El pasado 17 de noviembre el Ministerio Público allanó dos residencias vinculadas al ex ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado. La operación fue realizada por la Fiscalía de Lavado de Dinero. Félix Alvarado había renunciado dos días antes.
Alvarado asumió la cartera en mayo de 2024, en reemplazo de Jazmín de la Vega. De la Vega fue destituida por el presidente Arévalo bajo el argumento de realizar pagos no autorizados por el Ejecutivo a contratistas.
Durante su gestión Alvarado ha enfrentado decenas de citaciones al Congreso y desde hace dos meses una interpelación pendiente de realizar.
El viernes 15 de noviembre Alvarado presentó su renuncia al presidente. Argumentó discrepancias con el mandatario.
El exministro dijo en conferencia de prensa que estaba de acuerdo con el presidente en cómo dirigir el ministerio y por qué emprender reformas en el mismo, pero “donde la cosa se pone complicada en el cómo hacerlo”.
Históricamente la cartera de Comunicaciones ha sido de las más señaladas de grandes casos de corrupción en Guatemala.
Entre los procesados más recientes se encuentran los exministro José Luis Benito, durante la gestión de Jimmy Morales; y Alejandro Sinibaldi durante la administración de Otto Pérez Molina.
Durante el gobierno del presidente Alejandro Giammattei se realizaron contratos con empresas cuestionadas por casos de corrupción a los cuales la actual administración dio seguimiento. Por ejemplo, se adjudicaron las obras de el Anillo Regional, por Q,3,967 millones, para contratistas viejos conocidos: como la empresa ASPETRO, propiedad de Ramiro López Camey y Mauricio López Oliva; CIANSA, de Gustavo Alejos y Josué Méndez; y Constructora San Francisco, de Francisco Alejandro Córdova Molina.
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La gestión de Alvarado fue cuestionada por baja ejecución en el presupuesto. A finales de octubre esta alcanzaba el 51% del presupuesto.
El exfuncionario argumentó durante su gestión que los procesos dentro de la cartera eran obstaculizados por la corrupción y componendas entre funcionarios y contratistas.
El pulso político entre la Presidencia y el MP
La investigación contra Alvarado se encuentra bajo reserva. El allanamiento a su residencia se suma a otras investigaciones del MP contra integrantes del Movimiento Semilla.
Este mes la ex diputada de Semilla, Ligia Hernández, aceptó cargos en el Caso Corrupción Semilla, por los delitos de obstaculización de fiscalización electoral de fondos y financiamiento no registrado. Luego de que le negaran la libertad condicional.
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El presidente Arévalo respondió a estas últimas acciones indicando que la Policía no acatará órdenes “ilegales” de la Fiscalía.
Además, dijo que citará con “urgencia” a la fiscal general, Consuelo Porras, por provocar una “crisis” en el sistema de justicia.
El MP reaccionó en un comunicado señalando que el Ejecutivo intenta “vulnerar la autonomía e independencia” que otorga la Constitución al Ministerio Público y al Organismo Judicial.
El pulso entre el MP y la Presidencia es el mayor conflicto político para la gestión del gobierno de Bernardo Arévalo, desde las elecciones del 2023 hasta el ejercicio de su mandato.
