El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reconoce que la falta de coordinación con el Ministerio Público interfiere con las labores de seguridad y admite que el narcotráfico sigue infiltrando política e instituciones. En esta entrevista a No Ficción aborda el papel de las cárceles en la estrategia de seguridad, así como los altibajos en los índices de homicidios, el financiamiento criminal y la sostenibilidad de la estrategia de seguridad de la actual administración.

El rostro de la ofensiva de seguridad del gobierno de Bernardo Arévalo no proviene de la política partidaria ni de la carrera policial, sino de los tribunales. Marco Antonio Villeda llegó en octubre de 2025 al Ministerio de Gobernación después de más de tres décadas como juez, una trayectoria marcada por su paso por el Juzgado de Extinción de Dominio, uno de los pocos espacios del sistema de justicia que logró golpear directamente el patrimonio de redes criminales y de corrupción en Guatemala. Desde esa judicatura firmó resoluciones que tocaron a expresidentes, exministros, narcotraficantes y empresarios investigados por lavado de dinero, corrupción y crimen organizado.

Su traslado en 2024 fuera de ese juzgado (una decisión que generó preocupación por el futuro de los bienes incautados) marcó el final de su etapa como juez y abrió la puerta para iniciar una nueva etapa: la de administrar una de las instituciones históricamente más permeables al crimen organizado.

Villeda ha dado sus primeros pasos en el cargo en un momento en que Guatemala enfrenta incautaciones millonarias de cocaína, un estado de sitio tras el ataque de las pandillas a la policía, incursiones de carteles mexicanos y la creciente evidencia de que el narcotráfico ya no opera al margen del sistema, sino dentro de él, infiltrando puertos, política e instituciones.

Su apuesta pública es trasladar al sistema de seguridad la lógica que marcó su carrera judicial: que al crimen organizado no se le derrota solo con capturas, sino golpeando las finanzas que lo sostienen y las instituciones que lo permiten. Con esa premisa, enfrenta ahora el desafío de pasar de juez a gestor de una política de seguridad en un país donde las redes criminales han prosperado pese a estados de sitio, purgas policiales y cambios de gobierno.

Estado de sitio y resultados

El gobierno de Guatemala decretó el estado de sitio, el domingo 18 de enero, tras una escalada de violencia vinculada a pandillas que incluyó motines carcelarios, ataques coordinados contra sedes policiales y el asesinato de once agentes de la PNC, hechos atribuidos principalmente al Barrio 18 como represalia por los operativos de control penitenciario y traslados de reos.

La medida fue presentada como una respuesta extraordinaria para recuperar el control del sistema penitenciario y frenar una ofensiva directa del crimen organizado contra las fuerzas de seguridad, en un contexto que el Ejecutivo calificó como una crisis de seguridad nacional. Al finalizar esta disposición, Guatemala puede observar que enero de 2026 es el mes con menor cantidad de homicidios en casi dos años. Hay que viajar en el calendario hasta marzo de 2024 para encontrar una cifra (206) menor que los 207 homicidios registrados en el primer mes de este año.

Pregunta. ¿Qué indicadores concretos tiene el Ministerio de Gobernación para medir si el estado de sitio realmente debilitó a las redes criminales o si solo se ha capturado a la base operativa de las pandillas?

Respuesta. El estado de sitio es un mecanismo constitucional que permite suspender ciertas garantías para mejorar la operatividad contra grupos criminales. En este caso se suspendieron los artículos 5, 6 y 33, lo que nos permitió actuar con mayor rapidez.

Hasta ahora hemos capturado aproximadamente 2,000 personas (1,744 en flagrancia), realizado casi 2,500 operativos y 525 allanamientos. También se han capturado 51 pandilleros tanto del Barrio 18 como de la Mara Salvatrucha y se han incautado armas y vehículos.

El indicador más importante es la reducción de homicidios: en enero de 2026 hubo 61 homicidios menos que en enero de 2025, cerca de una reducción del 20 %. Además, logramos cortar comunicaciones de líderes pandilleros en prisión, lo que ha reducido su capacidad de ordenar delitos.

Y nosotros pretendemos a partir de estos operativos conjuntos que estamos realizando con el Ejército que la baja en el número de homicidios siga durante el año.

Luego también hemos logrado aislar y cortar las comunicaciones de los líderes de estos grupos criminales que están en prisión para evitar que se sigan comunicando hacia el exterior y que sigan dando órdenes.

P. ¿Podrían líderes fuera de las cárceles haber asumido la coordinación de las estructuras?

R. Es posible. Las pandillas son organizaciones verticales y podrían existir liderazgos externos. Eso aún está bajo investigación. Sin embargo, los datos muestran que su operatividad ha sido contenida: homicidios y extorsiones han disminuido.

Como lo dice usted, pueden haber otros líderes en el exterior que estén asumiendo esa  dirección de las organizaciones criminales, pero eso todavía está por establecerse y obviamente tendríamos que ir tras la pista de estas personas que puedan seguir operando o dando las instrucciones en la calle.

Relación con el Ministerio Público

El conflicto público entre el presidente Bernardo Arévalo y el Ministerio Público (MP), encabezado por Consuelo Porras, escaló el 20 de enero tras la captura de un presunto pandillero vinculado a ataques contra la PNC que dejaron diez agentes asesinados: el Ejecutivo acusó a la Fiscalía de “proteger” a los responsables al imputar delitos menores (portación ilegal de arma y drogas) pese a indicios de coordinación de ataques.

Mientras el MP defendió que el caso está en fase inicial, aseguró que ampliará cargos conforme avance la investigación y respondió con cifras de su gestión contra pandillas, evidenciando la tensión institucional en la persecución del crimen organizado.

P. ¿Qué coordinación existe con el Ministerio Público cuando el mismo Ejecutivo ha señalado la falta de acción contra las estructuras criminales?

R. Existe coordinación con ciertos fiscales que tienen una conciencia de su deber y son muy institucionales y entienden que el Ministerio Público no puede llevar a cabo sus actividades sin la previa coordinación que hagan con las fuerzas de seguridad del Estado; pero lamentablemente no hay comunicación fluida a alto nivel. Esto dificulta el trabajo, porque el socio natural del Ministerio de Gobernación debe ser el Ministerio Público. Sin órdenes judiciales, nuestra eficacia se reduce.

El Ministerio Público tampoco puede realizar su labor si no tiene esa coordinación y ese acompañamiento de parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Hoy por hoy, lamentablemente esa comunicación no es fluida, esa comunicación prácticamente no existe.

Tenemos que pues también confiar en que las otras instituciones, háblese Ministerio Público y háblese también del Organismo Judicial, realicen la labor que les corresponda y por eso es que yo en mi calidad de ex juez he hecho un llamado a mis ex colegas para que también estén a tono con la situación, sean conscientes de la gravedad del de del momento que estamos viviendo y que también sean consecuentes con las con las exigencias ciudadanas.

P. Tienen la confianza como para compartir este tipo de información de inteligencia con el Ministerio Público, partiendo de lo que me acaba de decir. De que al nivel más alto desconfían de dar este tipo de detalles. ¿Qué pasa cuando encuentran un indicio que es claro sobre la forma en la que se coordinan estos grupos (pandillas)?

R. Aun así, compartimos la información de inteligencia porque es nuestro deber. Sin esa coordinación plena, el trabajo es mucho más difícil. Como le repito, sí hay una cierta coordinación en ciertos niveles, tanto del Ministerio Público como del Ministerio de Gobernación tomando en cuenta que hay fiscales de carrera, también hay que decirlo, que son muy institucionales, saben cuáles son sus deberes y saben cuál es la responsabilidad que ellos tienen ante la sociedad.

Repunte de homicidios

En 2025 Guatemala registró un repunte de la violencia homicida, con 270 muertes más que el año anterior y una tasa de 17.3 homicidios por cada 100 mil habitantes; el 86 % de los asesinatos se concentró en solo 10 departamentos (encabezados por Guatemala, Escuintla y Petén), lo que indica una fuerte concentración territorial de la violencia. Aunque hubo meses con descensos, el último trimestre cerró al alza y consolidó un balance anual negativo, acompañado de aumentos en delitos contra las personas y la propiedad.

P. Ministro, Guatemala cerró el año 2025 con un repunte significativo de la violencia homicida, al registrar 270 muertes violentas más en comparación con 2024, de acuerdo con un informe del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN).  Gobernación mencionaba que esto era un efecto colateral de la estrategia de seguridad y no una señal de que se fallaban en las acciones. ¿Comparten todavía este diagnóstico?

R. Mi lectura es que el repunte fue producto de una guerra entre pandillas por el control del narcomenudeo. Esa tendencia empezó a bajar desde octubre y en enero de 2026 ya vemos una reducción cercana al 20 %.

Me parece que todo esto tuvo relación. Me refiero al repunte de homicidios, aunque yo en esa época, pues, no era no era ministro de Gobernación. Mi percepción es que esto era producto de una guerra que había entre las pandillas para controlar el territorio con el objeto de llevar a cabo acciones de narcomenudeo.

Narcotráfico, pandillas y narcopolítica

Guatemala figura como territorio clave de tránsito del narcotráfico en Centroamérica, especialmente a través de puertos como Quetzal, donde operan redes logísticas y empresariales que facilitan el traslado de cargamentos internacionales de cocaína.

Estas dinámicas no funcionan aisladas: se entrelazan con pandillas que controlan territorios urbanos y economías ilícitas como el narcomenudeo, y con redes políticas que permiten la captura institucional y el financiamiento electoral con dinero ilícito.

P. ¿El narcotráfico internacional es una fuente de financiamiento de las pandillas o son fenómenos paralelos?

R. Existe vinculación. No hay duda de que tiene que haber una vinculación entre narcotraficantes y pandillas, porque los pandilleros, obviamente, a través del tráfico de drogas es que logran financiar su organización criminal y también sus actividades de carácter ilícito. El narcotráfico financia a las pandillas. Por eso debemos combatir ambos fenómenos simultáneamente.

En enero se incautaron casi 5 toneladas de cocaína en una sola operación y el año pasado 9.5 toneladas. Las investigaciones continúan después de cada incautación para identificar responsables y posibles extradiciones.

Ahora tenemos programas que tienden a asegurar de mejor manera el control que tenemos sobre los puertos tanto en el Pacífico como en el Atlántico.

Eso no quiere decir que los narcotraficantes no lo van a seguir intentando, intentando trasladar la droga desde Sudamérica hacia Estados Unidos a través de Guatemala. Una cosa es que lo intenten, otra cosa es que nosotros lo permitamos y que nuestras medidas no sean estrictas en cuanto a ese control.

P. Pero por ejemplo, se realizan incautaciones (como la más reciente en Puerto Quetzal alrededor de5 toneladas de cocaína, proveniente de Costa Rica), pero ¿por qué  muchas veces no quedan claros los responsables finales de las estructuras?

R. Sí, porque eso es parte todavía de lo que estamos investigando. O sea, luego de la incautación es que empieza la investigación, de dónde viene, a qué empresa va dirigida, quiénes son las personas que posiblemente están involucradas. Esto deriva muchas veces en procesos de extradición hacia los Estados Unidos de ciertos personajes.

Muchas personas que han sido extraditadas, a veces, no se sabe cuál es la investigación o cuál es el trasfondo que hay detrás de esos procesos de extradición. Y son investigaciones que se hacen, por supuesto, y que parte del hecho de que hayamos realizado este tipo de incautaciones.

Lo que pasa es que los resultados muchas veces no son inmediatos, las investigaciones tienen sus tiempos, no son ciencias exactas.

P. Muchas veces también en estos casos se comentan nexos políticos, sobre todo en las grandes acciones de narcotráfico que permiten operar de esta manera (control de puertos, aduanas…), porque pasar 5 toneladas no es precisamente pasar un alijo.

En ese sentido también se ha mencionado de parte de ustedes, en Gobernación, que tenían indicios de inteligencia  de que había nexos entre pandillas y grupos políticos o actores políticos.

¿Existen indicios de vínculos entre pandillas y actores políticos?

R. No puedo dar más detalles porque es una investigación que todavía está en curso y todavía estamos terminando de identificar a esos actores políticos o no, que están vinculados con las pandillas, aunque ya algunas pistas tenemos.

Ahora, lo que es innegable es que hay una relación muy cercana entre el narcotráfico y la política y eso no es un secreto, ni es que lo hayamos descubierto ahora. Solo me remito a la cantidad de personas que están extraditadas en Estados Unidos acusadas de cargos de narcotráfico que eran políticos prominentes o que han sido políticos prominentes en este país. En esto estamos incluyendo alcaldes, diputados, candidatos presidenciales e incluso secretarios generales de partidos políticos.

Cárceles y fugas

Las fugas de líderes del Barrio 18 y la posterior caída de la cúpula de seguridad expusieron una crisis estructural del sistema penitenciario: lejos de ser espacios de control estatal, las cárceles han funcionado durante años como centros de mando criminal desde donde se coordinan extorsiones, asesinatos y operaciones externas.

Investigaciones publicadas en No Ficción han descrito el sistema penitenciario como un “castillo de naipes”, sostenido por corrupción, hacinamiento extremo y redes internas que permiten a estructuras criminales mantener poder y comunicación desde prisión. Este colapso institucional convirtió el control de las cárceles en el punto de partida inevitable de cualquier estrategia de seguridad.

P. ¿Qué mecanismos existen para verificar los señalamientos de que fugas de pandilleros fueron facilitadas por autoridades de Gobernación?, ¿qué garantías tenemos ahora de que realmente se ha desarticulado esa influencia?

R. Se cambió completamente la cúpula del sistema penitenciario y mandos de centros penales. Las responsabilidades por fugas deberán determinarlas el Ministerio Público y tribunales.

Si hay personas de la anterior administración involucradas o no en estos hechos lamentables que dieron lugar a que 20 reos se fugaron, es una cuestión que tendrá que determinar la investigación que realiza el Ministerio Público y los tribunales para deducir las responsabilidades correspondientes. En el momento en que el presidente me presentó como nuevo ministro de Gobernación dije algo que hoy sigo sosteniendo:

Ninguna estrategia de seguridad en las calles puede ser sostenible o puede tener éxito si antes no controlamos los centros penales. Porque de ahí surge todo. Desde los centros penales se sigue coordinando acciones delictivas, ordenando asesinatos,  realizando extorsiones y nuestro propósito va por ese camino.

Hacer una transformación del sistema penitenciario que es una institución que ha estado abandonada durante mucho tiempo, que nadie le había puesto atención. Es la Cenicienta del Estado. Es una de las instituciones a las que menos recursos se le asignan.

El problema estructural es grave: hay 23,700 privados de libertad en cárceles con capacidad para 6,000. Esto implica un hacinamiento del 340 %.

Nuestra estrategia incluye construir cárceles, reformar leyes y profesionalizar la guardia penitenciaria. Número uno, por crear nuevas cárceles, donde podamos tener un mejor control. Número dos, también hay una parte que le corresponde, por ejemplo, al Organismo Legislativo, donde es necesario hacer algunas reformas para que muchas personas que ya cumplieron su condena puedan salir en libertad bajo ciertas condiciones. Pongo un ejemplo, las personas que están condenadas por delitos de lavado de dinero.

Estrategia regional comparada y finanzas criminales

En América Latina los estados de excepción se han convertido en una herramienta cada vez más recurrente frente al avance del crimen organizado y la violencia: varios gobiernos han declarado medidas extraordinarias para enfrentar homicidios, pandillas y economías ilícitas, normalizando la suspensión de garantías constitucionales como parte de la política de seguridad.

Pero también abre el debate sobre los riesgos para los derechos humanos y la sostenibilidad democrática de estas estrategias.

Investigaciones de No Ficción han mostrado que el combate al narcotráfico no solo se libra en carreteras, puertos o fronteras, sino también en los circuitos financieros donde el dinero ilícito busca legitimarse.

Por ejemplo, el reportaje El crimen perfecto documenta cómo iglesias, fundaciones y actores del sistema bancario pueden convertirse en espacios atractivos para el lavado de dinero debido a los vacíos de supervisión, el uso intensivo de efectivo y la dificultad para rastrear donaciones, en un país donde el narcotráfico es una de las principales fuentes de capital ilícito. Este escenario revela que el poder del crimen organizado depende de su capacidad para infiltrarse en instituciones legales y convertir recursos ilegales en patrimonio aparentemente legítimo.

P. Países como Ecuador muestran que la militarización y los estados de excepción no resolvieron el problema. Mientras que países como El Salvador parecen controlar ese problema con un estado de sitio sin fin  ¿Qué está haciendo Guatemala distinto para tener resultados?

R. Nosotros estamos realizando una estrategia a largo plazo. Las políticas de mano dura pueden resolver el problema a corto plazo, pero a mi parecer a largo plazo no son sostenibles.

Nosotros queremos tener una estrategia de seguridad que sea sostenible a largo plazo, pero que también se encuentre enmarcada dentro del estado de derecho, que respete las garantías eh constitucionales de los de los ciudadanos.

Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es llevar a cabo una estrategia de seguridad a largo plazo que sea sostenible, que esté enmarcada en el respeto a los derechos humanos, que esté dentro del marco jurídico. Posiblemente sea el camino más largo, posiblemente no resuelva el problema tan a corto plazo, pero es más sostenible a futuro.

P. Por ejemplo, usted mencionaba ya de entrada su experiencia como juez en Extinción de Dominio y cuando se aborda el tema de ir detrás de estructuras criminales el objetivo es ir detrás de sus fondos.

¿Es esto una estrategia central de la política de seguridad y detrás del dinero, de los recursos, de estas estructuras y qué se puede hacer realmente en esa área?

Hace poco decía en una entrevista que a las pandillas había que hacerles un enfrentamiento, pero no solo de tipo personal, no era solo capturar personas, también había que atacarlas desde sus fuentes de financiamiento, desde sus finanzas.

Nosotros creamos hace poco, inauguramos la dirección de análisis financiero dentro de la Policía Nacional Civil para precisamente hacer una persecución a estos grupos criminales a partir de un enfoque distinto, que es el enfoque económico, porque nosotros sabemos que la fuente de poder de esas organizaciones criminales es el dinero que producen a partir de sus actividades ilícitas. Eso es lo que les permite operar, comprar armamento de última generación, reclutar personal, etcétera.

Y nosotros tenemos que quitarle su fuente de poder, tenemos que quitarle esa posibilidad de seguir operando y eso solo se logra a través de interrumpir sus fuentes de financiamiento.

Pero para esto también es necesario lo que ha dicho anteriormente que tengamos una coordinación con el Ministerio Público a través de la Fiscalía de lavado de dinero y a través de la Fiscalía de Extinción de Dominio para lograr este propósito, porque solos no podemos tampoco. 

P. Y actualmente ¿pueden confiar en estas fiscalías para compartir información que ya están procesando?

R. En algunos casos sí, lo que pasa es que tenemos que esperar la acción del Ministerio Público también. Y eso no depende enteramente de nosotros.

P. Ya que menciona atacar las fuentes de financiamiento del crimen ¿Tienen indicios de esos colaboradores (financieros) que muchas veces no aparecen en las noticias?

¿Qué papel tiene el sistema bancario en el combate al crimen?

R. La Superintendencia de Bancos genera alertas de lavado que llegan al Ministerio Público. Nosotros apoyamos las investigaciones. Además, creamos la Dirección de Análisis Financiero de la PNC para atacar las finanzas criminales.

Lo que pasa es que la IVE (Intendencia de Verificación Especial) traslada directamente esta información sobre los reportes de transacción sospechosa directamente a la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero. A partir de ahí, la fiscalía  debe coordinar las investigaciones sí nos puede pedir puntualmente que llevemos a cabo ciertas diligencias, ciertas investigaciones en específico, pero la coordinación, el liderazgo lo tiene el Ministerio Público.

Entonces, ahí nosotros básicamente somos un auxiliar de la investigación, pero no tenemos el control de la misma ni tampoco impulsamos la persecución penal. Y por eso es tan importante que haya en su momento un fiscal general con el que podamos coordinar, con el que podamos llevar una estrategia en conjunto para tener mejores resultados.

Depuración policial

La violencia estatal sigue siendo un componente crítico del debate sobre seguridad en Guatemala. El caso del asesinato de Santa María y Choc Xi, abordado en un reportaje de No Ficción, muestra cómo operativos policiales pueden terminar en muertes y denuncias de uso excesivo de la fuerza, abriendo cuestionamientos sobre rendición de cuentas, acceso a justicia y la relación entre políticas de seguridad y derechos humanos.

Estos episodios evidencian que cualquier estrategia contra el crimen organizado enfrenta también el reto de evitar abusos y fortalecer los mecanismos de control interno del Estado.

P. ¿Qué acciones hay de depuración de la PNC cuando tenemos reportes de abusos como la ejecución extrajudicial de una pareja en Chimaltenango o la muerte en custodia de una persona detenida en Petén?

R. La PNC tiene 43,000 agentes. La mayoría cumple su deber, pero se investigan los casos señalados. Hemos fortalecido la Inspectoría General y estamos evaluando nuevos protocolos.

Una cosa es una ejecución extrajudicial donde se ven involucrados policías que ya están sometidos a un proceso y están en prisión preventiva por resolver su situación jurídica en un tribunal.

Y otra y otro caso es, por ejemplo, lo que ocurrió en Petén, donde una persona estaba haciendo destrozos, eh la policía lo sometió al orden y falleció producto no tanto de la acción policial entiendo, sino que de una condición preexistente que esta persona tenía y que los policías obviamente ignoraban.

No confundamos hechos aislados que se dan a partir de procesos policiales con una acción delictiva directamente que tiene que ver, por ejemplo, con una ejecución extrajudicial.

Venimos llevando a cabo un proceso de reforzamiento de mejora de las capacidades de la Inspección General de la Policía Nacional Civil para que se lleven a cabo mayores controles. Y en todo caso se lleven a lleven a cabo investigaciones con mayor profundidad, seriedad y mayor rigor para determinar cuál es la responsabilidad que pudiera existir de algunos agentes al verse  acusados de estar involucrados en actividades ilícitas.

P. ¿Se han planteado cambios en la forma en la que procede la inspectoría de la PNC (para supervisar la actuación de los policías)?

R. Lo que es cierto es que acabo de cumplir tres meses en el cargo y todavía estamos en proceso de evaluación y de establecer los protocolos que hay que seguir en caso de llevar a cabo investigaciones en contra de agentes que se ven involucrados o que se ven señalados de la comisión de un acto ilícito.

Ejército y frontera con México

Publicaciones como La silenciosa expansión del CJNG en Guatemala, una investigación del portal InSightCrime republicada por No Ficción, muestra los alcances históricos de grupos del crimen organizado de México en Guatemala.

P. Respecto a la labor con el Ejército, ¿hay confianza, digamos, en esta labor interinstitucional con el Ejército, viendo los antecedentes recientes como el robo de armas y lanzagranadasde los arsenales en Petén y los antecedentes de abusos en derechos humanos?

R. Nosotros tenemos que entender que tanto el Ejército como las fuerzas de seguridad civil son parte del Estado y nosotros precisamente para llevar a cabo operaciones conjuntas tenemos que basar estas operaciones en la confianza que  podamos tener una institución con otra. Lo que sí es cierto es que el Ejército tiene procedimientos distintos a los procedimientos que realizan las fuerzas de seguridad civil, por ejemplo.

La formación es distinta, los protocolos son distintos y en eso sí nos hemos tenido que sentar, ponernos de acuerdo para coordinar esos esfuerzos tomando en cuenta la naturaleza propia de cada institución.

Pero no puede existir esta operación en conjunto si no existe ese vínculo de confianza.

Yo tengo los mejores conceptos, por ejemplo, del ministro de la Defensa y de su personal que hoy por hoy hemos trabajado durante este estado de sitio y pues debo decir que se ha trabajado bastante bien, hemos trabajado en total coordinación. Son por lo que he logrado establecer a partir de la relación que he tenido con ellos, que son personas muy éticas, muy comprometidas con el estado de derecho y compartimos el propósito que es brindar seguridad a la ciudadanía.

P. ¿Qué tipo de colaboración hay con el Ejército en los operativos en la frontera con México considerando que hay antecedentes del ingreso de grupos del crimen organizado al país y ataques contra sus rivales en el país?

R. Nosotros, por supuesto, tenemos comisarías en las zonas fronterizas y cuando se han dado estos intentos, porque han sido intentos de estos grupos mexicanos de ingresar al territorio nacional, el Ejército ha actuado correctamente y los ha repelido como debe ser. Lo que hemos hecho nosotros es prestar ese apoyo a través de reforzar las comisarías con personal y también con armamento de mayor poder para que se pueda, llegado el caso, enfrentar a estos grupos de narcotraficantes.

P. ¿Ustedes tienen algunos indicios de que estas operaciones del crimen organizado mexicano en Guatemala  y en qué medida afecta también la política de seguridad en la nación?, ¿qué riesgo representan para nosotros como país las conexiones a nivel municipal o estatal de estos grupos del crimen organizado?

R. Tenemos una frontera bastante porosa con México, donde hay muchos puntos ciegos por donde se puede ingresar a uno u otro país. Tampoco ha sido una situación que se haya dado hasta ahora. Estas incursiones de los grupos de narcotraficantes mexicanos se vienen dando desde hace mucho tiempo.

Lo que sí es cierto, es que la última vez que intentaron incursionar fueron repelidos por el Ejército en la frontera. Pero sí lo que sabemos es que existe ese intento constante de estos grupos de narcotraficantes por penetrar al territorio nacional. Incluso es sabido que tienen algunos nexos con grupos de narcotraficantes que operan en el país.

Usted sabe que han habido alcaldes de zonas fronterizas que han sido extraditados hacia los Estados Unidos en virtud de estar involucrados con estos grupos de narcotraficantes.

Es un riesgo, no solo la penetración del narcotráfico en el territorio nacional, si no también su involucramiento en actividades políticas. Porque mucho del dinero que se invierte en campañas proviene de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

Por eso es muy importante, número uno, reforzar el control del financiamiento electoral.

Número dos, reforzar, por ejemplo, las fiscalías de extinción de dominio y de lavado de dinero para llevar un mayor control y evitar que ese dinero producto de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico ingresen no solo al sistema financiero, sino que al sistema o financie en campañas electorales porque eso da como resultado que accedan a posiciones de poder personas que están vinculadas directamente con el narcotráfico y esa es la razón por la que muchas veces diputados, alcaldes y candidatos presidenciales han terminado extraditados hacia los Estados Unidos.

P. ¿Y en el sector justicia esto también sucede (el ingreso del dinero del narcotráfico como en la política)?

R. No podría pronunciarme en este momento sobre esa situación porque no tengo una prueba contundente, aunque es probable. 

P. ¿Cómo dificulta tener una política que dé resultados en mejorar la seguridad ciudadana está infiltración del crimen organizado?

R. Nosotros por eso mismo tenemos varias estrategias. Número uno es controlar los puertos, número dos es controlar los flujos financieros, cortar, digamos esta financiación hacia estos grupos criminales.

Ahora, también debo decir algo que es importante. La estrategia de seguridad no depende única y exclusivamente del Ministerio de Gobernación. Aquí tienen que estar involucradas todas las instituciones del estado. Ministerio Público, Organismo Judicial y por supuesto también nosotros cumpliendo esa labor de prevención, reacción y persecución de estas actividades ilícitas.

Estamos capturando a todas aquellas personas que se encuentran involucradas en estos actos ilícitos. Hemos tenido una enorme cantidad de capturas de personas involucradas en actos de narcomenudeo, pero que también en el acto de trasiego de drogas, producto de eso fue que solo el año pasado se extraditaron 21 personas. Este año hemos capturado ya, en los primeros días de 2026, a cuatro personas con órdenes de extradición y vamos por ese camino.

Hemos hecho esta enorme incautación en enero, producto de que hemos mejorado los controles en los puertos. Y también hemos reforzado la sección de la policía que se encarga del análisis, investigación y combate de estos grupos de narcotraficantes. Nosotros nuestro trabajo y la parte que nos corresponde la estamos haciendo, pero también es importante mencionar que no depende únicamente del Ministerio de Gobernación.

El Ministerio de Gobernación es una parte del sistema de seguridad del país. Tenemos también los servicios de inteligencia, el Ministerio Público y también tenemos el Organismo Judicial.

Sostenibilidad del estado de sitio

El estado de sitio decretado tras los ataques contra la Policía Nacional Civil marcó un giro en la política de seguridad, con miles de capturas, operativos masivos y un énfasis en recuperar el control de las cárceles y reducir homicidios y extorsiones. Sin embargo, su balance sigue abierto: mientras el Gobierno sostiene que la medida permitió contener la violencia y golpear la operatividad de las pandillas, el debate público continúa sobre el impacto real en las estructuras criminales y los riesgos de normalizar medidas excepcionales como herramienta recurrente de seguridad.

P. ¿Es sostenible mantener este despliegue de recursos como los del estado de sitio?

R. Yo creo que es sostenible por lo menos hasta que logremos desarticular a estas organizaciones criminales. Lo que sí es cierto es que, aunque finalice el estado de sitio, nuestras operaciones conjuntas van a continuar. Porque nuestro propósito  central es desarticular a estos grupos criminales. 

El Estado debe garantizar la seguridad de los ciudadanos y en ese aspecto pues tenemos que utilizar todos nuestros recursos, todas nuestras capacidades para lograr esos propósitos.

Entonces, en esa virtud, no sé cuál va a ser la decisión del señor presidente finalizado este estado de sitio; pero lo que sí es cierto es que la operatividad que tiene como propósito desarticular estas bandas criminales va a continuar el tiempo que sea necesario.

P. ¿Y qué resultados quiere obtener cuando se cumple este plazo?

R. Esperamos que al finalizar el periodo hayan disminuido homicidios y extorsiones, que haya más capturas y que también tengamos un mayor control de las prisiones en la medida de que podamos controlar también a los líderes a los líderes de estas organizaciones criminales.

Al cierre de esta publicación el presidente Bernardo Arévalo anunció el fin del estado de sitio y la declaración de un estado de prevención a nivel nacional por 15 días, junto con el lanzamiento del Plan Centinela Metropolitano, orientado a reforzar la seguridad en el departamento de Guatemala mediante operativos territoriales conjuntos entre la Policía Nacional Civil y el Ejército. 

La medida busca dar continuidad a la estrategia de combate al crimen organizado tras las acciones durante el estado de sitio (como capturas, incautaciones de droga, extradiciones, el censo del sistema penitenciario y el corte de comunicaciones desde las cárceles), manteniendo los llamados “operativos quirúrgicos” y el control de centros carcelarios como ejes centrales de la política de seguridad.