El juez Mynor Moto y el exrector de la Usac, Estuardo Gálvez, competirán el 11 de enero por ocupar una plaza vacante en la Corte de Constitucionalidad. Ambos candidatos tienen en su historial resoluciones judiciales irregulares o fuertes indicios de participar en negociaciones paralelas para la elección de magistraturas. Este es un repaso a sus antecedentes.

Con 2 mil 256 votos, Mynor Mauricio Moto Morataya, lidera la elección por la vacante a la Corte de Constitucionalidad. El juez Moto es responsable del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal y es el favorito de las cuentas de redes sociales en contra del trabajo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y las investigaciones abiertas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala Cicig. En segundo lugar es ocupado por Carlos Estuardo Gálvez Barrios, con 2 mil 142 votos, el exrector de la Usac, considerado uno de los más influyentes operadores políticos dentro del gremio de abogados.

La elección para cubrir el espacio del magistrado Bonerge Mejía, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) fallecido por el Covid-19, se celebró a nivel nacional en las sedes del CANG el pasado 4 de enero. La segunda ronda se llevará a cabo el 11 de enero entre Moto y Gálvez con un factor adicional en el ambiente: una nueva solicitud de antejuicio contra juez presentada por la FECI.

Aunque esta magistratura tendrá un periodo de solo tres meses y medio, ya que finaliza el mandato de la actual Corte de Constitucionalidad el 13 de abril, en el ambiente político se considera un pulso anticipado por el control de la CC. La Presidencia, el Congreso y acusados de casos de corrupción de alto impacto tienen los ojos puestos sobre esta elección en un momento en que muchas decisiones judiciales y políticas terminan por recaer en la instancia constitucional.

Este es un repaso al historial de los candidatos finalistas:

Mynor Mauricio Moto Morataya

El juez Moto ha sido un opaco protagonista de la lucha contra la corrupción desde 2015. Organizaciones de sociedad civil y la misma fiscalía han cuestionado numerosas de sus resoluciones que han favorecido, entre otros, a la juez Marta Sierra de Stalling, los diputados Felipe Alejos y Orlando Blanco, y el exministro de Comunicaciones José Benito, entre otros. 

El juez Mynor Moto inició su carrera como Juez de Paz V en la secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre abril de 2009 y octubre de 2012. Luego pasó al juzgado de paz de San José Pinula, Guatemala hasta febrero de 2014. Ascendió a Juez de Primera Instancia y laboró, nuevamente, en la secretaría de la CSJ hasta noviembre de 2015. A partir de esta fecha pasó al Juzgado de Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en Guatemala.

Es en el Juzgado Tercero dónde Moto cobra notoriedad por sus resoluciones cuestionadas en casos de corrupción y de implicaciones políticas a partir de 2015. Derivado del caso de defraudación tributaria “La Línea” la FECI presentó el caso “Bufete de la impunidad”, en el cual se ligaba a la jueza Marta Sierra de Stalling, cuñada de la exmagistrada Blanca Stalling también bajo proceso penal.

Escuchas telefónicas indicaban que la jueza Sierra había negociado con jefes de la estructura de La Línea para favorecerlos. El juez Moto sobreseyó el caso por el delito de asociación ilícita y lo clausuró provisionalmente por otros delitos. La Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal, sin embargo, dejó sin efecto la resolución, bajo el argumento de que el juez no evaluó todos los medios de investigación.

El MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron una solicitud de antejuicio contra el juzgador por los delitos de prevaricato y retardo de justicia en este caso. La CSJ rechazó el pedido y envió el caso al Consejo de la Carrera Judicial, la unidad de Supervisión de Tribunales, sin embargo no encontró elementos para una “falta administrativa” contra el juez.

Entre otras resoluciones también controvertidas Moto se negó a autorizar una orden de captura contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito por el caso Libramiento de Chimaltenango, una obra investigada por sobrevaloración y desperfectos. 

Moto también ha conocido varios procesos contra el diputado Felipe Alejos Lorenzana, de Todos. La Feci presentó una solicitud de antejuicio contra el congresista en enero de 2018 por su presunta participación en una estructura que “agilizaba” la devolución del crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) mediante el cobro de una comisión ilegal.

El juzgador admitió un recurso de supuesta “actividad procesal defectuosa” presentado por Alejos para detener el proceso en su contra. Esto pese a que la Ley de Antejuicios estipula que el caso debía ser remitido a la CSJ. Con esta acción Alejos ganó tiempo, finalmente fue protegido hasta en cuatro ocasiones por magistrados titulares y suplentes de la CSJ para mantener su inmunidad.

Además, Moto, mantuvo sin procesar durante más de seis meses otra denuncia contra Alejos, y el secretario de actas de su partido Emerson García, por engañar al Tribunal Supremo Electoral para obtener nuevos libros de actas para asentar la inscripción del alcalde Netro Bran como su candidato a alcalde por Mixco. Alejos y García fueron acusados por los delitos de: falsedad material, falsedad ideológica ambos con agravación electoral, abuso de autoridad con propósito electoral, acusación y denuncias falsas, perjurio, falso testimonio, encubrimiento propio y simulación de delito. Una vez más, Alejos fue protegido por la CSJ.

El actual candidato a ocupar un puesto en la Corte de Constitucionalidad también dictó falta de mérito a favor del diputado de la UNE, Orlando Blanco, señalado por irregularidades en el financiamiento electoral para la campaña de la UNE, por no haber reportado el pago de transporte aéreo por alrededor de Q2 millones. Más tarde la CC confirmó esta resolución.

Entre otras resoluciones también controvertidas Moto se negó a autorizar una orden de captura contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito por el caso Libramiento de Chimaltenango, una obra también investigada por No-Ficción por sobrevaloración y desperfectos. Además, dictó falta de mérito contra los 15 detenidos por el caso, durante la audiencia el juzgador cuestionó que la “mega obra” fuera criticada por parte de la sociedad que “a pesar de eso la usa”. 

El 20 de octubre del 2020 el juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Ericka Aifán, emitió una orden de captura contra Benito por el delito de lavado de dinero luego del hallazgo de Q122 millones en efectivo en una propiedad vinculada al exfuncionario. Ha pedido del MP el caso del Libramiento de Chimaltenango ya no será llevado por Moto y fue trasladado al Juzgado de Mayor Riesgo C.

Además, sin haberle sido asignado el caso Comisiones Paralelas 2020, conoció un recurso del abogado Dennis Billy Herrera Arita, para separar a la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán de este proceso. Herrera Arita fue el representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en la Comisión Postuladora para magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuestionada en este caso.

En el curso de la investigación de este caso, la FECI también documento reuniones de Moto con defensores de uno de los principales implicados del caso, Gustavo Alejos Cambara, días previos a su postulación como candidato a la Corte de Constitucionalidad. La fiscalía presentó la solicitud de antejuicio contra Moto por los delitos de obstrucción de justicia y prevaricato.

En el ámbito académico el juez Moto es egresado de la Universidad de San Carlos (Usac) y tiene una maestría en Derecho Constitucional y un doctorado en Ciencias Penales por esta institución. Fue docente universitario en la Universidad Mariano Gálvez y en la Usac. En el ámbito gremial fue presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ) en el periodo 2019-2020.

En 2019 se postuló como candidato a magistrado de Sala de Apelaciones para el periodo 2019-2024, pero no fue incluido en la nómina final de 270 candidatos presentada por la Comisión de Postulación el 14 de febrero de 2020. Pese a que figuraba como uno de los aspirantes que podían ser respaldados, según un informe del Movimiento Pro Justicia, por la “aplanadora de votos” en bloque de los delegados del Colegio de Abogados y Notarios, la Corte Suprema de Justicia y los decanos de la Universidad Regional, Jennifer Nowell, y de la Usac, Gustavo Bonilla.

Moto ha recibido reconocimientos de organizaciones como la Asociación Civil de Justicia Guatemala-Israel y el Movimiento Cívico Nacional (MCN), la Unión de Juristas de Alta Verapaz o el Hospital de Salud Mental “Dr. Federico Mora” según su expediente de postulación a magistrado de Sala de Apelaciones.

Carlos Estuardo Gálvez Barrios

El exrector de la Usac, Estuardo Gálvez, es una figura de peso dentro del gremio de abogados de Guatemala. Es considerado uno de los principales operadores políticos del gremio de abogados durante los últimos 15 años, al igual que Sergio Roberto López Villatoro, “El Rey del Tenis”. Gálvez también figura en una de las líneas de investigación dejadas por la CICIG en un caso de presunta corrupción en la Usac. 

Gálvez tiene una carrera política-gremial en donde la Universidad de San Carlos ha sido su eje desde la agrupación “Ética y Derecho”. Se graduó como abogado y notario en 1985 de la Usac, cursó una maestría en Ciencias Penales en la Universidad de Costa Rica y más tarde se doctoró en Derecho también en la Usac.

Ha sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en la Usac, entre 2000 y 2004, más tarde fue electo rector en dos periodos: 2006-2010 y 2010-2014. Como rector de la Usac logró obtener el apoyo de otros rectores para ser el presidente de las Comisiones de Postulación de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones para el periodo 2014-2019, es decir, la actual corte que se ha mantenido en funciones extralimitando su periodo constitucional.

También presidió la Comisión de Postulación de la Contraloría General de Cuentas en 2010, en un proceso en el cual fue electa como contralora Nora Segura Monzón. Su peso político también se ve reflejado en que presidió en dos ocasiones la Comisión de Postulación para elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en los procesos de 2007 y 2014.

En una entrevista de Plaza Pública en 2016, en medio de la ola de casos promovidos por la CICIG y la FECI se le preguntaba a Gálvez sobre sus aspiraciones políticas o a la Corte de Constitucionalidad. Él respondía en estos términos: “Creo que uno debe saber en qué momento levantar y en qué momento estar tranquilo, y yo me siento bien así como estoy”.

En agosto de 2019, junto al actual rector de la Usac, Murphy Paiz, Gálvez fue mencionado en las investigaciones finales que la CICIG dejaba al MP antes de finalizar su mandato.

Lo cierto es que Gálvez ocupó una posición más discreta en los últimos años, aunque sin desaparecer del todo de la escena siendo representante de los profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ante el Consejo Superior Universitario de la Usac en el periodo 2019-2021, un cargo que ya había ocupado entre 1997 y 1999.

En agosto de 2019, junto al actual rector de la Usac, Murphy Paiz, Gálvez fue mencionado en las investigaciones finales que la CICIG dejaba al MP antes de finalizar su mandato. En una publicación de No-Ficción, al conocerse el señalamiento, se detalla que  la influencia de Gálvez en la política universitaria arrancó a finales de los años ochenta cuando fue consultor del área jurídica del Banco Industrial en la década de los 90. Desde ese ámbito, aseguran fuentes de la USAC, promovió la contratación de profesores penalistas de la Facultad de Derecho. Una apertura que es según fuentes del sector justicia facilitó el ascenso de grupos como “los abogados de Mixco” de la mano de Roberto López Villatoro “El Rey del Tenis” a principios de los años 2000.

La línea de investigación contra Gálvez que dejó la Cicig incluyó cinco proyectos de infraestructura aprobados durante su gestión y que presentan irregularidades:

La construcción del edificio de la Dirección General de Administración (DIGA), un evento declarado desierto y más tarde adjudicado a una de las oferentes, a la cual más tarde se le amplió el contrato por Q13.8 millones adicionales.

La compra del terreno para construir el Centro Metropolitano por una supuesta sobrevaloración de Q3 millones, entre otros señalamientos. Al respecto, el exrector comentó que “la CICIG recibió una serie de denuncias, muchas de ellas sin fundamento, espurias, de carácter político”.

Más recientemente se ha relacionado a Gálvez con el operador político Gustavo Alejos, investigado en seis procesos de alto impacto, el último de ellos el caso Comisiones Paralelas 2020. La hermana del exrector, Flor de María Gálvez Barrios se presentó como postulante a las Cortes de Apelaciones y fue incluida en la nómina final de candidatos enviada al Congreso de la República.

Al menos 20 de los 37 comisionados para elegir Cortes de Apelaciones han formado parte de las asociaciones de estudiantes de la USAC vinculadas a su agrupación. Su hermana fue una de las candidatas con mejores punteos por parte de los comisionados encargados de elegir 270 candidatos para Salas de Apelaciones. Gálvez acudió con Alejos el sábado 15 de febrero, un día después de que se integrará el listado de candidatos a Salas de Apelaciones.

En una entrevista con Prensa Libre, Gálvez justificaba así su contacto con Alejos: “Al señor Gustavo Alejos lo conozco hace más de 12 o 14 años, somos vecinos en la colonia, entonces ha habido una relación de amistad. Lo visité a él desde el año antepasado en el Mariscal Zavala -donde estuvo preso-, a él y al Dr. Jesús Oliva, el decano de Medicina, que en paz descanse. El año pasado volví a visitar un par de ocasiones al señor Alejos y este año, la segunda semana de enero y la semana pasada. Están los registros en Mariscal de cuando fui, no es nada nuevo”.

Pese a los cuestionamientos alrededor del juez Mynor Moto y el exrector Estuardo Gálvez ambos consiguieron el 71 por ciento de los votos emitidos. Lo que pone en entredicho la importancia qué estos señalamientos tienen sobre sus electores, en su gran mayoría abogados, aunque también se encuentran habilitados para ejercer su voto politólogos e internacionalistas colegiados. 

El juez Moto es una figura forjada alrededor de resoluciones cuestionables sobre casos de alto impacto, mientras que Gálvez es un operador gremial con contactos en el sector privado y cuya influencia se articula alrededor de la Usac. Solo 114 votos los separaron en estos comicios. La llegada de cualquiera de estos candidatos podrían inclinar la balanza en las resoluciones de una Corte de Constitucionalidad en la recta final de su mandato.