Giammattei tuvo que enfrentar el reto inédito de la emergencia provocada por la pandemia. Respondió repartiendo casi Q8 mil millones en bonos a la población; Q2,400 millones en préstamos a empresas entregados de manera opaca; y unos Q6 millones en subsidios que terminaron en las cuentas de empresas del sector eléctrico y energético.
Este reportaje forma parte del especial Las Cinco Políticas de Giammattei, una investigación que explica la estrategia de Alejandro Giammattei durante los cuatro años de Ejecutivo en base al gasto del Ejecutivo.
La forma en que el presidente Alejandro Giammattei abordó el desastre económico que desencadenó la pandemia fue, en cierta forma, un reflejo de cómo se relacionó con el Congreso.
A los diputados les permitió influir sobre el destino de miles de millones de fondos del Estado. Y a los ciudadanos y las empresas también les entregó, directamente, enormes cantidades de dinero público para tratar de paliar los efectos de la pandemia. Sin embargo, estos fondos fueron distribuidos de forma opaca.
En marzo de 2020 una parte importante de la economía se paralizó y forzó al gobierno a tomar decisiones extraordinarias.
El gobierno promovió que el Banco de Guatemala utilizara sus reservas para financiar el presupuesto del Estado. También pidió que se aprobaran préstamos otorgados por organizaciones internacionales de crédito.
En total, el Congreso puso a disposición del Ejecutivo Q11 mil millones en abril de 2020, al comienzo de la pandemia. Aunque no todo este dinero se gastó inmediatamente. El Congreso siguió entregando fondos extras al Ejecutivo para nuevos programas de préstamos o subsidios.
Giammattei tuvo la mala fortuna de ser el presidente que tuvo que afrontar una pandemia. Pero esto le colocó en la posición de realizar la mayor transferencia de dinero público a particulares en décadas. Y una parte de esos fondos, casi Q2,400 millones en préstamos a empresas, se gestionaron con casi total opacidad.
Bonos para los pobres
Los ciudadanos fueron, en términos absolutos, los más beneficiados por los fondos que gastó el gobierno para aliviar los efectos de la pandemia.
Recibieron algo menos de Q8 mil millones. Esto es equiparable al presupuesto entero de un año del Ministerio de Comunicaciones. Todo el dinero destinado a reparar o construir carreteras, caminos o puentes fue entregado a la gente.
Aunque, cómo sucedió con el dinero de los Consejos de Desarrollo, el reparto fue desigual.
En teoría, las personas más vulnerables debían recibir Q3 mil en tres pagos. Esto es lo que se llamó el Bono Familia. En total, 2 millones de personas empobrecidas y sin empleos en la economía formal se repartirían Q6 mil millones.
Sin embargo, el gobierno decidió desviarse de este plan. Ampliaron el número de beneficiarios, pero mantuvieron el monto total a distribuir.
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Según los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo, casi 2.7 millones de personas recibieron el Bono Familia. Y esto, inevitablemente, provocó que no se pudiera cumplir la promesa de entregar Q3 mil a cada persona.
Como muestran los datos del Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (Sicoin), al gobierno le alcanzó para las dos primeras entregas, pero el monto de la tercera cayó considerablemente. Al final, cada beneficiario recibió, en promedio, unos Q2,200; menos de 300 dólares para sobrevivir al colapso de la economía.
Menos trabajadores reciben más
Para las personas asalariadas en la economía formal y que perdieron sus empleos durante el confinamiento, se creó un programa similar.
Para este grupo, en teoría menos numeroso y pobre, el gobierno creó otro bono llamado Fondo de Protección del Empleo.
Pero con este programa sucedió lo opuesto que con el Bono Familia. A pesar de que decenas de miles de personas, sobre todo en la capital y otras áreas urbanas, perdieron sus empleos formales durante la pandemia, el gobierno mantuvo el número de beneficiarios de este programa más bajo de lo que inicialmente se planteó.
En teoría, Q2 mil millones se debían repartir entre 290 mil trabajadores del sector formal. Pero, finalmente, según datos publicados por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), el banco publicó que gestionó este dinero, se distribuyeron solo 1,800 millones entre unas 190 mil personas, cien mil menos de las previstas.
Es decir, no se pudo gastar todo el dinero ni llegar a todos los empleados previstos.
Además, estos trabajadores recibieron, en promedio, casi Q9,400, cuatro veces más que las personas con menos recursos a los que se entregó el Bono Familia.
Opacidad y maquilas
Estos 1,800 millones del Fondo de Protección al Empleo se repartieron con mayor discrecionalidad que los Q6 mil millones de Bono Familia.
Como ha señalado la organización de la sociedad civil Diálogos, que monitorea políticas públicas, nunca se precisó en qué sectores de la economía se debía enfocar el Fondo de Protección del Empleo o en qué tipo de empresas.
A diferencia del programa Bono Familia, cuyos beneficiarios son públicos y ha sido sometido a auditorias, la información disponible sobre el Fondo de Protección al Empleo es más limitada.
El Ministerio de Economía, responsable de este dinero, solo ha difundido información estadística básica, pero no ha precisado los empleados de qué empresas se beneficiaron.
Información parcial a la que accedió Diálogos sugiere que el sector maquilero, que se concentra en el área metropolitana de la capital, fue uno de los priorizados. Esto es coherente con el hecho de que este sector es uno de los que más empleos de bajos salarios proporciona en el país.
Los préstamos opacos
Pero, además, de repartir dinero entre la gente durante la pandemia, Giammattei también inyectó miles de millones a las empresas en 2020 y después.
Durante la emergencia, el gobierno creó tres fondos para otorgar créditos al sector privado. El monto transferido a los tres asciende a casi Q3 mil millones, si bien, hasta el momento solo se han prestado unos Q2,400 millones, según información proporcionada por el CHN.
La información disponible sobre el destino de este dinero es casi nula, a pesar de que se trata de fondos del Estado.
Sabemos que se entregaron al CHN y este banco prestó él mismo una parte y repartió el resto entre otras entidades de crédito para que concedieran préstamos.
También contamos con algo de información estadística sobre estos préstamos en las memorias anuales del CHN, pero nada que permita determinar exactamente quién recibió estos fondos o qué criterios se siguieron para conceder los préstamos.
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El mayor de estos programas es conocido como Fondo de Crédito para Capital de Trabajo.
Aunque inicialmente, el gobierno destinó a este fin Q2,300 millones, con este programa sucede lo mismo que con el bono que recibieron los trabajadores del sector formal. A pesar de que muchos negocios los necesitaban, no se llegaron a gastar todos los fondos disponibles.
El CHN reporta que solo se llegaron a prestar Q1,990 millones a unas 19 mil entidades.
Fueron créditos más bien pequeños de alrededor de Q100 mil, que fueron concedidos, principalmente por Banrural, el Banco Inmobiliario y el propio CHN.
En su reciente libro, “La Economía Atrapada”, el exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, afirma que la información disponible sobre este programa sugiere que no necesariamente se enfocó en los sectores más golpeados por la pandemia, como los negocios relacionados con el turismo.
El economista afirma que los bancos implicados en el programa actuaron con una lógica comercial y prestaron más a quiénes tenían más probabilidades de sobrevivir a la pandemia y devolver el dinero, no a quiénes más lo necesitaban.
Subsidios energéticos
Al mismo tiempo que se entregaban estos préstamos, el gobierno también comenzó a inyectar dinero en el sector eléctrico para, en teoría, mantener estables los precios de la luz en un momento de crisis.
El Estado, desde hace más de dos décadas, ha entregado dinero al Instituto Nacional de Electrificación (INDE) para que este financie una parte del subsidio a la electricidad: la llamada tarifa social (la otra parte, la financia el propio INDE con sus fondos).
Este aporte en años anteriores rondó los Q200 o Q300 millones, como consta en Sicoin. Sin embargo, durante su gestión, el actual presidente ha multiplicado este gasto.
En el primer año de la pandemia, 2020, el aporte ascendió a Q630 millones y en los años siguientes se mantuvo excepcionalmente alto. Para este año, está previsto que alcance los Q550 millones.
Esto ha beneficiado a la mayoría de los hogares del país. Pero ha provocado también una transferencia de fondos públicos histórica a las dos distribuidoras de electricidad: Energuate y EEGSA.
Estas empresas privadas reciben dinero público y luego aplican la tarifa social a sus clientes.
Energuate y EEGSA obtuvieron, en total, incluyendo los subsidios que otorga el gobierno central y el INDE, Q3,300 millones solo entre 2020 y 2022, según los registros de Sicoin.
A este gasto millonario hay que añadir otro nuevo que en 2022, el gobierno decidió crear: un nuevo subsidio temporal al gas, la gasolina y el diésel.
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Esta política, que solo duró unos meses en el año pasado, supuso la transferencia de Q2,800 millones, directos a las cuentas de empresas privadas para que no aumentaran los precios del gas, la gasolina o el diésel.
Como muestra la contabilidad del Estado, los principales beneficiarios de estos fondos fueron las importadoras de combustible Uno y Chevron.
Uno es una empresa de origen hondureño propiedad del Grupo Terra. Además de las gasolineras Uno, en Guatemala también posee las Shell, la central hidroeléctrica Xacbal, y también, es posible, que recientemente adquiriera una participación en la distribuidora eléctrica Energuate. Aunque la noticia no se ha confirmado, directivos del Grupo Terra figuran ahora entre los accionistas de la nueva propietaria de Energuate.
Uno fue, con diferencia, la mayor beneficiaria del subsidio a los combustibles. Recibió Q935 millones. Chevron obtuvo Q792 millones. Puma Q465 millones.
Estos gastos, que se produjeron en 2022, dieron por terminada la época de turbulencias económicas y grandes desembolsos a personas y empresas iniciada con la pandemia.
Estos fueron unos años que pusieron de relieve una de las características que han marcado la administración de Giammattei; un presidente que más que impulsar leyes o fortalecer políticas públicas ha repartido fondos del Estado.
