Los programas de movilidad laboral ofrecen una alternativa frente a las deudas, los peligros y la incertidumbre de la migración irregular. Pero el testimonio de *Marcos, un agricultor guatemalteco contratado en Canadá, muestra que tener visa, contrato y boleto de avión no garantiza comprender las condiciones laborales, completar el tiempo prometido ni contar con mecanismos seguros para denunciar abusos.

*Para proteger su identidad y evitar posibles repercusiones contra las personas que esperan ser contratadas, el trabajador entrevistado será identificado con el seudónimo de Marcos.

Marcos regresó de Canadá con cicatrices en las piernas, dolores musculares y una sensación de agotamiento que, según cuenta, no desapareció con el vuelo de regreso. Había pasado cuatro meses y medio trabajando en un invernadero de flores en Quebec. Su contrato, sin embargo, indicaba que permanecería seis meses.

Cuando volvió a su municipio (el cual pidió no fuera identificado), se encontró ante una contradicción. Él mismo fue uno de los primeros en tomar la oportunidad  de trabajar en el extranjero de su comunidad y promoverlo en su pueblo, pero ahora debía decidir cuánto contar sobre lo ocurrido, incluyendo los abusos.

Marcos relata que junto a otros agricultores de su municipio buscaron otra fuente de ingresos, derivado de las pocas ganancias de la agricultura en su región durante los meses de sequía. La opción que encontraron fue una reclutadora que conecta a trabajadores guatemaltecos con empresas de Canadá. Al momento de la entrevista en junio de 2026, otras 50 personas de la misma comunidad se encontraban en distintas etapas del proceso para viajar.

“Yo quiero que toda la gente que se vaya, que se vaya con la verdad”, explica Marcos. “Allá hay un montón de cosas buenas y malas, pero yo vi más malas que buenas”. Su intención no es cerrar el programa. Tampoco pretende desalentar a otros interesados. Quiere que quienes acepten sepan que, además del salario, encontrarán jornadas intensas, contratos condicionados por las cosechas, aislamiento y relaciones laborales que pueden volverse hostiles.

Su dilema resume uno de los principales problemas de la migración laboral temporal: los trabajadores no solo dependen del empleador para conservar su empleo. También pueden depender de la reclutadora, de la asociación que los recomendó y de una posible renovación de contrato. Denunciar puede significar no regresar el siguiente año o, peor aún, cerrar la puerta para toda una comunidad.

Dos cosechas para sobrevivir

La historia de Marcos comienza mucho antes del contrato.

Tiene 50 años, es perito contador, pero su principal trabajo es el cultivo de arveja china y, cuando no hay cosecha, trabaja en un telar manual para producir textiles. En su municipio, en uno de los departamentos del centro del país, explica, la agricultura depende de la lluvia y, en un buen año, pueden obtenerse dos cosechas.

Una producción de buena calidad puede dejarle entre Q4 mil y Q5 mil después de recuperar la inversión. Cuando la lluvia no llega, los precios bajan o la cosecha se pierde, puede terminar únicamente con lo invertido o con una ganancia de Q2 mil a Q3 mil. Parte de los terrenos de la comunidad son arrendados, alquilan para cosechar, lo que agrega costos y reduce el margen disponible para sostener a las familias.

Ese escenario coincide con los motivos estructurales identificados en el informe recién publicado “Migración de Centroamérica hacia Estados Unidos: causas, políticas y perspectivas liberales”, elaborado por Hugo Maul y Javier Calderón para la Fundación Friedrich Naumann. El documento señala que la pobreza, la desigualdad, la baja capacidad de los mercados para absorber trabajadores y las crisis climáticas están entre los factores que impulsan la salida de personas desde Guatemala, Honduras y El Salvador.

Según los datos citados en el informe, el 84 % de los guatemaltecos consultados que migraron hacia el norte lo hicieron por motivos económicos. El análisis advierte que la migración no puede reducirse a la búsqueda individual de mejores salarios: también es una respuesta a mercados laborales disfuncionales, servicios públicos insuficientes y la falta de condiciones previsibles para vivir y trabajar en los países de origen. El mismo documento señala que solo el 11 % de los migrantes centroamericanos en Estados Unidos tenía educación superior completa en 2023, frente al 36 % de los adultos nacidos en ese país.

Para los agricultores del municipio del cual es originario Marcos, el trabajo temporal aparece en medio de ese vacío: no ofrece arraigo ni estabilidad permanente, pero permite ganar en pocos meses lo que localmente tomaría mucho más tiempo.

“Yo creo que, si tuviéramos un buen trabajo acá, ¿para qué moverte a otra nación?”, se pregunta Marcos durante la entrevista.

Durante la charla con Marcos el pueblo de donde es originario vivía la fiesta patronal. Cohetes de vara, el sonido de una procesión, tiendas y comercios con música hacia la calle se superponían a la conversación.  El hombre ante nosotros, con una camisa azul, pantalón de vestir y botas lustradas sonríe al ir relatando su experiencia, incluso cuando relata las partes más duras de su trabajo en el extranjero.

“El chapín es trabajador, lo que duele es el abuso, la humillación que le quieren hacer a uno”, dice despacio mientras inicia la charla entre el olor a café recién molido de la cafetería.

Una ruta que crece, pero que no está completamente contabilizada

El Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero, administrado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, vinculó a 3 mil 944 guatemaltecos con empleos de duración determinada fuera del país en 2024. En 2025 fueron 4 mil 393, un crecimiento del 11 %. Para julio de 2026, el registro oficial alcanzaba a mil 780 personas. Los principales puestos demandados se relacionaban con la agricultura, de acuerdo con la información presentada por la Dirección General de Empleo ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Esos datos, sin embargo, no abarcan necesariamente toda la movilidad laboral.

Cesia Ochoa, especialista de CIERTO, una organización que promueve procesos de contratación ética, explica que existen al menos dos registros: el correspondiente a la intermediación estatal y el generado a partir de los reportes de agencias privadas. Estas últimas, afirma, colocan a más trabajadores que el mecanismo estatal, aunque no todas reportan de la misma manera.

Por esa razón, CIERTO estima que más de 20 mil guatemaltecos participan anualmente en programas de trabajo temporal, sumando las contrataciones estatales y privadas. Canadá sería el principal destino dentro del universo atendido por las reclutadoras privadas, mientras que los datos del programa estatal muestran que Estados Unidos concentró la mayoría de las colocaciones de 2025. La diferencia entre ambas cifras refleja los distintos alcances de los registros y las dificultades para establecer un total nacional consolidado.

El crecimiento es relevante porque abre una ruta distinta a la migración irregular. Marcos conoce bien esa diferencia.

Unos 15 años antes de viajar a Canadá intentó llegar irregularmente a Estados Unidos en tres ocasiones. Dos veces, dice, fue estafado. En la tercera logró cruzar la frontera, pero fue detenido antes de trabajar. Recuerda cinco días caminando por el desierto y calcula que, entre los intentos, perdió alrededor de Q300 mil. Una deuda que ha arrastrado por años y que ha logrado terminar de pagar con su trabajo temporal en el extranjero.

Su esposa, dice, le insistía en que no lo volviera a intentar; pero al contar con otros familiares que ya se habían instalado en Estados Unidos e iniciado una nueva vida, la posibilidad era demasiado tentadora.

En su comunidad, asegura, los coyotes llegaron a cobrar entre Q155 mil y Q160 mil por el viaje a Estados Unidos. En cambio, él calcula que destinó cerca de Q10 mil para participar en el programa canadiense, incluyendo pasaporte, visa, exámenes médicos, transporte y otros trámites personales.

“Te vas en avión, en cinco horas estás allá, sentado y bien. Pero ir ilegal no; eso es diferente totalmente”, dice.

La comparación es contundente. Los programas regulares eliminan el cruce clandestino, reducen la exposición a grupos criminales y evitan una deuda que puede comprometer terrenos o viviendas. El informe de la Fundación Friedrich Naumann advierte que cerrar los mecanismos legales mientras se mantiene la demanda internacional de trabajadores fortalece el negocio de los coyotes y vuelve la migración más peligrosa y costosa. Las visas temporales y los mecanismos ordenados de movilidad, sostiene el documento, pueden reducir esas rentas criminales.

Pero reducir los riesgos del viaje no significa eliminar la explotación laboral.

Reclutar sin cobrar no es suficiente

Marcos sostiene que la agencia que gestionó su contratación no le cobró por incluirlo en el programa. Los desembolsos correspondieron, según él, a documentos y trámites personales.

Ese punto coincide con uno de los principios centrales del reclutamiento ético: las agencias privadas deben ser remuneradas por el empleador, no por la persona que busca trabajo.

“El trabajador no debe pagar por un servicio de reclutamiento. Estos servicios deben ser completamente gratuitos”, explica Ochoa. También señala que las agencias deben estar registradas ante las autoridades del país de origen, contar con una contraparte en el destino y reportar a las instituciones guatemaltecas la información del trabajador y las condiciones contractuales.

La gratuidad formal, no obstante, puede ser burlada. CIERTO ha identificado casos en los que el cobro por conseguir una plaza se disfraza como pago por asesorías, formularios, capacitaciones u otros servicios. Por eso recomienda conocer el costo real de la visa, exigir recibos, verificar el registro de la reclutadora ante el Ministerio de Trabajo (MINTRAB) y desconfiar de solicitudes de depósitos antes de recibir una oferta laboral verificable. Hay al menos 44 reclutadoras registradas a nivel nacional.

El propio MINTRAB cuenta con un espacio para denunciar las estafas en línea de reclutadoras fantasma en este enlace.

“Si te dicen: ‘Si no me depositas Q5 mil no te puedo tomar en cuenta’, eso no es legal, no es ético y posiblemente es una estafa”, advierte Ochoa.

Marcos conoce personas a quienes intermediarios particulares les habrían pedido Q15 mil por conectarlas con una reclutadora. Esa suma se añade a la visa, el pasaporte, los exámenes y el transporte, por lo que el trabajador podría iniciar el viaje con una deuda cercana a Q25 mil.

“Que Dios no quiera y solo vas por dos meses. Salís y todavía te quedás endeudado”, advierte.

La deuda es importante porque modifica la capacidad de decidir. Una persona que debe recuperar Q25 mil tiene menos posibilidades de abandonar un empleo abusivo, denunciar o regresar antes de tiempo. Su libertad migratoria puede ser formal, pero su margen económico es reducido.

Seis meses en el papel, cuatro y medio en la finca

Marcos viajó a una provincia de la Costa Este de Canadá, para trabajar en un invernadero dedicado a la producción agrícola. Su contrato contemplaba seis meses, pero regresó después de cuatro y medio.

“Mi contrato salió para seis meses, pero solo cuatro meses y medio fui para allá”, afirma.

La explicación que recibió fue que la cosecha había concluido. Otros trabajadores llegaron más tarde y permanecieron apenas dos meses. Marcos asegura que conoció casos de personas contratadas por periodos más largos que también regresaron cuando terminó la producción.

La diferencia entre el periodo escrito y el tiempo efectivamente trabajado es una de las zonas más difíciles de comprender en estos programas. Un contrato puede autorizar la permanencia durante seis meses sin garantizar que habrá actividad todos esos meses. La protección depende de la legislación del país receptor y del tipo de permiso.

Ochoa explica que algunos programas estadounidenses, como el H-2A, contienen la llamada garantía de tres cuartos, que obliga al empleador a ofrecer o pagar una proporción mínima de las horas previstas.

La experiencia de Marcos, por ejemplo, incluyó un contrato que señalaba una jornada de ocho de la mañana a cinco de la tarde, pero en determinadas etapas trabajó diez, doce, catorce y hasta dieciséis horas, según su testimonio para poder ganar horas extra.

Recibía 16.10 dólares canadienses por hora y sostiene que, en su caso, los pagos parecían aproximarse a las horas trabajadas. No podía comprobarlo completamente porque los talones de pago estaban en francés. Tampoco entendía con precisión los descuentos correspondientes al alojamiento, el seguro y otros conceptos.

“El problema es que todo viene en francés en el talón”, dice.

Para CIERTO, entregar el contrato y explicarlo verbalmente no basta. La agencia debe comprobar que el trabajador sabe cuánto ganará, cuántas horas laborará, qué deducciones se aplicarán, cuánto durará la relación y cuáles son sus derechos y obligaciones.

“Una agencia de reclutamiento tiene que estar segura cien por ciento de que el trabajador está entendiendo su contrato laboral antes de partir”, señala Ochoa. En comunidades dónde además del español se hable otros idiomas, agrega, eso puede requerir traducción, metodologías de educación popular y materiales adaptados, en el caso de personas con pocos años de escolaridad.

Marcos es perito contador, pero no podía leer sus comprobantes. La barrera sería aún mayor para un agricultor que no terminó la primaria o cuya lengua materna no es el español.

La formalidad documental, por sí sola, no garantiza consentimiento informado. Un contrato incomprensible protege más al sistema que al trabajador.

“El trabajo es duro; lo que uno no aguanta es el maltrato”

En el invernadero, Marcos trasladaba macetas y las colocaba sobre plataformas que podían reunir hasta mil unidades. Describe un ritmo continuo: mientras acomodaban un grupo, llegaba el siguiente. La presión por avanzar aumentaba el riesgo de pisar fuera de las estructuras de madera, caer o golpearse.

Regresó con cicatrices en ambas piernas y con una lesión que tres meses después todavía no había cerrado. Recuerda que, después de una caída, uno de los responsables le pidió que tuviera cuidado con la madera porque representaba dinero, mientras él tenía el pie sangrando.

El esfuerzo físico, sin embargo, no es lo que más lo afectó.

“El trabajo es duro. El trabajo, como dice el chapín, le hago huevos. Pero lo que uno no aguanta es el maltrato”, resume.

Marcos relata insultos, amenazas, humillaciones durante las comidas y hostigamiento contra quienes acababan de llegar. También dice haber conocido agresiones físicas contra otros trabajadores. Las conductas eran ejercidas, según su relato, por empleados con mayor antigüedad y por personas que ocupaban posiciones de supervisión informal. Es decir, otros trabajadores temporales.

Algunas de sus primeras explicaciones atribuyen el abuso a trabajadores de nacionalidad mexicana. Pero su propio relato demuestra que el fenómeno no se limita al origen nacional. Con el tiempo, dice, trabajadores guatemaltecos antiguos también reproducían esas prácticas contra los recién llegados.

La frase que escuchó de uno de ellos resume esa cadena: “Solo el primer año te pasa a ti. Ya el otro año vos se lo vas a hacer a los nuevos”.

El problema, entonces, no es una rivalidad entre países. Es una estructura de poder basada en la antigüedad, el control de las tareas y la vulnerabilidad de los recién contratados. La lógica de abuso era la de los de más antigüedad contra los “nuevos”. Donde siempre el último en llegar cargaba con más violencia.

Ochoa afirma que CIERTO ha recibido principalmente alertas relacionadas con la interpretación de boletas de pago y la convivencia entre trabajadores, más que denuncias graves (como la retención de salarios, descuentos ilegales o discriminación). Su modelo incluye capacitaciones, comunicación durante la estancia y canales para trasladar problemas a recursos humanos. También recomienda que las personas viajen con los contactos consulares y conozcan mecanismos independientes para pedir ayuda.

La organización no participó en la contratación de Marcos ni evaluó su caso. Su experiencia permite, sin embargo, mostrar la diferencia entre cuatro niveles que suelen confundirse: reclutamiento legal, reclutamiento ético, empleo formal y trabajo digno. Una agencia puede tramitar correctamente una visa y, aun así, no controlar lo que sucede diariamente dentro de la finca o el espacio laboral.

El silencio como requisito para volver

Cuando representantes consulares visitaron el lugar de trabajo, cuenta Marcos, las preguntas eran directas: si recibían un buen trato, si les pagaban correctamente, si respetaban sus pausas y si estaban satisfechos.

“Pero nadie dice la verdad”, afirma. “Uno por necesidad está allá”.

Hablar podía tener consecuencias. El empleador decide quién regresa la siguiente temporada. La reclutadora puede dejar de recomendar a alguien. Si una asociación comunitaria gestionó el acercamiento a una reclutadora pueden temer perder el convenio. Los compañeros que ya conocen el sistema pueden aconsejar silencio. La dependencia se distribuye entre varios actores y, al final, ninguno parece asumir completamente la protección del trabajador.

Marcos dice que algunas personas callan porque creen que una denuncia impedirá que vuelvan a ser contratadas. Él mismo consideraría regresar únicamente si pudiera cambiar de finca por el maltrato vivido entre trabajadores. No está seguro de hacerlo. Después del retorno, sus hijas le dijeron que lo notaban distante y menos alegre.

“Yo vengo bien mal psicológicamente. Me acuerdo del maltrato que me hicieron, de lo que me dijeron y no lo soy, porque yo sé que soy inteligente”, cuenta.

El informe de la Fundación Friedrich Naumann sostiene que las remesas ayudan a financiar consumo, vivienda y educación, pero advierte que no deben convertirse en sustituto de una política de empleo ni romantizarse como una solución automática al subdesarrollo. Pueden estabilizar temporalmente a las familias sin modificar la fragilidad productiva que empuja a sus integrantes a salir.

En una anterior entrevista con No Ficción en 2022, José Luis González, coordinador de la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala, ya advertía que las causas de la migración centroamericana no se originan únicamente en la pobreza, la violencia y la debilidad institucional de los países de la región, sino también en políticas económicas y migratorias de Estados Unidos.

González señalaba que sectores como la agricultura, la construcción y los servicios dependen de mano de obra migrante barata, mientras los tratados comerciales han debilitado las economías campesinas centroamericanas. Aunque reconocía que las visas temporales representan una mejora frente a la migración irregular porque permiten conocer las condiciones y la fecha de retorno, sostenía que estos mecanismos deben garantizar derechos laborales y no limitarse a satisfacer la demanda de trabajadores en los países receptores.

La precariedad que conduce a una migración, sea regular o irregular, se gesta en un sistema que obliga a los trabajadores a autoexplotarse al máximo.

Marcos calcula que, con disciplina, un trabajador puede enviar alrededor de Q10 mil mensuales durante los periodos de mayor actividad. En mayo, cuando la cosecha exigía jornadas prolongadas, su pago aumentó. Después, las horas disminuyeron y llegó el retorno anticipado.

El ingreso es real. También lo son sus costos: la separación familiar, el desgaste corporal, la incertidumbre contractual y el miedo a perder la posibilidad de volver.

Una migración segura debe permitir denunciar

Cada domingo, desde el regreso de Marcos a Guatemala, dos meses atrás, él y otros integrantes de su comunidad quienes desean participar en el programa de trabajo temporal se reúnen para hablar sobre esta posibilidad. Antes se concentraban en los requisitos. Ahora también hablan del ritmo de trabajo, los cobros, la duración incierta y el hostigamiento.

A pesar de las advertencias, muchos deciden continuar. Para quien solo obtiene dos cosechas al año, una plaza en Canadá sigue siendo una oportunidad difícil de rechazar.

Marcos*, una persona beneficiada de un programa de trabajo en Canadá, camina por las calles de su municipio de origen después de una entrevista en julio de 2026. Foto/Edwin Bercián

Eso no significa que el sistema deba evaluarse únicamente por el número de personas enviadas. Una ruta segura no puede limitarse a sustituir el desierto por un aeropuerto. También debe garantizar contratos comprensibles, cobros transparentes, igualdad de trato, supervisión independiente y canales de denuncia que no pongan en riesgo el empleo futuro.

La familia de Marcos comprendió esa diferencia antes que cualquier institución. Durante las videollamadas, sus hijas le pedían que regresara. El dinero no compensaba lo que escuchaban y observaban a la distancia.

“La necesidad no era el dinero”, le dijeron. “La felicidad es tener un padre y tenerlo sin golpes, sin enfermedades, sin dolores”.