Caso Caja de Pandora / Unionista
En 2017, el caso Caja de Pandora confirmó la existencia de esta red de corrupción, evidenciando además los vínculos de las empresas de Byron Lima con la municipalidad de Guatemala a través de la adquisición de servicios promocionales y gastos de campaña política pagados con fondos de la Municipalidad
Caso Botellas
Este caso conocido como Sistema Penitenciario o Botellas refiere a la desarticulación de una red de corrupción dirigida por el reo Byron Lima Oliva, asesinado en prisión, en la cual participaban altos funcionarios de la Dirección General del Sistema Penitenciario, así como personas particulares, quienes obtenían beneficios económicos, producto del traslado de reos, entre otros ilícitos.
Caso Matanza Amatitlán
Las investigaciones de lo ocurrido en caso de Amatitlán llevaron al MP a allanar varias propiedades en las que se descubrieron documentos con información de transacciones financieras efectuadas por una organización dedicada al narcotráfico. El Tribunal de Sentencia Penal de Mayor Riesgo B condenó hoy a 16 años de prisión al ex director de la Policía Nacional Civil, Baltazar Gómez Barrios y a dos de sus subalternos, mientras que para los otros 16 sindicados –entre ellos 13 integrantes de una estructura- las penas fueron de 1 a 61 años de cárcel. Estas 19 personas fueron sentenciadas por su participación en un robo de droga a una organización criminal dedicada al narcotráfico (caso Amatitlán).
Caso Bus Nicaragua
El 8 de Noviembre del año 2008, procedentes de Nicaragua ingresó a Guatemala un bus con 14 personas oriundos de ese país quienes ordinariamente llegaban para realizar pequeños intercambios comerciales y un pasajero de origen Holandés. Una vez el bus en territorio Guatemalteco fue interceptado y acorralado por narcotraficantes quienes lo desviaron y lo llevaron hasta el departamento de Zacapa a una de las fincas de la organización, para robar la droga que supuestamente venia en el Bus. Al no encontrar la droga procedieron a asesinarlos y en las horas de la noche trasladaron el bus a territorio dominado por otra organización criminal donde lo incineraron con las personas en su interior.
Caso Plazas Fantasmas Congreso
La investigación desarrollada por el MP y la CICIG establece que los miembros de la Junta Directiva del Congreso de la República en el período 2014 y 2015 realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales. Esta forma de contratación irregular de personal para los miembros de la Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no sólo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la no asistencia a trabajar de las personas contratadas en la sede del Congreso, lugar asignado para la prestación del servicio.
Caso Pedro Muadi
La investigación reveló que para el año 2013, Pedro Muadi Menéndez, actual diputado y entonces presidente del Congreso, tenía asignado un grupo de seguridad personal de 15 guardias, integrado por personal de la empresa privada de seguridad GRUPO SIS, cuyos miembros devengaban un sueldo de Q5,000.00, pagado por dicha compañía.
Caso Renap
Se trata de un caso de 2010, el cual reveló irregularidades en los procesos de licitación de la emisión del Documento Personal de Identificación (DPI) del Registro Nacional de Personas (RENAP), hechos ocurridos en 2008.
Caso Byron Vargas Sosa
El día 19 del abril de 2008, Byron Vargas Sosa invitó a las menores Nancy Carolina Hichos Pérez, Silvia María Morales Rodas y María Alejandra Girón Trigueros a la discoteca Blue Moon, ubicada en la ciudad de Chiquimula, y luego las asesinó en una carretera desolada.
Caso Fraijanes
Las investigaciones revelaron anomalías en los procesos de contratación y en la ejecución del proyecto, así como en actuaciones tanto de Fundtech, como de algunos funcionarios del Mingob de ese entonces (2009). Este caso ya cuenta con sentencias condenatorias que fueron emitidas en 2014
Caso Maskana
Este caso versa sobre la investigación de una red de corrupción administrativa responsable de desviar y lavar alrededor de 38 millones de quetzales (5 millones de dólares), en el marco de un contrato de compra de cupones de gasolina para la Policía Nacional Civil, asignado a la empresa Proyectos Maskana S.A. en 2009.
