En la campaña electoral de 2019 los candidatos tendrán una presencia marginal en la televisión, la radio y los periódicos. Sus sonrisas y promesas dejarán de dar réditos a Ángel González, el dueño del monopolio de la TV abierta. Con el TSE a cargo de pagar la publicidad de los partidos políticos con fondos públicos limitados ¿serán las redes sociales la nueva arena de los compromisos electorales?

¿Recuerdan a Otto Pérez montado en un taxi? ¿A Juan Gutiérrez vestido de carnicero? ¿A Zury Ríos con su bisturí? Estos anuncios televisivos que muestran a los candidatos buscando crear empatía con el público este año no se emitirán. Si no conoce la cara de Sandra Torres, Alejandro Giammatei, Zury Ríos, Mauricio Radford, Fredy Cabrera, Manuel Villacorta, Juan Carlos Eggenberger… difícilmente lo hará viendo la televisión.

El control excesivo que, según los representantes de los medios de comunicación, otorgan las nuevas modificaciones de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) al Tribunal Supremo Electoral (TSE), sumado a la rebaja obligatoria del 80 por ciento del costo de la pauta, ha llevado a que ninguno de los principales canales, periódicos o radios del país se haya inscrito en la recién creada la Unidad de Medios del TSE. Y este es el primer requisito, según lo establecido por el reglamento derivado de la nueva reforma, para que los partidos puedan promocionarse y llegar a la población.

Así, ante la ausencia de medios inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, los pronósticos auguran una campaña sucia en redes sociales. Hace dos semanas, el TSE hizo público que, luego de la falta de inscripción de Facebook y Twitter, los partidos tampoco podrán pagar publicidad en estas plataformas para publicitarse. Sin embargo, la experiencia de países como Brasil, EEUU o Rusia en cuanto al uso de redes sociales, muestra que el uso de estas plataformas como una forma de influenciar la tendencia de voto va mucho más allá de la pauta publicitaria.

La dificultad de fiscalizar en redes sociales cuentas falsas creadas fuera de Guatemala, las granjas de bots o el conocimiento de agencias de publicidad internacionales en la medición de los comportamientos en las redes, hace augurar que finalmente el control pasará del monopolio de la televisión abierta, de Ángel González al imperio de Facebook de Mark Zuckerberger.

La reforma que busca limitar el poder de la televisión

Todo empezó, según congresistas y algunos analistas, con una buena intención. Las reformas planteadas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos -emitidas en tres acuerdos legislativos y aprobadas en 2016- buscaban un uso más igualitario de la pauta publicitaria. Trataban de evitar que los partidos con más recursos fueran los que tuvieran más difusión en medios y, por consiguiente, que la búsqueda de financiamiento a toda costa condujera a prácticas ilegales.

Hasta 2015, quien más salía en televisión tenía un atajo hacia el éxito electoral. “En otros países la propaganda electoral no es tan importante. Pero Guatemala tiene partidos que nacen y mueren muy rápido. Para la mayor parte de personas es difícil nombrar los 28 partidos, cuál es la ideología, las figuras. Otros años, el partido que se posiciona primero llevaba las de ganar”, dice Luis Mack, analista político.

Según el informe de observación electoral de 2015, el 50 por ciento del presupuesto para la campaña de los partidos fue destinada a medios de comunicación. Y, según este mismo documento, la principal beneficiaria fue la televisión.

El estudio de Mirador Electoral 2015, registra que el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), de Manuel Baldizón, ahora detenido por lavado de dinero en Estados Unidos, gastó en la anterior campaña Q108 millones; de estos, Q64 millones fueron para la campaña en medios, es decir, un 60 por ciento de su gasto. La UNE destinó Q22 millones de los Q52 millones gastados para el pago de pauta en medios. Mientras que FCN-Nación gastó Q7 de los Q11 millones contratados para pagar su campaña en la televisión, radios y medios escritos.

Entre las conclusiones del informe se destaca la “hegemonía de la televisión abierta y sus criterios discrecionales de asignación de tiempos a los partidos y candidatos”. Además este análisis denuncia la práctica de los infomerciales, anuncios publicitarios disfrazados de información. “Dentro de las tendencias inerciales y negativas en materia de financiamiento y gasto de campaña, la práctica de difundir infomerciales en los medios de comunicación –especialmente vinculados al monopolio de la TV abierta– se mantuvo y agudizó”.

De esta manera, si, como afirmó en diferentes ocasiones el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, el pecado original de la democracia guatemalteca es el financiamiento electoral ilícito, se podría decir que el máximo beneficiario de tal pecado era la televisión abierta. El monopolio del magnate mexicano de los medios Ángel González, a través del grupo Albavisión, cuenta con los principales canales de televisión y radios del país, y con ello: una enorme influencia en el acontecer político.

Un reportaje de Plaza Pública detalla que González controla el 46.6% de frecuencias televisivas del país. Un poder que ha tenido también una contraparte en la asignación de contratos con el Estado, e incluso denuncias por financiamiento electoral ilícito. La esposa de González, Alba Lorenzana, representante del grupo Albavisión fue sindicada en junio del 2016 por el Ministerio Público y Cicig por el delito de financiamiento electoral ilícito.

Fondos públicos y ecuanimidad en el reparto

“La reforma empezó a tratar de limitar el gasto, porque cuatro años sostenidos de propaganda es un gran gasto, las elecciones de Guatemala son de las más caras del continente, esa es una de las problemáticas que tenía el proceso electoral. Se limita el tiempo de campaña a tres meses, también se regula la campaña anticipada, se sanciona con mucha fuerza”, expone el politólogo Luis Mack.

Carlos Barreda, diputado del partido UNE, uno de los congresistas que participó en las modificaciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, explica que estas reformas buscaban evitar la “distorsión de los monopolios de medios”. “Hay determinados grupos de medios que ejercen posiciones de dominio y distorsionan la democracia y presentan la realidad matizada por sus intereses”.

“La idea es que el TSE acota el presupuesto que le otorga el Congreso y lo va a distribuir de manera equitativa. Eso significa que tanto la URNG, como la UNE o Semilla, vamos a tener el mismo acceso a los medios de comunicaciones”, expone el diputado.

Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos tenían tres aspectos fundamentales en lo referente a los medios: fondos públicos, división equitativa y rebaja de la tarifa electoral.

El argumento del diputado Barreda, sin embargo, obvia que aunque los espacios sean igualitarios para los partidos políticos, los candidatos ya conocidos parten con ventaja debido a previas campañas electorales millonarias, como su candidata, Sandra Torres, que ha buscado la presidencia en dos ocasiones anteriores.

«Ante la ausencia de medios inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, los pronósticos auguran una campaña sucia en redes sociales». 

A partir de ahora, el TSE contará con un bolsón de dinero público, un 0.25 de los ingresos oficiales del Estado, según el artículo 220 de la LEPP. Este año, ese porcentaje supone Q219 millones. El argumento radica en que si el dinero es público y se reparte equitativamente, los partidos no tendrían porqué acudir a capital criminal o a capital condicionado para su campaña.

A continuación de las reformas, el TSE creó una Unidad de Medios de Comunicación encargada de gestionar y regular la publicidad de los partidos. El primer director de esta unidad, Renzo Rosal, explica que esta vez se regulará a través de un plan de medios. “El TSE dio a conocer a los partidos, los medios que se inscribieron en la Unidad y ahora tienen que presentar su plan al TSE para que éste haga uno único que integre todos los pedidos”, explica Rosal.

“El modelo tiene como base el principio de igualdad: todos los partidos tienen que tener los mismos espacios y medios y se supone que el TSE solo va a comprar esos tiempos y espacios en aquellas franjas que permitan aplicar la igualdad”, recalca.

Sin embargo, esta lógica en beneficio de la igualdad, que busca además disminuir el costo de la campaña y evitar que los partidos busquen replicar prácticas ilícitas para incrementar su presupuesto, ha recibido la negativa de los medios de comunicación.

Un plan sin medios tradicionales

La reforma a la LEPP obtuvo, desde un inicio, el rechazo de la Cámara Guatemalteca de Periodistas, que presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad.

Como puede verse en el listado de medios inscritos en el TSE, ninguna de las televisiones del Grupo Albavisión figura en el listado, tampoco Prensa Libre, Guatevisión (parte del grupo Prensa Libre), ni las cadenas de radio de Emisoras Unidas y el vespertino LaHora, ni otros de alta difusión como los medios del Grupo Nuestro Diarios: el diario de mayor circulación del país, Nuestro Diario, o el medio digital Soy502. Es decir, ninguno de los principales medios del país tomaron la decisión de inscribirse.

El tradicional periódico vespertino La Hora se inscribió en un inicio al TSE, pero después decidió desapuntarse. Según indicó Pedro Pablo Marroquín, director de este periódico, el control desordenado del TSE y obligaciones excesivas con respecto a su disponibilidad de páginas diarias, hicieron que optarán por dar la espalda a la reforma a pesar de, como dice, su lucha por la transparencia.

“Nos obligan a tener cierta cantidad de páginas y te las pagan al 20 por ciento del valor de mercado. Vemos que hay demasiadas limitaciones técnicas y no queremos asumir compromisos que no podamos o no queramos sostener”, apunta Marroquín. “Teníamos que tener disponibilidad de 30 páginas diarias para la campaña, cuando La Hora imprime 32 páginas”, ejemplifica.

Al igual que La Hora, Nuestro Diario y Soy502 tomaron también la decisión de no inscribirse. Dina Fernández, del consejo editorial del Soy502, indicó que, en el caso de estos dos periódicos, la decisión de no recibir propaganda electoral fue tomada durante la campaña anterior.

“Para esta campaña, desde el inicio nos planteamos que no íbamos a participar. Por la experiencia previa, con los partidos es complicado, les tienes que poner las reglas bien claras”, indica Fernández. Otro de los factores que agrega Fernández es la desconfianza en el TSE. “La ley es ambigua. Hace que pierdas el control sobre lo que se publica y, si cedes eso, estás cediendo tu control editorial sobre el material. Además, la ley no es clara, se indica que van a pagar el 20 por ciento de la tarifa a quienes usufructúan, es decir, se deja entender que están hablando de la radio y la tv abierta, pero no lo dejaron claro. Y para un medio impreso no funciona, no cubres tus costos”, expone.

No-Ficción trató de obtener una respuesta del grupo Albavisión y de Emisoras Unidas, sin embargo, aunque se comprometieron a responder vía email, su postura no fue enviada antes de la publicación de este reportaje.

Los medios escritos en el TSE, que finalmente recibirán estos Q220 millones de quetzales son, en general, departamentales, cableras, radios provinciales y apenas unos pocos medios convencionales, entre ellos TV Azteca o el programa de radio Concriterio.

La caja negra de las redes sociales

De esta manera, tanto la experiencia en procesos electorales en diferentes países, como las prácticas actuales en Guatemala, hacen pronosticar una campaña mediada a través de las redes sociales.

La directora de la Unidad de medios del Tribunal Supremo Electoral, Rosa María Bolaños, indicó que ni Facebook ni Twitter se inscribieron en la Unidad de Medios, por lo que tampoco los partidos podrán pautar publicidad en estos.

“Lo que no pueden hacer es promover las publicaciones”, expone Bolaños, “es decir, pagar a la red social por aumentar el alcance”. Bolaños, sin embargo, no pudo responder a qué pasará con las cuentas anónimas ni con los netcenter. “Son cuestiones que podrían suceder, pero no serían legales. La Ley Electoral tiene una prohibición expresa pero, al final, es como cualquier prohibición: el hecho de que haya delitos definidos no quiere decir que la gente no cometa delitos”, dijo.

Preguntada entonces por cuáles serán las sanciones para quien se salte la ley indicó que la Unidad de Medios no es la encargada de emitir sanciones sino el Registro de Ciudadanos y que todavía no podía responder sobre las sanciones específicas.

Renzo Rosal, primer director de la Unidad, relata que él presentó un plan de redes sociales que finalmente no logró aprobarse. “Tomando en cuenta alguna suerte de intento de regulación en el caso mexicano, o de Colombia, elaboré una propuesta de reglamento de uso de redes sociales, pero el pleno no mostró mayor interés y abandonaron el proyecto”, explicó.

El caso de Cambridge Analytica, que mostró cómo las redes sociales habían modificado la tendencia de voto en EEUU en las últimas elecciones o del Brexit, en Inglaterra. O la influencia de las redes y fake news para entender la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil, muestran cómo las redes sociales cuentan con un fuerte control sobre las decisiones de los ciudadanos.

Sergio Araiza, tecnólogo y ex director de infoactivismo de SocialTic, en México, explica que regular el pago pautado en redes sociales apenas incide en la influencia que se puede lograr a través de estas.

“Cuando miras el gasto de la campaña en México, no vas a encontrar el detalle de lo que se puso en Facebook, porque esto se esconde detrás del pago de servicios de publicidad a estudios y el pago a agencias grandes”, dice Araiza.

“La estrategia no tiene que ver con poner un anuncio en redes, sino en influenciar los algoritmos, de manera que la publicidad llegue a quien a ti te interesa, que es lo que está investigando con la trama rusa, basado en la localización, en gustos o en segmentos. Eso es lo que las empresas o partidos contratan, y ahí entra el elemento de estrategia: el enfoque global es alimentar los algoritmos, medir el alcance, cómo reaccionan los usuarios. Eso lo que los partidos están contratando ahora a través de las agencias, y no solo la publicidad tradicional”.

Y es, a través, de la contratación de estas agencias de publicidad, donde según el experto tecnólogo, se esconden los famosos netcenters. Grupos de cuentas en redes sociales contratadas para difamar, lanzar ataques o difundir rumores o noticias falsas. Una práctica cuyos albores se remontan a casi diez años atrás.

“Las agencias, detrás de sus fachadas, esconden estos netcenters, o son subcontratados y se activan en función de la necesidad que cada agencia contrate”, señala el tecnólogo.

Araiza, preguntado sobre la posibilidad de controlar cuentas anónimas, explica que sí es posible controlarlas y que en la primavera árabe, por ejemplo, se hizo con algunas. “Pero no es la solución, porque entras en la barrera de la libertad de expresión. Son algoritmos muy deterministas, si no escriben en determinado tiempo, si usan determinadas palabras… pero la experiencia muestra que, sin importar la razón por la que se ha usado la censura en el pasado, esta no ha sido la respuesta correcta”.

Renata Avila, abogada guatemalteca, y directora ejecutiva de la Fundación Ciudadano Inteligente, en Chile, describe en dos recientes artículos la complejidad de controlar la influencia de las redes sociales en la campaña.

“Las plataformas de redes sociales son cajas negras, con algoritmos complejos y protegidos por secretos industriales que dictan su comportamiento. No están sujetas a las antiguas reglas de ética que aplican a los periodistas y a los medios tradicionales de información y comunicación”, expone en un artículo sobre este tema .

En otro de los artículos escritos recientemente por Ávila en la sección latina de OpenDemocracy, expone la complejidad de un mundo apenas conocido por los votantes y que, sin embargo, como se ha demostrado, ha logrado modificar tendencias en el voto.

“Las nuevas técnicas de publicidad utilizan datos que se encuentran disponibles en línea, programas de aprendizaje automático e investigación psicológica para generar mensajes dirigidos a targets específicos. Estos mensajes se basan no solo en datos demográficos afinados, sino también en datos de nuestro comportamiento en línea. Los puntos que faltan para terminar el trazo de un perfil determinado suelen completarse en base a similitudes con otros usuarios o clientes de los que se dispone de una huella de datos más amplia”.

«Las redes sociales no están sujetas a las antiguas reglas de ética que aplican a los periodistas y a los medios tradicionales de información». 

Amparos en la CC

Ante la dificultad de regular la campaña en redes sociales, los medios convencionales buscan en Guatemala poner un freno a las nuevas reformas que limitan la publicidad convencional. Actualmente existen varios amparos a estas nuevas regulaciones dentro de la Corte de Constitucionalidad. Esta aún no se ha pronunciado y tampoco dio respuesta a No-Ficción sobre las resoluciones.

Uno de estos amparos fue interpuesto por la Cámara Guatemalteca de Periodista. El presidente de esta cámara, Mario Fuentes Destarac, confirma que los medios agremiados no se inscribirán a la Unidad y no habrá anuncios.

“Nosotros, como Cámara Guatemalteca de Periodismo, planteamos una acción de inconstitucionalidad, contra dos artículos: el 94 bis de la ley electoral y de partidos; y contra el artículo 62 del reglamento de dicha ley. Dichos artículos establecen que el TSE no inscribe a candidatos de elección popular a personas que hubieran publicitado su imagen a través de los medios con anticipación de la convocatoria a elecciones”.

Asimismo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) presentó otro amparo a las modificaciones a la Ley de Partidos. Gabriel Orellana, constitucionalista, explica cuáles fueron los motivos que llevaron como abogado de esta institución, a presentar el amparo.

“Las reformas a la ley están pésimamente redactadas desde el punto de vista jurídico, por su ambigüedad y por su redacción antitécnica, de tal manera que no permite que los medios puedan tener una certeza jurídica de cuándo están actuando conforme a la ley o no. Pueden hacerse acreedores de sanciones, no solo de tipo administrativo sino del tipo penal y, por si esto fuera poco, los responsables de estos delitos o infracciones, pueden ser incluso personas ajenas a la comunicación”, expone Orellana.

Preguntado por cuáles eran los inconvenientes técnicos de las reformas a la Ley dice: “El primer problema técnico, para los medios, es que si usted comete la insensatez de contratar con el TSE, éste va a tener la prioridad en sus tiempos y espacio. No excluye que en el día de mañana venga el TSE y se pida la primera plana para publicar propaganda electoral”.

Así, mientras el complejo mundo de las modificación de tendencias en redes sociales ya comenzó a funcionar, mientras las fake news e incluso comunicados falsos tratan de ensuciar la imagen de ciertos candidatos o partidos, mientras las grandes agencias parece que ya activaron sus estrategias digitales, aún queda un mes y medio para el 18 de marzo cuando oficialmente y según lo estipulado por el TSE, puede iniciar la campaña en medios de comunicación.