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Ilustración de los protagonistas de Paro Nacional en Guatemala. Diego Orellana.
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¿Quién es quién en el Paro Nacional?

El Paro Nacional Indefinido tiene varios protagonistas. De un lado, los que desde el Estado buscan perpetuar la impunidad: Consuelo Porras, Alejandro Giammattei, las Cortes o el Congreso de la República. De otro, las organizaciones ancestrales mayas, Bernardo Arévalo, el Partido Semilla y la OEA, que quieren poner un freno a las amenazas regresivas. ¿Quiénes son y qué papel han jugado?

1. Las organizaciones ancestrales mayas:

En el barrio de Gerona, la sede central del Ministerio Público, hay un elemento que se repite en centenares de manos. Unas varas de maderas finas con un revestimiento de metal en la punta y en el mango. Algunas adornadas con pompones elaborados con 260 hilos, los días del calendario maya. Otras con glifos tallados en el puño. Se tratan de las varas de mando, el elemento distintivo de las autoridades mayas de Guatemala. Y, hasta cierto punto, el distintivo del Paro Nacional indefinido y de la lucha contra la impunidad.

Si bien estas manifestaciones han tenido ciertos apoyos en la capital, de ciudadanos de a pie y de otros colectivos organizados; éste paro nacional ha estado acuerpado, principal y masivamente, por las organizaciones ancestrales mayas. 

En Guatemala hay entre 40,000 y 60,000 autoridades ancestrales, según refiere la antropóloga Lina Barrios en una reciente publicación de Ojo Con Mi Pisto. Y, en base a datos del Censo Municipal de 2018, 61 alcaldías indígenas municipales. Estas autoridades comunales se encuentran presentes, con mayor o menor estructura, presencia o poder,  en un alto porcentaje  de comunidades del occidente de Guatemala. 

Autoridad ancestral del Chuarrancho en Paro Nacional
Autoridad ancestral del Chuarrancho en Paro Nacional. Foto: Edwin Bercián

Las alcaldías comunales han cumplido un papel desde la invasión española de proteger los derechos de su población y preservar la identidad y cultura maya. En la actualidad se encuentran encargadas, principalmente, de la justicia consuetudinaria y de hacer prevalecer el bien común en sus comunidades. Eligen a sus representantes y toman decisiones a través de asambleas comunitarias, que se reúnen en momentos concretos.

¿Por qué se han involucrado en el Paro Nacional?, ¿por qué exigen la renuncia de la fiscal general?

“Somos respetuosos con el gobierno central. Siempre y cuando no afecte a las decisiones, como actualmente se está viviendo”, explica Luis Pacheco, actual presidente de 48 Cantones de Totonicapán.  

48 cantones de Totonicapán, la organización encargada de convocar y liderar el Paro Nacional, es la autoridad ancestral más estructurada. Data con más de 200 años de existencia y cuenta con 48 alcaldías comunales. Estas son electas en cada uno de los cantones que componen el municipio de Totonicapán. Y, además, con cinco juntas, que coordinan las alcaldías comunales, resguardan el bosque comunal, los baños termales y los títulos manuscritos de propiedad. 

“Pero, por la incidencia que ha tenido, en algún momento ha tenido representación a nivel nacional para la lucha de situaciones que afecten a toda la población de Guatemala”, agrega Pacheco. 

A lo largo de la historia, 48 Cantones han protagonizado otras manifestaciones en contra de decisiones estatales. Aunque, todas ellas, estuvieron relacionadas con cuestiones económicas o para defender su jurisdicción. El levantamiento con mayor relevancia histórica tuvo lugar en 1820. En ese año, los pueblos de San Miguel Totonicapán se alzaron en contra de un nuevo impuesto de la colonia española. 

Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones acude al Tribunal Supremo Electoral para reunirse con el pleno de magistrados el 5 de julio de 2023 para pedir que se oficialicen los resultados electorales. Foto/Edwin Berci‡án

En la historia del último siglo, en 1987, 48 Cantones protagonizó una manifestación para defender el bosque y consiguió que el gobierno no tasara sus tierras. Hace 25 años, en 1998, iniciaron unas movilizaciones en contra del IVA y en 2005 detuvieron la Ley General de Aguas. En 2012, bloquearon Cuatro Caminos para protestar por el alza de energía eléctrica. Los militares, en esas protestas, reprimieron las protestas dejando como saldo 6 fallecidos entre los manifestantes. En 2021, tras la expulsión de Juan Francisco Sandoval como jefe de la FECI, convocaron a la primera protesta masiva en contra del MP.

Coordinados con otras organizaciones y por un motivo político

Hoy en día, hay dos elementos en común con las protestas de 2021, y que diferencian estas manifestaciones de las anteriores. El primero es que el objetivo no es económico sino político. No se alzan por un aumento de impuestos o de la electricidad, sino en contra del Ministerio Público y en defensa de los resultados electorales. El segundo elemento es que, en esta ocasión, los 48 cantones han actuado de forma coordinada con otras organizaciones ancestrales.

“Desde mucho antes de la segunda vuelta se empezó a ver esto. Pero, al final, cada municipio y pueblo es autónomo en sus decisiones. Llegó un momento en que Sololá quería accionar antes, Totonicapán después, el parlamento Xinca después. Pero iba a ser más cansado y sin tanta incidencia. Entonces, se decidió unir esfuerzos de los pueblos para accionar de esta manera conjuntamente”, explicó Pacheco.

Las autoridades ancestrales de Sololá, de hecho, en agosto de 2023 ya habían anunciado que los pueblos kaqchikel y kiché emprenderían acciones si el MP insistía en “destruir la democracia”. Tomarían las sedes del Ministerio Público a nivel nacional, el aeropuerto y bloquearían carreteras para defender el proceso electoral de 2023. El 4 de septiembre, las autoridades de Sololá dieron 48 horas para la renuncia del MP antes de tomar acciones.

Pero no fue hasta el 18 de septiembre cuando, de forma conjunta, las autoridades de Totonicapán y Sololá llegaron a entregar un memorial al MP.

Las demás autoridades ancestrales, explica Pacheco, fueron uniendo sus esfuerzos. “Se unen por su cuenta y después ya nos preguntan las decisiones las consignas y la articulación que se quiere llevar. Entonces, ahí se va llevando una articulación entre pueblos”.

Otros lugares con autoridades con ancestralidad fuerte, que se unieron al Paro Nacional desde el primer día fueron las autoridades Chortís, en Chiquimula. Las autoridades ancestrales en el área ixil, Quiché. En el departamento de Guatemala, pegadas a la ciudad capital, destacan las autoridades comunales de Chuarrancho y San Raymundo. También las Doce comunidades cakchiqueles de San Juan Sacatepéquez, en Sacatepéquez. En el departamento de Huehuetenango, se unieron las autoridades ancestrales Chuj, Kanjobal y Akateka. También se unieron autoridades ancestrales representan a gremios, como las del Movimiento Nacional de Tejedoras o las autoridades del Consejo de Comadronas Mayas. 

Todas ellas están acuerpadas por miles de vecinos y vecinas, que las eligen, a las que estas autoridades representan y cuyas decisiones deben respetar. 

Fueron las bases las que decidieron salir

“Fueron las bases” -explica el presidente de 48 Cantones-,“nosotros hacemos el análisis, vemos hasta dónde podemos llegar, y las bases dicen: ‘está bien, salgamos’. Porque, si nosotros obligáramos, no tendríamos el respaldo total que se tiene. En cambio, si las bases, desde las comunidades, en asambleas, deciden salir; se tiene la opción de cada comunitario a salir y respaldar lo que a nosotros nos están dando en consigna”.

Después de 20 días de paro nacional indefinido, optaron por cambiar su estrategia y cesar los bloqueos. ¿Por qué se tomó esta decisión? “La lucha no es contra el pueblo, ni contra nuestros vecinos” —explica Luis Pacheco—. “Es contra el estado que, definitivamente y a grandes rasgos, se ve que le importa un comino qué pase con la población. Pero la población está sufriendo, y nadie nos hace caso, entonces no tendría sentido seguir manifestándose en los puntos, entonces se cambió de estrategia”, añade.

¿Cuál sería el siguiente paso? “Se está analizando con los diferentes pueblos qué pasó. Todavía estamos articulándonos bien para poder accionar de mejor manera”, explica el presidente de 48 Cantones de Totonicapán.    

Carolina Gamazo

Fiscal General, Consuelo Porras, durante una conferencia de prensa tras un informe de labores por parte del Ministerio Público. Foto: OIiver de Ros.
Fiscal General, Consuelo Porras, durante una conferencia de prensa tras un informe de labores por parte del Ministerio Público. Foto: OIiver de Ros.

2. Consuelo Porras y el Ministerio Público

Consuelo Porras es la responsable, según Bernardo Arévalo, presidente electo, organizaciones sociales y gobiernos extranjeros, de fraguar un golpe de Estado para impedir la toma de posesión presidencial en enero. 

Porras es la primera fiscal general reelecta para continuar en el cargo. Fue elegida por el expresidente Jimmy Morales en 2018, unos meses después de que el entonces presidente Morales ordenara la expulsión del Comisionado Iván Velásquez. Esto marcó  el inicio de la ruta pro-impunidad, que ha seguido el gobierno desde ese momento, y para la que Consuelo Porras ha sido una pieza clave. 

Consuelo Porras durante una reuni—n sostenida con representantes de la Comunidad Internacional el 5 de septiembre de 2023 en la Ciudad de Guatemala. Foto:Edwin Berci‡án

La Fiscal Porras se mostró insustituible para la estrategia cuando, en 2022, Alejandro Giammattei la reeligió como Fiscal General. Lo hizo en un proceso controvertido rozando las ilegalidades en las normas del juego. Tampoco escuchó la advertencia sobre ella de Estados Unidos, que dos meses antes, ya en el proceso de elección, la incluyó en la Lista Engel.

Desde que Consuelo Porras entró al MP en 2018, esta entidad no solo se alineó completamente con la alianza pro-impunidad, el llamado Pacto de Corruptos, sino que se volvió su pieza principal. El fin último para la restauración de la impunidad era la desarticulación o eliminación de las capacidades instaladas, a todo nivel, para investigar la corrupción. Capacidades que presencia de la CICIG en Guatemala habían dejado los diez años de labores. El Ministerio Público ha jugado el principal papel para este objetivo, a través de la criminalización de los operadores de justicia. 

Desde su primera conferencia de prensa como fiscal general, Porras se mantuvo en el terreno de la ambigüedad. En ésta reconoció al presidente Morales como un aliado en la lucha contra la corrupción.



Ya asentada en el MP, Porras, realizó decenas de traslados de fiscales de unidades. Estos se dieron principalmente a funcionarios de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. Aunque también de otras de las fiscalías clave como la de Derechos Humanos o Unidad de Métodos Especiales.

En julio de 2021, esta estrategia llegó al punto de no retorno con la expulsión de Juan Francisco Sandoval como jefe de la FECI. Al frente de la fiscalía, Sandoval había trabajado junto a la CICIG los mayores casos de corrupción de la historia de Guatemala. Su expulsión del MP y órdenes de captura, hicieron que Sandoval tuviera que salir al exilio, 

Sandoval sustituido por Rafael Curruchiche, quien venía de la fiscalía de Delitos Electorales. El nuevo jefe de la FECI, desde un inicio, se plegó a la estrategia de acoso y derribo para dejar una tabla rasa, que borrara todos los avances en la lucha contra la corrupción.

Criminalizar a operadores de justicia

El MP ha tramitado denuncias espurias en contra de decenas de fiscales, abogados, jueces o periodistas. Solicitando retirar la inmunidad a jueces de alto riesgo, encausando e incluso llevando a prisión a decenas de operadores de justicia. Muchos de estos se encuentran ahora en el exilio, algunos, quienes no se fueron a tiempo, han terminado en prisión. Destaca el caso de la ex jefa de la FECI de Quetzaltenango, Virgina Laparra, condenada a cuatro años de prisión. También el de la ex jueza de Alto Riesgo, Erika Aifán, o el ex juez Miguel Angel Galvez, hacia quienes el MP solicitó retirar la inmunidad. Ambos, tras acciones coordinadas con el sistema de justicia, han terminado también en el exilio. 

El juez Miguel Ángel Gálvez ha llevado durante su carrera en los tribunales de Alto Riesgo casos de gran corrupción o que afectan redes criminales. (Fotos: Edwin Bercián)

El Ministerio Público, bajo la gestión de Porras, también inició la persecución en contra de los periodistas con mayor incidencia en investigación de corrupción. José Ruben Zamora, el fundador y presidente de elPeriódico, destacado por sus investigaciones de corrupción, se encuentra actualmente en prisión. El periodista Juan Luis Font tuvo que salir al exilio

Pero las acciones en contra del resultado electoral hacen que la dimensión de Consuelo Porras de un paso más. La cooptación del estado no se trata solo del sistema de justicia, sino de todo el sistema democrático. 

Acciones del MP en el actual proceso electoral

Desde su oficina en Gerona, Porras, junto a su equipo de fiscales, Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, han iniciado investigaciones contra el Movimiento Semilla y el Proceso electoral que han colmado la paciencia de los guatemaltecos. Estas provocaron que decenas de miles de personas salieran a bloquear y protestar durante 20 días para exigir la renuncia de Porras. 

La última fue el allanamiento, el 30 de septiembre, a la sede del TSE y la incautación de cajas con los resultados electorales . En ese momento, Curruchiche dijo que se trataba del mismo expediente que el Caso Corrupción Semilla. 

Una semana después de la primera vuelta, Rafael Curruchiche anunció el caso Corrupción Semilla, sobre supuestas firmas falsas usadas para la conformación del partido. 

El dúo formado por Rafael Curruchiche y Consuelo Porras han definido el actual trabajo del MP, cuestionado por su ataque a actores que lucharon contra la corrupción.
El dúo formado por Rafael Curruchiche y Consuelo Porras han definido el actual trabajo del MP, cuestionado por su ataque a actores que lucharon contra la corrupción. Foto: Edwin Bercián

Este caso les ha permitido lograr dos veces la suspensión provisional de la organización política. Algo que se culminó el día 2 de noviembre, con la suspensión de la personalidad jurídica del partido. Según fuentes consultadas para el tema, este caso es importante porque además pedirán capturas contra directivos de Semilla. Arévalo y sus 24 diputados electos llegarán al poder en enero sin partido, lo cual les deja con pocas opciones de incidencia en el Congreso. 

El MP también prepara el caso de la supuesta sobrevaloración del sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Con éste podrían solicitar capturas en contra de magistrados del TSE y del jefe del Registro de Ciudadanos. 

Durante las protestas del Paro Nacional, la fiscal se dedicó a tacharlas de “ilegales”, pidió a la CC y al Ministerio de Gobernación que usará la fuerza para dispersar a los manifestantes. Amenazó al entonces ministro del Interior, Napoléon Barrientos de destituirlo e investigarlo sino cumplía con lo ordenado y hasta pidió la intervención del ejército. En la mesa de diálogo que se realizó con líderes indígenas no participó.

Porras colecciona fuertes críticas por su labor. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien dijo que lo que hacía el MP era un ejemplo “vergonzoso” para el hemisferio. Sin embargo, ella ha dejado claro que no renunciara a su cargo. 

Sofía Menchú y Carolina Gamazo

Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Foto: Edwin Bercián.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha jugado un papel tibio durante la actual crisis de institucionalidad en el país y será uno de los frentes de Arévalo en el próximo Gobierno. Foto: Edwin Bercián

3. Sistema de justicia

Desde el inicio de la contienda electoral, la judicialización de las elecciones fue clave para entender el rol del Sistema de Justicia en relación a la crisis persistente en Guatemala. 

Las resoluciones de las cortes de justicia de Guatemala, principalmente de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia referentes al proceso electoral ponen en evidencia que el Sistema de justicia se encuentra también cooptado por grupos que impiden la democracia. 

Algunos de sus fallos claves para la crisis política electoral, se resumen a continuación:

Detener candidaturas como la del binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) integrado por Thelma Cabrera, líder indígena, y Jordán Rodas, ex procurador de Derechos Humanos, que representaban la opción de izquierda más definida y con opciones de poder. Y, por otro, la eliminación de Roberto Arzú, un populista conservador y crítico del establishment empresarial, hijo del expresidente Álvaro Arzú. En los comicios también destacó la polémica anulación judicial del candidato Carlos Pineda, un finquero populista, que basó su campaña en las redes sociales (principalmente Tik Tok) y que logró ascender al primer lugar en las encuestas realizadas a dos meses del día de las elecciones.



Permitir candidaturas cuestionadas. Los jueces fueron utilizados para proteger figuras políticas. En marzo de este año, decidieron la aprobación de la candidatura presidencial de Zury Ríos aún con el impedimento constitucional de ser la hija del fallecido dictador Efraín Ríos Montt, que gobernó de facto entre 1982 y 1983. También en ese mismo mes, la CSJ y la CC decidieron no otorgar el amparo provisional que buscaba impedir la inscripción del binomio presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), integrado por Sandra Torres y Romeo Guerra.

El pleno de magistrados del TSE había declarado sin lugar, el pasado 5 de febrero, un recurso de nulidad planteado contra el binomio presidencial de Sandra Torres y Romeo Guerra, bajo el argumento de que Guerra ejercía como ministro de culto hasta noviembre de 2022. Estas candidaturas ilegales fueron permitidas por jueces y magistrados que lograron interpretaciones muy amplias de los artículos constitucionales.

Suspender los resultados electorales. Cuestionar los resultados a través de resoluciones judiciales es otro elemento sobre la forma en que jueces y magistrados han operado a favor de ciertos grupos. El sábado 1 de julio la Corte de Constitucionalidad resolvió a favor de 9 partidos políticos y dio la orden de repetir las audiencias de revisión de escrutinios de las Elecciones Generales 2023.

La altas cortes lograron suspender los resultados por casi dos semanas como consecuencia de su intervención.

Avalar a un juez sin rango electoral. El desgaste del sistema judicial en esta coyuntura, como explican varios analistas, fue más evidente cuando el Derecho Constitucional entró en conflicto con el Derecho electoral y el penal. “Un juez penal de rango menor, logró torcer el sistema electoral”, como señala el ex presidente de la CC, Rodolfo Rohrmoser.

Rohrmoser se refiere a las resoluciones emitidas por el juez de bajo rango, el juez séptimo penal, Fredy Orellana. Estas han permitido cuestionar los resultados electorales y perseguir penalmente al partido triunfador de las elecciones, el Movimiento Semilla y a sus integrantes. Según el abogado constitucionalista, gracias a la intervención de lo penal en temas electorales, los mecanismos constitucionales han sido vulnerados.

Orellana fue el juez que ordenó la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, tratando de mezclar lo electoral con lo penal a través de la Ley de Crimen Organizado. Su resolución fue avalada por la CSJ y la CC, además de varios magistrados de apelaciones. “Nunca, nunca se había abusado tanto del poder de un juez, desde una ley que no le compete”, como señala Rodolfo Rohrmoser, ex presidente de la CC.

El caso llamado “Corrupción Semilla” fue gestionado por el juez Orellana, y ejecutado por el Ministerio Público de Consuelo Porras, y respaldado por las más altas cortes de Justicia.

Estas declararon sin lugar las apelaciones del Partido Semilla para que su caso no fuera conocido por el juzgado séptimo. Es el que ha sido utilizado para tratar de vulnerar los resultados electorales, allanando incluso la sede del Tribunal Supremo Electoral, y autorizando el secuestro de las actas de resultados por parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

La CSJ está integrada por 13 magistrados, son electos por el Congreso de la República para un período de cinco años. Junto a su elección también se seleccionan a los magistrados de 42 salas de apelaciones. Sin embargo, debido a un entramado de corrupción, donde desfilaron diputados, magistrados, abogados, funcionarios públicos, postuladores y empresarios para viciar el proceso de elección de Cortes de Justicia en 2021, la actual CSJ lleva tres años de facto al frente del Organismo Judicial.

Esta CSJ, no obstante, también fue electa de manera ilícita. Una denuncia dejada por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad dejó evidencia de cómo los 13 magistrados electos de la actual CSJ se doblegaron ante dos ex candidatos a la presidencia de Guatemala.(CICIG). Juraron lealtad ante Manuel Baldizón, ex candidato a la presidencia por el partido Libertad Democrática Renovada (Lider), y ante Alejandro Sinibaldi, postulado de manera prematura por el Partido Patriota (PP) para las elecciones de 2015. Esta es la Corte que ha avalado en gran parte las resoluciones del juez penal Fredy Orellana y que han afectado el proceso electoral.



La CC también ha jugado su parte en esta crisis electoral y se integra con magistrados designados en forma especial. La Constitución dispone que se integre con cinco magistrados titulares y cinco suplentes. Los magistrados, duran en sus funciones cinco años y son designados, tanto titular como suplente, por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el pleno del Congreso de la República, el Presidente; el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala; y la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala.

La actual CC está integrada por Roberto Molina Barreto, designado por la actual CSJ; Dina Ochoa, propuesta por el Congreso; Leyla Lemus, delegada por el presidente Alejandro Giammattei; Néster Vásquez, postulado por el Colegio de Abogados, y Héctor Pérez Aguilar, electo por la actual (y deslegitimada) administración de la Universidad de San Carlos (USAC).

Magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Foto: Oliver de Ros.
Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (2021-2026) junto al ex presidente del Congreso Allan Rodríguez. Foto: Oliver de Ros.

Los magistrados de la CC tampoco han actuado de oficio ante irregularidades constitucionales, como cuando el Ministerio Público pretendió un nuevo conteo de votos a cargo de fiscales y no de los ciudadanos designados para esta tarea desde la Constitución, y no se pronunciaron ante el secuestro violento de las actas de resultados por parte de la FECI en un allanamiento a la sede del TSE.

Los ciudadanos han buscado plantear amparos para defender las elecciones desde lo Constitucional, pero la CC ha resuelto cada queja con argumentos de muy poca claridad. Y cuando las manifestaciones se han hecho realidad debido a esta falta de certeza, los magistrados de la CC resuelven para conflictuar derechos como la libre locomoción y el de protesta ciudadana. 

La CC y la CSJ, como parte de todo el Sistema de Justicia, tienen la responsabilidad de proteger las elecciones desde un marco constitucional. No obstante, su papel ante la actual crisis de Guatemala ha sido la de generar mayor incertidumbre desde lo legal, potenciando la desconfianza en sus resoluciones.

Oswaldo Hernández

El diputado Julio CŽésar Villatoro es felicitado por otros colegas luego de que presentara su renuncia al pleno del congreso, al ser acusado por la FECI de beneficiarse de plazas fantasma durante la junta directiva de Luis Rabbé. Foto: Edwin Berci‡n

4. Los partidos políticos y el Congreso

Luego de la primera vuelta electoral el 25 de junio, en el Congreso de la República inició el tradicional reacomodo de fuerzas de cara a la disputa por la presidencia.  Nueve partidos políticos impugnaron los resultados electorales y, gracias a una resolución favorable de la CC lograron que se realizarán las audiencias de revisión de escrutinios de las Elecciones Generales 2023. Esto marcó el inicio de la etapa de mayor desgaste del proceso electoral, al cual no se han escapado las acciones de los partidos políticos.

La acción planteada por Cambio, Mi Familia, Valor, Podemos, Vamos, CREO, UNE, Azul y Cabal ante la CC, marcó el tono que el Legislativo tendría respecto a la crisis política: silencio o complicidad de las bancadas mayoritarias y los aliados del oficialismo frente a las acciones del Ministerio Público sobre el proceso electoral. 

El tono del Legislativo respecto a la crisis política ha estado marcado por el silencio o complicidad de los aliados del oficialismo frente a las acciones del Ministerio Público sobre el proceso electoral. 

Mientras que opositores minoritarios como Semilla, volcado de cara a la segunda vuelta electoral; y otras agrupaciones como Winaq, URNG y el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) cuestionaron desde sus propios ámbitos las acciones.

Dentro de este reacomodo de fuerzas de cara a la segunda vuelta se planteó otra situación atípica en el proceso electoral. El partido oficial, Vamos, a través de algunos de sus mandos en el Legislativo, se acercó a brindar apoyo a la campaña de Sandra Torres, la candidata de la UNE. Sobre todo, en regiones con influencia de diputados distritales en zonas de occidente, centro y sur de Guatemala.  

Vamos y la UNE controlarían el Congreso

Así, de forma dispersa, el oficialismo, la segunda bancada del Legislativo, con 17 diputados, y la UNE, el principal bloque del Congreso, con 51 (aunque dividida en varias facciones), compartieron en buena medida el interés por llevar a la presidencia a Sandra Torres. Su derrota en segunda vuelta, sorpresiva para muchos diputados actuales y de la próxima legislatura, cambió el panorama.



Los cálculos políticos del actual Congreso, en medio de la crisis política, apuntan a que la próxima Legislatura gravitará entre el partido Vamos, con 39 diputados electos, y la UNE, con 28 congresistas. La suma de estas dos agrupaciones, un total de 67 diputados, buscará reunir una alianza opositora que les garantice el control del Legislativo, con el apoyo de otros partidos minoritarios que respaldaron al oficialismo durante el gobierno de Alejandro Giamamttei. Entre estos se encuentran los partidos Valor y Unionistas, que postularon a Zury Ríos a la presidencia; y los bloques de Viva y Todos.

Frente a acciones del MP, como los allanamientos a la sede del TSE , la mayoría de los actuales congresistas prefirieron guardar silencio. Legisladores en su último periodo, como el diputado Mario Taracena, evidenciaron la hostilidad de la actual Legislatura a la victoria de Bernardo Arévalo.  Desde el mismo hemiciclo Taracena señaló que, en el Congreso, ni siquiera se le felicitaba o daba la palabra al nuevo presidente electo.

El Paro Nacional iniciado el 2 de octubre marcó otro hito en el actuar del Congreso. Durante tres semanas se han suspendido sesiones plenarias, y se ha reducido la actividad parlamentaria.

Congresistas de bancadas aliadas del oficialismo coinciden en apuntar que la mayoría de los diputados prefirieron mantener un perfil bajo en este periodo y descargar cualquier responsabilidad de la crisis en el MP y las cortes de justicia.

Congresistas de bancadas aliadas del oficialismo coinciden en apuntar que la mayoría de los diputados prefirieron mantener un perfil bajo en este periodo y descargar cualquier responsabilidad de la crisis en el MP y las cortes de justicia. Sobre todo, a partir de los rumores sobre un intento de que el próximo Congreso desconozca los resultados de la elección presidencial y no entregue el cargo al presidente electo, Bernardo Arévalo.

Los diputados consultados de la actual legislatura y futuros legisladores, señalan que esa posibilidad es remota. Ya que la posibilidad de mayor inestabilidad política e incluso la depuración del Congreso de la República preocupa a algunos legisladores. Pese a esto, señalan que hay un consenso sobre un apoyo tácito a Consuelo Porras al frente del MP como una garantía de contra peso frente a la presidencia de Arévalo.

Bill Barreto

El binomio electo del partido Movimiento Semillla, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, previo a dar una conferencia de prensa en la ciudad de Guatemala. Foto/Edwin Bercián

5. Movimiento Semilla

El partido Movimiento Semilla ganó la presidencia en segunda vuelta, y triplicó su número de diputados electos en el Congreso para la próxima legislatura. Pasó de 7 diputados electos en 2019 a 23 para 2024. Pese a ello, la agrupación se encuentra en una situación de enorme presión. La investigación de la fiscalía alrededor de la formación del partido ha configurado la respuesta del partido.

El análisis de la agrupación tras la presentación del caso era que resultaba parte de una escalada que buscaba cuestionar todo el proceso electoral. En paralelo la fiscalía tiene en marcha investigaciones preliminares sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). También cuestiona el desempeño de los magistrados del TSE en la contratación de estos servicios.

Para el partido estas acciones llevan presión al TSE y se coordinan con resoluciones judiciales que mantienen en marcha las investigaciones sobre la agrupación.

La respuesta del partido fue denunciar el 1 de septiembre, por medio del presidente electo, Arévalo: “un golpe de Estado en curso. En este, el que el aparato de justicia está siendo usado para violar a la justicia misma”. Arévalo responsabilizó de esta acción a la fiscal general, Consuelo Porras, pero también apuntó al Congreso de la República y al juez Fredy Orellana.



La instalación de la narrativa de “golpe de estado técnico” o de “golpe en cámara lenta” ha sido la respuesta más frontal del partido Semilla. Arévalo ha presentado la situación actual del país como la de un Estado con las instituciones de justicia, investigación penal y representación política, a través del Congreso, capturadas por intereses particulares.

Esta denuncia ha sido planteada en organismos internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA. Pero, probablemente, su receptor más importante sea la diplomacia de Estados Unidos. El mensaje transmitido a las instancias internacionales es que se intenta revertir los resultados de las urnas para continuar favoreciendo un sistema político que se alimenta de la corrupción.

A pesar de esto, la estrategia de Arévalo no ha buscado responsabilizar directamente al presidente Giammattei. Aunque existe consenso entre diversas fuentes políticas de ser uno de los impulsores de cuestionar el proceso electoral. En su lugar, sobre todo a partir del Paro Nacional del 2 de octubre, ha optado por pedir garantías para libertad de manifestación. Entre tanto, el partido se ha concentrado en presentar acciones legales para evitar la cancelación de la agrupación.  

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, participa en una marcha para conmemorar el Día de la Revolución de 1944, hoy, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). La revolución del 20 de octubre del 44 cumple hoy 79 años. Fue un movimiento de juventudes y adultos civiles y militares, todos de clase media, y junto con el resto de la población, cansada de 14 años de desmanes de la dictadura de Ubico, quien renunció el 1º de julio y heredó en Ponce Vaides, cuyo gobierno duró sólo 103 días. Foto: Edwin Bercián
El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, participa en una marcha para conmemorar el Día de la Revolución de 1944, hoy, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Foto: Edwin Bercián

Sin embargo, la protección para el partido obtenida con la resolución de la CC para participar en la segunda vuelta electoral, llegaba únicamente hasta el fin del proceso electoral, el 31 de octubre.

La consulta realizada por el TSE a la CC, el 13 de septiembre, sobre la competencia para la cancelación del partido, la corte se limitó a responder que la suspensión de la personalidad jurídica debe tener una “justificación razonable, proporcionada e idónea”.  

Con estos parámetros el destino del partido Semilla regresó a manos del MP y las cortes de justicia. Instancias que la misma agrupación señala de amenazar la democracia guatemalteca. Este 2 de noviembre el Registro de Ciudadanos (RC) del TSE confirmó la suspensión provisional de la personería jurídica de Semilla.

En la resolución del RC se establece que el requerimiento de suspensión proviene del MP y fue solicitada por el Juzgado Séptimo, a cargo del juez Fredy Orellana. Este fue amparado previamente por la CC para tomar esta decisión. 

Una vez notificado el partido este puede apelar la suspensión e iniciar un proceso que podría prolongarse durante años. Acciones legales que correrían en paralelo con la defensa del partido frente a la investigación dirigida por la FECI. 

En el plano político, sin embargo, la decisión preliminar del TSE deja en una posición difícil al partido. Si la suspensión se mantiene para el inicio de la próxima legislatura los 23 diputados y diputadas de Semilla, la tercera fuerza electa, no contaría con facultades como: integrar la Junta Directiva del Congreso, instancia que controla el debate parlamentario y agenda proyectos de ley para su discusión, o presidir comisiones de trabajo claves para el control político del Congreso como Finanzas Públicas, Gobernación o Asuntos Constitucionales.

Bill Barreto

Luis Almagro, Secretario General de la Organizaci—n de los Estados Americanos, durante una reuni—n sostenida con magistrados del Tribunal Supremo Electoral el 3 de agosto en un hotel de zona 10 en la Ciudad de Guatemala. Foto: Edwin Bercián
Luis Almagro, Secretario General de la Organizaci—n de los Estados Americanos, durante una reuni—n sostenida con magistrados del Tribunal Supremo Electoral el 3 de agosto en un hotel de zona 10 en la Ciudad de Guatemala. Foto: Edwin Bercián

6. La OEA y su disgusto por las acciones del MP

Tras los resultados de la primera vuelta electoral la Organización de Estados Americanos presentó el informe preliminar de la Misión de Observación Electoral (MOE). Después, el Gobierno de Alejandro Giammttei invitó al Secretario General de esta entidad, Luis Almagro, a visitar Guatemala. El fin era recopilar información sobre cómo y por qué se había complicado el proceso electoral.

Almagro llegó al país el 1 de agosto. Desde entonces la OEA se ha convertido en uno de los actores más relevantes relacionado a la crisis política. 

La OEA cuenta con 35 Estados miembros. Tiene una amplia gama de objetivos y áreas de trabajo donde incluyen la promoción de la democracia, la defensa de los derechos humanos, el fomento del desarrollo económico y social. 

Para muchos fue una sorpresa que Giammattei, mediante su canciller, Mario Búcaro, utilizara la vía diplomática para promover la llegada de Luis Almagro a Guatemala. Sucedió justo después de que el 26 de julio, cuando la magistrada presidenta del TSE, Irma Palencia, denunció ante el Consejo Permanente de la OEA la intromisión de actores ajenos a los comicios que buscaban vulnerar los resultados electorales.

Almagro llegó al país el 1 de agosto y desde entonces la OEA se ha convertido en uno de los actores más relevantes relacionado a la crisis política que se ha instalado en Guatemala. 

“Nos preocupa la actual judicialización de elementos y condiciones que pueden afectar o poner en riesgo la segunda elección, y lo que pueda sobrevenir posteriormente”, explicó Palencia. “Nos preocupa también que se obvie el carácter supremo de la materia electoral del tribunal supremo y el rango constitucional del tribunal”, añadió.

La magistrada se refería al sistemático acoso judicial del Ministerio Público, a cargo de Consuelo Porras, en contra del Tribunal Supremo Electoral, sus empleados y las Juntas Receptoras de votos, además del partido Movimiento Semilla. 

Giammattei, a través de su invitación a la OEA, según analistas como el ex embajador de Guatemala en EE.UU., Francisco Villagrán de León, buscaba mostrar que la democracia gozaba de buena salud, a pesar de los evidentes ataques judiciales en contra los resultados.

Almagro presenta primer informe

La OEA escuchó la denuncia del TSE, escuchó también el llamado a verificar el proceso y las garantías para asegurar la segunda vuelta electoral. El 10 de agosto, tras su visita a Guatemala, Almagro presentó un primer informe, donde resaltó la “excesiva judicialización durante los procesos electorales”, que fueron utilizados para intimidar y descalificar candidaturas. 

“En el presente, hay más de una docena de acciones contra el Tribunal Supremo Electoral, ya sea el sistema de transmisión de resultados, órdenes de captura contra funcionarios, pedidos de actas de la elección, llamados a declarar, entre otras acciones”, dijo Almagro. “El TSE no puede estar bajo acoso”, enfatizó.

Para la segunda vuelta electoral, celebrada el 20 de agosto, la OEA felicitó a Guatemala por su compromiso con la democracia. Pero tan solo 8 días más tarde, el día 28, Almagro comunicó su preocupación por la forma en que el Registro de Ciudadanos del TSE decidió suspender provisional al Movimiento Semilla, el partido ganador de las elecciones. “sin fundamento alguno ni motivo debidamente demostrado, una interpretación abusiva de la ley”, catalogó.

Tras estos nuevos ataques al proceso electoral, el Consejo Permanente de la OEA volvió a considerar la situación de Guatemala en una nueva sesión extraordinaria, el 1 de septiembre.“El éxito de la democracia en Guatemala depende claramente de que el presidente electo Bernardo Arévalo asuma el poder el próximo 14 de enero, cualquier otra opción significará una alteración del orden constitucional”, advirtió Almagro, quien ese día recibió una nueva invitación para visitar Guatemala.

En su segunda visita, la misión de la OEA se reunió con el presidente, con la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, el presidente electo, y con el Ministerio Público, donde fue acusado de “injerencia”, y “atentar contra la soberanía”, por parte del Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Rafael Curruchiche. 

Doce días más tarde, el MP allanó el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) ubicado en el parque de la Industria. Esta escalada de acciones no fue “de recibo” por parte del OEA que expresó de nuevo preocupación, en un comunicado: “La Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), de rango constitucional, establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Juntas Electorales Departamentales (JED) son los únicos órganos competentes para verificar y calificar la documentación electoral”.

Bernardo ArŽvalo, presidente electo por el partido Movimiento Semilla, junto al presidente Alejandro Giammattei, durante la segunda reuni—n de transici—n el 12 de septiembre de 2023 en el Palacio Nacional de la Cultura. Foto: Edwin Bercián.
Bernardo ArŽvalo, presidente electo por el partido Movimiento Semilla, junto al presidente Alejandro Giammattei, durante la segunda reuni—n de transici—n el 12 de septiembre de 2023 en el Palacio Nacional de la Cultura. Foto: Edwin Bercián.

Almagro, por su parte, indicó: “Estas acciones constituyen una prueba más de que el Ministerio Público, lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral”. También habló de la intimidación a las autoridades electorales, al personal electoral. “Y a las miles de personas que, con enorme compromiso cívico, llevaron adelante dos jornadas de votación pacíficas y transparentes”, agregó

Reuniones en Washington

En tanto Almagro evaluaba sostener reuniones en Washington con el presidente electo Bernardo Arévalo y otros sectores de Guatemala, para hablar de una transición ordenada, la Fiscal General, Consuelo Porras, y el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, decidieron allanar durante dos días la sede del TSE. Entre el 29 y el 30 de septiembre el MP secuestró las actas con los resultados electorales, a pesar de la oposición de todos los magistrados electorales.

El nuevo ataque del Ministerio Público no pasó desapercibido. Y obligó a considerar una tercera reunión del Consejo Permanente de la OEA para discutir sobre Guatemala el 10 de octubre. 

Para entonces, las manifestaciones pacíficas a nivel nacional habían iniciado y exigían la renuncia de Consuelo Porras. También de Rafael Curruchiche, la fiscal Cynthia Monterroso y el juez séptimo penal Fredy Orellana. Los bloqueos como medida de presión aumentaron exponencialmente en diversos territorios y alcanzaron a más de 100 por varios días en toda Guatemala. 

En la nueva reunión, Almagro recordó que los 48 Cantones y demás autoridades indígenas a cargo del #ParoNacionalIndefinido habían solicitado la invocación de la Carta Democrática Interamericana por las amenazas de la democracia por parte del MP. 

La OEA fue convocada una vez más por el gobierno de Guatemala, esta vez para mediar sobre el conflcto. La Fiscal General solicitó la represión de la fuerza pública en contra de las manifestaciones y se preveía una crisis política. El Secretario General de la OEA respondió que como institución mediaría para evitar enfrentamientos y procurar la defensa de la democracia. Sobre las protestas, Almagro dijo: “Eso no puede ser criminalizado nunca. Ni puede ser confundido con gente que procura actuar en el anonimato y, a partir del mismo, generar desestabilización para las propias personas que están buscando las mejores condiciones de democracia en el país”.

“Las acciones del MP de confiscar material electoral no son aceptables, ni políticamente, ni jurídicamente”, Luis Almagro, secretario general de la OEA.

Almagro, previo a desplegar una misión de mediación, también enfatizó que “las acciones del MP de confiscar material electoral no son aceptables, ni políticamente, ni jurídicamente. Esta organización no reconoce al MP como autoridad electoral, no puede ni debe alterar las condiciones constitucionales del proceso electoral, no es cadena de custodia del material electoral, su actuación es indebida, injustificada, no puede contar los votos, no puede cambiar lo que dicen las actas, con enmienda o sin enmienda”.

Hasta el momento, la misión de mediación de la OEA se ha reunido con el presidente Alejandro Giammattei y las autoridades indígenas que lideran las manifestaciones. Pero ha sido imposible un acercamiento con la Fiscal General, Consuelo Porras. Esta se niega a dialogar sin que sean atendidas sus condiciones, como despejar la protesta que permanece frente a la sede central del Ministerio Público.

Oswaldo Hernández

El presidente Alejandro Giammattei durante la segunda reuni—ón de transici—n con el presidente electo, Bernardo ArŽévalo del partido Movimiento Semilla el 11 de septiembre de 2023 en el Palacio Nacional. Foto:Edwin Berci‡án

7. Alejandro Giammattei

El presidente, Alejandro Giammattei, dejó claro que no pedirá la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras. Y, hasta la fecha, tampoco la ha críticado por sus acciones que, local e internacionalmente, se califican como un intento de socavar la democracia en Guatemala.

El afán de Giammattei consiste en no ser investigado. Para no volver a prisión ha movido varias piezas desde el Ejecutivo, y ha logrado influir en las decisiones de la jefa del Ministerio Público. 



En 2020 el exfiscal de la FECI, Juan Francisco Sandoval, reveló que tuvo información sobre dos escándalos de corrupción que involucrarían al presidente, Giammattei. El primero era el caso de Q122.3 millones localizados en maletas que pertenecían al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito; y el segundo, el supuesto soborno que el mandatario recibió por parte de empresarios rusos en el caso denominado, ‘alfombra mágica’. 

Sin embargo, Sandoval fue destituido y en su lugar quedó Rafael Curruchiche. Según Prensa Comunitaria, a finales del mes pasado, el caso de la alfombra mágica quedó desestimado porque no se consumó el arrendamiento a la empresa minera propiedad de los rusos. La reelección de Porras y el nombramiento de Curruchiche allanaron el camino para evitar que el presidente fuera investigado durante su gobierno. 

Luego de la victoria de Arévalo en agosto, Giammattei prometió colaborar en una transición ordenada y eficaz, pero esta quedó suspendida por dos semanas a petición de Arévalo, quien denunció ser víctima de un “golpe de Estado” por parte de Porras. Esto debido a que una semana después de las elecciones, el Registro de Ciudadanos suspendió provisionalmente al Movimiento Semilla a petición del juez, Fredy Orellana, y del MP. Aunque más tarde la Corte de Constitucionalidad suspendió la medida. 

Alejandro Giammattei, ex presidente de Guatemala. Foto: Edwin Bercián
Alejandro Giammattei, ex presidente de Guatemala. Foto: Edwin Bercián

El allanamiento de finales de septiembre, en el que los fiscales se llevaron las actas con los resultados electorales, agudizó la preocupación de Arévalo y de la población.

Giammattei no ha condenado ninguna de estas acciones. Pero sí pidió el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) tanto para la transición como para “mediar” entre el gobierno y los líderes indígenas.

En medio de las dos intensas semanas de protestas que casi paralizaron el país, Giammattei salió en cadena nacional diciendo que las manifestaciones eran “ilegales”. Añadió que tenía información de que eran financiadas por gobiernos extranjeros. Y que pronto daría más información sobre el tema. El discurso del presidente iba en la misma línea que los pronunciamientos del MP y de algunas cámaras empresariales que condenaron los bloqueos. 

Tanto Porras como la CC ordenaron al Ministerio de Gobernación actuar de inmediato en contra de los manifestantes y despejar las vías. Las advertencias llegaron al punto de amenazar al titular de la cartera con la destitución y persecución judicial. El entonces ministro, Napoléon Barrientos, renunció porque no dispersó a los protestantes como se lo habían ordenado. A todo esto, de nuevo Giammattei se mantuvo en silencio. 

Sofía Menchú

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