En el sexto episodio de Esto no es normal, los periodistas Oswaldo Hernández, Carolina Gamazo y Bill Barreto profundizan analizan el rol político de la Contraloría General de Cuentas (CGC) de Guatemala, una institución diseñada para la fiscalización técnica del gasto público, pero que se ha transformado en un actor con inmenso poder político.
A lo largo del programa, se examina el proceso de elección del próximo contralor para el periodo 2026-2030, el uso discrecional del “finiquito” para inhabilitar candidatos y la influencia de redes políticas en las comisiones de postulación. El episodio concluye con una reflexión literaria sobre la ética y el factor humano detrás de la profesión de auditor.
La Contraloría General de Cuentas y el peso político del finiquito
La CGC tiene la función técnica de revisar facturas, contratos y presupuestos de cualquier entidad que administre recursos públicos. Sin embargo, su mayor fuente de poder político es la emisión de la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocida como finiquito. Este documento es un requisito indispensable para inscribir candidaturas electorales en Guatemala.
El uso de este mecanismo ha sido determinante en procesos electorales recientes, afectando la participación de figuras como Thelma Aldana en 2019 y el binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (Jordán Rodas y Thelma Cabrera) en 2023.
Según los panelistas, esto convierte al contralor en un árbitro capaz de decidir quién puede ser candidato y quién no, generando un sistema de discrecionalidad y parálisis dentro del Estado por el “miedo a firmar” de los funcionarios.
El laberinto de la elección del Contralor 2026-2030
El proceso de elección del contralor está marcado por una paradoja: quienes podrían ser auditados mañana participan en la elección de su fiscalizador. El sistema se basa en una Comisión de Postulación integrada por rectores, decanos de facultades de auditoría y representantes de colegios profesionales, quienes deben presentar una nómina de seis candidatos al Congreso de la República.
Para el proceso de 2026, la comisión estará presidida por Miquel Cortés Bofill, rector de la Universidad Rafael Landívar. No obstante, los periodistas advierten que estas comisiones a menudo trasladan la negociación política desde el Congreso hacia las universidades y gremios, volviéndolas vulnerables a estructuras de tráfico de influencias.
Redes de influencia y posibles candidatos a la CGC
Existen diversas redes que intentan incidir en la elección. Una de las más mencionadas gira en torno al rector de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos, quien tendría influencia en varios votos de la comisión a través de distintas universidades y decanaturas. También se destaca la influencia del diputado Duay Martínez en el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, un bloque decisivo con 11 de los 27 integrantes de la postuladora.
Entre los nombres que resuenan como posibles aspirantes se encuentran:
- Jorge Giovanni Castellanos, actual subcontralor y visto como el candidato de continuidad del contralor Frank Bode.
- Elfego Odair Castañón, subcontralor administrativo y hermano de un diputado oficialista.
- Frank Bode, quien aunque no puede reelegirse, influye en el proceso a través de su equipo de confianza.
El análisis de Manfredo Marroquín sobre la captura del Estado
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, afirma que la Contraloría es un eslabón vital para mantener el estado de impunidad y la “gran corrupción” en el país. Marroquín señala que la CGC debería ser más importante que el Ministerio Público en la prevención de la corrupción, pero actualmente funciona como un “apéndice del poder político de turno” y un botín para la contratación clientelar. Para el analista, lo “anormal” es que la ciudadanía conozca el desenlace de estos procesos de captura y no exista una presión suficiente para transformar el sistema.
Reflexión sobre la ética del auditor: El Rey Pálido El episodio cierra con una reseña de la novela “El Rey Pálido” de David Foster Wallace. Osvaldo Hernández utiliza esta obra para reflexionar sobre la figura del auditor no como un burócrata gris, sino como un “lector profesional de nuestras pequeñas mentiras”. La novela sugiere que el heroísmo puede residir en la atención minuciosa frente al aburrimiento y el tedio, y que fiscalizar correctamente el dinero público es, en última instancia, una forma de proteger el contrato social y la democracia
