Tras la aprobación de la reforma al IUSI, en La Instantánea, analizamos sus efectos políticos de cara a las elecciones de 2027: debilitar a los alcaldes, darle poder a los diputados distritales y crear desgaste y un dilema al presidente Bernardo Arévalo: vetar una ley popular o avalar el desfinanciamiento de los gobiernos locales.
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Quitar impuestos es popular. Pagar menos siempre resulta atractivo, sobre todo si no se ven los beneficios: nunca hay agua potable, vemos calles horadadas, los puentes inconclusos, alcaldes con salarios desmesurados.
Y quitar tributos, como el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), significa, políticamente, debilitar el poder territorial. Doblegar alcaldes ante diputados distritales. Someter las finanzas de los municipios a la consideración del gobierno central.
La aprobación del Decreto 18-2026 eliminó el cobro de impuestos para las viviendas de uso residencial y mixto. El Congreso lo presentó como una medida de alivio para miles de familias. Pero también creó un conflicto para la autonomía municipal, el financiamiento de los gobiernos locales, y el equilibrio político entre el Congreso y el Ejecutivo a poco menos de un año de las elecciones generales de 2027.
El IUSI y su concepto
El IUSI fue creado como un impuesto municipal en 1998, en el marco de los Acuerdos de Paz que impulsaban que el Gobierno Central, a través de descentralizar las finanzas, no tuviera tanto poder, tanta injerencia territorial.
A diferencia de impuestos nacionales como el IVA o el ISR, el IUSI fue concebido para que las municipalidades contaran con ingresos propios. El dinero recaudado debía destinarse al mantenimiento de calles, drenajes, alumbrado, agua potable, saneamiento e infraestructura comunitaria. El IUSI fue pensado para fortalecer la autonomía municipal prevista en el artículo 253 de la Constitución.
Como impuesto, el cálculo del IUSI no toma en cuenta la extensión de metros cuadrados de una propiedad, sino el precio con que se registra un terreno o una construcción ante el Estado.
El diseño original del IUSI seguía el principio de que quien posee un inmueble de mayor valor debía contribuir más al financiamiento de los servicios municipales. En lugar de cobrar una cantidad fija, la ley estableció tasas expresadas “por millar”, es decir, un porcentaje equivalente a una fracción del valor fiscal de la propiedad.
Los inmuebles con un avalúo de hasta Q2,000 quedaban exentos; los valorados entre Q2,000.01 y Q20,000 pagaban 2 por millar; los inscritos entre Q20,000.01 y Q70,000 tributaban 6 por millar; y aquellos con un valor superior a Q70,000 aportaban 9 por millar.
En términos más prácticos, una tasa de 9 por millar significa pagar Q9 por cada Q1,000 del valor fiscal del inmueble. La lógica era progresiva: a mayor valor registrado de la propiedad, mayor era la contribución destinada a financiar obras y servicios públicos municipales.
El nuevo IUSI
El nuevo decreto, no obstante, modifica completamente esa lógica. Las viviendas residenciales y los inmuebles de uso mixto —es decir, casas donde también funciona un pequeño negocio familiar— pasan a pagar cero por millar, sin importar su valor fiscal.
En cambio, únicamente los inmuebles destinados exclusivamente a actividades comerciales conservarán una escala de tres, seis y nueve por millar, según su valor registrado.
Por ejemplo, antes de la reforma, una vivienda inscrita con un valor fiscal de Q500 mil podía pagar alrededor de Q4,500 anuales de IUSI. Con la nueva legislación, ese pago desaparece por completo si el inmueble está registrado como vivienda. El beneficio para el propietario es inmediato, pero el costo será absorbido por las municipalidades.
La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), en su Portal de Gobiernos Locales, estima que los municipios dejarían de percibir alrededor de Q2,100 millones anuales, una cifra que representa una parte importante de sus ingresos propios.
Los municipios con mayor desarrollo inmobiliario, como Guatemala, Mixco, Villa Nueva o Santa Catarina Pinula, serían los más afectados, ya que el crecimiento urbano convirtió al IUSI residencial en una de sus principales fuentes de financiamiento.
La consecuencia inmediata, como dice la ANAM, sería una reducción en la capacidad para ejecutar obras de mantenimiento, ampliar redes de drenaje o invertir en infraestructura básica.
Desequilibrios políticos
Pero más allá de la pérdida de recursos, el nuevo IUSI altera la relación política entre alcaldes y el Congreso. Sin ingresos propios suficientes, muchas municipalidades dependerán aún más de las asignaciones de la transferencia obligatoria que el Gobierno Central entrega cada año a las municipalidades, equivalente al 10 % de los ingresos ordinarios del Estado, para financiar obras y servicios públicos locales (el situado constitucional).
También los alcaldes quedarán a merced de los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) o de obras negociadas mediante el Listado Geográfico del Presupuesto General aprobado por los diputados en el Congreso.
Esa dependencia reduce el poder de los gobiernos locales, obligando a los alcaldes a negociar con los diputados que representan a sus departamentos.
Históricamente, organizaciones como Asies o el Instituto Nacional Demócrata (NDI) han estudiado el uso de la asignación de proyectos como un instrumento de influencia política en los territorios por parte de los partidos y los diputados.
En ese sentido, el nuevo IUSI implica una jugada preelectoral. Los diputados obtienen un beneficio político inmediato al presentarse como los responsables de eliminar un impuesto impopular. Mientras tanto, muchos alcaldes quedarán debilitados en el último año de su gestión al no tener recursos suficientes para inaugurar obras antes de las elecciones de 2027.
De hecho, la ANAM y varios alcaldes, entre ellos Neto Bran de Mixco, calificaron la medida como una decisión populista que compromete la ejecución de proyectos municipales.
“Las obras no nacen solas… Sin esos fondos se ahoga la ejecución de proyectos viales y drenajes”, como ha dicho Bran, que ha perdido gran parte del apoyo social que obtuvo al anunciar su candidatura presidencial para 2027 y que mermó tras plantear su postura ante el nuevo IUSI.
El desgaste presidencial
El decreto de reformas al IUSI también ha colocado al presidente Bernardo Arévalo en medio de un dilema complejo. El Congreso le ha pasado una especie de papa caliente.
Sí Arévalo sanciona la ley, y da su visto bueno, podría evitar el costo de aparecer como el mandatario que impidió una reducción de impuestos para los propietarios de vivienda. Sin embargo, corre el riesgo de romper la relación con numerosos alcaldes que consideran el nuevo IUSI como una amenaza para la viabilidad financiera de sus municipios.
Si Arévalo decide vetarla, y no da su aprobación, preservaría, sí, una fuente de ingresos para las municipalidades y mantendría su estilo diplomático en respeto a la autonomía local. No obstante, la oposición tendría bastantes argumentos para desgastarlo y acusarlo políticamente de impedir que las familias paguen menos impuestos.
El margen político del presidente ante el IUSI parece limitado. Un veto podría reforzar su imagen ante alcaldes y sectores técnicos, pero atraería más desaprobación del 60% que ya tiene y arratra.
Una sanción, por el contrario, aliviaría el bolsillo de miles de propietarios, pero trasladaría el costo político a las municipalidades cuando comiencen, de cara al años electoral, a reducir obras o traten de compensar la pérdida mediante el incremento de otros impuestos y servicios locales
El nuevo IUSI, aprobado o no, evidencia la disputa política que se avecina en el año electoral. En busca de control territorial, entre el gobierno local, los diputados distritales, el Congreso y el Ejecutivo, las carreteras continuarán dañadas, los servicios públicos seguirán siendo ineficientes, y la población difícilmente percibirá que los impuestos que paga se traducen en obras y mejoras para su comunidad.
