La mayor parte de los millones que la UNE no reportó durante la campaña de 2015, fueron recaudados mediante una red controlada por una sola persona. Todos los aportes, por los que el MP pide retirar la inmunidad a Sandra Torres, pasaron por las manos de su ex compañero de fórmula, el empresario Mario Leal Castillo. Su caso es el ejemplo de cómo actúa un receptor de financiamiento ilícito para partidos políticos en Guatemala, donde no existe ideología y solo importa el intercambio de favores.

En mayo de 2015, Mario Leal Castillo y su entonces asistente Karina Paz -hoy diputada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE)- se presentaron en la droguería Colón, en zona 1, en busca de dinero para financiar la campaña política de la UNE. Habían sido recomendados por Sandra Torres, la candidata a la Presidencia, y los esperaban Gustavo Alejos Cámbara y su hijo, Gustavo Alejos Jansa. 

En su declaración de 2018, ante los agentes de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), Alejos Jansa comentó que estos habían llegado a la reunión para solicitar apoyo en su campaña. “Mi papá me dijo que le hiciera un cheque de caja a nombre de la empresa que dijeron que era de nombre MAARIV S. A.”, contó el hijo del ex secretario privado de Álvaro Colom durante su presidencia (2008-2012). 

El monto total que se acordó ese día ascendió a Q500 mil. El cheque fue entregado a Mario Leal Castillo. Y el dinero sería utilizado para la campaña de la UNE, pero nunca sería reportado al Tribunal Supremo Electoral (TSE).  

“Mi papá les cuestionó en ese momento acerca de por qué era a través de esa entidad Maariv, ellos respondieron que estaban usando esa empresa para recibir los fondos de la campaña”, como explica Alejos Jansa en su declaración.

En cada proceso electoral, los informes presentados por los partidos políticos al TSE no muestran una buena parte de los fondos recibidos. Se trata de la recaudación de financiamiento electoral de origen ilícito: fondos no reportados o bien porque quienes los otorgan quieren anonimato, o bien para que el partido no supere el techo de campaña. Esta práctica ha sucedido desde el inicio de las elecciones democráticas. En los primeros meses de 2015, la intensa campaña electoral habían iniciado, y con el Partido Libertad Democrática Renovada (Líder) haciendo muestras de altos gastos de campaña, ningún partido quería quedarse atrás.

En un informe presentado por la CICIG sobre el financiamiento de partidos políticos, se indicaba que “el costo de realizar campañas políticas es significativamente superior en Guatemala que en los países vecinos, y los candidatos que no se financian de forma corrupta son incapaces de competir con rivales que han recibido financiación”.

Una de las personas que mejor sabía esto era Mario Roberto Leal Castillo, empresario y miembro de una acaudalada familia del país, propietaria del centro comercial Cayalá, los supermercados Unilevel -La Torre y Econosuper-, además del ingenio azucarero Magdalena. Leal Castillo había sido uno de los principales recaudadores de la campaña del Partido Patriota (PP) y en 2012, de hecho, fue nombrado secretario de Asuntos Específicos del expresidente  Otto Pérez Molina.

Sin embargo, en 2015 decidió apoyar a la UNE, una agrupación políticamente distante al PP desde el punto de vista ideológico. Las acciones de Mario Leal, junto a las personas que fue contactando en los primeros meses de 2015 para recaudar fondos, muestran que las ideologías o programas de gobierno en Guatemala valen poco y que los intereses económicos son la prioridad.

El pasado 5 de febrero de 2019, a primeras horas de la  mañana, el Ministerio Público, bajo responsabilidad de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) iniciaron los operativos que terminaron unas horas más tarde con la presentación pública del caso Financiamiento Ilícito de la UNE.

El operativo recayó en la captura de Gustavo Alejos, acusado de financiar ilícitamente a la UNE en 2015, y la solicitud de aprehensión en contra de otras 12 personas. Además de solicitar el antejuicio de siete políticos. Para este caso, se realizaron 21 allanamientos, y se tomó la declaración de 60 personas.

A través de todas las pruebas recabadas, los investigadores concluyeron que una estructura de tres empresas, que funcionaban como un centro de recaudación, habían transferido poco más de Q19.53 millones de diferentes personas y empresas para  financiar la campaña electoral de la UNE en 2015. Dos de estas empresas, Maariv S.A. y Prohabsa eran directamente controladas por Mario Leal Castillo; mientras que la tercera, Grupo Empresarial Inmobiliario San Felipe, vinculada al diputado de la UNE, Julio César Ixcamey, se detectó que había trasladado fondos para la campaña a las dos sociedades vinculadas a Leal.

El caso de Mario Leal Castillo, es quizás uno de los más documentados sobre cómo funciona un recaudador de campaña. Crear empresas para simular contratos de servicios y recibir dinero ilícitamente de otras empresas y personas individuales, con el propósito de pagar una campaña de proselitismo político.

Las sociedades anónimas controladas por Leal fueron catalogadas por el MP como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido. Estas se utilizaban por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña. “De esta forma se eludía el control sobre los fondos reportados”, como indica la FECI.

Todas las negociaciones de financiamiento ilícito de la UNE, tal como consignan las personas implicadas, tenían un punto en común: haberse reunido o haber tenido comunicación directa con Mario Leal Castillo.

¿Quiénes financiaron a Leal?

Entre las empresas que trasladaron fondos a Maariv y Prohabsa, los dos centros de recaudación de Leal Castillo, se encuentra un primer grupo constituido por empresas vinculadas a la familia Leal Pivaral.

Entre estas se encuentra Edificaciones Corporativas S.A., una constructora en la que figuran como propietarios: su padre, Mario Leal Pivaral, su tío Héctor Leal Pivaral y su hermano, Rodrigo Leal Castillo, quienes trasladaron Q3,360,000. Otra de las empresas que trasladó recursos a una de las sociedades recaudadoras de la UNE fue Comercializadora Kutno S.A, vinculada a su primo, Héctor Leal Váldez, que trasladó Q1 millón. También figuran transacciones a través de la empresa Solesa, de la que el mismo Mario Leal figura como representante legal.

Otro grupo de empresas financistas, son las que, según pudo establecer la investigación del MP, estaban trasladando fondos como una comisión ilícita a cambio de que la SAT les redujera el tiempo de devolución del crédito fiscal.

El tráfico de influencias en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), investigado en 2018 y que según el MP muestra cómo diferentes  personas interferían en procesos tributarios a cambio de coimas, ya había develado el papel jugado por Mario Leal, quien se encuentra prófugo acusado por ese caso. La hipótesis de la investigación es que mientras Leal apoyaba a los empresarios, Felipe Alejos, diputado del partido Todos, era el operador de los políticos. El intermediario era Giovanni Marroquín Navas, ex auditor de la SAT, también acusado por el caso la Línea.

Así, al seguir el  rastro de estas empresas el MP estableció que Mario Leal había logrado el pago de recursos ilícitos para la campaña de la UNE a través de dos empresas: REPSA S.A. (Reforestadora de Palmas del Petén), la empresa del grupo HAME que después fue acusada de ecocidio en el río la Pasión; y también de Servicios Azucareros S.A, a cambio de que la SAT redujera el tiempo de devolución del crédito fiscal.

Para canalizar estos fondos se utilizó la empresa Ingeniería Integral S.A. gestionada, según la investigación, por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín, el operador de la SAT acusado por los casos tráfico de influencias y la Línea.

Esta empresa, Ingeniería Integral S.A. utilizada para canalizar los fondos de los pagos ilegales por favores en la SAT, financió con Q500,000 a Maariv S.A. y con casi Q3 millones a Prohabsa, los dos centros de recaudación ilícita de Leal.

Según información documental, analizada por No-Ficción, Ingeniería Integral recibió en mayo de 2016, Q9 millones de la Confederación  Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), por la construcción de las instalaciones de Squash, un proyecto que costó casi el doble del importe original y que aún no ha sido concluido. Si bien el Partido Patriota ya controlaba el Gobierno, la UNE seguía teniendo espacios de control para devolver los favores en este periodo.

«Nelson García Morales, uno de los financistas ilícitos de 2015 fue contratado en 2018 por el TSE, el ente encargado de regular el  financiamiento electoral ilícito». 

Además, y como puede verse en los testimonios recogidos por el MP, Mario Leal tuvo reuniones con diferentes actores. Con todos repetía un patrón. Les pedía dinero para la campaña de la UNE y según constatan los testimonios recogidos de las personas que entregaron recursos, el hecho de que el empresario que buscaba la vicepresidencia de Guatemala, desviara los fondos a través de sociedades no parecía sorprender a nadie. Una práctica habitual en ese entonces para el financiamiento de los partidos políticos.

Entre los financistas contactados por Mario Leal Castillo, figuran además dos empresarios vinculados a la industria farmacéutica, Gustavo Alejos, quien estuvo detenido acusado del caso “Negociantes de la Salud”, y que fue nuevamente capturado el pasado 5 de febrero, cuando ya gozaba de arresto domiciliario. Además, figuran dos aportes que suman Q500,000 de Unipharm, firmado por Per Michael Erichsen. Todos ellos, según los testimonios de anticipo de prueba del MP, entregaron cheques para la campaña de la UNE por mediación de Leal.

Otro de los financistas que apoyó la campaña a través de las sociedades de Leal, fue la constructora Summa  Aqua. Tal como figura en el portal de Compras del Estado, Guatecompras, Nelsón García Morales, el representante legal de esta empresa, fue contratado en 2018 por dos instituciones del Estado por “servicios profesionales”. Por una parte, fue contratado por el Ministerio de Comunicaciones en dos ocasiones, por Q100,000 cada una.

Pero sobre todo llama la atención que García Morales, el representante legal de Summa Aqua, fue contratado por el TSE, como asesor de la Junta Central Electoral, por Q100,000 como pago “del 25%”, de los servicios realizados.

Es decir, Nelson García Morales, uno de los financistas ilícitos que Leal contactó en 2015, fue contratado en 2018 por el TSE, el ente del Estado encargado de regular el  financiamiento electoral ilícito y los procesos electorales en Guatemala.

Los políticos que pueden perder su inmunidad y otros a los que llegó la investigación

La investigación dio muestra además de cómo diferentes miembros del Partido UNE recibieron directamente los fondos de Maariv S.A y Prohabsa. Estos fueron acusados de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado y se solicitó retirarles la inmunidad. Entre estos se encuentra Karina Paz, actual diputada de la UNE, mencionada por el MP como la asistente de Mario Leal durante las indagaciones, acusada de extraer fondos de estas sociedades. También se encuentra el diputado Jairo Flores, con solicitud de retiro de antejuicio. Y Sandra Torres, a quien se solicitó el retiro de inmunidad, lo que pone en riesgo su candidatura a la presidencia.

Otra de las personas que retiró fondos fue Ana Lucía Mazariegos Salazar, presentadora de TV Azteca, quien recibió Q162,ooo de Prohabsa.

La solvencia anómala del  sistema de partidos políticos

Con este caso de financiamiento ilícito presentado por el MP se apuntala la idea de cómo los partidos políticos han competido en anteriores elecciones. La necesidad y la importancia de que exista una persona capaz de articular redes de tráfico de influencia, aglutinar empresarios para financiar secretamente a candidatos y partidos políticos, y cobrar el favor al obtener acceso a recursos públicos y satisfacer intereses particulares.

La figura del recaudador, acá encarnada por Mario Leal Castillo, actúa en los distintos niveles de la competencia política –nacional, distrital, y local– y moviliza fondos, según sus contactos con élites empresariales, proveedores del Estado, donantes que prefieren mantener el anonimato y estructuras criminales. Este empresario se constituyó en el nodo de operaciones para recaudar los fondos que UNE obvió en sus informes de auditoría. Y explica, en parte, la solvencia financiera anómala y el arribismo que existe en el sistema de partidos políticos de Guatemala.