Cable Izabal, inscrita a nombre de la esposa e hijos de Haroldo Mendoza Matta, y al menos otras cinco cableras vinculadas a candidatos o ex candidatos a cargos de elección popular, fueron inscritas por el Tribunal Supremo Electoral para difundir la pauta de campaña. A pesar de que este año el presupuesto para pagar los spots parte de fondos públicos, no hubo ninguna fiscalización previa a su inscripción.
Texto: Carolina Gamazo / Edición: Oswaldo Hernández / Foto Oliver de Ros
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) contrató este año a 44 empresas de cable para transmitir la propaganda política electoral. Es la primera vez que en Guatemala el dinero utilizado para pagar la pauta de campaña en medios de comunicación se realizará con fondos del Estado. Será un total de Q78 millones 100 mil que, tras las modificaciones de 2016 a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, provendrán del erario público.
Entre las empresas que recibirán estos fondos se encuentra, según el listado de empresas de medios inscritos en el TSE, Cable Izabal, que aparece en el Registro Mercantil desde 2010 a nombre de la esposa y tres hijos de Haroldo Mendoza Matta, uno de los acusados en el caso Cancerbero. Su hermano, Walter Obdulio Mendoza Matta, se encuentra detenido por el caso Génesis y ambos han sido vinculados a estructuras del narcotráfico en Petén.
Pero Cable Izabal no es la única empresa de TV por cable con conflictos de interés contratada por el TSE para emitir anuncios de los partidos políticos. Además, figuran al menos otras cinco empresas con vínculos partidistas, relacionadas a diputados o personas que ocupan cargos de elección municipal.
El TSE no realizó ninguna fiscalización de las empresas de cable contratadas para el proceso electoral de 2019. Para inscribirse, éstas sólo tuvieron que presentar una carta jurada en la que afirmaban no estar violando el artículo 80 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, tal como informó Rosa María Bolaños, directora de la Unidad de Medios del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Este artículo establece, entre otras prohibiciones, que ni funcionarios ni empleados públicos pueden tener contratos de ningún tipo con el Estado.
“Ellos (las empresas de TV por Cable) presentaron una declaración jurada donde hacen la manifestación de no estar incluidos dentro de las prohibiciones del artículo 80 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y nosotros entendemos que, si la presentaron, es que no están incluidos en esa prohibición. Si estuvieran incluidos en la prohibición, estarían incurriendo en un delito”, añadió Bolaños.
Las reformas a la ley que solo aceptaron las empresas de cable
La Ley Electoral y de Partidos Políticos fue modificada en 2016 por el Congreso de la República e incluyó entre sus principales cambios, relacionados a la pauta electoral, que la contratación de espacios publicitarios fuera realizada únicamente por el TSE, y ya no por los partidos políticos
Esta modificación intenta frenar la búsqueda de dinero ilícito de los partidos para subsidiar los altos costos que suponía la pauta televisiva y reducir la relación de poder y dependencia generada entre los partidos y los monopolios de comunicación del país. (Lea también: “De la campaña en TV a la caja negra de las redes sociales”).
Para ejecutar esta reforma se creó la Unidad de Medios del Tribunal Supremo Electoral, que cuenta para la publicidad en medios un 0.25 por ciento de los Ingresos ordinarios del Estado, un total de Q78 millones 100 mil. En el reglamento se fija además una rebaja del 80 por ciento del precio de la pauta publicitaria de los medios inscritos en el TSE.
Esta modificación no fue popular entre los medios tradicionales de comunicación. Aunque inicialmente se inscribieron más de 150 medios, finalmente el listado ha quedado en 56 empresas. No hay ningún medio escrito ni radio a nivel nacional, y solo hay una televisora en abierto: TV Azteca.
Así, de las 56 empresas inscritas en el TSE, 44 son empresas de cable. Dos de difusión nacional (Tigo Sport y Vea Canal), y 42 cableras regionales y municipales.
«El TSE no realizó ninguna fiscalización de las empresas de cable contratadas para el proceso electoral de 2019».
La empresa de cable de los Mendoza inscrita sin ningún problema
Entre las empresas de cable inscritas se encuentra Cable Izabal. Esta empresa es propiedad de la mujer e hijos de Haroldo Mendoza Matta, vinculado a narcotráfico, y actualmente la representante legal y gerente general es su sobrina.
Haroldo Mendoza fue capturado en 2014 por el caso Cancerbero, en el que se descubrió, según consigna la CICIG, “una estructura criminal liderada por Haroldo Mendoza Matta que se dedicaba a realizar patrullajes, control de entrada y salida de personas, vigilancias periféricas, y delitos como homicidios, quema de cosechas, robo y matanza de semovientes, allanamientos a domicilios, matanzas y desapariciones de personas y despojo de tierras en los departamentos de Izabal y Petén”.
De esta investigación se derivó el Caso Génesis, en que se acusa a esta red de expropiar 24 fincas en Izabal y el asesinato de dos campesinos.
El comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, explicó que se debía tener “suma consideración” sobre la familia Mendoza Matta, porque no se trataba de una banda cualquiera. “Es un ejército privado en Izabal que tenía azotada a la población”.
El expresidente Álvaro Colom dijo alguna vez que el clan de Los Mendoza eran de esos “narcos que nadie toca”, como recoge un especial sobre esta familia, realizado por Insight Crime.
Cable Izabal, la empresa inscrita en el TSE para el proceso electoral 2019, se asentó en el Registro Mercantil en 2010 a nombre de Deysi Fabiola Trujillo López quien, según el acta del Registro Nacional de Personas (RENAP), se trata de la esposa de Haroldo Mendoza Matta. También figuran como socios María Fernanda Mendoza Trujillo, Sergio Román Mendoza Trujillo y Guillermo Antonio Mendoza Trujillo, hijos de Haroldo Mendoza.
Según actas del Registro Mercantil, en 2012 estos nombraron como gerente general y representante legal a Mónica Fabiola Trujillo Torres, sobrina de Haroldo Mendoza.
En junio de 2017, Melvin Alexandro Trujillo Torres, hermano de la actual representante legal de Cable Izabal, fue rescatado por un comando armado cuando se encontraba en un juzgado de Morales, Izabal, tras haber sido capturado y acusado de varios delitos. En la nota recogida sobre el suceso, se menciona que Trujillo Torres fue rescatado presuntamente por un comando de Haroldo Mendoza y es mencionado su vínculo familiar, tal como fue constatado en las actas de nacimiento del Registro Nacional de Personas.
Según el Plan Integrado de Medios del TSE, en la primera semana de campaña Cable Izabal, que tiene frecuencia en los municipios de Puerto Barrios, Livingston, El Estor, Morales y Los Amates contaba con anuncios pautados de 13 partidos políticos.
Empresas vinculadas a intereses políticos también inscritas
La empresa de TV Cable Izabal no es la única que podría tener impedimentos y que sin embargo fue inscrita en el Tribunal Supremo Electoral.
Entre estas se encuentra Unicable Duarte, que emitirá pauta, según la información del TSE, en Usumatlán, Cabañas y Huite (Zacapa). Unicable Duarte es propiedad de Cesar Augusto Duarte Sanabria, quien según un acta del mismo TSE de febrero de 2019, se presenta al cargo de concejal II por el partido Bien, de Alfonso Portillo. Duarte Sanabria ha sido además contratado por servicios deportivos en varias ocasiones por la municipalidad de Cabañas.
El dueño de Unicable Duarte fue consultado sobre si no generaba algún conflicto de interés el hecho de que sea candidato y al mismo tiempo su cablera esté contratada por el Estado. “Yo creo que no, siempre se ha hecho, ahá. Siempre se ha apoyado a algunos partidos en otras épocas y siempre lo hemos hecho así, a todos los partidos. No hay ningún problema, porque el negocio es negocio”, dijo Sanabria, quien también es el presidente del Club Deportivo Municipal de Cabañas.
–Cuando usted inscribió su empresa de cable al TSE, no tuvieron que declarar que no se iba a presentar como candidato? – se le pregunta al dueño de Unicable Duarte.
–No, no nos pidieron nada de eso–, dijo.
Preguntado sobre si Cablevisión Duarte había comenzado a emitir los anuncios de campaña dijo que no. “Todavía no nos ha llegado nada. El Tribunal nos debe mandar los spots y los pondrán los encargados, pero no han enviado todavía”, respondió Sanabria.
Otra de las empresas de cable cuya contratación por parte del Estado podría contravenir la Ley de Compras y Contrataciones es Studio Visión Canal 99, que emite en los municipios de Barberena, Santa Rosa, Casillas, Santa Cruz Naranjo y Nueva Santa Rosa (Santa Rosa). Esta empresa de TV por cable se encuentra a nombre de Danilo Estuardo Durán Figueroa.
Durán Figueroa trabaja actualmente contratado por la municipalidad de Barberena, Santa Rosa, como asistente de informática. Preguntado al respecto, Durán Figueroa dijo que no había problema porque quien le contrata no es la municipalidad de Barberena sino el Tribunal Supremo.
“No hay ningún conflicto porque yo no le facturó a la municipalidad, mi cliente sería el Tribunal Supremo Electoral. Yo no soy un funcionario sino un empleado y tengo derecho a tener negocios aparte, además ya consulté con abogados y el mismo Tribunal Supremo Electoral y me dijo que no hay ningún problema”, indicó Durán. “Yo no estoy metido en política y además el actual alcalde ya no se presenta como candidato”, agregó.
El asistente de informática indicó que ya le habían llegado anuncios de cuatro partidos, y que los estaban emitiendo.
«De las 56 empresas inscritas en el TSE, 44 son empresas de cable. Dos de difusión nacional (Tigo Sport y Vea Canal) y 42 cableras regionales y municipales».
Empresas de cable relacionadas a diputados también emitirán propaganda
Otra de las empresas de cable que se encuentra a nombre de un empleado público es Celestevisión, que emitirá pauta electoral, según consigna el Tribunal Supremo, en los municipios de Santa Cruz Verapaz, San Cristóbal Verapaz y San Juan Chamelco (Baja Verapaz).
Celestevisión está a nombre de Elmar Rubén Dario González Coy quien, según registros del Congreso de la República, es asesor bajo el renglón 022 del diputado Marvin Orellana López, y devenga un sueldo de Q18 mil al mes.
Marvin Orellana ha sido diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), del extinto partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) y en esta contienda electoral se presenta como candidato nuevamente por Unidad del Cambio Nacional (UCN), que postula a Mario Estrada a la presidencia. “El Tribunal Supremo Electoral es el que está pagando, no es ningún partido político, y la relación es del TSE con la empresa, no sé si usted cree que eso genera conflicto de interés o no. ¿La relación es del TSE con las empresas, qué conflicto de interés puede haber conmigo?”, preguntó el diputado Orellana, cuando fue cuestionado al respecto.
También se contactó a Elmar González, el dueño de Celestevisión y primer asesor de Orellana en el Congreso. El asesor del diputado Orellana dijo que no estaba incumpliendo con la ley puesto que estaba contratado en el Congreso bajo el renglón 022. Indicó además que su empresa fue construida mucho antes de que él fuera designado asesor y que nuevamente es el Tribunal Supremo Electoral el que centraliza esta compra y no los partidos.
A diferencia de lo consignado por González Coy, en el inciso f del artículo 80 de la Ley de Compras y Contrataciones establece la prohibición de contratar a “Los dignatarios de la Nación, funcionarios públicos, empleados públicos o las autoridades de las entidades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, así como sus cónyuges”. Y solo están exceptuados “las personas contratadas bajo el renglón 029 o 189”.
Elmar añadió además que Celestevisión emitirá anuncios de todos los partidos y no particularmente de UCN, la agrupación política con la que participa Marvin Orellana.
Sin embargo, en el Plan Integrado de Medios del Tribunal Supremo llama la atención el elevado número de spots contratados por UCN para emitir en Celestevisión.
Preguntado sobre la gran cantidad de anuncios pautados por el partido por el que se postula el diputado para el que trabaja en el Congreso, González Coy dijo que de momento UCN no había enviado los spots ni la orden de compra para su emisión en Celestevisión.
Hay además otras dos empresas de cable relacionadas con personas que podrían presentar conflictos de interés con el Congreso de la República. Los vínculos de estas cableras contratadas por el TSE se establecen en el municipio de Mixco, con la familia del diputado Adim Maldonado, del partido de gobierno, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Una de estas empresas inscritas en el TSE y relacionadas al diputado Maldonado es Sistecom, que tiene cobertura en 17 departamentos y 212 municipios.
Sistecom se encuentra a nombre de Jonathan Ornan Maldonado Sánchez, primo del diputado Adim Maldonado Molina. Adim Maldonado llegó al Congreso en las anteriores elecciones de 2015 por FCN-Nación, y se vuelve a presentar como candidato a diputado por este partido este año, encabezando el listado distrital. Es hijo de Edin Maldonado de León, quien también fue diputado con la UNE y LIDER.
La familia Maldonado, según información recogida por elPeriódico en “La familia que cooptó la “Muni” de Mixco, o la sombra de Neto Bran”, ocupa varios puestos en esta municipalidad. En esta nota es citado Jonathan Ornan Madonado Sánchez, quién era representante legal de la cableras citadas, y que fue nombrado interventor de la empresa Sistema de Agua de San Cristóbal Intervención Municipal (Sascim), cargo que desempeñó desde enero de 2016 hasta el 1 de abril de 2017, cuando falleció en un accidente de tránsito.
El diputado Maldonado dijo que solo brindaría información al respecto en su oficina y no fue posible concertar la entrevista de forma previa a la publicación de este reportaje.
La familia Maldonado cuenta con otra de las empresas de TV por cable contratadas este año por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se trata de Intercable a nombre de: Enrique Misael Maldonado De León, tío del ex diputado Edin Maldonado. En las anteriores elecciones, Enrique Maldonado, se presentó como candidato a diputado por el Partido Patriota y unos meses más tarde fue también contemplado por el presidente Jimmy Morales como gobernador de Suchitepéquez.
En los comicios de 2015, según consigna una nota de Cerigua, Enrique Maldonado de León fue acusado de censurar dos canales de televisión debido a la información que divulgaron sobre otras organizaciones políticas.
“La empresa Intercable, propiedad del político, canceló la señal de Óptimo 23 y ATV Canal 24 como consecuencia de que ambos dieran a conocer los proyectos de aspirantes de los partidos Visión con Valores (VIVA) y la Unión del Cambio Nacionalista (UCN). Una de las integrantes de Óptimo 23 dijo que Maldonado de León les advirtió en reiteradas ocasiones que no debían hablar mal del partido oficial o informar sobre otras organizaciones políticas, pues de los contrario los sacaría del aire; en los últimos meses la señal de los medios había sufrido cortes temporales como medida de presión”, recoge la nota de Cerigua y que hoy evidencia la forma en que se afecta el proceso electoral de 219 debido a que el TSE no realizó las debidas fiscalizaciones de contrato.
Arranca la campaña sin controles
Así, ante la falta de controles y la ausencia de fiscalización previa por parte del TSE, empresas de cable vinculadas al clan de los Mendoza, otras a diputados como Marvin Orellana o Adim Maldonado o cargos municipales serán las encargadas, los próximos tres meses, de transmitir los spots de los partidos políticos.
Según las reformas estipuladas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para gestionar los nuevos cambios consignados, la Unidad a cargo dentro del Tribunal Supremo Electoral elaboró durante los últimos meses un plan integrado de medios, para distribuir, de manera igualitaria, los fondos del Estado dedicados a cada partido que compiten en las próximas elecciones.
En este plan, el TSE puso a disposición de los partidos los medios de comunicación inscritos en el TSE. Y los partidos, con un mismo número de spots, los distribuyeron entre las diferentes empresas de cable. Entre estas 44 empresas de cable, al menos 7 de las antes mencionadas, podrían tener conflictos de interés.
La directora de la Unidad de Medios del TSE, Rosa María Bolaños, fue cuestionada sobre cómo se podrán asegurar que las empresas de cable con vínculos políticos emitan los spots de todos los partidos.
Bolaños respondió que han contratado a una empresa de monitoreo de medios para fiscalizar la emisión de spots. Se le preguntó sobre el nombre de la empresa, y la directora de la Unidad de Medios indicó que aún no había sido contratada, pero que la orden ya estaba emitida. La entrevista con la encargada de la Unidad de Medios del TSE, fue realizada una semana antes del 17 de marzo de 2019, fecha en que dio inicio de manera formal la campaña electoral. Una semana más tarde, y con pauta electoral ya contratada, el TSE aún no ha hecho público el nombre de la empresa que Bolaños indicó para el monitoreo de medios.
Al mencionar los vínculos señalados por este reportaje y preguntar sobre si no hubo ninguna fiscalización previa, teniendo en cuenta las relaciones conocidas entre empresas de cable y poderes locales, Bolaños respondió: “¿Usted se imagina que, con la gran cantidad de medios que se inscribieron, nosotros tuviéramos que investigar todo? Al final todo se hace de buena fe. Ellos están presentando la documentación, donde están indicando que ellos no tienen ninguna prohibición para contratar”, respondió.
“Los medios de comunicación se registraron ya, pero no existe una regulación en el reglamento de la Unidad de Medios sobre la idoneidad de las empresas. Existe un conflicto de interés en los candidatos o cacicazgos que, a nivel local, han usado los medios de comunicación. Y el riesgo está en que esas empresas legalicen esas pautas y el TSE no tenga la capacidad de monitorear estas empresas en cada uno de los pueblos donde van a emitir los anuncios”, dijo Eddie Cux, actual director de Acción Ciudadana.
Así, la falta de mecanismos para fiscalizar a las empresas inscritas y la ejecución ineficiente de las reformas a la Ley Electoral, ha llevado a que finalmente sean empresas vinculadas a intereses locales, criminales o políticos, quienes reciban los fondos del Estado. Son estas empresas, además, en quienes recae la responsabilidad de emitir todos los anuncios consignados. Para los representantes de cada uno de los medios que aparecen en este reportaje, no representa ningún conflicto de interés, mientras que en el Tribunal Supremo Electoral se fían de la “buena fé” de las empresas de cable inscritas.
