La elección de los magistrados de la Corte Suprema y Salas de Apelaciones se encuentra cuestionada por un proceso opaco, investigaciones penales abiertas y una constante disputa entre actores políticos y judiciales. Por primera vez, se podrían depurar aspirantes a magistrados antes de que sean nombrados, gracias a una investigación de la fiscalía. Pero todo depende de un pulso de fuerzas que aún no se resuelve.
Luego de algunos años en los que se han sucedido los casos judiciales de alto impacto más relevantes en la historia reciente del país, con presidentes, ministros y diputados presos, es fácil olvidar algunos nombres.
Muchos guatemaltecos no recordarán a Douglas Charchal, uno de los implicados en el caso del gran soborno en la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ). Charchal fue acusado de presionar a un juzgado para evitar que TCQ pagara una licencia de contrucción de Q24 millones.
Quizá tampoco les resulte familiar el nombre Vladimir Aguilar; también sindicado en el mismo caso, por haber dado su autorización al proyecto, aún sabiendo que no cumplia con todos los requisitos legales.
Más difícil es olvidar a Blanca Stalling. Ella pasó a la historia por el aspecto que presentaba cuando la policía la detuvo por su participación el caso IGSS-Pisa, un caso de corrupción y pago de comisiones en contratos del sistema de salud en el que fue acusada de presionar a un juez para que proteger a su hijo. Stalling fue descubierta disfrazada con una peluca pelirroja y un arma, en febrero de 2017 en una tienda de la zona 9. Una de las más altas autoridades de la justicia del país, hasta unos días antes, detenida como una forajida de película de serie B.
Los tres: Stalling, Aguilar y Charchal era magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el momento en que fueron procesados. Los tres integraron la nómina de 13 magistrados titulares electos a la CSJ en 2014 y se vieron forzados a renunciar para ser juzgados.
Ahora, casi seis años después, es el turno de renovar aquella Corte y las Salas de Apelaciones que se eligieron al mismo tiempo. Y lo antecedentes, siguen marcando la actual coyuntura.
A un lado están quienes desean que en este proceso se tomen todas la precauciones posibles para nombrar a los mejores magistrados posibles; que no vuelva a darse la situación de altas autoridades del sistema de justicia acusadas de otorgar favores o influir en procesos. Del otro, están quienes prefieren una Corte similar a la de 2014, una CSJ que, como ha hecho la actual, los proteja cuando sea necesario.
Cuatro actores en pugna
En el cuadrilátero donde se debate la elección de los próximos magistrados a Corte Suprema y Salas de Apelaciones hay cuatro instituciones.
El Congreso de la República tiene un protagonismo crucial, ya que le compete la elección de los jueces entre unas listas de aspirantes presentadas por las comisiones de postulación pertinentes.
Pero, en este proceso, dos instituciones han adquirido gran relevancia y se han convertido en el contrapeso más importante al poder del Congreso: la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP).
La CC aceptó un recurso presentado por el Ministerio Público (MP) que buscaba cuestionar la participación de 20 aspirantes a magistrados, por sospechas de influencias externas o falta de idoneidad para el cargo. En mayo, amparó definitivamente al MP y ordenó que el Congreso elaborara un informe detallado de cada candidato y los hiciera públicos. También exigió al Congreso que dejara fuera del proceso a los aspirantes que habían sido señalados por reunirse con Gustavo Alejos Cámbara, el empresario y financista de campañas preso por seis casos de corrupción.
Este movimiento hizo reaccionar al cuarto actor, la actual CSJ, que integrada por suplentes, tramitó un antejuicio contra los magistrados de la CC que ampararon al MP, y lo remitió a su vez al Congreso.
Una disputa a cuatro bandas en donde la acción de un actor sobre el otro tiene efectos en todo el sistema. Pero, ¿por qué importa esto?
Dentro del actual sistema político guatemalteco la cabeza del aparato de justicia, las magistraturas de Corte Suprema y sus brazos operativos, las Salas de Apelaciones, dependen de un proceso de selección gremial regulado por la Ley de Comisiones de Postulación.
La decisión final de su integración, sin embargo, recae en el ente político por excelencia, el Congreso. Este órgano tiene la llave para la administración de la justicia.
Los macroprocesos por corrupción de funcionarios, políticos y empresarios abiertos en Guatemala entre 2015 y 2019, como resultado de las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el MP pusieron en evidencia la relación entre crimen organizado y poder político: cobro ilegal de comisiones, obras sobrevaloradas, fraude tributario, tráfico de influencias, financiamiento electoral ilícito, entre otros muchos delitos, tocaron a élites políticas y económicas. Quién controle el acceso a las magistraturas tendrá una posible incidencia en los procesos ya abiertos, y derecho de llave para futuros procesos.
Esto no es una especulación, ya ha ocurrido. La actual Corte Suprema ha impedido que diputados y altos funcionarios hayan sido investigados por corrupción.
El 10 de octubre de 2017, por ejemplo, el pleno de magistrados de la CSJ rechazó la solicitud de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, pese a las pruebas de la entrega de un sobresueldo de Q50 mil al mandatario, por parte del Ministerio de Defensa, que sumaría en total Q450 mil. Reportes de transacción sospechosa de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y análisis de la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero no fueron suficientes para iniciar la investigación. Finalmente, Morales devolvería el dinero a la Contraloría General de Cuentas.
Los fallos de la CSJ también tuvieron un peso político en el anterior proceso electoral. En febrero de 2019 la excandidata presidencial Sandra Torres, del partido UNE, junto a los diputados Jairo Flores, Julio César Ixcamey, Karina Paz Rosales y Jorge Vargas Morales, fueron acusados de ocultar Q19.5 millones para el financiamiento de su campaña electoral en 2015. La CSJ rechazó que Torres fuera investigada y ella no pudo ser capturada hasta que perdió su inmunidad, luego de las elecciones generales de 2019. Su presencia en segunda vuelta permitió al actual presidente, Alejandro Giammattei, enfrentar a la candidata con más antivoto en la segunda ronda y ganar cómodamente los comicios.
Otra muestra del calado de las decisiones de la actual CSJ se dio el 6 de noviembre del año pasado cuando la Corte decidió no autorizar el antejuicio contra los diputados Haroldo Quej, de la UNE; Marco Antonio Orozco Arriola, del Movimiento Reformador, Gustavo Medrano, del bloque Independiente, y Juan José Porras, del partido VIVA. Estos congresistas fueron acusados de recibir sobornos a cambio de no oponerse a leyes que eran del interés de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, entre ellas la llamada Ley Tigo, que según la Fiscalía buscaban favorecer a esta compañía de comunicaciones, una de la mayores empresas del país.
Similar fue beneficio obtenido por Felipe Alejos Lorenzana, figura clave en el Congreso de los últimos tres años.
En enero de 2018 el MP presentó una solicitud de antejuicio contra el diputado Felipe Alejos, líder del partido Todos, y otros presuntos operadores para procesarlos por cobrar comisiones a empresarios a cambio de agilizarles la devolución de crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
El caso, uno de tantos, muestra la investigación sobre un actor político por un presunto hecho de corrupción. El diputado Alejos de 2018, sin embargo, ejercía de primer vicepresidente del de la Junta Directiva del Congreso, se había convertido en pieza clave de la alianza oficialista para la aprobación de leyes, e incluso la asignación de presupuestaria al mismo Organismo Judicial.
En cuatro ocasiones, noviembre de 2018, mayo de 2019, y marzo y junio de 2020, la CSJ votó a favor de frenar el proceso contra Alejos. Uno de los argumentos utilizados por la Corte para proteger al congresista consiste en que el teléfono interceptado en el caso Tráfico de Influencias no corresponde al diputado, aunque el informe adjunto de la propia compañía telefónica Tigo señala a Alejos como propietario de la misma, según una publicación de elPeriódico.
En la actualidad, Alejos Lorenzana es el primer secretario de la Junta Directiva del Congreso, es integrante de la Comisión Legislativa de Reformas al Sector Justicia y se encuentra al frente de un bloque de siete diputados por el partido TODOS.
Inclinando la balanza
Que la actual Corte Suprema haya actuado sistemáticamete de esta manera no es una sorpresa.
La última renovación de cortes, en 2014, no sólo produjo magistrados como Stalling, Aguilar o Charchal que terminaron procesados. Fue en sí mismo un proceso plagado de presiones, intercambio de favores y sobornos, como se sabría después.
Una imagen nos retrotrae a aquel proceso: los ex diputados Gudy Rivera, del Partido Patriota y Salvador Baldizón, de Líder, cotejando desde sus Blackberries los listados de nombres para la elección de magistrados de la CSJ.
Es septiembre de 2014 y los entonces partidos “rivales” ─sobre el papel─ por la hegemonía del Congreso, ambos hoy extintos por una serie de delitos electorales, se repartían las magistraturas de la Corte Suprema.
Era un secreto a voces y las fotografías de oficialistas y opositores pactando qué candidatos votar circularon en los periódicos, ilustrando cómo se llegaba a un consenso.
No sería sino hasta tres años después, con la presentación por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) del caso llamado Comisiones Paralelas, cuando se comenzaría a entender las interioridades de un proceso de selección llevado en habitaciones de hotel y salones privados, más que en el Palacio Legislativo.
El primer hilo de esta trama fue la acusación contra el magistrado presidente de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, Eddy Giovanni Orellana Donis, por supuestamente recibir un apartamento en la zona 14, por parte del operador político Sergio López Villatoro, el conocido Rey del Tenis, para influir en el proceso de elección de las Cortes.
La acusación prosiguió con el procesamiento de Orellana y López Villatoro. Este último, sin embargo, logró la suspensión provisional del juicio en su contra en enero de 2020, otorgada gracias a un fallo de la Sala Primera de Mayor Riesgo, integrada por Anabella Cardona, Mynor Oxom y Marvin Reyes Lee.
El siguiente hilo fue mucho más contundente, e incluye además de testimonios y pruebas documentales la confesión de uno de los involucrados.
En agosto de 2019, en uno de los últimos casos conjuntos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y CICIG, fueron presentadas nuevas acusaciones en el caso Comisiones Paralelas.
En esta oportunidad, registros de reuniones en hoteles, facturas de servicios y varios testimonios evidenciaron cómo los excandidatos presidenciales Alejandro Sinibaldi, del Partido Patriota, y Manuel Baldizón, de Líder, negociaron la integración de la CSJ en 2014, con el beneplácito de otros personajes poderosos como el entonces presidente Otto Pérez Molina, la vicepresidenta Roxana Baldetti y operadores como Juan de Dios Rodríguez y el empresario prófugo Gustavo Herrera.
El propio Baldizón, detenido en Estados Unidos por lavado de dinero, admitió su responsabilidad en estos hechos en una carta dirigida a la CICIG, pero cesó toda comunicación con la Comisión al enterarse de la salida de la misma por decisión del expresidente Jimmy Morales.
Vale la pena recordar que los integrantes de esta magistratura de la CSJ tan cuestionada, a través de su participación en las comisiones de postulación, hoy tienen un papel determinante en la elección de sus sucesores.
2019 y 2020, la otra elección
El año pasado, la mayor parte de la atención mediática se centró en los estertores de la disputa entre el gobierno de Jimmy Morales y sus aliados en el Congreso, y la salida de la CICIG. Disputa que incluso opacó a las Elecciones Generales, en cuyo resultado final también influyeron las resoluciones judiciales contra las candidatas Zury Ríos, de Valor, y Thelma Aldana, de Semilla, que no pudieron participar, y los retrasos en la investigación contra la candidata Sandra Torres.
En este contexto político tan cargado arrancó la elección de los nuevos magistrados de Corte Suprema y Salas de Apelaciones. Y a pesar del precedente que había sentado el caso Comisiones Paralelas, el comienzo del proceso no fue alentador.
La integración de las comisiones de postulación que habrían de elegir a los candidatos fue opacada por las sospechas de negociaciones bajo la mesa. Esto fue manifiesto durante la elección por parte del Instituto de Magistrados de sus representantes ante la comisión de postulación. Solo hubo una planilla, por lo que no hubo competencia entre candidaturas ni una representación plural.
En septiembre de 2019, de hecho, la Corte de Constitucionalidad (CC) revocó la elección de los comisionados de la postuladora para magistrados de Corte Suprema por vicios en el proceso. Esta decisión fue resultado de un amparo presentado por Noé Ventura Loyo, magistrado de Apelaciones de Femicidio, y la Fundación Myrna Mack.
La orden de la CC, además, retrasó el proceso e hizo inevitable que fueran los nuevos diputados del nuevo Congreso, los que tomarían posesión en enero de 2020, los encargados de votar por los magistrados.
Semanas después de que los nuevos diputados asumieron el cargo, en febrero de este año, ocurrió el hecho que habría de tener más repercusión sobre la renovación de la cortes.
Contra la búsqueda de independencia e imparcialidad en la administración de la justicia chocaron nuevamente las prácticas del pasado. El nombre de estas prácticas es Comisiones Paralelas 2020, una investigación en la que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), reveló una serie de reuniones entre jueces, magistrados y comisionados de las postuladoras con el empresario y gran operador político Gustavo Alejos Cambara, procesado en seis casos de corrupción.
En este nuevo caso, la fiscalía acusa a Alejos de ser una de las mentes maestras que movió una infinidad de piezas desde la cárcel para influir en la integración de las próximas cortes. El MP le incautó tableros con el nombre y bancada de cada diputado encargado de elegir a los nuevos magistrados y un teléfono donde quedó registro de sus conversaciones con integrantes de las comisiones de postulación.
Además, los fiscales mostraron fotografías de seguimiento donde Gustavo Alejos aparece sin custodia, fuera del hospital privado donde estaba recluido mientras se recuperaba de una supuesta enfermedad, manteniendo reuniones con magistrados, diputados, candidatos a cortes de apelación, abogados, comisionados y decanos, todos capaces de influir en el proceso de elección de magistrados.
A raíz de este caso, el MP solicitó un amparo a la CC, ante el riesgo de una nueva cooptación de la justicia, una repetición del proceso de 2014. La CC lo otorgó definitivamente el pasado 6 mayo, al considerar que (el acto reclamado) “constituye la amenaza, cierta, real e inminente de que el Congreso proceda a elegir a magistrados de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia, para el periodo 2019-2024, postulados que no reúnen los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución”.
Este artículo establece que al frente de la justicia no se puede situar a funcionarios que no reúnan méritos de “capacidad, idoneidad y honradez”.
En esta disyuntiva se produce la disputa por la justicia. Sobre el cuadrilátero está un Congreso empeñado en desafiar a la CC y elegir entre una lista cuestionada por el MP. Mientras que el Legislativo tiene por aliado en este empeño a una CSJ saliente que cuestiona la independencia de la CC para tomar estas decisiones.
A diferencia de lo que ocurrió en 2014, el MP ha actuado en el proceso de elección 2020 antes de que la elección se produjese. Esto ofrece la posibilidad de intervenir sobre la conformación de la nómina de aspirantes a la CSJ; quitar de la lista a figuras que pueden inclinar la balanza hacia una continuidad en la cooptación del aparato judicial.
La disputa, sin embargo, no solo tiene una dimensión jurídica, sino principalmente política. ¿Hasta qué extremo es capaz de llegar el nuevo Congreso para conservar a los aspirantes cuestionados en su lista? Las decisiones de los próximo días pueden marcar este grado de compromiso.
(Este es el primero de una mini-serie de tres reportajes sobre el actual proceso de elección de Cortes).
PARTE 2: Elección de la CSJ: la maquinaria de la impunidad está atrofiada.
PARTE 3: Guatemala post-crisis institucional: un país y sus cicatrices.
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