La fiscalía que durante años simbolizó la lucha contra la impunidad entra en liquidación. En este boletín analizamos por qué el cierre de la FECI no solo implica el fin de una oficina clave del Ministerio Público: marca el desenlace de un experimento judicial que transformó —y luego dividió— la historia reciente de Guatemala.
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Durante años fue una de las oficinas más poderosas —y también más controvertidas— del Ministerio Público. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que nació como una herramienta para perseguir redes criminales y casos de alto impacto junto a la CICIG, entrará ahora en un proceso de liquidación por decisión del nuevo fiscal general, Gabriel García Luna.
La decisión llegó apenas horas después de su toma de posesión. En su primera conferencia pública, García Luna anunció una reestructuración acelerada del Ministerio Público: salida de funcionarios cercanos a la administración anterior, revisión de expedientes de operadores de justicia exiliados y el cierre gradual de la fiscalía dirigida en los últimos años por Rafael Curruchiche. A su vez, este miércoles 20 de mayo se confirmó la destitución de este fiscal.
Más allá de ser una medida administrativa el cierre de la FECI en marcha, y la remoción de su jefe, se trata de un mensaje político de calado.
La FECI fue, durante más de una década, el símbolo más visible del modelo de investigación impulsado por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Para entender la magnitud de esta “liquidación”, es necesario recordar que la FECI no fue un actor secundario, sino el brazo ejecutor y núcleo de la investigación conjunta en el país. Bajo el modelo de “aprender haciendo”, los fiscales nacionales de esta unidad adoptaron un enfoque estratégico sin precedentes: dejaron de perseguir hechos aislados para enfocarse en “fenómenos criminales” y estructuras de poder que se consideraban intocables.
Desde esta fiscalía se construyeron algunos de los expedientes más emblemáticos de la historia reciente del país. Su papel fue tan central que, de los más de 120 casos acompañados por la CICIG, más de 100 estuvieron a cargo de la FECI, abarcando desde redes de defraudación aduanera como “La Línea” hasta tramas complejas de financiamiento electoral ilícito y corrupción en los tres organismos del Estado. Con una tasa de eficiencia cercana al 85% en sus años de apogeo, la unidad transformó la metodología de persecución penal mediante el uso de análisis financiero, forense digital y métodos especiales de investigación.
En No Ficción dimos seguimiento a éste auge y caída de los procesos a cargo de la FECI, con sus luces y sombras en especiales como El Experimento, una serie de podcast y reportajes sobre el trabajo de CICIG y la FECI en el país.
También seguimos la decadencia en el impulso a investigaciones criminales de parte de la FECI, como en la investigación sobre la confesión del exministro Sinibaldi en el caso Odebrecht, tras la salida del anterior jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval; o la creación de procesos sin sustento, como durante la investigación del Caso UNOPS, bajo la administración de Rafael Curruchiche.liciosos entienden mejor el terreno que quienes deben resguardarlo, Guatemala también va a la zaga.
“Liquidación”
La palabra elegida por el fiscal general García Luna no fue cierre; fue “liquidación”. Y esa diferencia es relevante.
Liquidar una fiscalía implica revisar expedientes abiertos, redistribuir investigaciones, analizar actuaciones previas y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales de quienes participaron en determinados procesos. Algunos casos emblemáticos seguirán existiendo; otros podrían cambiar de manos; algunos más podrían ser sometidos a auditorías internas.
La pregunta de fondo no es únicamente qué ocurrirá con la FECI. Es qué ocurrirá con el modelo de investigación que representó.
Porque la fiscalía nació para combatir estructuras capaces de capturar al Estado y generar impunidad. Así lo definía incluso la CICIG: organizaciones con capacidad de desestabilizar el régimen político y producir protección institucional para sí mismas. Dos décadas después, la unidad creada para combatir estructuras clandestinas termina acusada de haber sido utilizada como una herramienta de persecución selectiva.
Una mirada personal al rol de la FECI
En particular puedo hacer una reseña personal de las últimas dos jefaturas de la FECI.
Hablamos de dos jefaturas que reflejan momentos muy distintos de la fiscalía. Juan Francisco Sandoval asumió la dirección en 2015, nombrado por la entonces fiscal general Thelma Aldana. Su gestión coincidió con la etapa de mayor protagonismo de la fiscalía, en coordinación con la CICIG, cuando la FECI impulsó investigaciones de alto impacto sobre estructuras de corrupción estatal y redes político-económicas.
En este periodo, gracias al trabajo conjunto de analistas especializados en la CICIG, investigadores de la comisión y policiales, así como el trabajo de litigio, a las audiencias de los procesos llegaban investigaciones que Sandoval y sus agentes fiscales podían defender y argumentar. Hechos encadenados con hechos, argumentos con lógica y múltiples fuentes de información.
Durante esos años, la fiscalía se convirtió en uno de los principales instrumentos para investigar casos que involucraron a funcionarios, empresarios y operadores políticos. Sandoval permaneció en el cargo hasta el 23 de julio de 2021, cuando fue destituido por la fiscal general Consuelo Porras.
Tras su salida, el 3 de agosto de 2021, Rafael Curruchiche fue designado como nuevo jefe de la FECI por Consuelo Porras, tras el breve paso de la fiscal Carla Valenzuela. La llegada de Curruchiche marcó un giro en la orientación pública de la fiscalía.
Del fiscal Curruchiche mi primera impresión fue su trabajo al frente de la Fiscalía de Delitos Electorales, luego de la salida del fiscal Oscar Schaad por amenazas.
Recuerdo llegar a su despacho para consultas puntuales sobre investigaciones públicas sobre delitos electorales y no encontrar más que reticencia en hacer avanzar las indagaciones. Reticencia que más tarde se convirtió en un rol activo para desmontar casos avanzados como la causa de Odebrecht, entre otros muchos procesos de alto impacto.
Durante su administración, la FECI pasó a estar en el centro de cuestionamientos y críticas de organizaciones nacionales e internacionales (siendo el propio Curruchiche incluído en la lista Engel de sancionados por Estados Unidos en 2022). Distintos organismos señalaron un uso de la institución en procesos dirigidos contra exfiscales, jueces, periodistas, operadores de justicia y actores políticos.
Una labor que concluyó con la destitución del fiscal Curruchiche este 20 de mayo.
Su papel como institución
La FECI fue, durante más de una década, el símbolo más visible del modelo de investigación impulsado por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Surgió del acuerdo firmado entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala y posteriormente de un convenio de cooperación entre el Ministerio Público y la comisión internacional. Su propósito era investigar estructuras criminales complejas y casos de alto impacto.
Desde esa fiscalía se construyeron algunos de los expedientes más emblemáticos de la historia reciente del país. Casos que llevaron a prisión a funcionarios, empresarios y estructuras de poder; investigaciones que en 2015 terminaron con la caída del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti; y procesos que cambiaron la conversación pública sobre corrupción e impunidad.
Pero la historia de la FECI también tiene dos capítulos.
El primero es el de la expansión de la persecución penal contra redes de corrupción bajo el acompañamiento de la CICIG. El segundo comenzó tras la salida de la comisión internacional y, sobre todo, después de la destitución del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, en 2021.
Desde entonces, la fiscalía tomó un rumbo distinto: pasó de investigar redes político-criminales a dirigir casos que distintos sectores nacionales e internacionales señalaron como procesos de criminalización contra jueces, fiscales, periodistas y operadores de justicia.
Ese giro es precisamente el que García Luna colocó en el centro de su decisión.
“Las persecuciones sin el debido proceso no tienen cabida en esta gestión”, afirmó al anunciar una comisión especial para revisar expedientes vinculados con personas que salieron al exilio durante la administración anterior.
Sobre la FECI fue todavía más directo: aseguró que la unidad había perdido credibilidad ciudadana y que todos sus expedientes y actuaciones serían revisados. La liquidación, dijo, también servirá para establecer posibles responsabilidades internas.
La paradoja de un ente creado para las investigaciones de alto impacto instrumentalizado como garrote político.
La fiscalía que durante años simbolizó la promesa de combatir la impunidad llega a su fin en medio de acusaciones sobre el uso político de la justicia. Y el nuevo fiscal general ha decidido iniciar su gestión clausurando precisamente el órgano que alguna vez representó el experimento anticorrupción más ambicioso del país.
Su liquidación no cierra solo una oficina. Cierra un ciclo completo de la historia reciente de la investigación penal en Guatemala.
