La reciente ola de protestas y cierres viales en distintas rutas del país por el incremento del costo de los combustibles ha generado tensión social y dudas sobre cómo el gobierno de Bernardo Arévalo podría resolver un problema que responde a complejas condiciones internacionales del mercado de carburantes.
Los sectores inconformes exigen soluciones directas como la eliminación de impuestos a los hidrocarburos. El Congreso, a pesar de un alto rechazo poblacional, decidió fijar precios de referencia y aprobar un subsidio temporal.
El alza de los combustibles responde principalmente a condiciones internacionales complejas, marcadas por la incertidumbre en el mercado petrolero debido a tensiones geopolíticas globales, como los conflictos en el área del estrecho de Ormuz y las declaraciones de actores como el presidente estadounidense Donald Trump respecto a la prolongación de la crisis energética y la guerra con Irán.
En Guatemala, el Congreso aprobó de urgencia nacional el Decreto 21-2026 para fijar precios de referencia y un subsidio temporal, aunque su aplicación ha enfrentado obstáculos legislativos y objeciones que retrasan su entrada en vigor.
Mientras los bloqueos de 2023 se organizaron para defender la democracia, los de 2026 responden a una crisis económica de combustibles, acompañada de prácticas polémicas como la recopilación de datos personales de los automovilistas que generan dudas sobre su matiz político-electoral.
Diversos sectores gremiales y empresariales, como la Cámara del Agro (Camagro) y la Cámara de Comercio, han cuestionado la naturaleza genuina de estas manifestaciones, señalando que detrás de los bloqueos podrían operar intereses político-partidarios.
Se ha documentado la presencia de figuras vinculadas a la política tradicional y a partidos como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y VAMOS liderando puntos de cierre vial.
Durante la primera semana y los días transcurridos de septiembre, las jornadas de protesta han sido casi diarias, registrándose hasta 24 bloqueos simultáneos a inicios de mes.
El Anillo Periférico, escenario de cierres en la colonia La Bethania, soporta habitualmente una carga vehicular de aproximadamente 80,000 vehículos diarios a lo largo de sus 12 kilómetros de extensión. Cualquier bloqueo en esta arteria colapsa drásticamente el tránsito de miles de capitalinos.
Las gremiales empresariales han advertido que estas paralizaciones generan pérdidas económicas que rondan los US$150 millones de dólares diarios (más de Q1,100 millones al día).
El gobierno de Bernardo Arévalo ha optado por una estrategia de doble vía. Por un lado, el Ejecutivo presentó iniciativas y coordinó con el Congreso la aprobación de medidas de alivio financiero de carácter temporal, como el Decreto 21-2026 para estabilizar los precios de los combustibles mediante un subsidio y fondos específicos.
Por otro lado, frente al bloqueo de rutas comerciales y urbanas, Arévalo enfrenta el reto de equilibrar el respeto al derecho a la manifestación pacífica con acciones de desalojo y el uso de la fuerza pública.
