Haber ocupado la rectoría de la Universidad de San Carlos (USAC) no es lo único que tienen en común Murphy Paiz y Estuardo Gálvez. Los dos estaban en la mira de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Distintas irregularidades en contratos de construcción son la médula de las investigaciones contra ambos. Ahora, con el fin del mandato de este organismo, los expedientes están en manos del Ministerio Público (MP).  

Al mismo tiempo en que se celebraba la entrega de la sede central de la USAC, tomada desde hace semanas, la CICIG hacía pública una larga denuncia contra Paiz, el rector que motivó la protesta de los estudiantes. Los señalamientos, a diferencia de Gálvez, no están relacionados con su puesto como rector, sino con su paso como decano de la Facultad de Ingeniería.  

Paiz tuvo un largo recorrido en esa unidad, diez años exactamente. Ocupó ese puesto de 2005 a 2015. Un período en el que aprobó 483 contratos. Cada una de las adjudicaciones fue analizada por la CICIG. De estas, 62 son irregulares. Así lo estableció la investigación preliminar que salió a luz este jueves junto con otras denuncias que también alcanzaron al ministro de Economía, Acisclo Valladares, y a la compañía telefónica Tigo. 

De los 62 contratos, únicamente diez fueron expuestos públicamente por la CICIG. El resto está entre los miles de documentos que fueron llevados en los últimos días a las oficinas del MP.   

Las anomalías en estos proyectos de construcción que podrían poner en aprietos al rector son distintas: alguna obras quedaron inconclusas, otras posiblemente están sobrevaloradas y unas más, que en teoría están finalizadas, no fueron encontradas.  Los diez contratos en conjunto tienen un valor de Q5.3 millones. 

Uno de los proyectos destacados por la CICIG es la construcción de un edificio de dos niveles que estaría situado en los terrenos de la Sección de Prefabricados de la Facultad de Ingeniería. Pero todo apunta a que esta obra, valorada en Q864 mil, no existe. En ese lugar, que parece un terreno baldío, los investigadores sólo encontraron pequeñas bodegas de un nivel con techo de láminas metálicas. 

En las terraza  de los edificios T4 y T3 de esta unidad académica igualmente deberían estar construidas áreas de estudio, pero no hay ninguna, solo varillas de hierro que servirían para edificarlas. Ambos proyectos eran parte de dos contratos de Q1.5 millones que también incluían la creación de una bodega y un salón de exposiciones. 

“Estoy tranquilo, me voy a someter a la investigación respectiva, son señalamientos sin fundamento”, dice el rector en una llamada cuando son casi las once de la noche del jueves. Paiz acaba de salir de una reunión de trabajo de la comisión de postulación encargada de definir el listado de finalistas en el proceso de elección de magistrados de Salas de Apelaciones. Explica que en estas sesiones está prohibido el uso de teléfonos para evitar cualquier malentendido y que por esa razón no podía atender el suyo.   

Esta medida acordada por los integrantes de la postuladora parece ingenua frente al último escándalo desatado por la CICIG, que alcanzó al proceso de elecciones de magistrados en 2014: políticos poderosos, entre ellos Manuel Baldizón y el aún prófugo, Alejandro Sinibaldi, se habrían reunido en la suite de un hotel para escoger a las autoridades del Organismo Judicial. 

Murphy no es un desconocido en la política sancarlista. Antes de ser electo como rector el año pasado, obtuvo dos periodos como decano de Ingeniería, fue presidente del Colegio de Ingenieros e integrante del Consejo Superior Universitario en cuatro ocasiones, en dos periodos como representantes de los docentes de Ingeniería y otras dos como decano de esta facultad. 

Sus conexiones políticas tampoco son desconocidas. En marzo de este año, según reportó ConCriterio, logró la aprobación exprés de un préstamo por US$120 (Q912 millones) para la USAC, luego de un cambio en el orden del día de la agenda del Congreso con el voto de 113 diputados. Entre las enmiendas al préstamo, presentadas por los diputados de Todos, Felipe Alejos y Juan Ramón Lau, el 90 por ciento de los fondos del mismo se destinarán para la construcción de infraestructura en 47 sedes universitarias y un 10 por ciento para los estudios de factibilidad de los mismos. 

«Estoy tranquilo, me voy a someter a la investigación respectiva, son señalamientos sin fundamento» dice el rector Murphy Paiz. 

El otro rector

Estuardo Gálvez, rector de esta casa de estudios entre 2006 y 2014, también figura en una de las investigaciones sin concluir de la CICIG. Aunque Gálvez ya no ocupa un papel oficial en las comisiones de postulación, es un operador influyente en el proceso, desde la agrupación gremial Ética y Derecho, rol que niega al ser consultado vía telefónica por No-Ficción.

La influencia de Gálvez en la política universitaria arranca a finales de los años ochenta fue consultor del Banco Industrial en la década de los 90. Desde ese ámbito, aseguran fuentes de la USAC, promueve la contratación de profesores penalistas de la facultad de Derecho. Una apertura ques según fuentes del sector justicia facilitó el ascenso de grupos como “los abogados de Mixco” de la mano de Roberto López Villatoro “El Rey del Tenis” a principios de los años 2000.

El origen de la denuncia contra Gálvez son cinco proyectos aprobados durante su gestión.  

Uno de estos fue la construcción del edificio de la Dirección General de Administración (DIGA). La obra tuvo irregularidades como la adjudicación de la obra de manera privada luego de que el concurso fuera declarado desierto debido a que se descartaron a todas las empresas que participaron. 

Más tarde, sin embargo, el proyecto fue otorgado por Q26.4 millones a la Constructora Vides. La empresa había participado en el concurso público anterior, pero fue excluida junto con las otras, pues pretendía cobrar Q35.7 millones, un monto más elevado del esperado por la universidad. 

La obra también es señalada como anómala debido a que durante el tiempo en que se construía se realizaron otros desembolsos. El primero fue por una supervisión del proyecto que costó Q329 mil y que estuvo a cargo de Constructores y Asociados, S.A. El segundo fue por una ampliación del contrato con la Constructora Vides, la cual representó un pago de Q13.8 millones por la edificación del sótano del edificio en construcción. 

La compra del terreno para construir el Centro Metropolitano de esta casa de estudios también era investigada por la CICIG. La adquisición, de acuerdo, con el análisis preliminar está sobrevalorada. La universidad pagó Q29.9 millones pese a que Direccion de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles estimó que el costo debía ser de Q26.6 millones. 

Aunado a ello, hubo distintos aspectos del terreno que no fueron analizados como la erosión que sufría y otras irregularidades en su suelo, por las que luego tuvieron que pagar un estudio “geotécnico, geológico y de estabilidad del talud”. Según la evaluación el terreno no era apto para ninguna construcción de inmuebles. La compra fue celebrada en 2011 y hasta el momento el espacio sigue sin usarse. 

Gálvez no le da importancia a estas irregularidades. “La CICIG recibió una serie de denuncias, muchas de ellas sin fundamento, espurias, de carácter político”, dice. 

El tiempo dirá si esas denuncias se convertien en casos que lleguen hasta tribunales y pongan en el banquillo a Paiz y Gálvez, así como a otros funcionarios de la USAC. Dependerá de las acciones que la fiscal general, Consuelo Porras, a cargo del Ministerio Público, decida realizar para que las investigaciones puedan continuar. En tanto, los dos académicos parecen estar seguros de desvanecer los señalamientos que ha dejado la CICIG a cinco días de finalizar su mandato en Guatemala.