A poco más de tres años de iniciada su gestión al frente del Ministerio Público (MP). La fiscal general, Consuelo Porras, arrastra una serie de decisiones que han erosionado la imagen del MP. 

En la mañana del Paro Nacional del 29 de julio una solitaria manta apareció en el Parque Central tapando a otra que pedía la renuncia del presidente Alejandro Giammattei. Se trataba de una con los colores azul y blanco de la bandera y el rostro de la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, al centro acompañada del mensaje “GUATE ESTÁ CON UD”.  Otra semejante aparecería más tarde en la sede del Ministerio Público (MP) en Gerona, y otra en la la Policía Nacional Civil, que negó su participación en la instalación de la manta, aunque existían fotos en las redes sociales con agentes colocándola.  

La imagen de Porras cubriendo una manta amarilla con la consigna “Renuncia ya Giammattei” es  una metáfora del papel de la jefa del MP en la más reciente crisis política del país. Su decisión del pasado 23 de julio de destituir a Juan Francisco Sandoval, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), sirvió de catalizador para las protestas del 29 de julio. 

En un país en donde las autoridades judiciales o los encargados de la persecución penal, como los fiscales no son electos de manera directa, cuesta entender cómo la remoción de un fiscal puede ser de chispa para encender la llamarada de malestar en amplios sectores del país.

Para comprender por qué la población saltó en contra de la fiscal general, hace falta ampliar la mirada a los últimos tres años de gestión de Porras al frente del MP para percibir el panorama.  

Línea de tiempo de acciones durante la gestión de Consuelo Porras al frente del MP. Fuentes: Informes de labores MP, notas de prensa y publicaciones de la Fiscalía.

Consuelo Porras: Una pieza del sistema

La actual fiscal general alcanzó el cargo de jefa del MP en su tercer intento. Pero su carrera en el sector público es de larga data. Esta inició en 1996, durante el gobierno de Álvaro Arzú, como miembro de la Unidad de Integración y Apoyo a las gobernaciones del Ministerio de Gobernación . Llegó al MP en 1996, como fiscal de Asuntos Constitucionales, donde se desempeñó hasta 2004. En este año   dio un salto a magistrada de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones en Antigua Guatemala, un cargo que depende de su designación en el Congreso.

Al terminar su periodo, en 2009, fue electa nuevamente magistrada, en esta ocasión a la Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia. 

En 2014, en su segunda postulación al cargo de fiscal general, se encontró entre los seis finalistas y tercera en la evaluación de su expediente, pero no fue designada por el entonces presidente Otto Pérez Molina, quien designó a Thelma Aldana, y actualmente está procesado por múltiples casos de corrupción.

Otro cargo que la acercó a los estamentos políticos fue su breve paso por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el año electoral 2015, con el cargo de Jefe II de la Unidad de Inclusión Social del TSE.

A continuación, dentro de la maquinaria del Organismo Judicial, Maria Consuelo Porras se desempeñó en el cargo de Supervisora General de Tribunales, entre 2015 y 2016. Una posición clave, que evalúa el desempeño de jueces y que a menudo ha sido señalada por juzgadores como uno de los mecanismos de coacción de los magistrados hacia los jueces.  Al momento de ejercer Porras el cargo, dependía de la presidencia del Organismo Judicial, en ese momento bajo la presidencia del actual magistrado del TSE, Ranulfo Rojas, denunciado por la FECI este año por el caso Comisiones Paralelas 2020.

En 2016 Porras fue designada como magistrada suplente a la Corte de Constitucionalidad en representación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Según fuentes políticas y judiciales en el proceso de designación su candidatura fue cabildeada por la exmagistrada Blanca Stalling (actualmente procesada por una presunta coacción al juez Carlos Ruano encargado de un proceso que involucraba al hijo de Stalling), quien también fue la encargada por sorteo de revisar su expediente. Porras fue electa con los votos de 10 de los 13 votos de los magistrados de la CSJ electos por el pacto entre los cancelados partidos PP y Líder, según lo denunciado por la CICIG a su salida del país.

Desde su posición como magistrada suplente a la Corte de Constitucionalidad  fue considerada como una de las candidatas favoritas. El sistema donde los intereses gremiales y las relaciones personales priman la validación por parte de los magistrados de la CSJ, es considerado como uno de los factores que pudieron contribuir a su elección. Otro de los motivos que pudieron contribuir a su elección, según se señaló, es que el esposo de Consuelo Porras, Gilberto Porres era egresado de la promoción 107 de la Escuela Politécnica, la misma a la que pertenece el general Luis Ralda, el ministro de Defensa del gobierno de Jimmy Morales.  Sin embargo, según registros del Ejército, Porres sólo ingresó por unos meses en 1983 y la promoción de Ralda se graduó en 1986.  

En 2018 la actual fiscal general fue electa por el expresidente Jimmy Morales en un contexto en el que las investigaciones por casos de corrupción ya no solo tocaban al gobierno del Partido Patriota, sino también al partido en el poder, FCN-Nación, por delitos electorales. Un presidente Morales, protegido en dos ocasiones por el Congreso de la República el cual no le retiró el derecho a antejuicio. 

El mandatario designó a Porras y encontró en ella una importante aliada incluso en su desobediencia a resoluciones de la CC, como la que permitía el retorno al país del excomisionado Iván Velásquez, sin que el MP investigará y solicitará en un antejuicio en su contra por esta acción durante el mandato de Morales. 

Desde su primera conferencia de prensa como fiscal general, Porras se mantuvo en el terreno de la ambigüedad. Reconociendo al presidente Morales como un aliado en la lucha contra la corrupción “por mandato de la ley” y escudándose, también desde un principio, en que se procedería con “investigaciones de oficio” si lo ameritaba el caso, indagaciones que fueron anunciadas en reiteradas ocasiones pero que a la fecha tampoco han arrojado resultados.

La disputa alrededor de la CICIG

El “deber de ingratitud” es un concepto jurídico que contempla que los jueces o los integrantes de los mecanismos de control (como el MP) deben mantener la imparcialidad respecto a quienes los designan los cargos. Esta ecuanimidad es puesta a prueba cuando toca los intereses de los responsables de la elección de un alto cargo.

Esto sucedió el 31 de agosto de 2018 cuando siguiendo la escalada de tensiones entre la presidencia de Morales y la CICIG, un grupo de jeeps artillados J8 fue utilizado para patrullar los alrededores de la sede de la Comisión y otras sedes diplomáticas. La fiscal general Porras se ganó el sobrenombre de “la vigilante” al limitarse a emitir un comunicado sobre esta acción sobre una entidad colaboradora de la investigación penal por parte de un funcionario en ejercicio del poder.

En la conferencia de prensa dada por el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, luego de su destitución anómala del MP, este describió de manera elocuente la pasividad con la que Porras tomó el acoso a la sede de la CICIG: “No olvidaré cuando los vehículos se postraron frente a la CICIG y la embajada de EEUU que las redes sociales anunciaban estado de sitio. Llegamos a su despacho y anunció con desdén que desconocía lo que ocurría y que éramos unos exagerados”.

De hecho, tuvieron que pasar tres años de la gestión de Porras hasta que el pasado 21 de abril la fiscalía Anticorrupción presentara una solicitud de antejuicio contra el expresidente Morales, ahora diputado al Parlamento Centroamericano, por los actos “arbitrarios” e “ilegales” que impidieron el ingreso del excomisionado Iván Velásquez para cumplir con sus tareas al frente de la CICIG.

Con respecto a la CICIG, la fiscal general consignaba en su primer informe de gestión del periodo 2018-2019: “reafirmo el valioso trabajo de la Comisión, no solo para el Ministerio Público, sino para la sociedad guatemalteca en general y agradezco su trabajo y la dedicación de sus miembros y colaboradores”. En realidad, las reuniones y coordinación entre Porras y Velásquez eran cada vez más escasas mientras avanzaba su gestión.

«No olvidaré cuando los vehículos se postraron frente a la CICIG y la embajada de EEUU que las redes sociales anunciaban estado de sitio. Llegamos a su despacho y (Consuelo Porras) anunció con desdén que desconocía lo que ocurría y que éramos unos exagerados». Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI.

Según testimonios del propio Velásquez se negaba a mantener comunicación vía Skype, ya que el comisionado tenía vedado el ingreso al país. Y las comunicaciones se centralizaron a través de sus asesores. Pronto el discurso oficial de Porras se centró en “la transferencia de capacidades” de la CICIG al MP, coincidiendo con los mensajes recurrentes del Ejecutivo de Morales.

Un excolaborador de la Comisión de este periodo refiere el paulatino aislamiento en el que fue quedando la comisión: “Primero fue el retiro de los policías especializados asignados a la Comisión, de parte de Gobernación; luego los accesos a bases de datos del MP, se restringieron y el acceso a información para agilizar la persecución final fue cada vez más difícil. Sabíamos que el MP nos era adversa y la FECI trabajaba cada vez más aislada”.

En enero de 2019 los analistas del MP que trabajaban con la Cicig en sus instalaciones fueron retirados, así como otros trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Pese a que se encontraba vigente un amparo de la Corte de Constitucionalidad que ordenaba al Ejecutivo no terminar de manera unilateral la colaboración con la Cicig, la fiscal general ordenaba retirar a su personal asignado.

Porras le señalaba en una nota de Prensa Libre al respecto que no consideraba que estaba desobedeciendo el mandato constitucional al seguir las disposiciones presidenciales: “no hay alguna infracción (a la disposición de la CC), sino no hubiera aceptado a mi personal. Era personal que apoyaba a la Cicig. En las circunstancias que deciden suspender labores, cada personal regresa a sus entidades a seguir trabajando”.

Las gestiones para incorporar al MP a alrededor de 60 investigadores y técnicos guatemaltecos que trabajaron en la CICIG tampoco dieron frutos y sus expedientes fueron llevados a la dirección de Recursos Humanos del MP y sepultados entre los engranajes de la burocracia.

El aislamiento de la FECI

Con la salida de la CICIG en 2019, la FECI quedó como el último bastión de las instituciones en contra de la impunidad. La Fiscalía Especial contra la Impunidad siguió adelante con casos los casos avanzados previamente, pero según denunció Sandoval en la conferencia de prensa luego de su destitución, el trabajo de la FECI fue obstaculizado para realizar nuevas investigaciones que tocaran al actual gobierno por órdenes de Porras.

Como señala la abogada Lorena Escobar, investigadora de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES),el aislamiento en que estaba trabajando la FECI fue cada vez fue más evidente a lo largo de los dos primeros años de gestión de Porras. “Al principio se le dio el beneficio de la duda, pero como auditores de la gestión pública veíamos mayores diferencias, por ejemplo, la falta de acompañamiento de la fiscal general cuando se presentaban amparos contra resoluciones que involucraban a actores políticos” señala Escobar.

Pero sin duda uno de los momentos en que la gestión inicial de Porras evidenció el inicio de una línea de acción del Ministerio Público que cada vez se haría más evidente hacia la protección de determinados intereses políticos, fue con el caso de financiamiento electoral ilícito contra el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y su candidata presidencial Sandra Torres. 

La investigación documentó a través de registros contables, transacciones entre empresas y documentos encontrados en allanamientos y escuchas telefónicas la recaudación de al menos Q19.5 millones sin registrar en el TSE durante la campaña electoral 2015. Según la investigación en esta operación participó el excandidato a la vicepresidencia de la UNE, Mario Leal Castillo y el empresario Gustavo Alejos Cámbara. 

Según fuentes cercanas a esta investigación, estaba avanzada desde octubre de 2018, pero accionar en ese momento podría haber sacado de la contienda electoral a Torres, una rival que polarizaba el voto y que, eventualmente, contribuyó al triunfo del ahora presidente Alejandro Giammattei en la segunda vuelta electoral.

De hecho, el exfiscal de la FECI, Andrei González, actualmente exiliado, denunció a Porras y a su secretario Julio Cordón por retrasar maliciosamente la presentación de antejuicio contra Torres.

“Se nos indica que nos va a dar autorización para accionar contra las personas investigadas, pero que por “política criminal” la investigación se podía dar a conocer hasta el 5 de febrero de 2019” señaló en el relato de su denuncia consignado en un reportaje de Nómada.

Durante 2020, además, Consuelo Porras trasladó investigaciones que podían quedar a cargo de la FECI a otras fiscalía, como la presunta conspiración para remover a la directiva del IGSS, en un señalamiento que apuntaba a la entonces secretaria general de la presidencia Leyla Lemus, más tarde nombrada magistrada de la Corte de Constitucionalidad por el presidente Giammattei. 

A la vez que mantenía abiertas investigaciones de acusados contra el jefe de la FECI sin que ese presentaran avances en las pesquisas. Entre estas cuatro denuncias contra Sandoval presentadas por la Fundación Contra el Terrorismo que no han sido desestimadas pese a que los fiscales no han encontrado elementos para seguir la indagación, según la abogada de Sandoval, Claudia González. 

El punto álgido de este debilitamiento institucional llegaría a finales del año pasado, ese año cuando Porras autorizó la contratación de una fiscal especial para indagar al jefe de la FECI, Sandoval. La nombrada fue la abogada Karin Cristina Orellana Pinto, quien no era una fiscal de carrera, y cuyo contrato fue rescindido tres días antes de que su novio,Luis Erasmo Martínez Díaz,  fuera capturado por narcotráfico, a consecuencia de un pedido de extradición de la justicia de Estados Unidos.

El cambio de modelo de gestión y la descentralización del MP

Una de las banderas del plan de trabajo de Porras fue el cambio del modelo de gestión de casos en el MP. Un esquema conocido en los informes de labores de la institución como Gestión Integral de Casos. Este modelo de gestión comenzó a implementarse en 2019 y buscaba que los casos fueran “conocidos y diligenciados con prontitud y efectividad por un mismo equipo de trabajo, desde su inicio hasta su finalización, reduciendo la victimización secundaria” según el segundo informe de labores del MP.

Esto representó dar marcha atrás a cambios implementados durante la gestión de la exfiscal general, Claudia Paz y Paz, y continuados por su sucesora, Thelma Aldana. En el el modelo anterior se dividía los equipos que trabajaban en las investigaciones se dividían en  labores de investigación y litigio, para especializar a los fiscales y agilizar los las investigaciones penales. El nuevo modelo de la fiscal Porras en realidad representa un retorno a antiguas prácticas.  

El objetivo apuntado por Porras desde el primer informe de labores era: “Reducir y evitar la mora fiscal”. Es decir, mejorar los números de resolución de casos al evaluar “la pertinencia de salidas alternas en los casos que la ley lo permite” señala el mismo informe. 

Esta es una decisión controvertida, señala la analista Lorena Escobar, ya que el anterior modelo solo se pudo implementar durante ocho años (las gestiones de Paz y Paz y Aldana) y apuntaba a mayores resultados, aunque hacía falta más tiempo para evaluar sus alcances.

Uno de los grandes problemas de esta “mora fiscal” señala Escobar es que “algunos casos seleccionan para cerrar y otros los dejan abiertos incluso por años, sin que haya claridad en los criterios”.

Para Elvyn Díaz, director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias de Guatemala (ICCPG), este modelo ha creado un patrón preocupante. “De las 400 mil denuncias al año en la anterior gestión se llegó a un máximo de un 40 por ciento de desestimaciones de los casos, con el actual modelo se llega al 60 por ciento”.

El abogado e investigador social señala que una de las preocupaciones de este modelo “es la opacidad con la cual se manejan los criterios de gestión. “No sabemos qué se desestima o por qué, el código da dos razones, porque no es delito o no se pudo proceder. Se ha potencializado las fiscalías liquidadoras, pero esto se puede convertir en una decisión de impunidad y arbitrariedad”

A la par de esta práctica, el MP de Porras impulsó una descentralización de las agencias fiscales, publicitada como un éxito. Esta consiste en asignar agencias en cada municipio, aunque muchas veces sin los recursos necesarios. Como se señala en un reportaje de Plaza Pública, esta reestructuración ha reasignado personal de fiscalías para lograr la meta de cobertura territorial, sin una evidencia clara de que la presencia del personal sea más eficiente.

“Esa aparente ampliación de cobertura, o cobertura territorial al 100 por ciento, no es tampoco una garantía de efectividad, implicó que las fiscalías distritales, se vieran reducidas en los recursos que disponen para operar” apunta Díaz, quien recuerda que los niveles de impunidad siguen en el orden de 91 por ciento en relación a los delitos reportados.

Los cambios organizacionales y la recta final

A nivel de estructura organizacional del MP la gestión de Porras también introdujo una serie de cambios que interrumpieron la continuidad de políticas en la institución. En 2016 el Congreso modificó la Ley Orgánica del Ministerio Público con lo cual se eliminó el Consejo del Ministerio Público, y que era un contrapeso del jefe del MP en algunas decisiones. Además, las reformas y crearon dos nuevas categorías de fiscales, la del coordinador nacional y fiscales regionales, que serían los jefes de los fiscales en ejercicio.

Al asumir la jefatura del MP la nueva fiscal general ordenó revisar el proceso de convocatoria para estos cargos, relata el ex fiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. Conduciendo a la renuncia de los recién nombrados fiscales regionales y tomando el control de las fiscalías. “Un descabezamiento sin precedentes de la máxima cúpula de los fiscales de carrera del Ministerio Público” calificó el ex fiscal a esta acción. 

Entre los fiscales regionales que habían sido nombrados en 2017 se encontraba Estuardo Campo, quien dejó la fiscalía Contra la Corrupción, ocupando de manera interina el cargo Gilberto Porres, el esposo de la actual fiscal general. Sin embargo, Porres no fue mantenido en el cargo hacia el final de la gestión de Thelma Aldana, y actualmente sigue siendo el subjefe de dicha fiscalía. También fue nombrado como fiscal regional, Juan Francisco Sandoval, quien renunció a la promoción que impulsaba Porras, para poder regresar al frente de la FECI y continuar las investigaciones en marcha. 

Al llegar al frente del MP Porras nombró a Abdi Ariel Guerra Guzmán, el esposo de su sobrina, como Director de Análisis Criminal del MP, sin que acreditará experiencia para el puesto. Una elección que la fiscal general justificó por ser “un puesto de confianza” y que “no se regula mediante convocatoria. La Dirección de Análisis Criminal (DAC), cuya creación fue uno de los logros de Claudia Paz y Paz, estuvo dirigida por Francisco Solórzano Foppa y fue clave para los casos que llevó el MP junto a la CICIG. 

Los cambios impulsados a la Ley Orgánica del MP, al calor de la coyuntura del 2016, incluyeron limitar la posibilidad de que el presidente pudiera destituir de manera arbitraria al  fiscal general. La reforma, establecida luego de la renuncia de Otto Pérez Molina, blindó a la fiscal general Thelma Aldana de una posible destitución por parte del presidente Jimmy Morales; pero ahora hace casi imposible una remoción de Porras a menos que sea condenada por un delito o renuncie al cargo.

Para la analista del sistema de justicia, Lorena Escobar, en buena medida la misma estructura jerárquica del MP ha permitido que Porras tomé decisiones administrativas sin contar con un contrapeso al eliminarse el Consejo del MP. “El sistema terminó de cerrarse cuando se eliminó el Consejo (del Ministerio Público) e incluso la posibilidad de una remoción del fiscal general, por parte del mandatario, dejando la posibilidad sólo cuando exista una condena en firme” apunta la abogada.

La recta final de la gestión de Porras incluye una serie de remociones y movimientos de personal que, curiosamente, coinciden con el avance de investigaciones que tocan al entorno del presidente Giammattei o a su propio círculo de poder.

Así, por ejemplo, se produce el traslado del titular de la Fiscalía Anticorrupción, Stuardo Campos, en abril de este año, cuando avanzan las diligencias del caso del Libramiento de Chimaltenango, que involucran al exministro de Comunicaciones José Benito, y al expresidente Jimmy Morales. O también el traslado del fiscal Eduardo Pantaleón, el 24 de junio de 2021,  cuando se registraban nuevas acciones en la investigación por el traslado de Q135 millones en el Ministerio de Comunicaciones del actual gobierno.

Las acciones de la fiscal general se volvieron más erráticas incluso con el nombramiento de la abogada Cinthia Monterroso, en sustitución del fiscal Carlos Vides, en la agencia 8 de la Feci. Cinthia Monterroso fue nombrada como jefa de esta agencia de la FECI a pesar de que fue denunciada por la jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán, por utilizar recursos del MP para una investigación particular.Al ser denunciada por la jueza Aifán, además, se abría la posibilidad a que la juzgadora no pudiera conocer los casos en los cuales se encuentrara asignada la agente fiscal. 

Fuentes del MP señalan que una de las denuncias que se buscaba asignar a Monterroso era la investigación por la presunta filtración de información del despacho de la fiscal general.Una investigación que se fundamenta en la declaración rendida ante la FECI por el abogado Marco Alveño Hernández, en la que señala a Claudia Mansilla, la asistente de un asesor de la fiscal general de facilitar información de investigaciones a cambio de dinero.

El último movimiento en estas acciones llegó con la destitución del fiscal Sandoval el 23 de julio. La decisión de Porras basada en el argumento de que era “personal de confianza” y que había incurrido en “vejámenes” contra su persona colocaba a la fiscal general Porras en una posición sumamente delicada.

Como lo señala el abogado Edgar René Ortíz en su artículo Independencia de los fiscales. La Ley Orgánica del MP establece en el artículo 76 en el (literal “f”): “El sistema de carrera profesional garantizará la estabilidad en el cargo mientras no se incurra en causal legal para el cese del mismo”. La misma norma además establece que para que se dé la remoción de un fiscal se requiere que se agote un proceso disciplinario que en el caso de Sandoval ni siquiera se inició. “Su remoción, además de ilegal, debilita la independencia de los operadores de justicia y por tanto el Estado de Derecho” concluye el jurista en su análisis.

El panorama general nos muestra que, más allá de las acciones de Sandoval al frente de la FECI, lo que la decisión de la fiscal general de removerlo del cargo muestra es la deriva arbitraria a la que Porras conduce al MP.

“El mensaje es fuerte para todos los trabajadores, fiscales, auxiliares y personal administrativo del MP, una autoridad que no sigue las reglas establecidas por la ley está dando señales autoritarismo, genera tensión y genera un desgaste que ahora también es político”, advierte la analista jurídica Escobar. En ese panorama, para el jurista Elvyn Díaz, director del ICCPG, las perspectivas son las de un MP que se puede prestar “a la criminalización de jueces, fiscales, defensores y defensoras de derechos humanos y a terminar de desmantelar todo esfuerzo por combatir la impunidad en el país”.

En el epílogo de la gestión de Consuelo Porras, nos encontramos con una fiscal general con la que el principal cooperante en el fortalecimiento de capacidades, el gobierno estadounidense, no confía, lo cual ha conducido a que se congelen los fondos de cooperación de EE.UU. con el MP.  La fiscal que promovió su candidatura como “despolitizada” es ahora asociada irremediablemente a la suerte del gobierno, y la institución que llevaba casi una década de mejora en la percepción de la ciudadanía, es percibida como plegada a los intereses de la presidencia. El legado de Porras cierra un círculo iniciado en el gobierno de Morales y perpetuado en la gestión del presidente Giammattei.