Este recorrido visual retrata ocho años de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público de Guatemala.
En 2018 Consuelo Porras fue nombrada por el entonces presidente Jimmy Morales, en un contexto marcado por un enfrentamiento entre el gobierno y distintos sectores de la ciudadanía que respaldaban la lucha anticorrupción impulsada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Para entonces, la CICIG, creada en el 2006 por un acuerdo entre el gobierno y la ONU, acusaba a Jimmy Morales de financiamiento electoral ilícito y requería el retiro del fuero que le protegía para que pudiera procesársele penalmente. Morales, entonces, nombró a Porras y esta poco a poco fue distanciando a la Fiscalía del trabajo con la CICIG, hasta que el gobernante expulsó a la comisión en 2019.
El cierre de la CICIG, la destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la salida de otros fiscales anticorrupción, marcaron el inicio de una etapa caracterizada por un sinnúmero de casos de persecución, criminalización y exilio de operadores de justicia vinculados a investigaciones de alto impacto.
Durante esos años las protestas ciudadanas crecieron y las críticas de organismos internacionales también, mientras periodistas, jueces, fiscales y líderes sociales denunciaban procesos judiciales considerados arbitrarios. Distintos sectores de sociedad civil señalaron un debilitamiento progresivo de las instituciones encargadas de combatir la corrupción.
En 2022, mientras Guatemala debatía sobre el oscuro proceso del gobierno para la adquisición de vacunas Sputnik contra covid-19, Consuelo Porras fue reelegida por el presidente Alejandro Giammattei. Paralelamente crecían los señalamientos de diversidad de sectores ciudadanos y comunidad internacional contra Porras. La falta de avances en casos de posible corrupción, vinculadas a funcionarios, empresarios y estructuras políticas afines a los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, incrementó las críticas sobre el deterioro del sistema de justicia en apenas iniciado su segundo mandato.
Luego llegó la elección de Bernardo Arévalo como presidente y Porras asumió un rol que, de nuevo, fue señalado por diversidad de sectores como atentatorio contra la democracia y contrario al combate a la impunidad. A pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, que le colocaron el sello de funcionaria que socavaba la democracia y obstaculizaba la lucha contra la corrupción.
No-Ficción publicó el 14 de mayo de 2026 una investigación que revela que una de las últimas acusaciones de gran impacto del MP hacia Arévalo y su gobierno fue un montaje. Porras deja el cargo tras fracasar en dos intentos por obtener la reelección en el cargo y tras fallar también en su búsqueda de una magistratura en la Corte de Constitucionalidad, que de haberla obtenido le habría significado mantener inmunidad.
