará el Congreso. El Ministerio Público sí cumplió su parte. Y al hacerlo, la fiscalía difundió un informe en el que se señala que al menos 20 aspirantes a magistrados de Corte Suprema y Salas de Apelaciones no cuentan con la idoneidad para aspirar al cargo.
Este listado incluye a los candidatos que se reunieron o tuvieron comunicación con Alejos Cámbara. Pero no solo eso. El Ministerio Público evidenció cómo, en realidad, Alejos Cámbara era solo un elemento más que se relacionó con múltiples actores; evidenció que el empresario es sólo una parte de un problema que se extiende desde los comisionados que primero seleccionan candidatos desde la Postuladora a los propios diputados que finalmente eligen.
La contraofensiva
Al encontrarse en la obligación de conocer y tener cuenta este informe del Ministerio Público, el Congreso no tardó en reaccionar.
En respuesta, el Legislativo aprobó alrededor de la medianoche del 23 de junio un procedimiento de votación especial, promovido por el presidente del Congreso, el diputado Allan Rodríguez, del oficialista Vamos. En este acuerdo el Congreso buscó sortear la disposición de la Corte de Constitucionalidad de “excluir” a los aspirantes a las magistraturas que mantuvieron contacto con Alejos Cámbara, al dejar en cada diputado la decisión de considerar si el aspirante “es honorable o no lo es”.
Hay que recordar en este punto informes publicados por la CICIG en 2019, como Impunidad y Redes Ilícitas, en donde se señalaba a la anterior Legislatura de subordinar la dinámica del Congreso a intereses corruptos, utilizando un aparente apego a la legalidad para respaldar intereses ilegítimos.
El informe del Ministerio Público remitido al Congreso, de hecho, se hace eco de estos señalamientos y cita cómo, en el pasado, la alianza oficialista constituyó en el Legislativo, según el estudio de CICIG, “la expresión de una alianza multifacética que busca perpetuarse en el poder y la impunidad en diferentes esferas de la vida nacional”.
El cambio en las normas de votación llegó acompañado de una ofensiva legal contra los cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad que ordenaron el informe a la fiscalía y exigieron al Congreso su cumplimiento.
Los magistrados Gloria Porras, Neftaly Aldana, José de Mata Vela y Bonerge Mejía fueron el objeto de una acción legal presentada por el abogado José Roberto Guzmán Hernández. El litigante indicó a Prensa Libre que presentó la acción por considerar que los magistrados adoptaron “resoluciones violatorias a la Constitución, revelaciones de secretos, violación de privilegios y violación a la Constitución”.
Según una publicación de elPeriódico, Guzmán Hernández ha mantenido contratos y asesorías con diferentes instituciones de gobierno durante los últimos tres gobiernos y ha ganado unos 2.4 millones de quetzales en contratos gubernamentales.
El mismo 26 de junio en que este abogado presentó su denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, los magistrados suplentes de esta Corte dieron trámite a la misma y el Congreso integró una comisión pesquisidora para dictaminar sobre la procedencia del antejuicio contra los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Los elegidos en sorteo para formar parte de la pesquisidora fueron los diputados Luis Rosales, del partido Valor; Douglas Rivero, del bloque Humanista; y Santiago Nájera, de la UNE. Este último es señalado por el informe del Ministerio Público de posible conflicto de interés por tener a su hermana, Elda Nidia Nájera, entre las aspirantes a Salas de Apelaciones, y por haber mantenido comunicación con Alejos Cámbara durante el proceso.
Al día siguiente la Corte de Constitucionalidad reaccionó a este movimiento. La CC otorgó un amparo provisional a la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la organización Acción Ciudadana (AC) y la Fundación Myrna Mack, y dejó en suspenso toda actuación contra los cuatro magistrados de la propia Corte. Además ordenó al Congreso remitir el documento original del expediente de antejuicio.
La disposición levanta una controversia. ¿Puede la Corte de Constitucionalidad autoblindarse de procesos en su contra? ¿Se extralimitó en sus funciones?, ¿o solo cumplió con el deber de defender la independencia de la justicia?
Para el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), una organización no gubernamental de juristas, el que la Corte impidiera que el Congreso decidiera sobre el antejuicio contra los magistrados “es un acto ilegal e ilegítimo contrario a los más elementales estándares de imparcialidad y en violación a la Constitución”. Esta disposición, según CEDECON va contra “la separación de poderes y el control interorgánico” del Estado.
El Ejecutivo de Alejandro Giammattei se pronunció ese mismo día, 27 de junio, respetuoso de las decisiones de la CSJ, Congreso y CC, lo cual al final de cuentas no aclaró nada.
Mientras que la principal patronal del país, el CACIF se pronunció duramente señalando que esta resolución de la CC denotaba “un patrón consistente de actuaciones irregulares, de resoluciones emitidas en forma acelerada para responder a requerimientos de ciertos actores, y de criterios emitidos en abierta contradicción con textos legales y constitucionales”.
Escalada de tensiones
El siguiente capítulo en el tira y afloja que involucra a las cortes Suprema y de Constitucionalidad, el Congreso y Ministerio Público; gira en torno al expediente del antejuicio presentado contra los cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
La Corte de Constitucionalidad quiere que el Congreso se lo entrege. Pero el Legislativo se niega y reitera que la comisión pesquisidora continúa operando, y que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad está actuando como juez y parte en el proceso en su contra.
La Corte, entonces, remite al Ministerio Público la desobediencia del Congreso a sus disposiciones y el ente investigador informa al día siguiente que seguirá diligencias al respecto.
En este ir y venir, no olvidemos, la elección de los próximos magistrados a la CSJ y Salas de Apelaciones está en el aire. Entre comunicados, resoluciones, y la disputa por un expediente; a veces se pierde de vista la discusión de fondo: ¿cómo y cuándo se elegirá a las máximas autoridades de justicia?, ¿se excluirá a los cuestionados o estos y sus posibles conflictos de interés no serán tomados en cuenta?
Aunque se agendó en el Congreso para el jueves 16 de julio la elección de los magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones, está votación se encuentra en quinto lugar, por lo que la aprobación podría retrasarse.
Además, aún se encuentra activa la comisión pesquisidora contra los cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la cual podría seguir intentando conseguir los votos necesarios para descabezar a la Corte.
Sobre la disputa legal, hay que advertir una realidad política que se encuentra en el aire. La pregunta es si el Ministerio Público cuenta con la suficiente autonomía institucional como para iniciar una investigación contra los congresistas por desobedecer a la Corte de Constitucionalidad o, en el reverso, si los diputados persisten en proseguir con el juicio político y se ajustan a una política de hechos consumados y persisten con el antejuicio. ¿Tienen los 107 votos necesarios para retirar la inmunidad a los magistrados de la CC?
En un movimiento atrevido, el 30 de junio, cincuenta congresistas mostraron su apoyo a la Corte de Constitucionalidad, dirigieron una carta a Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americano (OEA). En la misiva los diputado advirtieron de un conflicto entre los poderes del Estado “en el que se está atentando contra la independencia judicial y se recurre a la persecución política de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo que amenaza el orden constitucional, la vigencia del Estado de Derecho, y la naturaleza democrática de nuestras instituciones”.
De los 52 diputados de la UNE, el bloque mayoritario de esta legislatura, 31 suscribieron esta carta; siete de Movimiento Semilla, cuatro de Winaq, tres de Bienestar Nacional, tres de la URNG, uno del PAN y una congresista del MLP. Es decir, una parte del bloque mayoritario de la UNE (incluyendo a uno de los cuestionados por parcialidad, Jairo Flores) junto a partidos minoritarios, alejados de la órbita oficialista que mantiene el control del Congreso, cuestionan la actual ruta para la elección de las cortes.
¿Hay un interés real por la independencia judicial en bancadas como la UNE? La respuesta no es sencilla, pero al menos una parte de su organización prefiere arriesgarse con una nueva Corte Suprema sin tantos vínculos con el pasado político. Y de paso hacer valer el peso de sus votos entre los restantes aspirantes.
Políticamente la elección de las cortes es una de las decisiones más importantes a cargo de cualquier legislatura. Su resultado es también una muestra del equilibrio de fuerzas.
En este proceso de renovación de cortes se perfila, por un lado, una alianza oficialista (Vamos, UCN, Todos, FCN, VIVA y Humanista) a la que se pueden sumar otros bloques. Por otra parte, el principal bloque, la UNE, que se encuentra dividido entre la dirigencia que se apartó de la excandidata presidencial, Sandra Torres, y promovió la carta a la OEA, y el resto de diputados, muchos de ellos líderes locales (de los cuales algunos como Nájera o Carlos López mantuvieron comunicación con Alejos). Por último, habría partidos minoritarios como Semilla, Winaq, Bien, URNG o MLP sin suficiente peso como para incidir en el resultado final, pero que podrían ralentizar el proceso de aprobación aprovechando sus intervenciones para poner en evidencia a los aspirantes cuestionados.
Lo que la experiencia reciente de elección de las cortes ha evidenciado es que el sistema es poroso a los intereses ilegales en todas sus etapas: desde la elección de las comisiones de postulación hasta la votación final en el Congreso. El limbo actual es muestra de que la maquinaria de impunidad se ha atrofiado, pero su reemplazo por un sistema de verdadera independencia judicial es incapaz de imponerse.
(Este es el segundo de una mini-serie de tres reportajes sobre el actual proceso de elección de Cortes).
PARTE 1: La elección de la Cortes, una lucha entre las sombras de 2014.
PARTE 3: Guatemala post-crisis institucional: un país y sus cicatrices.
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