El Ministerio Público abre un nuevo frente contra la impunidad al solicitar el retiro de inmunidad del juez Fredy Orellana, uno de los togados emblemáticos de grupo pro impunidad, pero el caso deberá atravesar un sistema judicial que durante años lo ha protegido.
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Empecemos con un quizz. Si ustedes cometieran un delito y buscaran impunidad. ¿Qué juez les gustaría que conociera su caso?
Tik tak tik tak.
Segunda pregunta. Si tuvieran un hotel, uno bajo proceso de intervención judicial, ¿qué juez les gustaría que estuviera a cargo?
Si eligieron al juez Fredy Orellana saben cómo funcionan las cosas en el “dark side” de la justicia en Guatemala. Si lo eligen en combo junto al juez Mynor Moto, más los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y lo piden agrandado con la Corte de Constitucionalidad, aún se llevan más puntos e incluso, ustedes, podrían formar parte del Pacto de Corruptos.
Y es que el juez Fredy Orellana, del juzgado séptimo de instancia penal, ha sido desde 2019 el principal operador del llamado Pacto Pro Impunidad desde los juzgados ordinarios en Guatemala.
Y, aunque luego detallaré varios de los casos que demuestran cómo Orellana ha sido uno de los aliados del Pacto de Corruptos, para quien no llegue al final quiero mencionar una de las principales pruebas. Orellana se encuentra incluido en la Lista Engel de Estados Unidos desde 2023. El juez Orellana también está sancionado por la Unión Europea.
De hecho, hasta la fecha, este juez acarreaba 15 solicitudes de retiro de antejuicio por diferentes casos, varios de ellos derivados de haber sido el juez que declaró la nulidad absoluta del partido Movimiento Semilla.
Pero según consta en los diferentes medios de comunicación, todas estas solicitudes de retiro de antejuicio, como te contamos en el Newsletter “El juez que que quiso desdibujar la democracia” habían sido solicitadas por la sociedad civil. A esto se suma una denuncia formal de la Junta Directiva del CANG ante la Junta de Disciplina Judicial por vulnerar la ética y la independencia judicial al intentar anular a Semilla.
Pero esta semana, por primera vez esta solicitud de antejuicio fue presentada por el mismo Ministerio Público. Y este no es un hecho que haya que pasar por alto.
Un nuevo MP como aliado contra la impunidad
El ente investigador dejó en mayo de 2026 de estar en manos de Consuelo Porras, otra de las caras visibles del Pacto de Corruptos en Guatemala. El cargo fue asumido por el ex juez Gabriel García Luna, quien comenzó con la difícil labor de componer el MP después de 8 años de desmantelamiento.
Entre las primeras labores estuvo el expulsar a Rafael Curruchcihe, jefe de la FECI, y liquidar la FECI, pero aún le quedaba mucho camino para recomponer la maltrecha justicia en el país.
Y, aunque en un inicio hubo cierta desconfianza sobre el papel que jugaría García Luna, poco a poco va demostrando que será uno de los principales aliados para la lucha contra la corrupción.
En una conferencia de prensa otorgada a los medios tras tomar posesión, García Luna indicó que la función del MP es recolectar prueba técnica antes de ejercer la acción penal, marcando la diferencia entre “una institución que investiga hechos y una que se concentra en personas antes de haberlos esclarecido”.
Por eso, la noticia que me lleva a este newsletter: la solicitud de antejuicio del juez Fredy Orellana, es un valiente primer paso.
Vamos con los hechos que han llevado al Ministerio Público a solicitar la retirada de inmunidad del juez Fredy Orellana.
La solicitud de antejuicio fue presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos el lunes 31 de agosto de 2026 y se basa en una denuncia penal específica que señala al juez Fredy Orellana de cometer actos de corrupción y abuso de autoridad en su juzgado.
El origen de la investigación es una denuncia relacionada con un proceso de intervención judicial, bajo el control de su juzgado, sobre el Hotel Las Américas.
De acuerdo con la denuncia de los afectados, el juez Orellana habría recibido un pago ilícito de Q400,000 como contraprestación directa por autorizar y firmar el nombramiento del interventor y del gerente de la entidad Hotel Las Américas, S.A.
Se le acusa de permitir arbitrariamente que el interventor y el gerente continúen ejerciendo sus funciones administrativas y cometiendo actos en perjuicio de los denunciantes.
A pesar de que los afectados presentaron múltiples memoriales en su despacho, informando formalmente sobre supuestos delitos que estaban cometiendo los nuevos administradores del hotel, el juez ignoró las advertencias y omitió certificar lo conducente al Ministerio Público. Al no denunciar penalmente los hechos y mantener a los administradores en sus puestos, se le señala de encubrir y permitir la continuación de las arbitrariedades.
El juez mejor protegido: La CSJ ha rechazado todas las solicitudes de antejuicio contra Orellana
Como dije anteriormente, esta es la primera vez que el mismo Ministerio Público es quien inicia la solicitud de retirada de antejuicio. Pero con base a las anteriores resoluciones, es posible que los órganos superiores de justicia vuelvan a encubrirlo.
Un primer mal augurio es que el martes 1 de septiembre se conoció que el Organismo Judicial, a través de la oficina de Gestión Penal, asignó oficialmente al juez tercero penal, Mynor Moto, para encargarse del trámite inicial de la solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Fredy Orellana.
El juez Mynor Moto también se encuentra incluido en la Lista Engel, de actores corruptos y antidemocráticos, desde 2021. Mynor Moto fue perseguido penalmente por los casos Comisiones Paralelas 2020, donde fue acusado de obstruir la justicia y estuvo prófugo por dos años, hasta que Rafael Curruchiche renunció a seguir con el proceso y cerró la investigación.
Moto también estuvo involucrado en el caso Libramiento de Chimaltenango. El juez designado por el OJ para conocer el caso de Fredy Orellana es así otro de los operadores del sistema de justicia del Pacto de Corruptos.
Después de notificar a Orellana, Moto debería inhibirse de seguir conociendo el caso y este pasaría a la Corte Suprema de Justicia.
Pero todos sabemos también que la CSJ no es en la actualidad el adalid de proteger una justicia transparente.
Hasta la fecha, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha funcionado como un sólido muro de contención para proteger al juez Fredy Orellana frente a las múltiples denuncias penales en su contra.
Según los registros judiciales consultados por Prensa Libre, de las 14 solicitudes de antejuicio que el juez acumuló entre 2019 y 2025, la CSJ rechazó directamente y sin siquiera iniciar trámite (in limine) un total de 11 recursos.
La CSJ está integrada por un bloque dominante de 9 magistrados que ha respaldado de forma expresa las actuaciones de Orellana en otras ocasiones. Este bloque mayoritario no solo ha protegido al juez de las denuncias, sino que también ha adoptado resoluciones controvertidas en otros expedientes de alto impacto político que sintonizan con la agenda del juzgado.
La Corte Suprema además como documentamos en un reportaje de No Ficción ha sido uno de los principales actores pro impunidad de Guatemala, y todo pareciera apuntar a que nuevamente protegerá al juez Orellana.
Es importante mencionar también que la Junta Disciplinaria Judicial, acumula 12 denuncias rechazadas, lo que demuestra que los órganos administrativos disciplinarios también han sido parte de su red de protección.
¿Por qué el juez Fredy Orellana es tan peligroso para la democracia en Guatemala?
Desde 2019, como dije más arriba, el juez Fredy Orellana ha sido una de las caras más visibles del Pacto de Corruptos. Creo que merece la pena, para los más despistados o quienes se acaban de iniciar a conocer cómo funciona la justicia en Guatemala, hacer un breve repaso de las resoluciones que colocan a este juez como un claro defensor pro-impunidad.
En julio de 2023, Fredy Orellana ordenó la suspensión provisional del partido Semilla (que llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo), y como juez requirió investigar al registrador de ciudadanos, José Ramiro Muñoz, por no suspender la agrupación antes de la segunda vuelta electoral.
Posteriormente, el 24 de octubre de 2025, decretó la nulidad absoluta del partido y de su grupo promotor, una medida que buscó desconocer la legitimidad de los cargos electos en los comicios de 2023.
En diciembre de 2022, Orellana ordenó enviar a juicio al fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora, bajo cargos de lavado de dinero, y más tarde emitió una resolución que extendió su prisión preventiva hasta septiembre de 2025.
Fue también quien autorizó la orden de captura en contra de la exfiscal de la FECI de Quetzaltenango, Virginia Laparra. Asimismo, ordenó la aprehensión y posterior extradición del exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, resoluciones que defensores de derechos humanos señalan como una estrategia de criminalización.
En 2023, dictó una sentencia de dos años de prisión conmutables en contra del abogado y activista político Juan Francisco Solórzano Foppa tras la aceptación de cargos en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero.
En 2024, admitió una denuncia penal de un accionista con apenas Q10 de aportaciones contra directivos de la Junta Directiva de Bantrab, autorizando inicialmente órdenes de arraigo contra ocho directivos, las cuales fueron levantadas en marzo de 2025 tras decretarse la suspensión de la persecución penal.
Además, revocó las capturas de Jorge Serrano Elías (2026) y en 2020 ordenó el sobreseimiento del proceso penal por corrupción que pesaba sobre el exdiputado Baudilio Hichos en el caso IGSS-Chiquimula.
El juez Fredy Orellana además sería un actor cercano a la cuestionada Fundación contra el Terrorismo. En una imagen difundida en redes sociales se ve cómo este se encuentra en un campo de tiro junto a Juan Manuel Ixmay, quien en ese momento fungía como miembro de la Junta Directiva de la Fundación contra el Terrorismo.
La labor actual del Ministerio Público hace parecer que de momento se encuentra luchando en solitario contra la impunidad en Guatemala. Pero estos pequeños golpes al Pacto de Corruptos, con los árbitros comprados por los corruptos, no van a lograr tan pronto el objetivo de limpiar el país.
García Luna opera con un margen de maniobra asfixiante: tiene una CC con un balance adverso de 3 a 2 y una CSJ dominada por el Bloque de los 9, y ambas cortes dispuestas a congelar sus casos mediante amparos.
Pero lo más importante por el momento es que alguien se atrevió a meterse al ring a atreverse a golpear y quien sabe, a veces un golpe puede dañar, o al menos debilitar al contrincante. Mantengamos la esperanza.
