La Asociación la Familia Importa (AFI), con raíces en el Opus Dei y la élite económica, se ha convertido en uno de los grupos «provida» más activos e influyentes en el país. Vigilan para que no se legalice el aborto o el matrimonio igualitario. Se esfuerzan por mantener la educación sexual lejos de las escuelas. Y promueven un discurso político en el que el feminismo o el «globalismo» son presentados como amenazas vitales. Sus ideas son particularmente conservadoras, pero han logrado permear entre políticos cuestionados, múltiples candidatos presidenciales e instancias de la justicia internacional.
Esta es una versión editada de un artículo publicado originalmente por openDemocracy. Ha sido reporteado por Dánae Vílchez y Asier Andrés.
Es probable que muchos guatemaltecos no sepan qué es la Asociación la Familia Importa (AFI) ni conozcan a sus integrantes. Pero en los últimos años, esta organización ha trabajado sin cesar para influir sobre decisiones que les afectan. AFI no es la clásica organización del llamado movimiento «provida». No se limitan a labores sociales como apoyar en su embarazo a mamás vulnerables. Tampoco restringen su activismo al aborto.
Son un lobby con una visión política. Pretenden influir en el Congreso, las cortes de justicia, los medios de comunicación o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Y en sus más de diez años de trayectoria, en parte, lo han conseguido.
Sus ideas son particularmente conservadoras.
Quienes integran AFI califican cualquier forma de aborto como un asesinato —una idea con aceptación en grupos religiosos— y son contrarios al uso de condones o pastillas anticonceptivas.
Consideran que la unión de una pareja debe ser permanente y ven dañino el sexo fuera del matrimonio.
Rechazan que las escuelas impartan la llamada Educación Sexual Integral ya que, en su opinión, la única formación que deben recibir los jóvenes debe basarse en castidad, monogamia y fidelidad.
A esto, AFI suma una visión política propia de la nueva derecha latinoamericana. Promueven el pensamiento de conservadores de línea dura conocidos en toda la región como Agustín Laje y Miklos Lukacs, que están centrados en combatir lo que denominan «marxismo cultural».
Estos influencers y escritores describen un mundo en permanente amenaza por supuestas conspiraciones para implantar la «ideología de género», el «globalismo» o la Agenda 2030 contra la voluntad de la mayoría.
AFI promueve este tipo de ideas extremas. Pero eso no les ha impedido posicionarse como una referencia en cualquier debate sobre políticas sociales en el país.
Acuden al Congreso, organizan charlas, asesoran a diputados, participan en las discusiones sobre los presupuestos del Estado.
También han logrado que políticos de derecha, algunos de ellos muy cuestionados, hayan asumido gran parte de su discurso.
Todo esto lo han conseguido gracias a su habilidad para presentarse como una organización sin filiación política o religiosa, centrada en una causa en teoría tan indiscutible como proteger a la familia.
En entrevistas para este reportaje, fuentes de todo el espectro político describieron a AFI como una organización técnica, que domina los temas de su interés y suele ser respetuosa de opiniones contrarias.
Pero la influencia de la organización no podría entenderse sin otro factor: el poder de quiénes la respaldan.
Porque, aunque el grupo se ha caracterizado por su independencia de partidos o iglesias, en realidad, surgió de un colectivo más bien homogéneo: personas católicas de la élite económica, alguna de ellas, con vínculos a organizaciones afines al Opus Dei.
Según se pudo constatar en el Registro de las Personas Jurídicas, una mayoría de quienes fundaron AFI han ocupado altos cargos en instituciones educativas del Opus Dei como la Universidad del Istmo o los Colegios APDE.
Y estas organizaciones, tienen, a su vez, entre sus miembros a algunas de las personas más ricas del país: accionistas de grandes empresas como el Banco Industrial, la constructora Grupo Precon o la cadena de tiendas Max Distelsa.
«AFI tiene alrededor a grupos muy conservadores, que tienen poder económico. Tienen recursos e incidencia en algunos diputados», dijo el ex procurador de Derechos Humanos entre 2017 y 2022, Jordán Rodas.
Para realizar este reportaje se trató de entrevistar a representantes de AFI. Sin embargo, la directora de comunicación de la organización, Dulce Aguilar, aseguró que no deseaban ofrecer declaraciones ya que, según dijo, los medios que publican y financian este reportaje son contrarios a los valores de AFI. Tal afirmación la recalcaron en un comunicado publicado el 4 de octubre, cuando este reportaje estaba en construcción.
También se consultó a un vocero del Opus Dei en Guatemala. Este explicó que «no tienen una relación institucional con AFI», que solo se dedican a «fines espirituales» y que la participación de sus miembros en cualquier organización de la sociedad civil se produce siempre a título personal.
Los políticos y AFI
Desde su creación en 2013, AFI pretendió convertirse en el brazo político del movimiento «provida».
Ya desde las elecciones generales de 2015 organizaron foros con candidatos. También promovieron que los binomios presidenciales firmaran una declaración en la que se comprometían a no legalizar el aborto o el matrimonio igualitario si llegaban al poder.
Esta estrategia la han repetido desde entonces en cada elección. Y cada vez con más éxito.
En los últimos comicios lograron que 20 candidatos a la presidencia firmaran el compromiso. Todos menos cinco.
Entre quienes lo hicieron se encuentran políticos como Zury Ríos, quien asumió en su campaña gran parte del discurso de AFI sobre los supuestos peligros de la Agenda 2030 y la «ideología de género».
Pero también firmaron candidatos, como Sandra Torres, que tradicionalmente no se habían alineado con este tipo de pensamiento.
Este éxito no es casual.
Tiene que ver con el hecho de que muchos políticos perciben que la mayoría del electorado mantiene una visión tradicional sobre la familia, el sexo o los roles de género. Y que, por tanto, alinearse con grupos como AFI produce réditos en las elecciones.
Pero también tiene que ver con otro hecho: a medida que la clase política se ha visto cada vez cuestionada, algunos de sus miembros se han vuelto hacia un discurso como el que promueve AFI.
El regreso a la familia
En los últimos años, los políticos tradicionales de Guatemala, y sobre todo los de derecha, no se han encontrado en un lugar cómodo.
Entre 2015 y 2019 la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (Cicig) puso en evidencia la magnitud de la corrupción en el país y procesó a muchos políticos.
Más recientemente, la comunidad internacional, ha señalado a políticos guatemaltecos de dirigir el país hacia el autoritarismo y perseguir injustamente a quienes lucharon contra la corrupción o a miembros de la sociedad civil.
Estados Unidos, de hecho, ha sancionado a decenas de políticos y funcionarios por involucrarse en «actividades antidemocráticas» o de corrupción.
En este contexto, políticos conservadores cuestionados se han esforzado por presentarse como garantes de la familia tradicional y los valores conservadores.
Durante los gobiernos de Jimmy Morales (2016-2020) y Alejandro Giammattei (2020-2024) abundaron las iniciativas para mostrar apoyo a estas ideas.
El país fue declarado como «Capital Provida de Iberoamérica». Se nombró oficialmente el 9 de marzo como «Día de la Vida y la Familia». Se trató de aprobar una ley para dificultar aún más que las mujeres aborten, a pesar de que esto ya está de por sí muy restringido en el país. El uso peyorativo del término «ideología de género» se hizo de uso común.
Además, varios de los políticos que promovieron estas iniciativas, asumieron algunas de las ideas conspirativas que promueve AFI.
El discurso centrado en proteger a Guatemala de los supuestos riesgos del «globalismo» y el progresismo, se volvió especialmente útil para los políticos sancionados por Estados Unidos. Les permitió presentarse como víctimas.
Este fue el caso de por ejemplo, el expresidente del Congreso, Allan Rodríguez. Este legislador, del partido de derecha Vamos, fue sancionado en 2022 por, supuestamente, recibir y negociar sobornos en el Congreso.
Rodríguez es un político que no se había caracterizado por su militancia «provida». Sin embargo, se ha defendido asegurando que la política de sanciones estadounidense es una forma de castigar a quiénes, como él, se oponen a la «agenda globalista» del Partido Demócrata del presidente Joe Biden.
Otro caso similar es el de una compañera de partido de Rodríguez, la también expresidenta del Congreso Shirley Rivera.
Aunque ella no ha sido sancionada, Estados Unidos le ha denegado el ingreso al país como castigo por su participación en actividades anti democráticas, según ella mismo explicó.
Rivera en repetidas ocasiones, ha advertido sobre la supuesta existencia de una «agenda globalista» que pretende «la destrucción de nuestra sociedad».
Para el veterano exdiputado centrista Roberto Alejos, AFI ha logrado conectar con una parte de la clase política porque, en un momento de debilidad, les ha proporcionado un movimiento político en ascenso en toda la región al que pertenecer.
«Los políticos no actúan por convicción moral, actúan por conveniencia, por tener de su lado a una posición fuerte en el mundo», dijo Alejos.
El exdiputado está de acuerdo en que el trabajo de AFI se ha caracterizado por el profesionalismo y apego a la ley. Pero Alejos también describió cómo la presencia de AFI ha contribuido a polarizar el debate público.
En su opinión, para muchos políticos que no se identifican con la izquierda, ahora, resulta más ventajoso situarse en un conservadurismo duro, como el AFI, antes que buscar una posición más centrista.
Lobby para colocar políticos
Este contexto favorable proporcionó a AFI un terreno fértil en el que actuar. Y durante los últimos dos gobiernos, tuvieron éxito en varias de las batallas que libraron.
Entre 2017 y 2018, por ejemplo, AFI se opuso a una ley que buscaba legalizar el aborto en menores de 14 años.
Todos los años, al menos 2,000 niñas menores de 14 quedan embarazadas en Guatemala, según datos del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR).
La ley establece que estos casos siempre deben considerarse como una violación. También establece que estas niñas no pueden interrumpir su embarazo salvo que esté en riesgo su vida.
A pesar de que la nueva propuesta solo permitiría un número muy limitado de abortos, AFI lo consideró una amenaza vital.
Organizaron marchas en su contra; se reunieron con funcionarios; aparecieron en canales de televisión explicando cómo la ley solo traumatizaría aún más a las niñas, trataron de impedir que la iniciativa pudiese ser siquiera discutida en el Congreso.
Al final, la ley fue bloqueada, en parte, gracias a un diputado, Aníbal Rojas, quien entonces era presidente de la Comisión de la Mujer en el Congreso y que después integró una agrupación de parlamentarios propiciada por AFI.
El 2019 la organización volvió a aparecer para influir en que Stuardo Ralón, un abogado que había colaborado con AFI, se convirtiera en miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH).
Esta institución forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se dedica a garantizar que los gobiernos de la región respeten los derechos humanos.
Desde su cargo, Ralón ha defendido que ni existe el derecho al aborto ni cualquier otro específico para la población LGTBIQ+.
Y más recientemente, entre 2020 y enero de 2024, AFI logró incidir en decisiones tomadas por el expresidente Alejandro Giammattei.
Consiguieron que una de sus integrantes, Sandy Recinos, fuera nombrada Secretaria Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET).
Presionaron para que Giammettei prohibiera a Planned Parenthood, establecerse en Guatemala. Esta es una ONG estadounidense que promueve los derechos sexuales y reproductivos y que, efectivamente, no ha podido crear una filial en el país.
También lograron que la administración de Giammattei asumiera gran parte del discurso de la organización con la aprobación de la Política Pública de Protección a la Vida y la Familia.
Este plan, entre otras cosas, prevé que la educación sexual que se imparte en las escuelas públicas debe centrarse en promover la abstinencia y no, por ejemplo, en dar a conocer el uso de anticonceptivos.
El plan implica que 11 ministerios diferentes cumplan objetivos hasta 2026. Y, en teoría, debe guiar a las nuevas autoridades que asumieron el poder en enero de 2024.
De esta manera, AFI ya no necesita cabildear para convencer a funcionarios de sus ideas. Les basta con recordarles los compromisos que el propio Estado se ha fijado.
De la caridad a la política
El llamado movimiento «provida» no es nuevo. Existe en Guatemala desde hace décadas.
Su postulado principal: que la vida comienza en el momento de la fecundación está recogido en la Constitución de 1985. Y esto así, precisamente, por la influencia que han tenido las iglesias y los activistas «provida» en el país.
Inicialmente, el movimiento se centró en labores, sobre todo, de apoyo a personas vulnerables. El aborto es, en la mayoría de casos, ilegal en Guatemala. Y las fuerzas políticas que proponen su despenalización han contado con escasa representación históricamente. Esto permitía a los «provida» enfocarse en labores más sociales.
Apoyaban a madres de pocos recursos o impartían formación sobre cómo educar a los hijos o formar familias felices.
Sin embargo, la estrategia de estos grupos fue variando con el paso de los años.
No dejaron sus actividades tradicionales. Pero a medida que el mundo cambiaba y las ideas conservadoras sobre la sexualidad o la familia comenzaban a verse como contrarias a los derechos de otras personas, empezaron a organizarse para incidir en política.
Así, nació AFI en 2013.
La Obra
La organización surgió como una alianza entre grupos «provida» que llevaban activos desde el comienzo del nuevo siglo y algunos individuos destacados del ámbito educativo.
De los diez fundadores de AFI, una mayoría destacan por su relación con el Opus Dei, según información disponible en el Registro de las Personas Jurídicas.
Cuatro de ellos, directamente, han ocupado altos cargos en instituciones educativas vinculadas al Opus Dei.
Se trata del abogado y exmagistrado de la Corte Suprema Humberto Grazioso (ex decano de Derecho de la UNIS); Mayra de Poggio (jefa de estudios de la misma facultad) Mirna de González (decana de Educación de la UNIS) y Carlos Melgar (director ejecutivo de la red de colegios APDE).
A ellos se sumaron otras dos personas del mismo entorno.
Hablamos de Elvira Estradé, una mujer que ha impartido cursos en la Unis y que está casada con Carlos Alberto Prera, el rector del Centro Universitario Ciudad Vieja, una residencia para estudiantes. Y la asesora de matrimonios, Manola de Pieters, activista de Alive, una organización creada por varias directoras de la red de colegios APDE.
Todas las entidades mencionadas son, en teoría, independientes, pero la formación espiritual que dan a sus alumnos corre a cargo del Opus Dei.
Esta es una organización que forma parte de la Iglesia Católica, pero que está, en su mayoría, formada por seglares: personas que se casan, forman familias y tienen trabajos de todo tipo.
Una de sus características es que defienden un conservadurismo social y religioso estricto, pero a la vez promueven que sus miembros se involucren en el mundo contemporáneo: en actividades como la ciencia o la administración de empresas.
Esto ha favorecido que el Opus Dei haya atraído profesionales de éxito en Guatemala y otros países.
La élite
El resto de fundadores de AFI también procede de un entorno católico conservador, aunque con una relación más directa con la élite empresarial.
Una de ellas es Alexandra Sol, quien también fue la primera presidenta de AFI y su cara más visible al comienzo.
Sol tiene una larga trayectoria participando en organizaciones «provida» como Sí a la Vida, que ella creó con varias integrantes de su familia y esposas de importantes empresarios.
Sol está casada con Alfredo Skinner Klee Arenales, uno de los socios del conocido –y ya desaparecido– bufete de abogados Arenales & Skinner Klee. De este bufete han salido durante décadas diplomáticos, políticos, o presidentes de bancos.
Uno de los exsocios del bufete es, por ejemplo, Alejandro Arenales Farner, actual decano de Derecho de la UNIS, cuya esposa, Sigrid Anne Marie Brodtmann, también participó en Sí a la Vida.
En esta organización creada por Sol también han ocupado cargos Gabriela Urcuyo (esposa de Federico Tefel, del fabricante de refrigeradores Fogel) o Maggie Marroquín (esposa de Billy Bickford, fundador de la constructora Precon y también presidente de la red de colegios APDE durante años).
Otra de las fundadoras de AFI es Irene Minondo, quien ha ocupado cargos en la dirección de una organización educativa «provida» llamada Enlace.
Enlace se ha dedicado durante años a, entre otras cosas, impartir formación a maestros. Entre 2018 y 2021, por ejemplo, suscribieron un convenio con el Ministerio de Educación. Este acuerdo les permitió influir en los docentes del sistema público para que la educación sexual que imparten sea acorde a las creencias de la organización.
Un informe sobre el cumplimiento de este convenio, muestra cómo sólo en 2019, formaron a unos 1,300 docentes de 120 escuelas diferentes.
En Enlace, además de Minondo, han participado como directivas numerosas esposas o integrantes de importantes familias agroexportadoras.
Entre ellas están: María Teresa Arriola Fuxet (de la palmera Agrocaribe); Vera Ruiz Alejos (esposa del azucarero Otto Kushiek); Clarissa Villacorta (esposa del productor bananero Francis Bruderer) o Marcela Arzú Tinoco (esposa de Gerardo Lozano Bauer, fabricante de los jugos Rabinal).
En Enlace también han participado Claudia Rodríguez Schlesinger (hermana de Tomás Rodríguez Schlesinger, accionista del Banco Industrial, las tiendas Max y expresidente de la red de colegios APDE).
Una «amalgama interna»
Y, por último, otro de los fundadores de AFI es César Brañas Castillo, presidente de la Asociación Vida y Dignidad Humana (Asovid). Esta organización está integrada por varios profesionales católicos, entre ellos el conocido ginecólogo Estuardo Carrera Brolo.
Asovid es el capítulo guatemalteco de Human Life International (HLI), una red mundial de grupos provida, con sede en Estados Unidos.
HLI financia por todo el mundo los llamados «centros para embarazos en crisis», que han sido acusados de desinformar a mujeres para disuadirlas de abortar.
Marta Elena Casaus, una académica que se especializado en estudiar a la élite guatemalteca, asegura que la presencia en AFI de familias prominentes no es casual.
En su opinión, ser «provida» es uno de los elementos principales de la actual ideología de familias que llevan generaciones influyendo en el país.
«Ser provida es una amalgama interna que les permite seguir sobreviviendo y fortalecerse a si mismos frente a los demás», dijo Casaus.
La tercera ola
Ana Lucia Ramazzini una socióloga que ha estudiado al movimiento «provida» en Guatemala —al que ella denomina «antiderechos»—asegura que para entender a AFI es necesario encuadrar la organización dentro un fenómeno más amplio que está sucediendo en la región. Es la llamada tercera ola del movimiento conservador.
Según explicó Ramazzini, en décadas pasadas, los «antiderechos» se caracterizaron por organizarse de manera más puntual y por tener vínculos más estrechos con las iglesias.
Se movilizaban para campañas concretas, por ejemplo, a favor o en contra de una ley. Y con frecuencia, su discurso se basaba en la fe.
Sin embargo, en la última década aproximadamente, esto cambió, según la investigadora. Comenzaron a surgir organizaciones muy diferentes.
En esta tercera ola, describió Ramazzini, los «antiderechos» buscan ser más permanentes y tener una agenda de largo plazo. Quieren participar en la institucionalidad del Estado y disputarla a los progresistas. Se presentan como parte de un movimiento global. Tienen un discurso secular o académico, no religioso. Se articulan con otras ideas políticas y económicas de los conservadores. Uno de los ejes de su discurso es presentar a la «ideología de género» como un «enemigo» que se utiliza para movilizar.
«En la “ideología de género” cabe todo aquello que va a transformar la sociedad. Cabe el comunismo, las disidencias, el aborto… Es la idea del enemigo, y esta idea va conectada con la movilización del miedo: el miedo a las feministas, a las disidencias sexuales, a las juventudes y las opciones que ahora tienen», dijo Ramazzini.
Ley vs ideología
En Guatemala, pocas organizaciones encajan mejor con esta caracterización que AFI.
Gracias al poder y la influencia de sus fundadores, la organización es permanente y está bien conectada en todos los niveles.
AFI Funciona desde hace más de diez años; cuenta con personal asalariado y voluntario; recursos para pagar abogados y viajes; o para producir regularmente videos o podcasts.
Son parte de un movimiento internacional. Tienen relación con grupos similares en Estados Unidos: como la Alliance for Defending Freedom (ADF), que influyó en que el aborto dejara de reconocerse como un derecho en Estados Unidos en 2022, o con la Heritage Foundation, un prominente centro de pensamiento conservador cercano al próximo presidente Donald Trump.
AFI también tiene relación con otros grupos internacionales como la Political Network for Values, una alianza de políticos ultraconservadores que ahora preside el excandidato presidencial chileno José Antonio Kast.
A pesar de su raíz católica, la organización mantiene un discurso secular. Sus creencias suelen respaldarse con argumentos jurídicos, económicos o científicos —aunque a veces estos son sesgados o engañosos.
Sus opiniones se presentan como «técnicas», apegadas al orden natural o la ley, mientras que las de sus rivales son «ideológicas».
Para oponerse al aborto suelen argumentar que muchas madres no interrumpirían sus embarazos si tuvieran apoyo económico, con lo cual, el problema de fondo es la falta de políticas públicas, no que el aborto se convierta en un derecho.
También defienden la familia tradicional, sosteniendo que es la forma más eficiente de organizar la sociedad, combatir la pobreza o prevenir la delincuencia.
Los anticonceptivos se presentan como menos seguros que la fidelidad y la abstinencia. El feminismo como un movimiento totalitario. El colectivo LGTBIQ+ cómo un grupo que busca que sus «preferencias» se vuelvan «privilegios».
Y, lo más importante: como otras organizaciones de lo que Ramazzini llama la «tercera ola», AFI busca influir en las instituciones en el largo plazo.
Un lobby profesional
Guatemala está dividida casi a partes iguales entre católicos y una gran variedad de denominaciones protestantes. El país, además, cuenta con un sistema político fraccionado. Una multitud de pequeños partidos, en su mayoría de derecha, se enfrentan por tener relevancia y poder.
En medio de este panorama de divisiones religiosas y partidistas, AFI ha ganado credibilidad precisamente porque no son percibidos como afines a una iglesia o partido en concreto.
A pesar de sus vínculos con los sectores más conservadores del catolicismo y su promoción de ideas de extrema derecha, AFI se describe como una organización de incidencia política sin afiliación política o religiosa.
Actúan como lo haría un lobby.
Están centrados en sus causas: defender a «los niños que están por nacer» y proteger la familia tradicional. Y para lograr sus objetivos, trabajan con cualquiera que pueda favorecer sus intereses. Ya sean estos políticos derechas cuestionados por corrupción o políticos más progresistas que, en principio, se oponen a gran parte de su agenda.
Incluso, no dudan en criticar iniciativas promovidas por políticos afines, cuando consideran que son innecesarias o contrarias a la ley.
«AFI tiene una estructura de lobby político. Tienen un equipo legal. Son serios, se toman el tiempo de analizar las cosas. Tienen la capacidad de dialogar, incluso con diputados que son opuestos a sus ideas. Yo creo que eso es lo que les da credibilidad», dijo la diputada Andrea Villagrán, que actualmente forma parte de la bancada del grupo progresista Semilla.
«Son profesionales, muy respetuosos», dijo la exdiputada de izquierda Sandra Morán.
«Creo que el principal mérito de AFI es haber logrado construir una alianza multi religiosa, siempre desde el respeto a los demás», dijo Juan Diego Godoy, un analista político y comunicador que trabajó para AFI.
La organización cuenta con un equipo legal que trabaja regularmente en el Congreso. Durante años, este estuvo dirigido por Estuardo Córdova Guirola, un lobista y abogado que en el pasado representó a la candidata Zury Ríos.
El grupo cabildea a favor o en contra de leyes, participa en foros representando a la sociedad civil y se relaciona con políticos de diferentes ideologías y religiones.
Movilizan a los conservadores y las diferentes confesiones religiosas para oponerse a cualquier iniciativa que consideren que abre las puertas al aborto, la eutanasia o la Educación Integral en Sexualidad.
O también para rechazar leyes no relacionadas directamente con estos temas pero que introducen conceptos que ellos asocian a «la ideología de género».
En todos estos casos, suelen tener éxito. Desde hace años, el Congreso no ha aprobado legislación que avance en la regulación de estos temas.
«Están bloqueados», resumió la exdiputada Morán, algunas de cuyas iniciativas fueron tumbadas, en parte, por el lobby de AFI.
Pero no solo se han opuesto, también han apoyado iniciativas.
Por ejemplo, respaldaron una reforma al Código Penal que introdujo los ciberdelitos contra menores. Y han tratado de promover iniciativas a favor de la lactancia materna o la protección de la infancia.
Un frente por la vida
Además del cabildeo, otra de las estrategias de AFI en el Congreso ha sido tratar de construir una fuerza de diputados afín.
Esto lo consiguieron en 2019, cuando participaron en la creación de una agrupación de diputados llamada Frente Parlamentario por la Vida.
Este Frente llegó a tener 15 miembros en 2022, en un hemiciclo de 160 diputados.
Sus coordinadores fueron dos diputados conservadores, integrantes de la élite tradicional y vinculados a la empresa privada: José Rodrigo Valladares y Julio Lainfiesta.
En la actualidad, el Frente parece haber perdido auge y sus únicos miembros activos pertenecen al mismo partido: VIVA, una agrupación de origen evangélico.
En 2022, además, AFI logró algo que muy pocas instituciones han conseguido.
Firmaron un acuerdo de cinco años con la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa del Congreso para impartir formación a diputados.
Antes de la firma de este convenio, la organización ya había organizado sin problema conferencias en salones del Congreso.
Por ejemplo, en 2021, invitaron al escritor argentino Agustín Laje para que impartiera una charla llamada «El Impacto de la Agenda Globalista en la Cultura y la Política de Guatemala».
Sin embargo, la firma del convenio con el Congreso, ha permitido a AFI seguir organizando este tipo de eventos de manera estable, sin importar el cambio de autoridades de la cámara ocurrido en 2024.
En mayo de este año, por ejemplo, impartieron una capacitación para diputados y asesores titulada “Claves para legisladores: dominando el arte de los tratados para defender la soberanía”. En la actividad participó el director de ADF para América Latina, Tomás Henríquez.
Un lucha global
AFI no solo se ha convertido en una organización relevante para Guatemala. La repercusión de su trabajo ya es regional.
La organización surgió en el contexto de la histórica resolución Artavia Murillo vs Costa Rica. Este es un caso que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que está centrado en si la prohibición de la fecundación in vitro en Costa Rica violó o no derechos fundamentales..
Sin embargo, la sentencia tuvo implicaciones que van más allá de lo relacionado a la fecundación in vitro.
En el fallo, por primera vez, jueces del sistema interamericano concluían que un embrión no es igual a una persona y que considerar a la mujer como un vehículo para la reproducción cuyos derechos siempre están supeditados a los de la vida que lleva dentro, puede ser discriminatorio para ellas.
En otras palabras, la sentencia abría la puerta a una de las situaciones más temidas por el movimiento «provida».
Grupos feministas de países como Guatemala, El Salvador u Honduras podían utilizar el precedente creado por este caso para argumentar ante la Corte IDH que la prohibición del aborto en sus países es una vulneración a derechos fundamentales.
La Corte podía darles la razón y forzar un cambio legal en países en los que el aborto parecía intocable.
AFI nació formalmente solo unos meses después. Y, por eso, desde el comienzo, uno de los focos de su labor ha sido tratar de incidir en el sistema de justicia interamericano.
Un comisionado provida
Comenzaron asistiendo a las asambleas de la OEA y otros foros interamericanos de la sociedad civil. Pero la influencia de AFI dio un paso adelante cuando lograron influir en el nombramiento del abogado Stuardo Ralón como integrante de la Comisión IDH en 2019.
Ralón colaboró, al menos durante 2017 y 2018, en varias actividades de AFI en Guatemala, como muestran publicaciones de la organización.
El abogado presentó recursos legales para AFI. Por ejemplo, cuando quisieron detener la difusión de un manual de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos en el que se refieren al aborto seguro como un derecho.
O cuando trataron de impedir que la ONG Woman on Waves proveyera abortos a mujeres guatemaltecas en alta mar.
Ralón también participó en actividades de cabildeo de AFI para oponerse a leyes. Acompañó a miembros de la organización mientras trataban de frenar la despenalización del aborto en menores de 14, Y, el abogado también fue conferencista en eventos organizados por AFI.
Ralón no es un desconocido en Guatemala y su activismo «provida», no es su única credencial.
El abogado cuenta con una larga trayectoria litigando en asuntos constitucionales, casi siempre para defender a empresas privadas e influyentes gremiales como la Cámara del Agro o el Cacif.
Por todo esto, cuando el gobierno de Jimmy Morales tuvo la oportunidad de proponer un guatemalteco para integrar la Comisión IDH, uno de los nombres que se contemplaron fue el de Ralón.
En él coincidían intereses provida y pro sector privado organizado. Esto le convertía en una buena opción para ser el candidato de una administración como la de Morales, en el que estos grupos fueron influyentes.
Y así sucedió.
El gobierno de Guatemala escogió a Ralón y cuando presentaron su candidatura en la Asamblea General de la OEA de Medellín en 2019, lograron el respaldo suficiente de los otros estados miembros.
Este tipo de nombramientos son el resultado de negociaciones entre países. Guatemala llevaba más de 15 años sin un alto cargo en la Comisión IDH y es probable que esto jugara a favor de Ralón o cualquier otro candidato que hubiese propuesto Guatemala.
Pero una persona que presenció las negociaciones y pidió no ser identificada, aseguró que el cabildeo de AFI también fue importante. «Si a él (Ralón) lo eligieron fue porque hubo un lobby bastante fuerte de AFI», dijo la fuente.
Finalmente, Ralón fue electo para un periodo de tres años. Y, de hecho, fue reelecto para otro mandato igual en 2023, esta vez con el apoyo de la administración de Giammattei.
En ambos casos, AFI, que ha estado presente en todas las asambleas de la OEA de la última década, inmediatamente lo celebró.
Al ser consultado, Ralón aseguró que no tiene «ningún vínculo jurídico con AFI» y aseguró que su cargo se debe al apoyo mayoritario que ha recibido de la Asamblea de Estados que integran la OEA, la cual, según dijo, es una organización plural.
Un movimiento conservador
La Comisión IDH, a diferencia de la Corte IDH, no es un tribunal de justicia y sus resoluciones no son obligatorias.
La Comisión elabora informes y hace recomendaciones a los países que integran la OEA. Además, sus decisiones se deben aprobar por mayoría.
Por tanto, el impacto que puede tener un único comisionado IDH es siempre limitado.
Ralón, sin embargo, ha tratado de dejar huella. Su forma de hacerlo ha sido a través de los votos razonados que ha escrito en contra de decisiones adoptadas por la mayoría.
En estos documentos, cargados de razonamientos jurídicos, Ralón ha mostrado su pensamiento.
El jurista ha argumentado que no hay ninguna convención de la OEA que diga, expresamente, que el aborto es un derecho, que el matrimonio puede ser de personas del mismo sexo o que hable sobre la identidad de género.
Por tanto, nada de esto puede exigirse como derecho, ni se puede obligar a un Estado a reconocerlo.
En cambio, ha insistido en que los derechos que sí son reales, como la libertad religiosa o la objeción de conciencia, no se están protegiendo lo suficiente.
Pero Ralón también ha ido más allá de temas puntuales, cuestionando algunos de los fundamentos que han guiado al sistema interamericano.
El comisionado guatemalteco ha sostenido que la legislación internacional no debe usarse para otorgar cada vez más protección a colectivos históricamente marginados.
De la lectura de los escritos de Ralón se desprende una visión del mundo en el que los únicos derechos que se deben proteger son los civiles y políticos que, por ejemplo, se reconocieron en el Pacto de San José de 1969.
Otro tipo que derechos, por ejemplo, los económicos y sociales o los que exigen grupos como los colectivos LGTBIQ+ o los pueblos indígenas simplemente no existen como tales. La legislación, por tanto, no puede ir ampliándose para reconocer cada vez más reclamaciones de la sociedad. Eso sólo conduciría a una situación caótica. Cualquiera podría exigir cualquier cosa ante la ley.
Argumentos como estos son familiares para cualquiera que haya escuchado el discurso de los representantes de AFI.
Y ponen de relieve por qué esta organización es algo más que un grupo «provida». Son un movimiento político conservador que cuenta con las ideas, la influencia y habilidad para usar la ley, con la intención de que nada cambie.
