La entrega de Alejandro Sinibaldi pone a uno de los principales acusados de liderar la maquinaria de cooptación del Estado, conocida como Partido Patriota (PP), en el centro de la disputa por la justicia en Guatemala. Sinibaldi está acusado de 5 importantes casos. Y se encuentra pendiente de definir su estatus en el caso Comisiones Paralelas II, en donde la CICIG lo señaló de manipular la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2014, junto a Manuel Baldizón. Su aparición, mientras se discute la integración de la nueva CSJ, reitera el papel de los actores de poder por el control de las cortes.
A las 10 de la mañana comenzaron a circular rumores sobre la supuesta entrega de Alejandro Sinibaldi a la justicia guatemalteca. Para entonces, el exministro ya estaba en una de las últimas paradas antes de su llegada a Guatemala por la frontera con México, casi dos horas después. Cuatro años después de encontrarse prófugo y, al parecer, tras una estadía prolongada en Italia, Sinibaldi regresaba al país. A las 12 del mediodía se confirmó que ya estaba bajo disposición de las autoridades y a la espera de ser trasladado a la Torre de Tribunales en la ciudad de Guatemala.
Poco antes de las 2 de la tarde, llegó a la Fuerza Aérea Guatemalteca, luego de ser trasladado por vía aérea desde Ayutla, San Marcos. En el transcurso de una hora, le tomaron sus datos y subió desde el sótano hasta el nivel 14 de la semivacía torre, donde se encuentra el Juzgado de Mayor Riesgo B. La sala que preside el juez Miguel Ángel Gálvez se encontraba medio llena, más de lo que se ha visto en los últimos meses por la pandemia de la COVID-19, los únicos presentes eran los agentes del sistema penitenciario y periodistas.
A las 3 de la tarde, ingresó el exministro del Partido Patriota (PP) junto a sus abogados, seguidos por los fiscales del Ministerio Público y, minutos después, por el juez Miguel Ángel Gálvez. No habían transcurrido ni 15 minutos, acababan de presentarse los abogados de cada una de las partes, cuando la fiscal representante del MP solicitó que se aplicara una reserva parcial sobre el caso, para “proteger el proceso” y bajo lo permitido en el Código procesal Penal.
La resolución favorable del juez Gálvez ante esa petición dejó a los medios de comunicación fuera de la sala de audiencias, por lo que no se conoce con exactitud qué se discutió o presentó en el juzgado por más de una hora. Pasadas las 4 y media de la tarde, detrás de una barrera de agentes del sistema penitenciario, armados y con escudos plásticos, apareció Sinibaldi. Lucía una mascarilla negra, el pelo corto, un poco más de peso que la última vez que se le vio en Guatemala hace cuatro años, visiblemente cansado. El expolítico se dirigió a los medios:
Las “verdades” de Sinibaldi
“Siempre fue mi objetivo poder presentarme y poder aclarar los errores que yo haya cometido. Y poder señalar a la gente que en mi ausencia me ha utilizado”, expresó Sinibaldi de forma calmada pero seria. En su mini conferencia de prensa pidió orden a los periodistas como lo hacía en su paso por el Congreso o el ministerio. “Aquí se han aprovechado de mi ausencia muchos, para limpiarse en mí sus actos de corrupción” reclamó.
Alejandro Sinibaldi también decidió compartir un poco de las “verdades” que dice tener para contar ante la justicia: “les pongo un ejemplo: Los constructores que me llamaron extorsionista. Yo nunca extorsioné a nadie. Los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones son los constructores. (…) Han creado un sistema de corrupción para así lograr adjudicarse, prácticamente a dedo, las obras que a ellos les interesan”.
Antes de retirarse, solicitó a los medios una cobertura imparcial como la que, según él, recibieron los actores que le acusaron y aprovecharon su ausencia. Asimismo aseguró que no tiene “ningún arreglo ni nada platicado” a cambio de su entrega, que confía en el sistema de justicia guatemalteco y que su principal objetivo es contar la verdad y enfrentar la justicia.
Sin acuerdos previos
Horas antes, en una conferencia en la sede el MP. El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, confirmaba que los primeros acercamientos para la entrega de Sinibaldi se habían producido “nueve meses atrás”, y que al parecer los había hecho simultáneamente con la FECI y el despacho de la fiscal general, Consuelo Porras.
En la conferencia de prensa en el MP una retraída fiscal general dejó en manos del fiscal Sandoval la respuesta a las principales dudas de la entrega. ¿Hay alguna negociación previa para su regreso?, según el jefe de la FECI: No. El fiscal detalló que solo un juez puede determinar si el exministro puede convertirse en un colaborador eficaz (según lo establecido en la Ley Contra el Crimen Organizado) y que ningún acuerdo podía realizarse sin que Sinibaldi se hubiera presentado ante la justicia.
La audiencia de primera declaración para el caso Cooptación del Estado, el primero de los cinco en los que se le involucra, será este jueves 27 de agosto sin presencia de los medios. Mientras tanto, el exministro de Comunicaciones deberá permanecer en prisión según sus propias declaraciones, aunque omitió el nombre del centro de detención “por motivos de seguridad”.
El papel de Sinibaldi en el tablero de la justicia
Alejandro Sinibaldi Aparicio, como él mismo reconoce en un comunicado publicado hoy, ha sido un actor clave en la esfera política nacional desde hace unos veinte años. Siendo uno de los financistas originales del Partido Patriota (PP), junto a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti formaba parte de la triada que controlaba el destino del partido desde sus inicios.
Según el comunicado que el ex ministro difundió, esta posición privilegiada le permitió “conocer a profundidad todo el sistema político, desde el financiamiento de las campañas hasta el ejercicio del Gobierno en todas sus esferas”. Empresario en las áreas de publicidad, emparentado con el excandidato a la vicepresidencia por el PP en el 2007, Ricardo Castillo Sinibaldi; el exministro de Comunicaciones, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio se ha movido en las esferas del poder económico y político del país.
En el historial político de Sinibaldi figura su paso como diputado del PP (2008-2012), su infructuosa campaña a la alcaldía capitalina en 2011 (ocupando el tercer lugar después de una millonaria inversión), y su ejercicio como Ministro de Comunicaciones hasta septiembre de 2014, al cual renunció para prepararse como candidato a la presidencia por el PP en 2015. Pero…
El desenlace es conocido, tras estallar los casos de corrupción en abril de 2015, Sinibaldi se alejó del PP y trató de levantar su candidatura presidencial en solitario, con el Movimiento Reformador (MR). Para entonces, las investigaciones del MP ya lo cercaban y decidió desaparecer, dándose a la fuga.
Un aspecto menos explorado, pero clave para entender la relevancia de Sinibaldi en el ámbito de la actual configuración de la justicia en estos momentos es su papel en la elección de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones en 2014. Según esta denuncia contra el exministro, y realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) antes de dejar el país en septiembre de 2019, Sinibaldi junto al otro excandidato presidencial de LIDER, Manuel Baldizón, pactaron la elección de los actuales magistrados.
Este hecho se ha dejado entrever en una confesión realizada por Baldizón en una carta dirigida a la CICIG, luego de ser detenido en EE.UU., donde habría detallado estas supuestas negociaciones. Pero Baldizón interrumpió los detalles de este pacto para elegir CSJ, cuando el expresidente Jimmy Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG. Sin embargo, el otro componente de este acuerdo, Sinibaldi, ha llegado hoy ante la justicia, y podría ser una especie de caja de pandora, ya que enfrenta investigaciones abiertas en los casos Cooptación del Estado, Construcción y corrupción, Odebrecht, Transurbano y Arca-Bantrab.
Las negociaciones para el retorno de Sinibaldi al país se habrían producido hace “nueve meses”, según el fiscal Sandoval, coincidentemente en diciembre de 2019 cuando el exministro fue “designado” como corrupto por el Departamento de Estado de Estados Unidos con base en “información fiable”. El ex político, sin embargo, aseguró en declaraciones a periodistas en tribunales que el trámite para su regreso al país le había llevado “más de un año”.
Además de la información que el ex ministro pueda guardar sobre los casos en los que se le investiga, y el papel de figuras clave en otros procesos como el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti,, si llegara a colaborar, Sinibaldi tendría mucho que decir sobre los actuales magistrados de la CSJ, que según el caso Comisiones Paralelas II le habrían jurado lealtad desde 2014. Y ha sido una CSJ señalada, con magistrados implicados en actos de alto impacto, y cuyas decisiones se han inclinado en defensa de diputados señalados de corrupción. Tampoco dormirán tranquilos los actores políticos del Congreso que también participaron de esta presunta negociación de las cortes de justicia hace seis años y que hoy todavía ocupan posiciones de poder en el Legislativo.
Aseguró que su objetivo es contar la verdad porque considera que “muchos” se han aprovechado de su ausencia para “limpiarse” en él actos de corrupción. Y utilizó a los constructores que lo denunciaron de “extorsionista” como ejemplo de lo que tiene que “aclarar” ante la justicia. pic.twitter.com/7R67WZKYOw
— No-Ficción (@noficciongt) August 25, 2020
Los cinco casos que lo aguardan
El exministro enfrenta los delitos de lavado, asociación ilícita, cohecho pasivo, financiamiento electoral ilícito y no registrado en los siguientes casos:
Construcción y Corrupción
El primer caso de gran calado en el que se involucra a Sinibaldi es el del cobro de comisiones que oscilan entre el cinco y el 10 por ciento de proyectos para contratistas desde Ministerio de Comunicaciones a cambio de la adjudicación de obras públicas o el pago de deudas de arrastre de anteriores gobiernos. Precisamente, hacia los constructores estuvieron dirigidas algunas de las primeras palabras del ex ministro en Torre de Tribunales.
“Contar la verdad significa hablar de muchas cosas. Y les pongo un ejemplo: Los constructores que me llamaron extorsionista. Yo nunca extorsioné a nadie. Los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones son los constructores. Los políticos, los ministros, son aves de paso” dijo Sinibaldi.
Este caso toca a algunas de las empresas constructoras más grandes del país y es llevado por el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Ericka Aifán, quien ha enfrentado numerosas acciones legales en su contra para intentar separarla del caso. Por este proceso judicial, según testimonio de la ex asistente de Sinibaldi, este habría recaudado en su última fase como ministro alrededor de Q100 millones en efectivo, así como numerosas propiedades y fincas.
Odebrecht
La joya de la corona de los casos de corrupción en Latinoamérica no podía faltar en las imputaciones contra un político de la talla de Sinibaldi. A este se le acusa de negociar con representantes de la empresa constructora brasileña, en el 2013, el pago de US$18 millones en sobornos, a cambio de la adjudicación de la construcción de un tramo carretero en la Costa Sur. Este monto, sin embargo, según la acusación habría sido repartido entre otras figuras políticas, entre ellas el excandidato Manuel Baldizón, el cual habría solicitado US$3 millones.
En este caso ya han sido encontradas culpables tres personas: Juan Manuel Molina Coronado, abogado de Sinibaldi; Jorge Eduardo Antillón Klüssmann y Juan Ignacio Florido. Según la fiscalía el esquema de cobros de sobornos de esta estructura incluía el uso de empresas fuera de plaza (offshore) para el lavado del dinero cobrado.
Cooptación del Estado y coperacha
El alfil del PP, también ha sido acusado de participar en el cobro de comisiones y la recaudación de fondos tanto para el financiamiento, sin registrar, de las campañas de su partido como para el pago de lujosos regalos al exmandatario Otto Pérez. Casas en la playa, motocicletas, un helicóptero e incluso un avión privado.
En este caso, según la acusación, el financiamiento no registrado incluía a empresas como Radiotelevisión Guatemala, S.A. (Canal 3) y Televisiete, S.A. (Canal 7), Banco G&T Continental, Blue Oil, Conasa S.A., Sigma S.A. y Grupo Albavisión LLC, entre otras.
En este caso están vinculados el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla; el exdirectivo del IGSS, Juan de Dios Rodriguez; los exministros de Defensa, Ulises Anzueto y Manuel López Ambrocio; el exministro de Energía, Érick Archila, detenido en Estados Unidos por su estatus migratorio desde 2017.
Transurbano
En septiembre de 2019 Sinibaldi fue acusado de lavado de dinero en relación con la contratación de servicios de seguridad para el Transurbano. En este caso, donde nuevamente aparecen otros políticos como Baldizón, la fiscalía acusó al exministro de beneficiarse de contratos de seguridad otorgados a empresas de cartón.
Las empresas beneficiadas, Seguridad ASA, S.A. (siglas de Alejandro Sinibaldi Aparicio) y Servicios Marítimos y Aéreos del Norte, S.A., habrían recibido Q978 mil 794.64, según la investigación. Por este caso el gabinete del gobierno del expresidente Álvaro Colom, y el propio exmandatario, enfrentan un proceso penal.
Caso Arca, financiamiento electoral ilícito
Por último, en octubre de 2019, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentó un caso por desfalco por alrededor de Q26 millones al Banco de los Trabajadores (BANTRAB) para financiar la campaña del cancelado PP en 2011.
En la imputación se señala que el dinero fue desviado usando a la empresa Estrategias e Inversiones Arca S.A. y la empresa Avanzando y Progreso S.A. En donde el dinero destinado a pautas publicitarias fue desviado para la campaña del PP evitando los controles del Tribunal Supremo Electoral. Por este caso también se presentaron solicitudes de antejuicio contra los ahora exdiputados del Congreso Haroldo Quej, de la UNE, y Estuardo Galdámez, de FCN-Nación.
El largo historial de casos contra Sinibaldi, es una muestra del alcance de su papel dentro del gobierno del PP y los contactos entre la política local, el crimen organizado y el poder económico del país. Sus revelaciones, o por el contrario su silencio, y la coyuntura política en la que regresa a Guatemala y que puede llenar cientos de cabos sueltos en torno a la corrupción de la clase política, será clave en el devenir de la justicia en los próximos años.
