Josué Chavajay tiene razones para pensar que el nuevo responsable del Ministerio Público, Gabriel García Luna, dará un golpe de timón beneficioso en la institución, después de ocho años de una administración que se ensañó especialmente con los liderazgos indígenas. Pero no se entusiasma, porque el nuevo funcionario, nombrado por el presidente Bernardo Arévalo después de un proceso que tensionó a Guatemala durante meses, “no es disruptivo ni reformista”, y aunque sí tiene la capacidad para restaurar la credibilidad de la institución, trabajará dentro de un sistema que responde a un Estado diseñado para someter a los pueblos indígenas. Por eso, dice, hay que repensar el Estado.

Durante décadas, las elecciones de segundo grado en Guatemala, en las que se designan magistrados y a la principal figura del Ministerio Público, han sido percibidas como un proceso que concierne solamente a las élites políticas, gremiales y académicas.

Sin embargo, los retrocesos en materia de investigación y los abusos de poder dentro de las altas cortes y desde la fiscalía, han hecho que los ojos de la sociedad guatemalteca se vuelvan hacia este proceso.

En el caso de los pueblos indígenas, la situación ha sido aún más preocupante: el tema de la restitución de tierras y una ola de criminalización hacia sus liderazgos los han puesto en alerta. Los pueblos originarios ya no solo exigen justicia en las “ventanillas indígenas”; ahora vigilan y observan activamente los procesos de elección de quienes dirigen esas instituciones. Por eso se les vio entre el público en las sesiones de la comisión de postulación para fiscal general, proceso que culminó con el nombramiento del juez de carrera Gabriel García Luna para el período 2026-2030, con lo que terminó una era de ocho años de Consuelo Porras caracterizada por un sinnúmero de señalamientos de socavación de la democracia, de connivencia con la corrupción y la impunidad, y por el uso de la institución con motivaciones políticas y para la persecución de liderazgos indígenas.

Una persona que ha seguido muy de cerca este proceso es Josué Chavajay Quiacain, investigador social tz’utujil de San Pedro La Laguna y ecologista popular. Graduado en ciencias sociales, ha dedicado gran parte de su trayectoria a la investigación y se ha vinculado a los movimientos campesinos e indígenas desde hace dos décadas. Entre sus trabajos destaca la investigación titulada Mayanización y vida cotidiana, en la cual analiza el rumbo del discurso multicultural en Guatemala y la vivencia de lo maya en la política cotidiana.

En esta entrevista, Chavajay analiza los motivos que impulsaron a las organizaciones de pueblos indígenas a mantener una observación activa durante este proceso: desde el impacto de las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sobre el derecho a la propiedad, hasta el desgaste de un Ministerio Público señalado por desmantelar la investigación penal para priorizar la persecución política en los territorios.

Más allá de la reciente designación del fiscal general, Gabriel García Luna, la visión indígena trasciende la coyuntura y cuestiona la estructura del Estado, haciendo énfasis en la desigualdad en los procesos de justicia. Aunque Chavajay piensa que lo más probable es que el rumbo del Ministerio Público mejorará con García Luna, en sus palabras aflora un escepticismo que no es gratuito, una suspicacia con causa, porque el beneficio de la duda no es el mejor filtro para encontrar a las personas idóneas y, sobre todo, porque cuando Guatemala despierta de Consuelo Porras, ese sistema que trasciende nombres sigue allí. “Las viejas redes económicas y las mafias políticas llegan a incidir en estos espacios y ellas se convierten en los titiriteros”.

¿Siguen siendo las comisiones de postulación un mecanismo factible? Ante un “mal sistémico” que parece configurado para proteger intereses extractivos y redes de poder, voces como la de Josué Chavajay señalan la urgencia de restaurar la objetividad en un sistema que, hasta el día de hoy, les resulta ajeno y oneroso.

P. Tomando en cuenta que solo una minoría o un sector específico de la sociedad puede decidir en materia de justicia, ¿Qué ha cambiado para que los pueblos indígenas coloquen más atención a este proceso y quieran vincularse cada vez más?

R. Tuvimos las elecciones del Tribunal Supremo Electoral, la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad y la elección de fiscal general.  Vamos a tener la de la Superintendencia de Bancos y la del contralor general. Y hay otra elección que aunque no es de segundo grado porque ninguno de los órganos que nosotros elegimos la hace, como es la de rectoría de la Universidad de San Carlos, también está dentro de este paquete de elecciones que son importantes para la vida política del país.

Nuestro foco estuvo en dos: la de la Corte de Constitucionalidad y la de fiscal general del Ministerio Público. La primera, por cómo ha funcionado últimamente la Corte de Constitucionalidad. En materia de pueblos indígenas hubo resoluciones contrarias en materia del derecho a la consulta y hubo reveses principalmente en el tema de la restitución de la propiedad de la tierra. La Corte que acaba de terminar su mandato quiso quitarse un peso de encima, los casos de propiedad de la tierra los metió en un engorroso proceso de lo civil y de forma maliciosa alargó más un proceso que de por sí ya era largo, tedioso y costoso, entonces nos dicen: “Vayan e inicien en los tribunales civiles.” Entonces hubo grandes reveses en materia de derechos de pueblos indígenas con esta Corte de Constitucionalidad.

En el caso de la fiscal general, Consuelo Porras, fue mucho más visible: hubo casos de criminalización bastante sonados y otros procesos maliciosos, y el mejor ejemplo es lo que les está pasando a las exautoridades de la Junta Directiva de 48 Cantones, Luis Pacheco y Hector Chaclán.

Si bien es cierto se trata de solo una persona, la institucionalidad terminó respondiendo según los intereses y según las inclinaciones de esta fiscal general. Por eso llegó a estar en nuestro foco de atención y por eso en 2023 las instalaciones del Ministerio Público fueron el espacio de concentración para los pueblos, para las autoridades, para las organizaciones urbanas, el espacio donde se fue a expresar la molestia, la inconformidad hacia esa institución que estaba fraguando una acción totalmente antidemocrática. Los pueblos lo identificaron y fueron a concentrarse por esos 106 días a ese espacio.

No es que las otras elecciones no sean importantes, pero la del Ministerio Público para este momento histórico fue sumamente importante y de ahí el interés en ella. Y para los pueblos también hay mucho interés porque hay varios casos estancados en el Ministerio Público. Y aunque es cierto que el Ministerio Público amplió su red de oficinas en los municipios, algunos son solamente quioscos a donde uno va y pone la queja y no pasa mayor cosa. Realmente no se fortaleció el Ministerio Público.

Como ejemplo, hay una mora tan terrible que hasta terminaron desestimando casos; hay tantos casos de violación a derechos humanos denunciados ante el Ministerio Público y ha habido asesinatos de líderes que han quedado impunes y por los que el Ministerio Público no ha movido ni un solo dedo. ¿Y qué decir de los daños ambientales que causaron las grandes empresas, la industria minera? ¿Dónde está el Ministerio Público llevando al banquillo de los acusados a los responsables de estos desastres ambientales? Pues no hay ninguno. ¿Cómo es posible que salgan libres personajes corruptos mientras nuestros líderes siguen encarcelados? No solo son Luis Pacheco y Hector Chaclán, que siguen presos, sino que los casos de los líderes que están fuera se volvieron a abrir, como pasa con Rigoberto Juárez, en Huehuetenango, o con Misael Sen, en la costa sur. De ahí el interés de prestar mucha atención a este proceso: han sido ocho años y los pueblos no iban a esperar que se convirtieran en 12 años. Es ejemplar que otra vez los pueblos indígenas fueran la mayoría de observadores de este proceso, los vigilantes, quienes estuvieron ahí escuchando cada una de las sesiones para elegir a las seis personas de la lista que se envió a la Presidencia.

Estas elecciones de segundo grado se vuelven la antesala de las elecciones generales del próximo año y nos deben interpelar como ciudadanos y como pueblos, y principalmente deben cuestionarnos si el modelo democrático liberal o la configuración de este Estado está funcionando y, si está funcionando, para qué sector está funcionando.

Pareciera que en los últimos años los pueblos son los que terminan revitalizando la democracia, quienes le han prestado auxilios incluso en su estado de coma. En el año 2017 se hizo un intento de reformas al sector justicia, donde uno de los puntos era el el artículo 203 que hablaba del pluralismo jurídico para poner en igualdad al sistema de justicia de los pueblos indígenas. Esa propuesta se convirtió en un pretexto para decir que esas reformas buscaban voltear la tortilla y usaron epítetos muy fuertes cargados de racismo y de discriminación y se sembró mucho miedo. Y los pueblos tuvieron el gesto honorable y digno de retirar ese artículo para decir “continuemos con las reformas”. Y no fue más que un pretexto porque después de eso las reformas nunca avanzaron.

Este momento de elecciones de segundo grado que abrió la posibilidad de observar y hacer contraloría social al sector justicia debería llevarnos a otros cuestionamientos, a aspirar a un nuevo modelo político que nos conduzca a mecanismos más amplios de elección de magistrados, de elección de fiscales, de elección de contralor, de elección de procurador de Derechos Humanos y pensar en modificar el actual sistema, un sistema en el que los hombres políticos tradicionales, incluso las viejas redes económicas y las mafias políticas llegan a incidir en estos espacios y ellas se convierten en los titiriteros.

En este punto es donde las capacidades de los pueblos no son suficientes porque pareciera que el camino está blindado para que no podamos acceder e incidir. Creo que ese es uno de los más grandes retos que nos deja esto. 

P. ¿Qué valoración tienen las organizaciones de pueblos indígenas, autoridades ancestrales y los colectivos como observadores activos de este proceso?

R. Al inicio de este proceso se presentaron quejas contra Consuelo Porras y dentro  de los cuestionamientos que se presentaron como ciudadanía, no solo de las autoridades, no solo las organizaciones sociales, sino que personas particulares que la señalan de haber desmantelado el Ministerio Público. Una cosa nada nada pequeña: la señalan como la principal responsable de crear un clima de impunidad dentro de esa institución.

También vimos cómo en la comisión de postulación había ciertos consensos entre los grupos de poder, entre las mafias, entre los distintos sectores, incluso vimos cómo en algún momento  el  grupo más duro del sector empresarial metió sus manos y fue muy  interesante ver cómo hubo hasta una pausa mientras se revisaba la documentación del actual Ministro de Gobernación, que al final terminó excluido. Así vimos cómo sí hay redes de interés, grupos de poder incidiendo y, si bien es cierto que no serán lobos de la misma loma, estos grupos empresariales duros coincidieron en sus intereses con los de estos políticos vinculados a corrupción y con los de políticos vinculados a las mafias. Estas mafias y grupos de poder y las redes políticas que controlan el Estado han bloqueado en distintos momentos cualquier oportunidad de cambio porque el statu quo sí les beneficia a ellos, sí les apoya.

En la comisión de postulación vimos cómo se seguía ciertas líneas y logramos identificar cómo a algunos les llamaban “los de Gálvez”, en referencia al exrector (de la USAC) Estuardo Gálvez, y cómo estos aunque eran brillantes y hacían buenos cuestionamientos durante sus intervenciones en la comisión, al final terminaban votando disciplinadamente. Es decir, veíamos cómo terminaban siendo operadores de grupos políticos y de las redes de poder tradicionales del país.

Al final, aquella academia que iba a evaluar a sus egresados que se estaban postulando en función de sus capacidades académicas y profesionales, terminaba obedeciendo a estas redes y al final esa famosa objetividad no estaba ahí.

Había otros perfiles, por supuesto, y el punto es que al final  la hoja de vida de estas personas no las conocemos al 100 por ciento, y por eso no sabemos qué intereses van a defender ni qué línea política van a seguir. ¿Qué casos va a priorizar el Ministerio Público? ¿Va a reducir la mora judicial? No sabemos cuál será la línea de trabajo en un sistema en donde  la justicia no solo es lenta, sino que muchas veces no camina para las comunidades, no camina para los más pobres. Porque poner una denuncia en este país resulta muy caro, implica costos en tiempo y en otros recursos. En Guatemala la justicia no es tan accesible, mucho menos asequible.

P. ¿Entonces el mecanismo de elecciones de segundo grado debe cambiar en algún aspecto?

R. Bueno, ese es otro debate. Cuando se pensó que las comisiones de postulación participaran en las elecciones de segundo grado, se tenía la idea de que las universidades iban a ser más imparciales, sobre todo las facultades de derecho, porque iban a tener la posibilidad de revisar los antecedentes y los perfiles de sus egresados y calificarlos  para puestos tan honorables, para alcanzar lo que siempre hemos buscado, la justicia. Pero nos dimos cuenta de que al final hay intereses en juego provenientes de redes políticas, económicas, de las mafias del pacto criminal. Durante este periodo observamos los retrasos, escuchamos argumentaciones hasta de leyes para demorar el proceso de calificación y lo notamos principalmente en candidatos que en algún momento creímos que llevaban la venia del presidente Arévalo. Entonces se vio ahí el juego de intereses.

No sé si este mecanismo sigue siendo operativo y eficiente o si ya llegó a su límite. En algún momento también hemos considerado que el ejercicio judicial debería estar sujeto al escrutinio popular, como pasó en las reformas recientes en México, y no solo ser materia gremial por la que un grupo termina escogiendo a estos representantes que al final terminan juzgando a toda la sociedad y no solo a un grupo. Pero claro, esa es otra discusión que se debe dar dentro de la configuración del actual Estado o de un nuevo Estado. Pero eso hay que pensarlo, hay que irlo discutiendo.

A mí me da la impresión de que los fiscales y estos magistrados de las distintas cortes en algún momento se sienten ajenos a la sociedad o están por encima de ellos. Y se olvidan muchas veces de que son miembros de la sociedad que juzgan. Entonces creo que ya llegamos al límite o hay que aspirar a otro tipo de  elecciones.

P. ¿Cómo considera usted que queda el Ministerio Público tras la salida de Consuelo Porras como fiscal general?

R. Consuelo Porras dejó desmantelada la institución encargada de la investigación penal. El nuevo fiscal va a requerir de más recurso económico y más personal para levantar nuevamente la institucionalidad.

Habrá que reforzar el Ministerio Público y eso implica un tiempo que bien podría servir para la investigación. Y la más terrible herencia que le deja al nuevo fiscal es la criminalización espuria de los liderazgos de los pueblo indígenas, y no es que antes no hayan sido perseguidos los pueblos, por supuesto, hay toda una historia de persecución contra los liderazgos comunitarios que se han opuesto a proyectos que atentan contra la vida de las comunidades, contra los medios de vida como el bosque,  el río o las montañas. Siempre ha habido criminalización hacia la defensa del territorio, pero esta vez tuvo una mayor connotación y se le prestó más atención porque en estos ocho años Consuelo Porras, aparte de criminalizar a las autoridades indígenas, también se dedicó a criminalizar a jueces, fiscales, periodistas y estudiantes. Hay órdenes de captura contra otros hermanos, por eso están fuera del país, han abandonado a sus familias y sus hogares para ir a resguardarse y su único delito fue defender los resultados electorales y defender la democracia de este país.

Entonces, esa es la más terrible herencia que nos deja, criminalizar y ensañarse. Ha sido una actitud bastante sádica de un Ministerio Público que no buscaba la justicia, sino la venganza contra aquellos que le cuestionaban. Tener más de un año encarceladas a varias personas es una especie de tortura sicológica. Y en el caso de la justicia transicional fue al revés: buscó criminalizar incluso a las propias víctimas. Y no digamos lo de la cotidianidad. ¿Cuánta mora judicial hay en temas de robos de celulares, en temas de extorsión? Esa mora en esos delitos ―no quiero llamarles comunes, porque de donde soy no es común ese tipo de delitos― también es parte  de lo que heredan en una institución que se empezaba a recuperar con la llegada del fiscal José Amílcar Velásquez Zárate en 2008, después la fiscal Claudia Paz y Paz y posteriormente la fiscal Thelma Aldana.

P. ¿Cree que el nuevo fiscal general reúne los criterios de idoneidad que como pueblos indígenas estaban demandando?

R. Decir “esto es lo que queremos” no es tan sencillo de responder, ya que lo que buscamos va más allá de una elección de un fiscal, va más allá de la elección de una corte: la transformación que buscan los pueblos va más allá de eso. Pero atendiendo a la pregunta, según el expediente que nosotros vimos es un juez de carrera y su puntuación fue óptima. Eso en teoría lo haría una persona totalmente idónea. Pienso que si él fue elegido por el presidente Arévalo es porque su perfil es bastante apropiado a lo que ha buscado el gobierno actual.

Pienso que el perfil del nuevo fiscal no es disruptivo, no es reformista, sino más bien un perfil moderado con la capacidad ―que siento que esta va a ser su misión― de restaurar la institucionalidad y sobre todo la credibilidad del Ministerio Público. Por ahí siento que es su gran comisión.

No lo considero un personaje confrontativo o que lidere una gran lucha como lo vimos en algún momento en los años de Thelma Aldana o de la fiscal Paz y Paz. Siento que sí se va a alejar de estos perfiles.

Pero su pregunta también es un poco desafiante porque nosotros los pueblos no hemos construido un perfil ideal o idóneo de fiscal. Lo que deseamos es que la persona designada sea objetiva, que tenga una verdadera independencia.

Y esta es una parte retadora porque cuando el Ministerio Público comienza a favorecer a empresas extractivas o a ciertos sectores contrarios a los pueblos, pues la persecución se dirige hacia los liderazgos comunitarios, hacia los pueblos.

¿Y qué veo yo como desafío entre sus primeros días? Pues está el revisar los casos espurios contra los hermanos de Totonicapán altamente mencionados y otras autoridades indígenas contra las cuales el Ministerio Público ha sido implacable.

También temo que como sociedad nos estamos tirando al vacío y le terminemos dando el beneficio de la duda a lo que venga. Nos pasó con la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia el año pasado: muchos salieron a decir que eran unas cortes balanceadas, pero para lo que hemos visto de las resoluciones que han emitido, ¿dónde está el balance? Estos saltos al vacío, estos beneficios de la duda también nos terminan ganando.

P. ¿Piensa usted que el cambio de fiscal general cambiará la lógica de persecución y criminalización a defensores de derechos de pueblos indígenas, específicamente para quienes luchan contra empresas extractivas?

Aquí tengo dos respuestas. Sí esperamos que cambien las cosas. Sí esperamos que haya objetividad en la institucionalidad. Sí deseamos que sea una persona objetiva que conduzca bien los procesos. Actualmente hay litigios maliciosos que terminan perjudicando a los criminalizados, a los defensores de derechos humanos. El Ministerio Público ha abierto una guerra psicológica terrible, ha utilizado a sus redes, a sus estructuras criminales para instalar narrativas contra los defensores de derechos humanos.

Pero cambiar la lógica de persecución y criminalización… Yo siento que este es un mal sistémico. Eso va a continuar. Al final, el sistema está configurado para que funcione de cierta forma. Pareciera que me estuviera contradiciendo, pero el sistema está  configurado a imagen y a horripilancia de cierto sector para darle palo a quien debe de darle palo. Y en este sentido a nosotros los pueblos indígenas.

Continúan los desalojos en un gobierno donde  a pesar de que hay una mesa de diálogo en el tema agrario, sin embargo, continúan los desalojos a solicitud del Ministerio Público y por orden de juez, ahí hay un mal sistémico.

Vamos a seguir a merced de la persecución y de la criminalización, porque es un mal sistémico. Y siempre ha estado.

Nosotros los pueblos indígenas siempre hemos luchado activamente para defender nuestros territorios. Hay suficiente evidencia registral e histórica que demuestran que los pueblos indígenas siempre hemos litigado activamente para defender nuestros territorios, nuestras formas de vida y nuestros recursos. Y los que nos antecedieron lo hicieron frente al despojo colonial y  hoy pareciera que 500 años después no cambia nada. Porque al final  eso sistémico al final la justicia no es más que la voluntad del más fuerte sobre el débil.

Espero que se minimice, no digo que el horizonte es que se acaben, pero claro, para eso se requiere todo un tránsito, pero con el próximo fiscal espero que hayan otras consideraciones.

No podemos meter en el mismo saco a los defensores de los territorios, a los defensores de la Madre Tierra y meterlos en el mismo saco que a los criminales. O peor aún, llamarlos terroristas. Como es el caso de la actual fiscalía, criminalizar  hasta llamarlos terroristas.