La sentencia, dictada el 10 de mayo de 2013, marcó la lucha por la justicia para las víctimas del pueblo ixil, quienes sufrieron atrocidades durante el conflicto armado interno. Once años han pasado desde que el Tribunal de Alto Riesgo de Guatemala dictó una histórica sentencia condenando al general retirado Efraín Ríos Montt por genocidio (fallecido).
Más de 200.000 personas muertas, 45.000 desaparecidas y 1 millón desplazadas.
Estas son las cifras que dejó el conflicto armado interno en Guatemala, que duró de 1960 a 1996, según la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Entre los responsables, el general José Efraín Ríos Montt, quien gobernó durante 17 meses a partir de 1982. Implementó una estrategia denominada “tierra arrasada”, con el objetivo de eliminar a la población indígena Ixil que supuestamente apoyaba a la guerrilla. Fueron masacres, ejecuciones, torturas y violaciones en las comunidades ixiles.
Un juicio histórico
Ríos Montt fue condenado a 80 años de cárcel por genocidio y delitos contra la humanidad. En ese entonces, por primera vez, un jefe de Estado, fue juzgado en su propio país. A diferencia de otros casos de genocidio como los de Ruanda o Serbia, donde los acusados fueron procesados en tribunales internacionales fuera de sus países.
Tras un camino difícil de horas, días, semanas y meses en audiencias ante los tribunales, la resistencia de los pueblos indígenas fue un ejemplo de lucha por la justicia. Los testimonios atroces de una inhumana represión por el ejército, narrados en su idioma maya ixil, y traducidos en directo por intérpretes, dejó a los asistentes al debate impresionados.
Testimonios y peritajes
La sentencia, de 718 páginas, se basó en el testimonio de testigos, expertos, documentos militares y otras pruebas presentadas en el transcurso de las 27 audiencias. Más de 90 ixiles sobrevivientes directos de la violencia o familiares de las víctimas declararon ante el Tribunal, así como expertos de diferentes disciplinas y especialidades.
El Tribunal dictaminó que la fiscalía y la parte que representaba a las víctimas demostraron los delitos mencionados en la acusación: el asesinato de 1,771 personas de la comunidad ixil, forzando a 29,000 personas a dejar sus hogares, al menos nueve casos de violencia sexual y varios casos de tortura.
Los días transcurrieron durante el debate mientras nuevas historias despiadadas eran narradas por los sobrevivientes. Mientras, organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y la Reconciliación, transmitieron el juicio en vivo por internet.
Los peritajes de diversos expertos durante el proceso judicial corroboraron los testimonios de las víctimas y señalaron la responsabilidad de José Efraín Ríos Montt en los crímenes. La historiadora Marta Elena Casaús Arzú destacó que el racismo fue un factor crucial en el genocidio, con los indígenas siendo considerados como inferiores y objeto de estigmatización. Un testigo afirmó que las órdenes militares eran “indio visto, indio muerto”, evidenciando un trato diferenciado hacia la población indígena.
Sentencia
La jueza Yassmín Barrios, presidenta del tribunal, leyó la sentencia condenó a Ríos Montt en calidad de “responsable” del genocidio y “en calidad de autor”, de las masacres realizadas por las Fuerzas Armadas bajo su mando e indicó que “no lo detuvo, a pesar de tener el poder para evitarlo”, afirmó la jueza. Se estima que el genocidio cobró la vida del 5,5 % del total de población ixil que fue exterminada.
Ríos Montt recibió una sentencia de 80 años de prisión, 50 por genocidio y 30 por delitos contra deberes de la humanidad, según la legislación guatemalteca que tipifica los crímenes de lesa humanidad, contemplados en los artículos 376 y 378 del Código Penal.
Búsqueda de justicia
Las víctimas y familias tuvieron que esperar décadas para que se hiciera justicia, enfrentando obstáculos y desafíos. Finalmente, en 2013, Ríos Montt fue condenado. Sin embargo, la justicia parecía cortar la esperanza, cuando 10 días después la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir el juicio. Un nuevo juicio iniciaría en 2017, pero Ríos Montt falleció antes de que se dictara una sentencia definitiva.
A pesar de la anulación de la primera sentencia, el caso de Ríos Montt sigue siendo un símbolo de lucha por la justicia y la memoria histórica de Guatemala. Ha dejado un precedente, puso a la vista del mundo los crímenes del Estado contra la población ixil y sentó un ejemplo por la lucha contra la impunidad.
